El OFICIALISMO BUSCA
UNA RAPIDA SANCION DE LA LEY PARA
EXPROPIAR CICCONE
En trámite urgente y con la sanción del Senado aún fresca, la Cámara de Diputados se apresta a emitir dictamen y convertir en ley esta semana el proyecto del Poder Ejecutivo para declarar “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.”, la ex Ciccone.
En el Senado, la iniciativa fue aprobada por 44 votos, tras un largo debate en el cual el oficialismo sumó el apoyo de parte de la oposición, tras más de seis horas y media de debate. El proyecto fue girado inmediatamente a Diputados donde esta semana quedaría convertido en ley.
El tratamiento de esta iniciativa en Diputados se desarrollará en medio de fuertes cruces y la polémica por la vinculación del vicepresidente Amado Boudou en la cuestión.
Fuentes parlamentarias estimaron que el debate será más fuerte en la cámara baja y los cuestionamientos más contundentes que los que se dieron en el Senado, donde la sesión fue presidida por el propio involucrado en la causa, a pesar de las especulaciones que daban por hecho que el vicepresidente se ausentaría durante el debate.
En Diputados, la sesión demandaría más del doble de lo que se extendió en la cámara alta, debido a la cantidad de legisladores que expondrán en el recinto.
En primer término, la estrategia del oficialismo es producir dictamen en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Diana Conti; de Presupuesto, a cargo de Roberto Feletti; y Legislación General, que conduce Luis Cigogna, (todas espadas del Frente para Victoria) y un día después llevarla al recinto para convertirla en ley en una sesión especial.
De acuerdo al texto, la ley busca "recuperar soberanía monetaria", mientras los bloques opositores sostienen que el kirchnerismo busca el "encubrimiento" de la causa que involucra a Boudou en el manejo de la compañía.
Una vez concretada la expropiación, se plantea traspasar los bienes de la compañía a la Sociedad de Estado Casa de la Moneda, incluyendo a los trabajadores, que pasarían a depender de ésta para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
Desde el radicalismo, Ricardo Gil Lavedra ya anticipó que su bancada votará en contra del proyecto, al advertir que "consolida un cuadro de corrupción y de impunidad" por el que se lo investiga a Boudou.
"La medida que ahora impulsa el Gobierno tiene toda la apariencia de ser una medida distractiva, que en lugar de echar luz la oscurece todavía más. Pareciera que consolida un cuadro de corrupción y de impunidad", afirmó Gil Lavedra, en referencia a la causa judicial en la que están imputados Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La unificación de los códigos Civil y Comercial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; la vice de la Corte, Helena Highton de Nolasco; y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, en su carácter de miembros de la comisión de Juristas que redactó la propuesta de unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación, explicaron ante senadores y diputados nacionales, miembros de la comisión bicameral creada, los puntos sobresalientes del proyecto.
Lorenzetti resaltó que esta reforma implica “un cambio paradigmático en la cultura, ya que históricamente se importaron modelos europeos pero este proyecto propone un Código con una visión latinoamericana y propia que va a ser un modelo para muchos países”. La máxima autoridad de la Justicia argentina destacó la amplia participación de juristas en la redacción. “Estuve en permanente contacto con más de 100 hombres y mujeres del derecho que también hicieron su aporte para esta actualización”, señaló, y aseguró que el proyecto propone un Código “que busca solucionar problemas reales presentes en la sociedad”.
La comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial está integrada por 15 diputados y 15 senadores que analizarán el proyecto a lo largo de 90 días para luego girarlo a las dos Cámaras del Congreso para su tratamiento parlamentario.
Queda expuesto que, contrariamente a lo citado por destacados medios de comunicación, el debate parlamentario ocurrirá luego de la entrega del trabajo requerido a la comisión bicameral. No antes.
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Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo
Liliana NEGRE DE ALONSO: RECHAZANDO LAS MEDIDAS CAMBIARIAS ADOPTADAS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REP. ARGENTINA
SANZ: PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES CON RESPECTO AL PROGRAMA CONECTAR
Luis JUEZ: SOLICITA MEDIDAS PARA REVERTIR LA SITUACION DE TRABAS A LA IMPORTACION QUE AFECTAN AL SISTEMA DE SALUD.
Manuel GARRIDO, UCR, CABA: CUESTIONES RELACIONADAS CON EL GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 26522 DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.
ATANASOF, ALFREDO, FRENTE PERONISTA, BUENOS AIRES: SOBRE EL COMUNICADO DE LA EMPRESA ZANELLA POR MEDIO DEL CUAL INFORMA SU DECISION DE COMENZAR CON DESPIDOS DE TRABAJADORES.
ATANASOF, ALFREDO, FRENTE PERONISTA, BUENOS AIRES: EXPRESAR PREOCUPACION ANTE LA CAIDA DE LA COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
PEREZ, ALBERTO JOSE, FRENTE PERONISTA, SAN LUIS, y otros: CUMPLIMIENTO DE LA LEY 25922, DE REGIMEN DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.
ATANASOF, ALFREDO NESTOR (FRENTE PERONISTA) (BUENOS AIRES): MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA SUSPENSION DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TANDILENSE FUNGRIS
GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL, UCR, (JUJUY: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES PARA LOS EJERCICIOS 2010 A 2012
DE MARCHI, OMAR BRUNO, DEMOCRATA DE MENDOZA, MENDOZA: SOLICITE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA CASA DE MONEDA S.E., LICENCIADA KATYA SOLEDAD DAURA
La expropiación de la ex Ciccone:
la palabra de sus protagonistas
ANIBAL FERNADEZ, FpV: Buscamos recuperar para el Estado una de las capacidades indelegables e insustituibles como es la de acuñar moneda, como es la de emitir el papel moneda de curso legal. De esta manera, será el Estado el único capaz de poder hacerlo en el marco de su territorio y el único que tenga la capacidad de llevar a la práctica esta situación, que también nos va a permitir dar por tierra con situaciones no deseadas que vienen sucediendo en la Argentina desde hace unos cuantos años contra los intereses de los propios argentinos y que nosotros queremos reivindicar. Esa soberanía monetaria que estamos reivindicando, instalando y sosteniendo ante la sociedad argentina no es otra cosa que la propia atribución del Congreso de la Nación de la facultad de elegir moneda que la Constitución le confiere, así como la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que es dictada por este Congreso de la Nación, en cuanto a la emisión de moneda de curso legal.
Ernesto SANZ, UCR: Pero lo que hace falta, cuando estamos tratando una expropiación donde hay dinero en juego y donde hay antecedentes de todo tipo, es que venga un funcionario del Estado a poder explicar estas cosas. ¿Por qué no vinieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha venido el ministro de Economía? Recordemos que dentro de su órbita funcional, en su jurisdicción, no solo tiene la Casa de Moneda sino que además se le agrega el nada menor cargo de interventor designado por el Poder Ejecutivo en ese organismo. ¿Por qué no vino Lorenzino? ¿Qué pasó? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de venir aquí algún funcionario del Poder Ejecutivo a expresar sus verdades, a expresar los números, a expresar los antecedentes, a expresar los verdaderos argumentos y fundamentos de una decisión tan importante? ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué el Poder Ejecutivo intenta que esta sea una votación a ciegas, sin datos y sin ninguna otra cuestión?
Jaime LINARES, FAP: Por eso, ¿cuál es la urgencia? Realmente, no pudimos saber a quién le estamos expropiando. Es un fondo de inversiones que está involucrado en una causa. No voy a ahondar en la causa judicial porque me parece que en el exhaustivo correlato que ha hecho el senador Sanz está específicamente aclarado cada uno de los movimientos y las dudas que hay sobre esa causa. Entonces, ¿cuál es la urgencia para esta intervención? Uno no encuentra la necesidad hoy de que, ante un contrato con una empresa como Ciccone, que tenía vigencia hasta diciembre de este año, se tenga necesidad de expropiar. Si uno mira la información que presentó en la Cámara de Diputados el señor jefe de Gabinete de Ministros contestando las preguntas vinculadas a la Casa de Moneda, se encuentra con algunas interesantes consideraciones que sería importante, después o antes, que algún funcionario nacional hubiera aclarado. En primer lugar, no sabemos qué expropiamos ni en qué condiciones están las máquinas; solo sabemos que tiene 350 empleados. Entonces, cuando uno mira la nómina de personal que tiene la Casa de Moneda, hoy vemos que están reclamando beneficios perdidos en la época de Gostanián, cuando por Decreto 51/92 fue sujeta a privatización. Desde ese entonces, hay obreros reclamando. Ahora, nosotros nos vamos a hacer cargo de 350 empleados de la firma Ciccone. Sería importante saber si son necesarios o no, porque la Casa de Moneda ha tenido un incremento en los últimos cuatro años de 177 empleados para ampliar su capacidad operativa. Asimismo, tenía prevista, según el informe del jefe de Gabinete de Ministros, una dotación para el período de 2012/2015 de aproximadamente 1.200 empleados. Ahora estamos agregando 350 más, de un día para otro.
LUIS JUEZ, AFC:: …Una crónica cortita dice que la Auditoría General de la Nación en los años 2006, 2008 y 2009, con sendos dictámenes, avisa sobre la precariedad de la infraestructura de la Casa de Moneda. En julio de 2010 la AFIP presenta en el expediente judicial la quiebra de Ciccone, ya lo expresó el miembro informante, por 250 millones de pesos. El 15 de julio de 2010 el juez actuante dispone la quiebra de esa empresa en forma sorpresiva y veloz. Aparece el Grupo The Old Fund con algunas oscuras apetencias, convence y levanta esa quiebra. Aparentemente, el primero en comunicar esa quiebra es Etchegaray, lo dijo recién el miembro informante y consiguiendo a partir de ahí la empresa –acá somos muchos abogados– condiciones extraordinarias, que muchos quisieran tener, un plan de pagos de facilidad extendida con un interés casi irrisorio. El 26/9/2010 el juez atendiendo el pedido de los flamantes compradores de Ciccone y las recomendaciones del principal acreedor, que es de la AFIP, levanta la quiebra ese año; el inefable Guillermo Moreno se ocupa de desalojar a la empresa Boldt para que ingrese Old Fund porque tenía alquilada la planta por un año. A mediados de 2011 la Compañía de Valores Sudamericana, Old Fund y otros se instala en la planta. En enero de 2012 la Casa de Moneda informa al Banco Central que pretendía controlar la Compañía Sudamericana de Valores para la impresión de los billetes de cien pesos. En enero y febrero de 2012 la Casa de Moneda realiza pruebas ante el Banco Central de la República Argentina y da su aprobación. El 6 de febrero de 2012 estalla el escándalo, la esposa despechada de un amigo del vicepresidente lanza una denuncia, genera un estrépito increíble. El principal denunciado es el vicepresidente, por el momento ministro de Economía, tarda veintitrés días para hablar en los medios de comunicación. Lo buscaban por todos lados.
El 23 de febrero de 2012 dispone iniciar la investigación fiscal el doctor Carlos Rívolo, apuntando decididamente a la participación del actual vicepresidente y sus relaciones con el grupo empresario que entiende en la causa. Interviene el doctor Rafecas. En los primeros días de abril del mismo año las investigaciones se realizan, se hacen allanamientos y uno de ellos se realiza en el domicilio del actual vicepresidente. Eso genera un estrépito institucional increíblemente fuerte.
Este relato que hago es nada más para que nos ubiquemos antes del 18 de abril, día en que yo presento un proyecto. Al día siguiente el vicepresidente de la Nación comienza a defenderse denunciando operaciones mediáticas, lo conocemos todos, conferencia de prensa un día jueves. El vicepresidente acusa al juez Rafecas de participar en operaciones ilegales en su contra, lo dijo el senador Sanz.
Todo el mundo vio ridículamente a un juez, que todos presuponíamos terriblemente honorable, mandar mensajes de texto como si fuera un adolescente. Esto desemboca en el escándalo del proceso, renuncia, apartamiento. Se va el procurador general de la Nación acusado de indecibles favores. Se va el juez Rafecas, renuncia el fiscal Rívolo y el 18 de abril del corriente año yo decido presentar un proyecto. ¡Miren todo lo que sucedió! Vamos a buscar el taco calendario y vamos a hacer un proyecto de adhesión del día del choripán en Córdoba, todo un tema importante
…Yo tengo de ingenuo la cara y la uso en beneficio propio. Voy a votar a favor porque estoy convencido de que el Estado se tiene que involucrar y de esa manera terminar con esa histórica conducta de corrupción, en que todos los gobernantes han mirado para el costado en la impresión de billetes y han hecho negocios con Boldt o con otras tantas empresas. El Estado tiene que tener participación soberana en la impresión de sus billetes. Créame, y se lo digo en la cara, mirándolo a los ojos, presidente: si esta causa lo involucra, lo perjudica, lo roza, lo daña, lo lastima, es un problema suyo. Su situación procesal no es más importante que las instituciones de la República. Se lo digo con el afecto y el cariño que le tengo como senador de la Nación. Su situación particular, la situación de la causa, la investigación judicial nunca es más importante que la calidad institucional de la República
Ruperto GODOY, FpV.: Se habla de que esta iniciativa no está vinculada a la soberanía. Lo cierto es que está muy vinculada a lo que venimos realizando en estos diez, once años. Si hablamos de soberanía, este proceso comenzó en el año 2003 con el desendeudamiento, en el gobierno de Néstor Kirchner y luego con la continuidad de nuestra presidenta; desendeudamiento que nos ha posibilitado tener soberanía financiera, soberanía monetaria para promover el desarrollo, el crecimiento inclusivo, como no hemos conocido en la historia argentina.
¿Cómo no vamos a hablar de soberanía si también pudimos recuperar soberanía de nuestros recursos que los tenían las AFJP, que ha posibilitado que jubilados se integren al sistema, que puedan mejorar sus condiciones de vida, que puedan mejorar sus ingresos dignamente a través de la ley de movilidad jubilatoria? Estos recursos también se destinan para estimular la actividad económica para generar cada vez más actividad productiva, cada vez más trabajo. ¿Cómo no vamos a hablar de soberanía, si hace poco hemos podido votar una ley de tierras que limita la venta de tierras a extranjeros? ¿Cómo no vamos a hablar de soberanía, si recuperamos la línea de bandera cuando estatizamos Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo no vamos a hablar de soberanía, cuando reformamos la Carta del Banco Central para que se vinculara no solamente la estabilidad financiera y monetaria, sino también para que este país pueda seguir creciendo con equidad y con desarrollo? ¿Cómo no vamos a hablar de soberanía, cuando hace pocas semanas pudimos recuperar el control del Estado en YPF? Es decir que este es un hecho más de todos los que viene planteando este gobierno.
MARCELO GUINLE, FpV: … En definitiva, esto es lo que se le está reclamando. Es un proyecto presentado con fecha 8 de mayo, firmado por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Gil Lavedra, y miembros conspicuos de ese bloque que opinaban, apoyaban y postulaban una definición de este tipo por parte del gobierno nacional. Ahora, cuando el gobierno presenta su proyecto, el alboroto es mayúsculo porque dice que hay iniciativas presentadas por la oposición y se hace eco de eso –muy posiblemente, se haya nutrido de ellas–. Y en realidad, no difiere de los demás en lo fundamental: declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana y la aplicación de la ley de expropiación 21.499; se estipula que la totalidad de los bienes pase a integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda; hay una cláusula que dispone la continuidad en las actividades que realiza la empresa, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de sus bienes, y utiliza la figura de la ocupación temporaria. En realidad, está rescatando lo que es el rol del Estado y diciendo, justamente, que lo hace en función de esta facultad indelegable que tiene, la cual debe utilizar y recrear en este momento de la mejor manera
LAURA MONTERO, UCR: ¿El presidente del Senado se sentiría habilitado, habiendo estas causas y estas dudas, para desempatar en este recinto o se excusaría? Es una de las tantas preguntas que quedan para el tratamiento de este proyecto de ley en este recinto. Esta es la idea que se me ocurrió: es la abstracción más simple de la duda del proceso de aprobación de este proyecto en estas circunstancias. Estamos declarando de utilidad pública a una empresa, no sus bienes, respecto de la que tenemos dudas de su legalidad. Si es o no legal. Encima, la abstracción más simplista que se me ocurrió es preguntar qué sucede si esto llega al extremo, quién desempata en este recinto.
Sr. Pichetto. – Cobos podría asesorar.
Sra. Montero. – Sí, Cobos lo podría haber hecho mucho mejor.
Miren cuántas dudas más tenemos en el tratamiento de este proyecto: una expropiación sobre una empresa ilegal. ¿Qué tapa esta expropiación? La verdad es que aquí se decía que la expropiación venía a dar claridad, si el proceso judicial actuara bien. No voy a ponerlo en dudas en este momento. También lo decía la futura procuradora general cuando hablaba del tema de las quiebras: ¿a quién le importa la empresa? En definitiva, lo que importa es salvar a los acreedores, los bienes que se expropian, y quién pasa a ser el futuro dueño para ver qué va a pasar con la empresa y cómo va a evolucionar, porque hay que producir y hay que seguir contratando empleados y demás. Lo que se hace es enterrar todas estas dudas con este proceso de expropiación al no haberle dado un tratamiento adecuado. Posiblemente, con sana intención, Gil Lavedra, cuando presentó este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, también había planteado la formación de una comisión bicameral para dar un proceso adecuado de investigación a todas estas dudas que quedaron, y que no estuvieron los funcionarios adecuados para dar respuesta a este proceso, como bien dijo el senador Sanz.
LILIANA NEGRE DE ALONSO, ACF: … Ahora bien, les pido que hagamos el siguiente análisis. El ministro Lorenzino había dicho que la deuda era de 200 millones. El senador Fernández, miembro informante, aclaró con detalle que la deuda pre y post concursal llega a 250 millones. Yo tengo el cálculo sobre doscientos y sobre trescientos cincuenta empleados, entonces me voy a referir a los doscientos, aunque el senador dice que es un poquito más. Si la deuda es de 250 millones y tenemos doscientos empleados, las cargas sociales, aproximadamente, constituirían una deuda de 12 millones. Por lo tanto, nos están quedando 238 millones de deuda. Ahora bien, esos 238 millones, como no tienen IVA la imprenta ni la editorial, constituyen fondos coparticipables. Entonces, el proyecto de ley dice que va a compensar, pero qué va a compensar. Retraigamos el 15 por ciento de los 238 millones; y del saldo, el 64 es masa coparticipable. Así, sobre 250 millones, hay 73 millones que estamos pagando las provincias argentinas. Y no puede el Estado nacional compensar con fondos que no son propios. Por ejemplo, le estaría tocando a mi provincia 1.600.000 pesos. Esta es otra desprolijidad por el apuro. ¿Apuro por qué? Si acá lo dijeron claramente: hay un contrato vigente. ¿Por qué se apuraron en intervenir? Nuevamente, las provincias nos hacemos cargo del pago de algo que le corresponde al Estado nacional; lo dice la ley de expropiaciones. Por supuesto que era viable la compensación, pero tienen que ser más prolijos cuando mandan las cosas. Entonces, hay un contrato de locación –lo he leído detenidamente– que incluye el equipamiento y el personal; o sea que es un contrato de locación total de la empresa, de modo que el Estado nacional tenía la vigilancia, la supervisión y el manejo de esa compañía. Sin embargo, se bajó con el apuro la calidad institucional; no tenemos identificación de activos cuando tiene un contrato el gobierno y tiene inventario la quiebra; no hay nómina de empleados; y después –también se lo digo al miembro informante para cuando le toque hablar–, fíjense que dice que se debe notificar al juez de la quiebra. ¿Qué quiebra? ¡Si la quiebra no existe más! Si la quiebra se levantó en setiembre de 2010. Entonces, otro error más del Poder Ejecutivo. Uno se cansa, porque lo toman por tonto, como que no se da cuenta de las cosas, que no ha estudiado. ¿No pueden poner un poquito más de voluntad y ser un poquito más respetuosos con nosotros?
María E. ESTENSORO, CC.: La palabra "soberanía" quiere decir "autonomía", "independencia", "libertad" y "dignidad". Pero no hay autonomía, ni independencia, ni libertad, ni dignidad sin verdad. En realidad, esta expropiación tiene que ver con un gran curro −tal como lo calificó el miembro informante−, con tapar un gran curro. Sería otro manto de duda sobre un gran negociado. No me refiero a los curros de Ciccone, que tiene un prontuario muy extenso, tal como acaba de expresar el senador Cano, sino al gran negociado de los últimos años que involucra a altísimos funcionarios de este gobierno. Por este motivo, es imposible invocar la soberanía, algo tan importante para una Nación y para un pueblo, cuando el fin no tiene nada de noble y nos hará arrodillar todavía más, en un país donde la corrupción creciente y en las más altas esferas es algo que se está normalizando y que nos retrotrae a las peores épocas de la Argentina.
GERARDO MORALES, UCR: …Quiero finalizar con algunos datos, porque son centrales. Porque si no estamos discutiendo de soberanía cuando, en realidad, no es este el debate. La Casa de Moneda está en condiciones de imprimir los billetes. Nosotros hicimos un cálculo de la necesidad de billetes para este semestre; es decir, tomando ya todo el año. Porque el crecimiento de año a año, entre julio y julio, fue del 22.3 por ciento. Entonces, tomamos para el primer semestre algo que ya ocurrió, que es 22.3 por ciento, y le damos un handicap mayor: 25 por ciento para el segundo semestre. Así, la necesidad de emisión de todo el año, de todo el ejercicio 2012, es de 628 millones de billetes. Y doy otro dato más: en enero, de cada diez billetes, cinco eran de 100 pesos. Ahora, en julio, de cada diez billetes circulando, seis son de 100 pesos. Esto también demuestra un poco que la componente de billetes que está circulando en el mercado aumenta su valor. Porque cada vez más el billete de 100 pesos cobra participación en la mano de la gente: no son cinco de cada diez sino seis de cada diez. Por eso no sólo refutamos el dato del senador Aníbal Fernández en cuanto a la capacidad operativa del Banco Central, que no la tenía cuando estaban echadas a perder las máquinas, es verdad, y por eso se recurrió al contrato con Brasil, que cobraba 34 centavos la unidad de billetes a emitir. Pero resulta que ahora Ciccone cobra 51 centavos. Acá hay que tomar la inflación pero no de la Argentina sino la de Brasil, que está en el orden del 10 por ciento. En consecuencia, el contrato con Brasil iba a ser más barato: 40 centavos; sin embargo, estamos pagando sobreprecio a Ciccone, porque nos cobra 51 centavos por el contrato de 50 millones de dólares que, en este recinto, nos negaron, nos mintieron. Por donde se lo vea está todo mal; y no es verdad que se necesiten 1.600 millones de billetes.
Tampoco es verdad que el dato del Comité sea bueno. En cuanto a la composición, acá tengo la torta de la cantidad de billetes y cómo ha ido variando la composición de los de 100 pesos. Si ahora, de cada diez billetes tenemos seis de 100 pesos, lo que hay que evaluar es cuándo vamos a imprimir billetes de 200 pesos. Por lo menos, el 20 por ciento de la masa de billetes en circulación tendría que ser de 200 pesos. Empuja la realidad. Entonces, en la primera línea argumental, hay una cuestión que tiene que ver con la negación de la inflación. Pueden seguir negándola, muchachos. Niéguenla. Aun negando la inflación, de todos modos, la Casa de Moneda tiene capacidad para emitir. Porque imprimiendo billetes de 100 pesos, la necesidad hasta fin de año, computando los componentes de inflación y de crecimiento, es de 628 millones. Entonces, a la Casa de Moneda le queda una capacidad, un superávit operativo de impresión de billetes de 172 millones. Hicimos una mezcla de la necesidad de impresión de este semestre. Si imprimiéramos la mitad de billetes de 100 pesos con la imagen de Eva Perón, podríamos imprimir de 200 pesos con Eva también. Podríamos imprimir la mitad. Imprimiendo la mitad de billetes, el superávit de la capacidad operativa de Casa de Moneda es de 348 millones de billetes. No es necesario ni expropiar ni nada.
MIGUEL A. PICHETTO; FpV: El senador Sanz lo nombró en su discurso, haciendo un abordaje serio; no estoy de acuerdo, pero le reconozco valía intelectual a su discurso. Nombró al presidente Sarkozy. Hay una diferencia con Francia con relación a lo que ocurre aquí. Por algo hicieron una revolución y por algo es un país que tiene clara la preservación de las instituciones políticas. El presidente y el vicepresidente –aunque no tienen vicepresidente- tienen inmunidad durante todo el mandato. O sea, ningún fiscal de primera instancia puede hacer lo que hicieron con usted, vicepresidente, de ir a allanarle un inmueble que además ya no ocupaba. Un juez ordenó un allanamiento cuando podría haberlo sustituido mediante un mero requerimiento en manos de su secretario de juzgado, y pedirle al consorcio la boleta de Cablevisión. Porque además sabemos de dónde vino la información: de Cablevisión. Era muy simple eso. Para acreditar esa prueba no hacía falta de ninguna manera producir el impacto mediático comunicacional de ir a hacer un allanamiento a una propiedad que usted había alquilado, citando a los fotógrafos y periodistas la noche antes para garantizar la cobertura. Estos son los jueces que tenemos, algunos con un prestigio construido en el mundo jurídico de la Argentina. Las opiniones de Sabsay –que son como un vaso de agua dado que no se le niegan a nadie- versan sobre todo. El establishment jurídico construye prestigios. El doctor Rafecas es un hombre que construyó su prestigio escribiendo sobre derechos humanos, con abordajes interesantes, no lo desmerezco, pero me parece que hay una sobrevaloración de algunos personajes infatuados del mundo judicial. Entonces, usted no hubiera tenido ese problema en Francia porque la inmunidad de que usted hubiera gozado como presidente o vicepresidente, eventualmente, si existiera la institución, determinaría que usted no podría haber sido molestado hasta una semana después, porque el proceso del gobierno en Francia está garantizado para que no haya intromisión de ninguna situación judicial. Ahora a Sarkozy lo van a investigar sobre la causa L’Oreal, que fue el problema del financiamiento económico de su campaña.
Al ex presidente de Francia Jacques Chirac lo estaban procesando por una causa de designación de “ñoquis” en el Municipio de Paris donde el hombre construyó su carrera política para llegar a la Presidencia. En ese momento, Chirac era opositor al socialismo −a Mitterrand− y, lógicamente, construyó su espacio político y tenía designados a algunos amigos, quienes hacían el trabajo político. Eso le costó −y le está costando ahora− un proceso judicial, pero no durante la gestión, durante el proceso de gobernabilidad.
Esa es una experiencia interesante. Alguien que me escuche podría pensar: "Este tipo pretende la inmunidad para los que gobiernan"; de ninguna manera. Lo que se da es un planteo de inmunidad durante el ejercicio del gobierno para que no ocurra lo que le sucedió al vicepresidente, quien fue víctima del desprestigio y sufrió el peso del soporte mediático y de la acción dirigida a lesionar su imagen para que pierda legitimidad, la que podrá recuperar luego de un proceso que es largo, muy largo en la Argentina. En ese sentido, fíjense lo que duró el proceso de investigación de los hechos ocurridos en el Senado entre el 2000 y el 2001. Indudablemente, estas experiencias son interesantes para reflexionar, pensar y tratar de entender algunas de las cosas que están ocurriendo y cómo funcionan.
Se practica la votación por medios electrónicos. Resultan 44 votos por la afirmativa; 20 por la negativa.
Los temas de interés empresario
en atención de las comisiones
Cámara de Diputados
Códigos Civil y Comercial. La comisión bicameral recibirá al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio Alak , al señor secretario de Justicia de la Nación, Dr. Julián Álvarez y colaboradores.
Juicio por jurados. La comisión de Legislación Penal a los especialistas Andrés Harfuch, Héctor Granillo Fernández y Dr. Francisco Castex. Quienes expondrán sobre la temática Régimen de juicio por jurados. Se ha invitado a los integrantes de la comisión de Justicia.
Compañía de Valores Sudamericana. En reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Se emitirá dictamen sobre el proyecto con sanción del Senado para la expropiación de la citada.
Estatuto del Periodista. En la comsión de Legislación del Trabajo: Proyectos de Ley. Incorporación del Artículo 38 bis en la Ley 12.908 –Estatuto del Periodista Profesional-, sobre cláusula de conciencia. Incorporación del Artículo 127 bis, sobre trabajo no registrado, en la Ley 24.013 –Nacional de Empleo-. Modificación del Artículo 212, sobre reincorporación y prueba de la imposibilidad de asignar otras tareas y de efectuar los cambios pertinentes en la estructura ocupacional de la empresa, en la Ley 20.744
Concurrirán invitados representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura de la CTA (FETRACOM).
Tarjetas de crédito: En la comisión de Legislación General, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Artículo 23 de la Ley 25065 -tarjetas de crédito- y se incorpora el Artículo 54 bis, sobre detalle en el resumen del monto total adeudado en concepto de cuotas y detección de la utilización para transacciones vinculadas a delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, respectivamente.
Cámara de Senadores
PYMES. Los asesores de la comisión de Economías Regionales, Economía Nacional, Micro, pequeña y Mediana Empresa tienen en agenda: Proyecto de ley creando un Régimen de Promoción para las Nuevas Empresas. Proyecto de ley incorporando al Título III de la Ley 25.300 (Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), como artículos 35 bis, ter y Quatre, el Complejo Productivo Regional o Cluster. Proyecto de ley sustituyendo la Resolución Nº 21/10 respecto de la actualización de los montos para ser considerada una Empresa PYME.
Información proporcionada, hasta el cierre de esta edición, por la Dirección Comisiones de ambas cámaras.
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Movimientos económicos. Nada de lo que está ocurriendo en el sistema bancario es sorpresivo. Una fuerte expansión monetaria con restricciones a la compra de dólares mantiene bajas las tasas de interés y alta la inflación. Esto perjudica a los ahorristas (que ven desvalorizar sus ahorros en términos reales) pero incentiva la demanda de crédito, en particular de las empresas.
La expansión de los pesos en la economía (a un ritmo promedio del 35% anual) termina empujando el dólar paralelo y la inflación pero, al mismo tiempo, incentivando el consumo como estrategia defensiva ante la segura desvalorización de la moneda.
En este balance de efectos positivos y negativos de la emisión monetaria, el primer semestre se ha inclinado por los negativos (devaluación e inflación).
El balance del segundo semestre está en discusión. Se sabe que habrá más pesos para financiar al fisco (unos $40.000 millones se imprimirían de aquí a fin de año) pero se esperan más dólares por aumento de las exportaciones agrícolas –gracias a las lluvias- e industriales –gracias a las medidas de reactivación en Brasil. Esto permitiría abrir un poco más el grifo importador de insumos para aumentar el ritmo de producción industrial y asistir con bienes importados la demanda de consumo.
Si todo esto se cumple, el balance podría combinar un menor ritmo de devaluación del dólar paralelo y más actividad pero, con fuerte expansión monetaria y mayor devaluación del dólar oficial (que aceleró el ritmo devaluatorio del 10% al 17% anualizado en los últimos meses), difícilmente alcance para desacelerar la tasa de inflación.
La pregunta es cuánta aceleración inflacionaria soportarán los bolsillos de los consumidores sin resentir el consumo privado. Y cuánta suba de costos en dólares soportará la industria exportadora y las economías regionales sin comenzar a perder mercados y reducir la inversión.
Un sector a monitorear de cerca será la industria de la construcción. Este sector -clave para la creación de empleo- se debate entre su rol de refugio de valor para los pesos circulantes versus la notable retracción del mercado inmobiliario y la caída del valor en dólares de las propiedades.
En este cocktail macroeconómico complejo, el sistema financiero sigue sumando más de lo que resta.
La caída de depósitos y créditos en dólares es una mala noticia que parece compensada por la aceleración de los préstamos en pesos.
La suba de tasas pasivas ha sido módica e insuficiente para desincentivar el consumo y los préstamos al sector privado en pesos crecen cerca del 40% anual. Así, el balance es netamente expansivo.
La nueva procuradora general. Finalmente, con 63 votos a favor y 3 en contra, Alejandra Gils Carbó quedó designada como Procuradora General de la Nación. Tuvo el apoyo de senadores kirchneristas, radicales, peronistas federales y del Frente Amplio. Los rechazos fueron los de Laura Montero, Mario Cimadevilla y Arturo Vera.
