La semana cerró con una sorpresa

 

La citación judicial a Boudou y algunas sanciones legislativas en el Senado

 

Fue la pasada una semana con matices no tradicionales. En Diputados no hubo sesión pero si funcionaron algunas comisiones. En Senado si hubo sesión y la mayoría oficialista hizo valer su número para sacar adelante nuevos proyectos de su cuño.

El viernes saltó la térmica cuando, a través de medios audiovisuales, nos enteramos que el juez a cargo de la investigación del Caso Ciccone había dispuesto la comparencia del vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Amadeo Boudou (foto).

El juez Ariel Lijo dispuso que a la indagatoria del miembro del Poder Ejecutivo, se sumaran otros destacados involucrados en el caso. Pero lo más impactante fue sin duda, la citación para el 15 de julio de Boudou a los Tribunales.  

Las repercusiones en despachos y pasillos del Congreso tuvieron destellos importantes. Se iniciaron con una breve declaración de Boudou quien declaró que no iba a renunciar y agregó “soy parte del gobierno”.

El jefe de gabinete de Ministros, Jorge Capitanich –que maña miércoles informará sobre la gestión a los diputados- expresó que el vicepresidente “siempre ha manifestado su voluntad de cumplir con las instancias judiciales. En tanto, la jefa del bloque Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio sostuvo que la citación a indagatoria “es positiva, es una buena noticia para que Boudou pueda ejercer su legítima defensa”.

Por su parte, desde el frente opositor Laura Alonso, pidió el juicio político del vicepresidente; Julio Cobos, UCR, Mendoza, que pida licencia; Alberto Asseff, UNIR-Frente Renovador, Buenos Aires coincidió con el ex vicepresidente, y agregó que “si no lo hace, tendría que intervenir el Senado y otorgársela”; los radicales Manuel Garrido y Miguel Giubergia dijeron que “es una buena señal.  La senadora del PRO, Gabriela Michetti, se inclinó por “dejar actuar a la Justicia”.      

Como si fuera poco, horas antes se conoció que el Consejo de la Magistratura decidió citar al juez federal Norberto Oyarbide por el costoso anillo con el que se luciera y fuera fotografiado un par de años atrás.

La resolución contó con el apoyo de los representantes del oficialismo, que son mayoría en el cuerpo. 

 

La actividad parlamentaria

En la Cámara de Senadores, sobre tablas y por unanimidad se aprobaron los pliegos de jueces, defensores y fiscales de tribunales Nacionales y Federales de todo el país. 

Posteriormente llegó el tema del que tanto se estuvo hablando durante estas semanas en el Congreso.

El Senado convirtió en ley el proyecto que exime de impuestos al biodiesel, a raíz de las medidas proteccionistas impuestas por Europa. Fue por amplia mayoría y registró sólo dos abstenciones.

También obtuvo sanción (39 votos afirmativos y 23 negativos), el pase a la Administración Pública de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo; junto a sus únicas tres especialidades, también pasaron la deuda de más de 200 millones de pesos que tiene la institución.

Esta sanción del Senado pasó en revisión a la Cámara de Diputados. Allí, el expediente será girado a la comisión de Educación que tiene un problema de importancia: la presidencia sigue vacante luego que el oficialismo vetara la postulación, acordada por los bloques, del representante radical Julio Cobos.

En la misma sesión, el Senado avaló el convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires con 40

votos a favor y uno en contra que dispone el traslado del monumento de Cristóbal Colón.

En otro orden, cinco comisiones del Congreso Nacional convocaron a una Audiencia Pública que contó con la presencia de representantes de organizaciones empresarias y funcionarios estatales con el objeto de conocer, en palabras de sus representantes, los principales problemas de las economías regionales.

La apertura del evento estuvo a cargo de la presidenta de la comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado, la mendocina Laura Montero,  UCR, que junto a los presidentes de las otras comisiones que intervinieron comoRoberto Basualdo y Eugenio “Nito” Artaza y los diputados Alicia Ciciliani y Mario Barletta escucharon y analizaron las ponencias de referentes de todo el país por más de nueve horas en los salones Azul y Belgrano. 

Al día siguiente, ya en plena sesión, la senadora Montero reclamó, ante el presidente del bloque del FpV, Miguel Pichetto, sobre la ausencia de representantes del oficialismo en la Audiencia Pública. “Perdieron una excelente oportunidad de conocer la situación del país productivo, de sacar sus propias conclusiones”, dijo.

También señaló que similares ausencias se producen en las reuniones de comisiones y al respecto señaló que “tenemos muchos proyectos que ayudarían a paliar los problemas de desempleo, de marginación y pobreza que están viviendo muchos argentinos, es decir problemas que son de mucha sensibilidad social y que deben ser resueltos”.

Algo más sobre los sucesos en la Cámara de Senadores. En Labor Parlamentaria se acordó suspender dos sesiones, miércoles 4 y 11 de junio. El motivo es la falta de temas en la agenda oficial del Senado.

Más allá de este aspecto formal, no es menos cierta la posibilidad de dejar librado a la oposición el importante escenario legislativo que preside Amado Boudou, ahora citado por la Justicia.

El continuo pedido para que el aludido tome licencia, es lógicamente incómodo para el oficialismo y entonces, cercanía del Mundial de Fútbol mediante, se dispuso un cese parcial, en principio hasta que aclare.   

 

La ausencia de Julián Domínguez, titular de la Cámara de Diputados, de viaje fuera del país, ayudó a la suspensión de la sesión pero también generó poco movimiento en la oposición que incluyó la postergación de su pedido de sesión especial para tratar la derogación del polémico Memorando con Irán.

Será así si encaja el tema con la agenda dispuesta para mañana miércoles, momento en que el jefe de Gabinete Jorge Capitanich dará su habitual informe de gestión.          

En tanto, durante la semana pasada, en algunas comisiones se debatieron temas importantes.

La comisión de Legislación del Trabajo, que preside el siempre activo Héctor Recalde, FpV, Buenos Aires,  en una reunión conjunta con Comunicaciones e Informática, dio dictamen favorable para el Estatuto que busca regular la actividad en los denominados Call Centers.