EDICION 1028

Esperando la reanudación de Extraordinarias

Las próximas sesiones en 

ambas Cámaras y el 

eventual temario en tratamiento

Finalmente, luego de un corto período de incógnitas, con el transcurrir de los días y la llegada del decreto 98/2020 de Presidencia de la Nación que determina la inclusión en Sesiones Extraordinarias del proyecto Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa estamos frente a la reanudación del periodo extraordinario.

Originalmente el propósito de las autoridades legislativas es tratar el proyecto sobre la deuda el martes 28 y debatirlo en la Cámara baja al día siguiente o el jueves 30.

Se sumará la previa constitución de las comisiones que debieran tener a su cargo el estudio de las normas propuestas. El procedimiento ocurre cada vez que se renueva el cupo legislativo en las elecciones de medio término.  

 Se espera que el proyecto que ingresó por Mesa de Entradas, el martes a la Cámara baja sea girado en las próximas horas a las comisiones que deberán encargarse de analizarlo. Estas son Presupuesto y Hacienda, que ya está constituida y Finanzas, que será presidida por Fernanda Vallejos, FdT, que deberá constituirse.

Al respecto se conoció en las últimas horas que autoridades de Economía acudirán a dar información a los diputados que la requieran. Se aclaró que no concurrirá el ministro Martín Guzmán.

Desde lo operativo se consideró constituir un plenario de comisiones tratará el tema el próximo martes 28, con la esperanza de obtener dictamen ese mismo día o el siguiente.

En ese caso, será debatido en el recinto el jueves 30 y de lograr sanción pasará de inmediato a la Cámara de Senadores en busca de la sanción definitiva.

Desde el entorno de Massa se indicó que el diálogo con los titulares de los bloques de la oposición es “bueno”, lo que hace “muy factible” la plena normalización de la tarea legislativa.   

El temario sería representado por dos temas que quedaron pendientes: el nuevo Pacto Fiscal y el proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas del país.
Las iniciativas que el Gobierno anticipó enviará al Congreso son el proyecto de ley para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos; la creación del Consejo Económico y Social; la reforma judicial y el citado sobre deuda pública externa que esta para ser analizado en comisiones.  

Ninguno de los restantes proyectos llegó al Congreso. Se asegura que los borradores están “prácticamente terminados”.

En el caso del proyecto que crea el Consejo Económico y Social, el presidente Alberto Fernández aseguró que el texto está listo.
Sobre este último, señalamos que el proyecto ingresó el martes pasado a la Cámara de Diputados bajo el título de Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que declara prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda externa.

El proyecto de nueve artículos pide al Congreso facultades para autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos de nuestro país emitidos bajo ley extranjera.
En su texto designa como autoridad de aplicación de esa ley al Ministerio de Economía, “pudiendo dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.
En el tercer artículo, el proyecto declara que “las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina”. A tal fin, se autoriza al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.

En lo que respecta a la actividad en la Cámara de Senadores, se incluiría en el temario de extraordinarias las leyes de alquileres y de góndolas, que ya cuentan con media sanción de Diputados.
Ambas propuestas, de fuerte impacto social, resultaron aprobadas en Diputados; la primera sancionada el 20 de noviembre con 191 votos afirmativos. Entre otros ítem, la iniciativa extiende de dos a tres años el plazo de los contratos y establece un reajuste anual en base a los índices de inflación y salarios.
En cuanto a la ley de góndolas, obtuvo sanción en Diputados por 182 votos afirmativos. Establece entre otras disposiciones, que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. Se busca frenar conductas monopólicas y favorecer la competencia y la participación de pymes.
Otro proyecto de ley transitó y quedó en el camino y a estas alturas ya perdió estado parlamentario.

La ley de “ficha limpia” fracasó en el recinto de la Cámara baja, donde Cambiemos intentó tratarlo el 21 de noviembre pasado, pero no logró reunir el quórum reglamentario.

El proyecto tiene en su enunciado básico crear impedimentos para acceder a puestos públicos con antecedentes de actos de corrupción y fue esta la razón que causó la mayoría de ausencias.
Mientras tanto, en el Senado está pendiente, el proyecto presentado por Agustín Rossi antes de asumir como ministro de Defensa, para crear un “Fondo Nacional de la Defensa” con el fin de reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje gradual del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto.

Saliendo del aspecto legislativo, surgen derivaciones de la denuncia por acoso al ex gobernador y actual senador José Alperovich. Se trata de la denuncia presentada sobre la senadora tucumana Beatriz Mirkin (Frente de Todos) por "encubrimiento agravado" en el marco de la causa por abuso sexual contra el actual senador en uso de licencia, sin cobro de dieta, José Alperovich.

El abogado Gustavo Morales, autor de la denuncia, aseguró que Mirkin "tomó conocimiento" por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich en junio de 2018 y luego en mayo de 2019, antes de concurrir a la Justicia.

La sobrina de Alperovich trabajó como colaboradora de su tío en la campaña electoral a gobernador, pero antes se había desempeñado como personal transitorio en el despacho de Mirkin en el Senado. En eso circunstancia, la sobrina fue puesta en conocimiento de los hechos y recibió por contestación “esperá que pasen las elecciones”.

Definiciones sobre el rumbo judicial 

y la deuda en la 

provincia de Buenos Aires son

materia de preocupación política    

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “el presidente dijo que no hay presos políticos y Milagro Sala le respondió sin pudor diciendo ‘pensé que la Justicia iba a cambiar más rápido’. Acá no estamos ante simples diferencias conceptuales, en esta guerra de declaraciones se está jugando la independencia del Poder Judicial”, expresó Negri al referirse a la presión política de la dirigente jujeña sobre el Presidente.
“En Argentina no hay presos políticos. Hubo y hay políticos presos, y también hay otros (políticos) que no están presos y se robaron el país”, agregó el diputado cordobés cuando se le preguntó su opinión.

Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) se diferenció del presidente Alberto Fernández, al considerar que “hoy hay presos políticos, no tengo dudas”.
“Más allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en que están detenidos, tanto en el caso Milagro Sala como el de Julio De Vido y Amado Boudou, no hay elementos suficientes en los expedientes para condenarlos”, sostuvo. Expresó en declaraciones radiales que respeta la opinión de Alberto Fernández, “no voy a condicionarlo. Es una opinión mía que hay presos políticos. Milagro Sala lo es”.
Negri estuvo en Mar del Plata reunido con el intendente Guillermo Montenegro, y participó de un encuentro con dirigentes y diputados en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Consultado  sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y la decisión de su gobernador Axel Kicillof de pedir una prórroga para afrontar los pagos de la deuda contraída por el ex gobernador Daniel Scioli.
“Están intentando culpar de todo al gobierno de Cambiemos, pero todo el mundo sabe en esta provincia que el gobierno de María Eugenia Vidal recuperó para los bonaerenses $65 mil millones del Fondo del Conurbano, mientras el PJ durante el kirchnerismo no levantó la voz para reclamarlo y esto incluye al actual gobernador”, expresó Negri y recordó que Axel Kicillof fue ministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y estuvo al tanto del préstamo a Buenos Aires en esa época.

Dejan sin reglamentación la

ley de Economía del Conocimiento    

La Ley de Economía del Conocimiento, aprobada el 22 de mayo del año pasado, quedó fuera de aplicación partir de la publicación en el Boletín Oficial que dejó sin efecto su reglamentación.  La decisión retrotrae los beneficios impositivos para las empresas tecnológicas que debían regir a partir del 1° de enero de este año.
La medida del gobierno de Alberto Fernández levantó fuerte polvareda en ámbitos políticos y empresarios.

Para el presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, Mario Negri, “la decisión del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de suspender los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento “hará que las empresas abandonen el país, aleja a potenciales inversores por la falta de seguridad jurídica y afecta a un sector que exporta y genera empleo de calidad. Sólo asegura atraso”.
Desde la misma vereda el exsenador nacional Federico Pinedo, sostuvo que “la economía del conocimiento genera 120 mil trabajos y 6 mil millones de US de exportaciones. Suspender el marco legal es grave porque se pueden ir con un click a otro lado. Pido al Gobierno que apure la reglamentación y no ataquen a los que generan más trabajo”.
Sumó si crítica el tucumano recordó que la Ley de Economía del Conocimiento fue votada mayoritariamente por todos los bloques en el Congreso, mientras que su par Karina Banfi aseguró que “una ley que salió celebrada por todos, cayó en la grieta del Gobierno”. Y agregó: “La ley de economía del conocimiento promueve el desarrollo tecnológico de cualquier sector de la industria, beneficia el empleo de desarrolladores locales. Incentiva la industria del futuro. Faltan dólares, sobran cabezas y suspenden la Ley de Economía del conocimiento.
La diputada por Córdoba, Soledad Carrizo, enfocó el tema desde el perfil tecnológico y citó que “el

tercer sector exportador de la Argentina con el 8% de las ventas externas, con capacidad para generar 400.000 empleos en los próximos diez años queda envuelto en inseguridad jurídica, suspensión de beneficios, retraso de decisiones de inversión y preso de una confusa señal hacia el mundo. Tengamos en cuenta que, 36 clúster tecnológicos, más de 10.000 empresas y 215.000 empleos vinculados al sector quedan hoy en suspenso frente a una decisión del ejecutivo nacional que desatiende la función estratégica de esta norma para el desarrollo de valor agregado de nuestro país”, concluyó la diputada nacional.

Desde el oficialismo, Mario Pais, del interbloque Argentina Federal, consideró que “no es la ley ideal” y marcó falencias de redacción en cuanto a la falta de una definición detallada sobre los servicios contemplados. Además, advirtió durante ese debate: “Espero que esta ley esté dirigida a los microemprendimientos que incorporen ciencia y tecnología. Temo que la norma termine beneficiando a los grandes grupos concentrados, como laboratorios internacionales o empresas de explotación minera”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció que “esta iniciativa es totalmente aislada de la política del Gobierno, porque mientras tanto se está desmantelando el sistema científico y tecnológico en toda la Argentina”. Calificó a la norma como “una pantalla”, y dijo esperar “que no sea para beneficiar a aquellos actores que no necesitan ser promocionados”, sugirió la mendocina, quien denunció el “vaciamiento” del INTA, el INTI y fundamentalmente, del Conicet.

Equipos del Gobierno se contactaron con principales empresas involucradas en la legislación, pero no citaron nombres.

Al respecto cabe señalar que al momento de su sanción en el Senado se aprobó por unanimidad, cuerpo legislativo en el que, al igual que en Diputados, el oficialismo no tenía mayoría.   

Las empresas afectadas están en permanente contacto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y también en alerta a los cambios en la futura reglamentación de la ley que comenzaría a regir a partir de 2023.

Fuentes consultadas por Leyes y Empresas evitaron pronunciarse y manifestaron esperar el momento de una nueva reglamentación para dar opinión al respecto.  

Habida cuenta del ruido que provocó, Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo dijo que “desde el Gobierno nacional estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la Economía del Conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las PyMEs y que estén disponibles en el corto plazo”, expresó a través de un comunicado.

Agregó que “no estamos anulando el régimen.

Por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa”.