Apremiados por las eventuales consecuencias de la crisis internacional, el Gobierno y los representantes del campo parecieron dar en los últimos días señales desde uno y otro lado buscar soluciones al conflicto que mantienen desde hace casi un año.
La sorpresiva decisión de las entidades del campo de postergar la propuesta que tenían previsto iniciar en estos días, fue interpretada por el gobierno como una buena señal y allanó el camino para una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se podría concretar finalmente la semana próxima.
En ese encuentro, el Gobierno podría formalizar ante los integrantes de la mesa de enlace la convocatoria a participar del Consejo Económico y Social, una idea que el gobierno lanzó en plena visita de Estado de la presidenta a España con la intención de mantener el empleo.
Las entidades ya habían puesto en duda la efectividad de ese organismo e incluso habían amenazado con retomar la propuesta, ante la falta de diálogo con el gobierno que se negaba a recibirlos y aceptar sus sugerencias. Pero, ahora, con este nuevo escenario estarían dispuestos a bajar los decibeles de la confrontación. Admiten que la situación internacional, sumada a la tragedia ocurrida en Tartagal, Salta, llevó a las entidades a bajar el nivel de confrontación.
También, aceptan que el pedido de la presidenta para que todos los sectores “ayuden” en esta etapa, fue clave para distender los ánimos y mostrarse más flexibles frente a la situación. Según reconocen los propios dirigentes, es la primera vez, que los dirigentes no se muestran escépticos ante un discurso oficial de convocatoria al diálogo.
Sin embargo, hasta el momento, las entidades no sólo no recibieron formalmente la convocatoria a integrar ese consejo sino que tampoco el gobierno dio a conocer como y cuándo se podrían iniciar las conversaciones con los diferentes sectores para avanzar en una propuesta concreta.
Lejos del Congreso
Fuentes parlamentarias estimaron que la propuesta del gobierno no pasaría por el Congreso y no descartan que se pueda llevar adelante a través de un decreto y no por la vía legislativa. De esa manera, la propuesta carecería de respaldo parlamentario y el Consejo –en cuya conformación trabaja el Ministerio de Trabajo- no gozaría del anunciado consenso de todos los sectores, tal como se había anunciado desde el gobierno.
Luego de conocerse la propuesta lanzada por la presidenta, la oposición recordó que hay al menos un proyecto en ese sentido en el Senado. Se trata de una propuesta del socialista Rubén Giustiniani que crea un órgano consultivo y que fuera respaldado en 2008 por los radicales y que además tiene estado parlamentario.
Pero, con todo, pareciera que el Gobierno no está dispuesto a incorporar propuestas existentes (y menos de la oposición) sino que pretendería insistir con su propia idea que incluirá a los sectores de la producción y el trabajo pero no a la oposición política y mucho menos al Parlamento.
Así lo hizo saber la presidenta cuando anunció la convocatoria desde España, cuya gira contó por primera vez con la presencia de la CGT y la UIA que se mostraron dispuestas a integrar ese órgano propuesto por el gobierno para preservar el empleo, amenazado por la crisis internacional.
Tampoco, aceptó una propuesta que le acercó el socialista Hermes Binner de suspender las retenciones por 180 días y la eliminación del IVA para 20 productos básicos.
A pesar de ello, el gobernador de Santa Fe dijo que se trató de una reunión interesante y dejó trascender que en la reunión con la presidenta se abrieron “canales” de diálogo para hablar de la lechería, carnes, y otras cuestiones vinculadas a la situación del campo.
De todos modos, habrá que esperar el resultado del encuentro entre la presidenta y el campo para ver cómo sigue la relación y si finalmente el futuro del Consejo Económico y Social prospera y tiene herramientas para desarrollar propuestas concretas destinadas al mantenimiento de las fuentes laborales, en un año complicado en materia económica y de cara a las elecciones de octubre, donde ambos sectores tienen puesta la más fuerte de las miradas.
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Riesgos del trabajo. Durante el próximo mes de marzo el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso la tan promocionada modificación de la ley que modifica el sistema de Riegos del Trabajo.
Según se pudo saber desde el frente sindical serán los delegados del personal e integrantes de la comisión interna los representantes en el comité mixto que tendrá a su cargo la composición, actividades y reglamento de la Prevención, Salud y Seguridad del sistema.
Otra de las funciones del comité mixto será informar al empleador y a las ART sobre los incumplimientos de la empresa con la prevención y seguridad laboral.
Se avecinan largas horas de debate.
Nuevo interbloque. A partir del próximo 1 de marzo debutará en el inicio del nuevo período legislativo el nuevo interbloque que conforman el PRO, que lidera Mauricio Macri, la Unión Peronista, de Felipe Solá; la Unión Celeste Blanca, de Francisco de Narváez y el Frente Justicia y Libertad de Alberto Rodríguez Saá y un par de monobloques. Así las cosas, el nuevo grupo estará conformado por 32 diputados que se unirían en algunas resoluciones a los opositores (42 diputados del interbloque UCR-Coalición Cívica más los 10 que aporte el Socialismo).
La suma de unos y otros arroja 84 voluntades. Hay algunos más que se instalan entre los no definidos pero que también suman para uno u otro sector, a la hora de levantar la mano y que son 43.
Todos ellos deberán afrontar al cuerpo oficialista que componen 119 diputados a los que se suman aliados con lo que el número final llega a los 129. El mítico número que indica el quórum y el consecuente inicio de la sesión.
