viernes, abril 29, 2022

 EDICIÓN 1128

Pedido de sesión especial

 

Doble la sesión especial pedida para el jueves

 

Como para romper la cadencia, la presidencia de la Cámara de Diputados podría aceptar el pedido formulado por el bloque de Juntos por el Cambio para que convoque el próximo jueves 5, a una sesión especial para tratar en forma urgente la problemática de los créditos UVA.

En este caso sugiere el tratamiento de dos proyectos sobre esta cuestión: uno propio, que presentó el mendocino Julio Cobos y es acompañado por otros diputados radicales, sobre renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados por UVA; así también uno del exdiputado nacional radical Alvaro De Lamadrid, acompañado por otros legisladores del radicalismo y el Pro, denominado “rescate de deudores hipotecarios UVA”.

En favor de su presentación Cobos sostiene que “nadie desconoce la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA, se ha roto la equidad contractual por lo cual debemos brindar desde el Congreso de la Nación, alguna solución surgida del acuerdo entre oficialismo y oposición”, señalan quienes impulsan esta sesión, considerando que “no podemos dejar la solución de este problema al arbitrio de la justicia, tenemos que lograr un marco legal nuevo. ​

“Urge avanzar con una ley para los préstamos UVA que defina las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establezca una renegociación para los deudores hipotecarios actuales; es decir solucionar lo anterior pero también dar un marco de certidumbre para reactivar la por ahora inexistente posibilidad de acceder a créditos. 

Dicha solicitud, aún sin respuesta, llegó pocas horas después de la realizada por el diputado Florencio Randazzo, en la que pidió sesión especial para tratar una reforma electoral sobre la implementación de la boleta única.

Ocho son los proyectos puestos en consideración y corresponden al radical Gustavo Menna, Claudio Poggi, Alejandro Rodríguez, Enrique Estévez, Silvia Lospennato, Pablo Tonelli, Jorge Enríquez y Emilio Monzó. Ninguno de los proyectos cuenta con dictamen de comisión, por lo que su eventual tratamiento deberá ser sobre tablas, habilitado por una mayoría especial.

Acompañan el pedido Luis Di Giácomo y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), José Luis Espert, Avanza Libertad, Mónica Fein, Partido Socialista, Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica, Mario Negri, Facundo Manes y Julio Cobos, UCR, Cristian Ritondo, Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Gerardo Milman, Rogelio Frigerio y María Eugenia Vidal, Pro, Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, Encuentro Federal y Rodrigo De Loredo, Evolución Radical

Si bien los diputados convocantes esperan por sí mismos alcanzar el número para el quórum, no saldrá una media sanción ese día. La intención es forzar desde el recinto el tratamiento en el seno

 

 

de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para alcanzar allí un dictamen y llevarlo luego al recinto. La demostración de fuerza servirá también para exponer al oficialismo y su falta de interés por avanzar con el tratamiento del tema.

Dado que ambos pedidos son formulados por el sector opositor podría facilitarse el trámite si se disponen dos sesiones en horarios seguidos.

El reglamento fija que de quedar autorizada se convoca a sesión especial que debe alcanzar el quorum reglamentario de 129 asistentes en sus bancas.  

 

 

La Unión Industrial preocupada por

la agenda parlamentaria            

 

Es justo reconocer que la entidad representante del grande espectro de empresas y sus directivos se puso en la tarea de recorrer los centros de poder y pedir reformular la agenda parlamentaria que en la actualidad sólo incorpora temas que no preocupan a la ciudadanía.

Una de nuestras tareas es revisar a diario la llegada de nuevas propuestas parlamentarias y su derrotero en al ámbito legislativo. Lamentablemente, desde los sectores que integran ambas Cámaras no se denota la presencia de legislación relacionada con la angustia y necesidades ciudadanas. Nuestros lectores también confirman y hacen llegar opiniones en ese sentido.

Por ello, vale la pena apoyar la gestión que está realizando el presidente de la Unión Industrial Argentina, el abogado Daniel Funes de Rioja, un profesional de dilatada experiencia en el asesoramiento a importantes empresas de múltiples sectores.

 


En estos tiempos de ausencia de ideas potenciadoras de la actividad y el desarrolla de ideas productivas, se espera que la presencia y especial pedido de la máxima representación empresarial provea fuerza a las usinas del Gobierno y a sus órganos satelitales para sacar de la larga siesta a los órganos gubernamentales y políticos de nuestro país.

En esta oportunidad, los representantes de la Unión Industrial Argentina, UIA, encabezados por su presidente, Daniel Funes de Rioja, y su secretario, Miguel Ángel Rodríguez, avanzaron sobre la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial.

En un encuentro formalizado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, abordaron una serie de iniciativas parlamentarias tales como la producción de leyes sobre Agroindustria; Hidrocarburos; Industria automotriz; Electromovilidad; Fomento a la Construcción y de Turismo.

Algunas de las mencionadas forman parte de un anuncio presidencial que en realidad solo quedó como tal dado que no tuvo el marco apropiado y reflejado en el trámite legislativo respectivo.   

 “Necesitamos que en los próximos 45 días sean protagonistas del debate, que todos hagamos el mejor aporte”, expresó para agregar: “Esta es su casa.

“Estoy convencido de la participación de los empresarios en la política” sostuvo el presidente de Diputados.

Puso en valor el diálogo con los empresarios y enfatizó la necesidad de “lograr acuerdos políticos y sectoriales para avanzar en una serie de medidas conjuntas para fortalecer la industria”.

Por su parte, los miembros de la UIA vicepresidente sectorial, David Uriburu; vicepresidente regional, Guillermo Moretti; tesorero, Martín Rappallini; prosecretaria y presidenta del Departamento

de Legislación y Relaciones Parlamentarias, Carolina Castro y el director ejecutivo, Diego Coatz fueron acompañantes y que formaron parte de la comitiva expresaron que “la agenda del Congreso coincide con el espíritu y el objetivo de las propuestas de la organización”, toda vez que e “impulsan la inversión y resaltan el papel del sector privado en el crecimiento y la generación de empleo”.

El suceso tuvo buena repercusión en medios de prensa que posibilitaron una mayor penetración del mensaje para que los parlamentarios nacionales tomen debida nota de las necesidades de sus votantes.

 

Últimos pasos de

actividad parlamentaria

Pocas noticias despiertan el interés ciudadano actual.

En Diputados, los proyectos de reforma de la ley de alquileres siguen un trámite que en velocidad no está en línea con las expresiones de necesidad de la población.

Reuniones informativas abundaron en la escucha de similares conceptos vertidos en oportunidad del tratamiento de la más reciente ley que hoy intentan reformular, vista su ineficiencia.

En otro orden y como era de esperar por estos tiempos, se solicitó la reactivación de la boleta única. En la oportunidad de la mano del diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo, los principales bloques de la oposición pidieron una sesión especial a efectos de tratar los proyectos de boleta única que tienen estado parlamentario en el Congreso de la Nación.   

La intención es forzar desde el recinto el tratamiento en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para alcanzar allí un dictamen y llevarlo luego al recinto

El caso es oportuno para consignar que a casi tres meses de inaugurado el período dicha comisión-al igual que muchas otras- no ha sido constituida.  

En Senadores, se anuncia la labor en comisión la Reforma de la Corte Suprema, un proyecto del representante de San Luis, Adolfo Rodriguez Saá.

En idéntico ámbito, el senador nacional Alberto Weretilneck afirmó que no habló del tema con la vicepresidenta Cristina Kirchner ni con ningún integrante del oficialismo.

Destacó que “para designar un juez de la Corte se necesitan las dos terceras partes del Senado”, se requiere que las dos grandes coaliciones se pongan de acuerdo, por lo que resaltó que su propuesta “no se acomoda a favor de nadie”.

Según el senador de Rio Negro el máximo tribunal emite “unas 7.000 y 7.500 sentencias por año”, cuando “hay 29 mil expedientes que ingresaron en 2018, y 14 mil expedientes en 2017. No hay números sobre cuántas causas tiene la Corte sin tratar”, apuntó y defendió que ampliar su composición “nos permitiría quintuplicar las sentencias por año”.

Y estos tiempos son bastante antiguos y no fue acicate para que los cuerpos parlamentarios hayan metido cerebro y mano para remediarlo.  

 

 

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo   

 

Ø MILMAN, GERARDO; RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; VIDAL, MARIA EUGENIA; DE MARCHI, OMAR; OCAÑA, GRACIELA; IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO; BACHEY, KARINA ETHEL; FINOCCHIARO, ALEJANDRO; WOLFF, WALDO EZEQUIEL; MARTINEZ, ALVARO; ANGELINI, FEDERICO; JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES; REY, MARIA LUJAN; ROMERO, ANA CLARA Y SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR:  CANCELACION DE LA PERSONERIA GREMIAL DEL SINDICATO DE CAMIONEROS.

 

Ø  CARRIZO, ANA CARLA; ANTOLA, MARCELA; BERHONGARAY, MARTIN ANTONIO; MARTINEZ, DOLORES; DE LOREDO, RODRIGO; TETAZ, MARTIN ALBERTO; BROUWER DE KONING, GABRIELA; CERVI, PABLO; TAVELA, DANYA; SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR; LENA, GABRIELA; CIPOLINI, GERARDO; OCAÑA, GRACIELA; ASCARATE, LIDIA INES Y JETTER, INGRID: PERDIDA DE BILLETES DE $1000 OCURRIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA INUNDACION EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO CENTRAL DE CASA DE MONEDA, 

 

 

Ø   LACIAR, SUSANA ALICIA: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA FALTA DE PROVISION DE GAS.

 

Ø  CARASSO, MARCOS GUSTAVO: CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL

 

 

 Breves

 

La designación de Doñate en la Magistratura. La Justicia de la Nación pidió a Cristina Kirchner un informe explicando la designación de Martín Doñate como representante del Consejo de la Magistratura por la "segunda minoría" del Senado.

El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, aceptó intervenir en el amparo presentado por los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni, y dio cinco días al Senado para responder el pedido.

Juez había sido designado por el PRO como consejero de la Magistratura por la segunda minoría, pero Cristina dividió el bloque oficialista y cambió la relación de fuerzas en Senadores, por lo que el lugar finalmente quedó para el flamante bloque Unidad Ciudadana. 

 


sábado, abril 23, 2022

 EDICION 1127

 Estrategia oficialista en Senadores

 

Jugando al límite: el oficialismo crea dos nuevos bloques en el Senado

 Dividir para reinar es ganar

El concepto refiere a una estrategia que rompe las estructuras de poder existentes y evita la vinculación de los grupos de poder más pequeños.

Podría ser utilizada en todos los ámbitos en los que, para obtener un mejor resultado, es en primer lugar necesario o ventajoso romper o dividir lo que se opone a la solución o a un determinado problema inicial.

Las máximas latinas divide et impera  fueron utilizados por el gobernante romano Julio César y el emperador corso Napoleón.

La estrategia ayuda a prevenir la formación de una serie de entidades tal vez más pequeñas y a la vez con menos contradicciones internas, cada una titular de una fracción de poder, y con posibilidades de eventualmente unirse entre sí, formando un solo centro de autoridad, o sea, una nueva y única entidad más relevante y peligrosa. Y precisamente, para evitar uniones y entendimientos, el poder central tiende a dividir y a crear disensiones y desconfianzas entre las distintas facciones, a fin de disminuir las posibilidades de uniones y entendimiento en contra de sí misma. ​

La técnica permite a un poder central, que puede ser un gobierno despótico, o una gobernación colonial-imperialista, compuesta por un número relativamente pequeño, gobernar y dominar a una población mucho más numerosa, y de una forma relativamente simple.

Los elementos citados surgen de la consulta a enciclopedias prestigiosas, y bien valen a la hora de pasar revista a los hechos vividos en la Cámara de Senadores de la Nación en su disputa por tener el contralor del Consejo de la Magistratura y en segunda línea disputar fuerza con el tercer poder de la República, el Judicial. 

A partir de una maniobra ideada para quedarse con una banca más en el Consejo de la Magistratura, el bloque oficialista de Senadores se dividió y dio lugar a la llegada de un bloque kirchnerista y otro de los gobernadores.

De este nuevo status se envió al órgano judicial al senador kirchnerista Martín Doñate, desplazando así al macrista Luis Juez.  

Las notas con la novedad fueron enviadas a la presidencia de Senadores con la intención de quedarse con la vacante en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y remover jueces, que debe sumar un legislador por Cámara para las "segundas minorías" a partir de la aplicación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De tal manera, confirmada la incorporación del senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes como consejeros, sumada a la asunción de los nuevos abogados y magistrados elegidos, oficialismo y oposición cuentan 9 votos cada uno.

Los restantes integrantes son el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, que encabezará y podrá desempatar; y la diputada Graciela Camaño.

Respecto de la designación de Reyes, el presidente del bloque FdT, Germán Martínez dijo estar en desacuerdo. “Vamos a pedir formalmente esa resolución y analizar en términos jurídicos para analizar una impugnación".

Poco después, mediante una acción de amparo contra la decisión del presidente de la Cámara baja, al tiempo que envió una carta al presidente de la Corte y al Consejo de la Magistratura una nota donde pide se declare inválida la resolución de Massa.

De primera mano, llama la atención la aceptación del fallo de la Corte por parte del oficialismo que hasta poco antes confiaba en los pasos de la resolución judicial del juez de Paraná a favor de suspender las designaciones en el Consejo.

La plena aceptación del fallo de la Corte Suprema, sobre la constitución del Consejo de la Magistratura, (vuelve al formato de 1997), parece ahora ser la frutilla del postre que disfruta el oficialismo.

Autores de la estrategia parecen ser la vicepresidenta de la Nación y el jefe del bloque del extinto Frente de Todos, José Mayans, polémico representante del gobierno formoseño.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo que la medida está “dentro de los parámetros legales”.

En referencia a la postura del oficialismo en torno del Consejo de la Magistratura, el legislador del Pro, Cristian Ritondo, señaló que “cuando un Gobierno busca someter al Poder Judicial es porque su objetivo final es la impunidad. Esta actitud dañina y rencorosa no ayuda a la tranquilidad institucional y va a contramano de la Constitución”, advirtió.

Quizá sea prematuro, pero debe prestarse atención a la posición que asumirán los bloques restantes en cuanto a la conducta a seguir en el trámite de la sanción de nuevas leyes, herramientas preciosas para el desarrollo político del Gobierno.

Como muestra podemos señalar que, resultado mediante de los últimos comicios, en el presente ejercicio no lograron la sanción definitiva del Presupuesto de Gastos.

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri sentenció “A mí no me asombra la maniobra del Senado, porque es kirchnerismo en estado puro. Es decir, es el estado del atropello institucional, sin límites que uno pueda imaginar.

“Esperemos que en la Cámara de Diputados no intenten hacer lo mismo, aunque no descarto que quieran elegir ese camino, pero la réplica va a ser igualmente dura y más fuerte por la crisis institucional en que nos han metido”.   

Era de manual la consulta con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. A modo de resumen transcribimos su última expresión sobre una eventual modificación: “en la medida que Rosatti  tome juramento a Doñate, que es el consejero del conflicto, ya la cuestión se vuelve abstracta”.

En el ámbito legislativo se registró el ingreso y fue girado a las comisiones de Asuntos Constituciones y a la de Justicia el proyecto que modifica la ley 24.397 de Consejo de la Magistratura que recibiera sanción de la Cámara de Senadores.

En otro círculo, el miércoles pasado tuvo lugar el juramento ante la Corte Suprema a las nuevas consejeras de la Magistratura elegidas por los estamentos de los jueces, los abogados y los académicos, en una ceremonia íntima donde estuvieron el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.  

 

Destacan errores graves en el proyecto sobre el fondo para cancelación de deuda FMI           

 Durante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, la especialista en Impuestos Jimena de la Torre, enumeró los graves errores que presenta el proyecto oficialista.

Puntualmente, la profesional, recientemente electa para integrar el Consejo de la Magistratura, sostuvo que Tal vez hay un desfasaje entre los fundamentos y el texto, se puede adecuar el texto a los fundamentos”, remarcó y procedió a leer textualmente: “Se propone un aporte del 20% por cada bien o activo sin declarar detectado en el exterior y en consecuencia se abre la posibilidad a que el

fisco determine y exija en su justa medida los tributos evadidos de otros impuestos nacionales por los periodos no prescriptos aplicando todos los mecanismos de la Ley Fiscal. Los evasores deberán abonar el aporte especial para el Fondo Nacional creado en moneda extranjera y eso será trasferido para el pago con el FMI además de hacerse cargo del resto de los impuestos evadidos.

“Encuentro al evasor a través de la figura del soplón fiscal o intercambios que hoy existen como el AFIP, que no tiene mucho sentido igual, que miren con especial atención la información que reciben que persigan al evasor y que le cobran una sobretasa, además de todo lo que debe, pero cuando vamos al texto de la ley dice todo lo contrario y es evidente que dice todo lo contrario”.  

Agregó que “Hay contradicciones entre los fundamentos y lo que dice la ley, también en su artículo 11. Estamos convirtiendo al Estado nacional en un vehículo de lavados de activos y creo que ese no es el objetivo y nadie quiere eso”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”, cuestionó La Torre. 

 

Listado del horror: impuestos, contribuciones, tasas y otras cargas de índole tributario       

 Luego de los anuncios del Poder Ejecutivo creando un nuevo gravamen con el insólito título de “renta inesperada”, la diputada nacional María Eugenia Vidal, Pro, Buenos Aires, consideró oportuno detallar la cantidad de impuestos, tasas, contribuciones y otras denominaciones creativas que se encuentran en vigencia.

Así se expresa Vidal: “El impuesto a la ‘renta inesperada’ se llama Ganancias. Dejen de tomarnos el pelo. Ya lo pagamos junto con otros 164 impuesto más. Les dejo la lista por si no lo sabían”.

1.Impuesto a las Ganancias sobre personas humanas y sucesiones indivisas; 2. Impuesto a las Ganancias sobre sociedades; 3. Gravamen de emergencia sobre premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos; 4. Régimen para los trabajadores en relación de dependencia Aportes; 5. Régimen para los trabajadores en relación de dependencia Contribuciones; 6. Régimen de trabajadores Autónomos; 7. Régimen para el personal de casas particulares; 8. Impuesto sobre los Bienes Personales; 9. Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas; 10. Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas; 11. Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias; 12. Impuesto al valor agregado (IVA); 13. Tabaco; 14. Bebidas alcohólicas; 15. Cervezas; 16. Bebidas analcóholicas; 17. Jarabes; 18. Extractos y concentrados; 19. Champañas; 20. Objetos suntuarios (bienes de lujo); 21. Vehículos automóviles y motores; 22. Embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes; 23. Productos electrónicos; 24. Seguros; 25. Telefonía satelital; 26. Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono; 27. Impuesto a la Energía Eléctrica; 28. Impuesto Adicional de Emergencia sobre cigarrillos; 29. Fondo Especial del Tabaco; 30. Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos; 31. Impuesto a los Videogramas Grabados; 32. Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual; 33. Recargo al Gas Natural; 34. Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas; 35. Impuesto Indirecto sobre apuestas on-line; 36. Derechos de Importación; 37. Derechos de exportación; 38. Tasa de estadística; 39. Impuesto a los Pasajes al exterior; 40. Monotributo; 41. Impuesto PAIS; 42. Percepción RG 4515; 43. Aporte Solidario a las Grandes Fortunas; 44. Impuesto Inmobiliario; 45. Impuesto sobre los Ingresos Brutos; 46. Impuesto a los sellos; 47. Impuesto a los automotores; 48. Impuesto a las Loterías; 49. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes; 50. Impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclable; 51. Impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizable; 52. Impuesto por el uso y la ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública; 53. Impuesto a los combustibles derivados del petróleo; 54. Canon de riego; 55. Derecho de Timbre; 56. Impuesto al ejercicio de profesiones liberales; 57. Derecho de delineación y construcción: 58. Impuesto sobre la nómina salarial; 59. Derecho de capacidad constructiva; 60. Gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas; 61. Contribución por publicidad; 62. Tasa de uso de agua de dominio público; 63. Impuesto a los productos forestales; 64. Contribución que incide sobre compañías de electricidad; 65. Derecho de extracción de minerales; 66. Derecho de explotación de minerales; 67. Derechos de Explotación de Áridos; 68. Tasa por depósito de mercaderías en infracción; 69. Tasa por limpieza de ferias; 70. Tasa de pesca; 71. Fondo de Solvencia Social; 72 Fondo de emergencia agropecuaria; 73. Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales; 74. Fondo Social de Reactivación Productiva; 75. Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional; 76. Tasas retributivas de servicios (judiciales); 77. Tasas retributivas de servicios (servicios Administrativos); 78.Tasas retributivas de servicios (otras); 79. Contribución por mejoras; 80. Impuesto sobre las actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas; 81. Tasa por Servicios Generales; 82. Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene; 83. Tasa por Habilitación de Comercio e Industria; 84. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; 92. Patentes de Rodados; 93. Tasa por control de Marca y Señales;94. Derecho de Cementerio; 95. Tasa por inspección de Pesas y Medidas; 96. Tasa por Servicios Varios; 97. Contribución por Mejoras; 98. Contribución especial por Pavimentos y Veredas; 99. Tasa por Conservación de la Red Vial Municipal; 100. Tasa por Control de Calidad de Obra en la vía pública; 101. Derechos de registro por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipos complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones; 102. Derechos de verificación por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipos complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones; 103. Contribución especial por Acciones de Seguridad; 104. Tasa por servicios de limpieza y desmalezamientos de baldíos, inmuebles destruidos o semidestruidos y casas abandonadas; 105. Tasa por residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos; 106. Impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras; 107. Derechos por venta ambulante; 108. Derechos de registro de conductor; 109. Transporte público y remoción y estadía en general; 110. Derecho de uso de instalaciones municipales; 111. Derecho de la estación de la terminal de ómnibus; 112. Tasas y derechos prestados por la dirección hidráulica; 113. Derechos de laboratorio de suelo, hormigón y asfalto; 114. Derechos de explotación de minas de tercera categoría; 115. Contribución que incide sobre el uso de playas y riberas; 116. Contribución por servicios culturales; 117. Contribución para servicios de justicia; 118. Tasa por uso del vertedero municipal; 119. Contribución de servicios prestados en el matadero municipal; 120. Derecho por habilitación e inspección de vehículos; 121. Tasa única aeroportuaria Municipal; 122. Contribución transporte público de pasajeros; 123. Tasa por los servicios adicionales de la policía de tránsito; 124. Derecho especial de funcionamiento de remises, taxis y transportes escolares; 125. Fondo municipal de promoción y asistencia a la comunidad y turismo; 126. Tasa de salud; 127. Contribución de la Provincia de Buenos Aires; 128. Tasa por Alumbrado Público; 129. Tributo por Plusvalía Urbanística; 130. Contribución por los servicios adicionales municipales; 131. Contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria; 132. Derechos por control bromatológico y salubridad (Alimentos); 133. Tasa por servicio de inspección veterinaria; 134. Tasa por búsqueda y rescate; 135. Contribución que incide sobre los mercados; 136. Contribución que incide sobre la instalación mecánica y sobre la instalación y suministro de energía eléctrica; 137. Contribución especial sobre los consumos de gas natural; 138. Contribución para la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal; 139. Contribución ambiental por generación y transporte de restos de obras y demoliciones; 140. Contribución que incide sobre evaluación y fiscalización impacto medioambiental/riesgo ambiental; 141. Contribución para financiación del desarrollo local y regional de obra de gas natural y otras de interés; 142. Contribución para obras públicas; 143. Impuesto inmobiliario; 144. Tasa por juegos de azar; 145. Derecho de registro inmobiliario y catastro; 146. Tasa de deportes; 147. Derechos de uso y servicios planta procesadora productos de mar; 148. Contribución por servicios asistenciales; 149. Contribuciones sobre la introducción de mercaderías a los mercados; 150. Tasa de verificación; 151. Tasa sobre el financiamiento otorgado por la Caja de Crédito Municipal a personas humanas o jurídicas; 152. Tasa de visado de planos y mensuras, relevamiento; 153. Tasa por vacunación antirrábica; 154. Tasa por cobranzas y retenciones.

Fin… por ahora.

 

martes, abril 19, 2022

 EDICIÓN 1126

Finaliza intriga vivida en los últimos días 

Consejo de la Magistratura: horno caliente y suerte esquiva aparecen en el horizonte      

 La historia vivida en los últimos días bien vale ser repasada. 

El kirchnerismo no logró aprobar las ternas para cubrir varios cargos en la justicia federal, incluidos los cinco asientos clave en Comodoro Py. Hasta último momento hubo intentos para conseguir los votos y aprobar las ternas, pero no logró conseguir dos de los seis votos que tiene la oposición para llegar a los dos tercios que determina el reglamento.

Buscó entonces aprobar varias ternas de jueces federales, pero hubo especial interés en cinco que son clave. Son los concursos para cubrir tres vacantes en los tribunales federales de Comodoro Py: los del fallecido Claudio Bonadio y los renunciados Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. 

Además, el oficialismo pretendió nombrar a los posibles reemplazantes de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados sin concurso durante el gobierno de Mauricio Macri y que permanecen en sus cargos gracias a un fallo de la Corte. Sólo dejarán sus cargos cuando tengan reemplazantes, algo muy complejo por el reparto de poder en la Magistratura.

Sin los votos para aprobar las ternas, el plenario del Consejo resolvió devolver las ternas a la Comisión de Labor para que vuelvan a discutir cuando se despeje cómo quedara conformado el organismo.

Por otro lado, en una operación inédita, una cautelar intenta impedir el cumplimiento del fallo definitivo e inapelable de la Corte Suprema. El juez federal Daniel Edgardo Alonso, ordenó a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación no avanzar con la designación de representantes de las mismas ante el Consejo de la Magistratura.

El pedido del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, FdT, Entre Ríos, frenó así los deseos de Cristina Kirchner y Sergio Massa para completar el número de 20 miembros que establece la ley aprobada en 1997, que reemplazará a partir del lunes la de 2006 sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Casaretto elevó el oficio del juez Alonso a los titulares del Senado y Diputados.

Respecto de la presentación de la cautelar Germán Martínez, jefe del oficialismo sostuvo que “genera una ventana de oportunidad para encausar institucionalmente el tema. Y tenemos que aprovecharla”. Agregó que “hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones”.

El texto judicial estableció que “en el plazo de cinco días hábiles judiciales -incluida la ampliación en razón de la distancia- produzcan un informe dando cuenta del interés público comprometido en la pretensión cautelar que ha sido solicitada en los autos de referencia, debiendo expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia, acompañando las constancias documentales que considere pertinentes”. Paso seguido ordenó a las autoridades de ambas cámaras “se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto”.

Sobre el pedido judicial, el diputado nacional Pedro Galimberti, UCR, Entre Ríos, cuestionó la medida cautelar. El diputado objetó “la intención del Frente de Todos de impedir el normal funcionamiento del Consejo que se dedica al concurso y designación de los jueces”.

Galimberti destacó que “es una medida para ganar tiempo, porque un juez Federal es incompetente frente a lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un traje hecho a medida del Gobierno nacional y un absurdo jurídico que pretende, a través de un juez incompetente, modificar los efectos de una sentencia emitida por el máximo tribunal nacional”.

Días después, la Corte Suprema de Justicia anuló lo decidido por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había prohibido al Congreso enviar a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político.

Cabe recordar que la presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto ante el Juzgado Federal N° 2 de Paraná cuya cautelar ordenaba a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado había expresado que el Congreso no podía enviar a sus representantes al Consejo porque primero debía mandar u informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el c

En tanto, el presidente del bloque de JxC, Mario Negri, declaró en medios radiales que la media sanción del Senado al proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura no tendrá mejor suerte en la Cámara baja. “Desde JxC no vamos a facilitarle nada al oficialismo. Mi opinión es que el quórum lo junte el Gobierno”, sentenció y agregó que “El proyecto de JxC para reformar la ley del Consejo de la Magistratura es diametralmente distinto a la media sanción del Senado”.

A modo de réplica al apuro del conjunto oficialista y aliados, el jefe opositor sostuvo que “el Gobierno mantuvo parado este tema todos estos meses, aun sabiendo que el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la reforma de 2006, estableció un plazo fatal: el próximo 15 de abril”.  

Asume Rosstti

Con la historia antecedente, llegó el lunes pasado y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió, en el primer día hábil posterior al vencimiento impuesto en el mes de diciembre pasado, constituir la definición del supremo tribunal.

Tomó así control del Consejo de la Magistratura y “a partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus argos previo juramento de ley”.

Así las cosas, el Consejo de la Magistratura “deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021”.

Como colofón, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresa la exigencia a la Corte Suprema de Justicia para que arbitre los mecanismos para otorgar al Congreso de la Nación, un plazo de 90 días a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene sanción del Senado de la Nación”.


Llega el flamante gravamen a la “renta inesperada” y otros anuncios sobre economía      

Todo se inició con la frase presidencial: “Los salarios no logran alcanzar a la inflación”.

A partir de allí se sucedieron versiones y finalmente, minutos antes de las 19 de ayer, el ministro de Economía, con gesto serio de disertantes y público asistente, Martín Guzmán informó sobre modificaciones a los ingresos de monotributistas A y B (que no superen dos jubilaciones mínimas), trabajadores informales y jubilados traducidos en varias herramientas. No faltó la imprescindible alusión a la Pandemia y la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania.

En razón de ello, el Estado convocará a una reunión de los sectores involucrados.

Paralelamente citó la llegada de un gravamen a la renta inesperada para empresas que superen una rentabilidad mayor a mil millones de pesos.

“La inflación se profundizó a partir de la guerra” sostuvo luego el Presidente, tambien con gesto muy serio. 

Seguidamente el presidente de la Nación destacó lo realizado en relación con el impacto de la guerra en la economía diaria.

“Debemos garantizar que el impacto de la inflación no recaiga sobre el bolsillo de los más vulnerables”, señaló el Presidente. “La recaudación crece y podemos financiar todo esto que estamos promoviendo. Nuestro proyecto está fallando en este punto de la distribución de los ingresos porque la inflación se está comiendo gran parte de estos ingresos”, agregó.

Respecto del anuncio del nuevo gravamen, el Presidente ratificó lo expresado por Guzmán sobre la convocatoria de las fuerzas laborales y productivas para construir un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada producto del shock que implica la guerra. Se busca capturar parte de esas rentas para que el Estado pueda tener un rol de desarrollo equitativo”.

A los pocos minutos comenzaron a nuestra redacciones las primeras reacciones sobre los anuncios. Representantes políticos aseguraron que la Cámara de Diputados es la que analiza la creación o modificación de impuestos en tanto algunas centrales productoras hacían llegar su descontento sobre la “renta Inesperada”. 

Alquileres: tras recibir información desde los sectores involucrados, se acerca el debate       

Representantes de Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, La Pampa, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Corrientes y Chaco dieron su opinión sobre la actual situación que ocurre en el mercado de alquileres de propiedades.

Colegios de martilleros, asociaciones de inquilinos y la Cámara de Propietarios de Neuquén, entre otros conforman y otorgan marco a la convocatoria realizada por la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para informarse sobre aspectos que atañen a la legislación de los alquileres de propiedades.

Las jornadas informativas con invitados presenciales y remotos se desarrollaron de varias jornadas. Con el declarado propósito de alcanzar un texto de consenso al respecto, los diputados escucharon las propuestas de los sectores involucrados y se iniciará al debate en busca del dictamen.   

 Opiniones Vertidas

Giovanni Tessaro, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor del Chaco, refirió a la problemática del alquiler para los jóvenes estudiantes, quienes “optan por contratos que no cumplen con la Ley de Alquileres”. Desde la misma provincia, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, señaló que “salvo algunos puntos acertados, la norma “no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso a la locación, a la continuidad de las relaciones locativas en forma ordenada”, sino que por el contrario “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores iniciales, y tornó menos previsibles y menos flexibles las condiciones contractuales para ambas partes”.

Roberto Díaz, de la Unión Inquilinos Rionegrina, advirtió que “hay personas viviendo en carpas, en autos, en colectivos” y “personas que tuvieron que abandonar sus ciudades.  Familias, no de clase baja, sino policías, docentes, trabajadores formales, viven una situación muy preocupante”.

Fernando Olcese, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis, dijo: “Yo creo que todo es solucionable; la nueva Ley tiene artículos que son muy buenos”. En cuanto a los que no lo son, señaló el plazo de los contratos y las actualizaciones que “hoy por hoy es favorable al propietario”. 

Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, detalló que en 2021 se recibieron más de mil denuncias de inquilinos, dentro de las cuales “5 de cada 10 relatan incumplimiento a la Ley de Alquileres en vigor. Apuntó que habría que preguntarse si es que la ley fracasó, no funciona; o que la ley no se está cumpliendo y hay sectores que están haciendo lo posible para que esto no se cumpla. Señaló que “las inmobiliarias piden indexaciones” y que, la no registración es permanente. El expositor pidió gravar a la vivienda ociosa y promover fiscalmente a los propietarios que ponen bienes en alquiler.

Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, sostuvo:36 meses en nuestra economía, en la economía argentina, es demasiado tiempo” y remarcó que “no existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año” con la inflación existente.

César Lera, de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, enfatizó que “el inquilino es la parte débil del contrato y debe ser asemejado al consumidor en igualdad de herramientas y con el Estado presente”. El expositor apuntó que “en Jujuy hay 36,2% de pobres y 6,3% de indigencia”, al tiempo que “el mayor empleador es el Estado provincial”. Un ambiente comienza en 20 mil pesos, dependiendo de la zona.

Jonathan Villanueva, de Inquilinos de Entre Ríos expuso: remarcó que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro. He escuchado varias mentiras y ocultamiento de información, como por ejemplo que los 3 años no dan previsibilidad; para opinar de eso estamos nosotros”, y contradijo: “Los 3 años sí dan previsibilidad, el que dice eso es porque no alquila. La actualización anual es muy importante y vamos a defender los 3 años de previsibilidad, el índice debe ser anual y por debajo de la inflación. Esta ley se tiene que mejor, pero no volver atrás. Es importante generar políticas para beneficiar el acceso a las viviendas de alquiler, que sea más fácil. Creemos que un impuesto a la vivienda vacía va a igualar la oferta y demanda.

Valeria Toledo, Inquilinos de Villa La Angostura, denunció que la situación que viven es “dramática” porque no existen contratos o los que se consiguen son “irregulares o totalmente abusivos sujetos a la necesidad de los propietarios”. Apuntó que “no existe ningún tipo de control y nadie vela por los inquilinos”, y agregó que “algunos alquileres son en dólares. El alquiler ha arrasado con las viviendas permanentes en la localidad”.

Hoy martes, a partir de las 13, continuará el debate en reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, que tendrá lugar en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados y en la que participarán 30 invitados, de los cuales más de 15 representan a inquilinos.

Proyecto ingresado

Mientras transcurre el debate, Rogelio Frigerio, JxC, Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que propone incorporar a la Ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, un inciso para eximir del tributo a “los inmuebles destinados a locación para casa-habitación, siempre que el valor de la propiedad no supere el monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador plantea “la difícil situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario, particularmente en lo que respecta a alquileres para casa-habitación” y describe que “los propietarios de inmuebles tienen incentivos para mantenerlos ociosos y los inquilinos ven reducida la oferta de unidades para alquiler”. 

Frigerio considera en la iniciativa que “brindar incentivos a los propietarios de inmuebles para alquiler disminuirá la cantidad de propiedades ociosas, incrementará la oferta, la competencia y ayudará a contener los precios de los alquileres a lo largo y ancho del país. Sobre todo, en los precios iniciales de los contratos de alquiler que se celebren a partir de la sanción de este proyecto”.

 

 

Decepción de parlamentarios europeos en la apertura de sesiones de EuroLat      

 

Luego del desarrollo de jornada inaugural del EuroLat desarrollada en el CCK porteño, la con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner trascendieron repercusiones relacionadas con sucesos ocurridos.

Una muestra de ello es la misiva que recibió el copresidente del componente europeo, Javi López:



Al respecto sostienen que “un acto solemne e institucional como ha de ser el de la inauguración protocolaria de la sesión plenaria de la Asamblea no puede ser instrumentalizado ni utilizado con la finalidad partidista por la que ha transcurrido el acto celebrado hoy, más propio de un mitin político que el de un parlamento democrático legislativo”.

“Los diputados del grupo PPE participantes en la reunión plenaria de la Asamblea Eurolationamericana queremos trasladarte nuestro profundo malestar tras el bochornoso espectáculo que se ha producido durante la sesión inaugural de la sesión plenaria de la Asamblea”, arranca la explosiva misiva dirigida a Javi López.  

Solicitan al presidente López “haga llegar al componente latinoamericano y al Senado argentino como organizador de la reunión nuestra más rotunda protesta por la situación acaecida que dista mucho de lo que ha de ser un acto protocolario y solemne y que en modo alguno nos parece aceptable por lo que supone de falta de adecuación a la cortesía parlamentaria y al respeto institucional a la dignidad de la función parlamentaria”.

El documento fue suscripto por Leopoldo López Gil, coordinador; José Manuel García Margallo, vicepresidente de EuroLat; Herbert Dorfmann, vicepresidente de EuroLat; Krystof Hetman, Andreas Schwab, Isabel Benjumea, Jens Gieseke, Jörgen Warborn y Gabriel Mato.

El factor desencadenante habría sido la presencia de barras militantes y la conducta de estos en las gradas donde también se encontraban los representantes de países europeos.

En similar sentido, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde expresa disculpas a las delegaciones extranjeras que participaron del acto inaugural de las sesiones.

Las manifestaciones vertidas por la señora vicepresidenta ante el Plenario de los Parlamentarios Latinoamericanos y Europeos - reunidos en el EUROLAT- son una nueva expresión de la ruptura interna del Gobierno, formulada ante la opinión pública mundial, profundizando así la crisis interna y exponiéndonos internacionalmente en forma vergonzosa”, declara en un comunicado

viernes, abril 08, 2022

 EDICIÓN 1125

Consejo de la Magistratura en Senadores

 

  Con el reloj midiendo el tiempo que resta y el apoyo de aliados, el FdT logró la sanción       

 Como adelantamos en nuestra edición pasada, la Cámara de Senadores dispuso la realización de una sesión pública especial, la número 2, para debatir sobre el proyecto que modifica la composición del Consejo de la Magistratura.     

No debe haber antecedentes sobre la expectativa puesta sobre la sanción de una norma legislativa a pocos días de la fecha establecida por el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma de 2006 de no existir nueva ley antes del 15 de abril próximo.

 Apretado por los tiempos y también por la falta del número requerido para la votación, el oficialismo optó por hacer suyo el proyecto presentado por el senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura un tanto más federal.

Para ello propone para la elección y remoción de jueces, se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Así las cosas, a las 14 del jueves se dio por abierta la sesión a efectos de tratar la designación de Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios, del Senado de la Nación y la Orden del Día 2 que se consigna seguidamente: 

 

  • *      Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en distintos proyectos de ley de varias/os señoras/es senadoras/es, y en las consideraciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro, por los que se modifica la Ley del Consejo de la Magistratura, respecto de su composición. (P.E.-151/21; S.-1164, 2727, 2732, 2741/21; 150, 476/22, y P.-1/22).

 

 Iniciado el tempo de exposiciones abrió el espacio el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, FdT, Jujuy, quien sostuvo que la restitución de la ley anterior implica arrogarse (la Corte) funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, y agregó que “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. 

Beatriz Ávila, Tucumán, JxC , rechazó el proyecto del oficialismo y calificó como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”. 

Silvia Giacoppo, UCR, Jujuy, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo. Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó. Remarcó que “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.

La chaqueña María Inés Pilatti Vergara, FdT, expresó: “Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de Abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.

Carolina Losada, UCR, Santa Fe, expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”.

Reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este gobierno está totalmente desvinculado de la realdad y niega a los ciudadanos el acceso a la justica”.

Pablo Yedlin, FdT, Tucumán, recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio.

Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”.

La mendocina Mariana Juri, JxC, cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

El rionegrino Martín Doñate, FdT, destacó que el “fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que está decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”.

Luis Juez, UCR, Córdoba lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que “necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna. Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, y agregó:  ”El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.

Alejandra Vigo, Hacemos por Córdoba, declaró que la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

El rionegrino Alberto Weretilneck, convertido en estrella de la sesión por haber corregido parte del proyecto oficial y con ello aumentar el caudal de votos del oficialismo, sostuvo: “La justicia no va a ser más independiente porque esté algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

 Ya en el final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”.

Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos. Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

Recordó que tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate.  Se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”.

Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no.

“Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, finalizó.

Anabel Fernández Sagasti, Vicejefa del bloque FdT, estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero que “en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.

Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina sostuvo que, a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar hoy tratando el tema.

La oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición. Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.

Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.

Finalizado el tramo del debate se llamó a votación.  Resultaron 37 votos afirmativos, 33 negativos y ninguna abstención.

Pasó en revisión a la Cámara de Diputados

 

Los dólares “fugados” tendrían una ley    

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, ambas de la Cámara de Senadores, se inició el debate de proyectos del oficialismo que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, al tiempo que también sería pedida una iniciativa para reformar la Ley de Entidades Financieras.

Ambos proyectos son de autoría del kirchnerista Oscar Parrilli. El primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional.  

Se afirma en su exposición de motivos que el aporte no representaría “una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta.

En el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago corren el riesgo de tener una pena de prisión.

También alcanza a quienes hayan hecho cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

El otro proyecto, prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La propuesta busca detectar cuentas argentinas radicadas en el extranjero no declaradas al fisco.  En ese caso, los fiscales a cargo de la causa por evasión no tendrán que esperar autorización de un juez para acceder a la información sobre cuentas no declaradas.

La propuesta legislativa oficialista es apoyada por los sindicatos que suscribieron la semana pasada el documento “Paz, Pan y Trabajo, que la deuda no la paguen los de abajo”.

Durante el transcurso del plenario los invitados expresaron sus respectivos puntos de vista al respecto, sin ásperos contrastes   

El plenario continuará la semana próxima, ocasión en que se solicitó la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; la administradora Federal Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont y al constitucionalista Daniel Sabsay. 

 

 

Mensaje de Esteban Bullrich a la clase política       

 

En una reciente reunión realizada en el Congreso Nacional se escuchó un mensaje enviado por el ex senador Esteban Bullrich.

Es todo un documento para recordar y aplicarlo a este momento que nos toca vivir. 

“Permítanme aprovechar la oportunidad para que, como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón y cuando le preguntaron el por qué, respondió: ‘Porque ustedes no cambian. Y si ustedes no cambian, el sermón no cambia’”.

“Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y de la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia.

“Sin embargo, nada cambió. En todo caso, empeoró”.

“No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo.

La Argentina que soñamos es nuestra decisión y estamos obligados a sentarnos a dialogar, 

a menos que queramos seguir festejando que sólo 4 de cada 10 argentinos es pobre… No lo creo, entonces a trabajar”.

“El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión”.

“No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas.

Eso ya lo probamos y acá estamos”.

“Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud, pero el primer paso en esa nueva dirección, para dejar atrás décadas de estancamiento, es responsabilidad del Presidente.

Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede;

la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del status quo,

y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso”.

 

Economía del Conocimiento recibió aprobación por Diputados bonaerenses      

 

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto unificado de oficialismo y oposición que adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La iniciativa fomenta beneficios impositivos para la industria bonaerense.

El proyecto fue una propuesta de legisladores de Juntos con mandato cumplido y retomado en el presenta período por Anastasia Peralta Ramos y Viviana Dirolli, con el aporte de la diputada Débora Indarte.

La adhesión de la Provincia al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, apunta a impulsar a empresas bonaerenses de software, biotecnología, videojuegos, ingeniería e industria satelital, entre otros sectores. La iniciativa, otorga a empresas que brindan servicios basados en el conocimiento, beneficios fiscales traducidos en rebajas de hasta el 70% en las contribuciones patronales, exenciones de los derechos de exportación de servicios o reducciones del Impuesto a las Ganancias, segmentadas según las proporciones de cada empresa.

Cabe señalar que, el proyecto aprobado fue pedido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, Viviana Dirolli sostuvo en el inicio de la sesión que estamos dando el primer paso de un camino que puede ser un programa de acción para el desarrollo económico y cultural de la provincia porque se trata de un campo en el que la provincia de Buenos Aires está retrasada respecto de otros distritos provinciales”, sostuvo la diputada de Juntos. Aseguró que “la provincia está dando un primer paso en un programa de impulso y desarrollo para el sector productivo” aunque recalcó que “esto por sí solo no alcanza porque también requiere que sea acompañado de políticas integrales”.

En este contexto, resaltó que “las jurisdicciones que han crecido han implicado una serie de medidas, desarrollo de parques tecnológicos, líneas de crédito y capacitación para incorporar trabajadores al sector, es decir que han establecido consensos políticos para implementar acciones públicas en uno de los motores del desarrollo: la educación y formación laboral. Se busca dar una respuesta a empresas y emprendimientos que apoyan el desarrollo y la innovación; que los jóvenes puedan quedarse en su lugar de origen y no se vean obligados a emigrar para tener un futuro mejor”, opinó la legisladora.

La sanción pasa ahora en revisión a la Cámara de Senadores.