lunes, septiembre 29, 2014

Código Civil y Comercial

Disputa entre oficialistas y opositores.
Pretensión de darle tratamiento express.
La eventual sanción cobra dimensiones que influyen directamente en la 
vida cotidiana       

D
e pronto, después de haber pasado mucho, mucho tiempo; desde su estudio por analistas y profesionales del derecho de gran bagaje profesional, la demora en el trámite por parte del Senado en darle sanción –con modificaciones- el 23 de noviembre de 2013 y una visita presidencial al papa Francisco, el oficialismo de la Cámara de Diputados dispuso, sin ningún tipo de acuerdo con el resto de arco político, incorporar a la agenda de mañana miércoles 1 de octubre, aprobar la reforma del Código Civil y Comercial.
Una decisión que se enmarca en el ritmo legislativo express al que el oficialismo echa mano últimamente.    
En este caso, la importancia de la votación del nuevo instrumento jurídico es que regulará las acciones de los habitantes de nuestro país por tiempo indeterminado.
La nueva norma reduce Uno de los puntos centrales en el capítulo civil es la decisión política de ratificar el momento del origen de la existencia humana, un antecedente que dificultaría la posibilidad de avanzar con el aborto no punible.
Al unir los códigos Civil con el Comercial se incluyen derechos y obligaciones de tanta importancia como el matrimonio, divorcio y herencias en materia de familia.
También los contratos personales, las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Las donaciones donde “cualquier operación encuadrada en esa figura resultaría observable por el plazo de 10 años algo que generará que los inmuebles queden afuera del tráfico inmobiliario” afirmaron fuentes consultadas.
En volumen, el nuevo Código que en un principio estudió y realizó un borrador corregido luego por el Poder Ejecutivo, tendrá 2671 artículo en reemplazo de los más de 5000 artículos anteriores. Su vigencia será a partir del primer día del año 2016.  

El aspecto operativo
La intención del oficialismo encontró un primer escollo, de corte reglamentario.  
Al poner en marcha la operatoria, se encontraron con objeciones fundamentadas en aspectos no poco importantes.   
 Desde la cara instrumental, los opositores quieren que la sanción del Senado pase antes por las comisiones. Reclaman que los 257 diputados no vean cercenados “su derecho a debatir una ley de importancia y trascendencia” según citan en la carta que fuera dirigida al presidente de la Cámara, Julián Domínguez.
El oficialismo rechazó el reclamo opositor y argumentó que el tema “ya fue discutido por una comisión bicameral, en el 2012”. Al respecto, Teresa García, integrante de la mesa chica del Frente para la Victoria sostuvo que es especulativa y denunció que ahora se busca “enrarecer” el debate del proyecto.

La historia puede repetirse
Lo que en verdad será conveniente recordar en busca de mejorar nuestra salud política no repetir la situación  en aquellos días de noviembre de 2013, cuando el jefe de los senadores del Frente para Victoria, Miguel Angel Pichetto, cerró el debate sobre la reforma del Código Civil y Comercial adelantando que "La verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar por supuesto, como siempre he funcionado con un concepto de disciplina política”.  
Al mismo tiempo destacó “el articulo 19 (uno de los ejes de la más severa discusión) tampoco me satisface. Yo tengo un pensamiento laico; digamos, las cosas que son del Estado son del Estado y las que son de Dios son de Dios".
No terminó allí su rezongo político. Agregó una esperanza:
"Yo espero que en el ámbito de la Cámara de Diputados este debate pueda ser superado, que se retome la senda de un camino que es el correcto. Espero que lo corrija la Cámara de Diputados", dijo Pichetto sobre el proyecto que mañana piensan sancionar -sin correcciones- sus pares de la Cámara de Diputados.
A la hora de votar en la Cámara alta se registraron 39 votos a favor (todos oficialistas) y 1 en contra.
Los radicales y el FAP habían abandonado el recinto.  

Pero volvamos a nuestros días. Independientemente de la actual controversia, ocurrió la publicación de Orden del Día N° 829 por parte de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con vistas a la próxima sesión.
El hecho calentó sobremanera los ánimos de la oposición y también de amplios sectores de la comunidad jurídica.  Desde diferentes sectores parlamentarios de la Cámara baja, tildaron a la "pretendida" Orden del Día, como un "mamarracho", calificaron sin sutilezas los especialistas.
"Jamás vimos que se publicara una Orden del Día, sin fecha de publicación, sin fecha de vencimiento, sin mención de la Comisión, de donde proviene el o los despachos respectivos, y además, sin los dictámenes correspondientes", relataron.  
Mientras tanto, al momento de escribir este despacho, todavía no había sido anunciada oficialmente la realización de la sesión. Sin embargo, la secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria ratificó que su bloque buscará sancionar el nuevo código mañana miércoles en el recinto y negó que para ello se requiera un dictamen de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, como dice la oposición.
Por estos tiempos, el Frente para la Victoria tiene un bloque de 119 miembros (uno de ellos de licencia). Se deben sumar 13 aliados que arrojan un total de 131, dos más de los necesarios para arrancar las sesiones.
Si bien no es el caso de la próxima sesión por el Código Civil y Comercial, seguramente ese número puede sufrir variaciones durante la campaña si algunos de sus actuales miembros buscan nuevos horizontes. Un dato para tener en cuenta desde ahora hasta el fin del próximo período.     
En cuanto al comportamiento de los distintos bloques se estima que la UCR es la que más escollos presenta, en tanto los diputados que responden al senador puntano Adolfo Rodríguez Saá y al gobernador cordobés José Manuel De la Sota se inclinarían por acompañar el voto afirmativo de la mayoría oficialista.
El diputado Guillermo Durand Cornejo, Unión PRO, advirtió sobre la “subordinación que se hace del derecho a la propiedad a los derechos de incidencia colectiva”, cuestión que consideró pone en “riesgo” la propiedad privada.
El legislador salteño sostuvo que "ningún derecho es absoluto sino que están delimitados por su ejercicio regular y los límites específicos y taxativos que establecen las leyes”. Consideró que “no tiene razón de 
ser subordinar el derecho a la propiedad a los derechos de incidencia colectiva, pues ese es un concepto abstracto que no quedó delimitado y tiene una amplitud tan grande que el iluminado de turno va a definir su alcance”.
De esta manera, Durand Cornejo sostuvo que “la protección a la propiedad privada va a depender de la interpretación que se haga en cada caso, eliminando así la seguridad jurídica que debe existir en todo estado de derecho".
[El texto del proyecto que fuera aprobado por los senadores ya fue cursado a nuestros suscriptores].
Es de hacer notar que, de no recibir modificaciones, el presente texto será convertido en ley

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