EDICIÓN 1114
Bienes Personales es ley
El oficialismo, sin presencia de oposición y en gestión poco feliz, consiguió la sanción
Luego del agitado final registrado en las sesiones del nuevo período legislativo en la Cámara de Diputados, el Senado cerró el año con la sanción definitiva del proyecto de ley sobre modificación en la operatoria de Ganancias sobre Bienes Personales.
Así lo indica la convocatoria que incluye
como único proyecto en la sesión pública especial número 15 que se realizó ayer
miércoles:
Orden del Día 814. Dictamen en las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión por el que se modifica el Impuesto sobre
los Bienes Personales, respecto del incremento del Mínimo no Imponible.
(S.-2150/21)
Si bien pasaban los minutos y el quorum
no se constituía, nadie esperaba que en su eventual desarrollo, la sesión podía
deparar muchas situaciones no previstas.
Se inició con elemental quórum estricto, luego
de una espera de más de 40 minutos de la hora anunciada para el inicio, (existe
testimonio fotográfico de la pantalla que registra las presencias y ausencias y
la hora de la captura).
En ese momento, 36 fueron las bancas ocupadas
por representantes del oficialismo, posteriormente hubo dos ingresos, uno de
ellos fue el de la senadora riojana Clara Vega, que ingresara
a la Cámara de Senadores a través de Cambiemos, pero nunca integró al
interbloque de JxC, aunque siempre votó con la principal oposición.
En línea argumental, el senador mendocino
por Juntos Alfredo Cornejo, presidente del interbloque informó en el
recinto que no se harían presente en la sesión al tiempo que denunció el inicio
no reglamentario. (habían transcurrido más minutos de los reglamentarios)
Luego de ello se retiró de recinto.
Seguidamente, la senadora por Rio Negro, Silvina
García Larraburu, informó sobre la situación de los incendios forestales en
las cercanías de San Carlos de Bariloche y la trágica caída de un helicóptero
registrándose dos víctimas fatales.
Posterior a la votación de Bienes
Personales, se realizó la votación de la normativa presentada sobre tablas del
proyecto de ley que declara en emergencia forestal y productiva la zona
afectada.
Producida la votación resultó aprobada por unanimidad que pasó en revisión a la Cámara de Diputados.
Luego de un minuto de silencio en
homenaje a los brigadistas, la sesión prosiguió.
A continuación se presentó una moción
sobre tablas de la senadora Juliana Di Tullio respecto de una reunión
con autoridades del gobierno anterior en las que se mencionan situaciones de
gravedad institucional y que afectan, entre otros, al movimiento sindical y que
fue grabada en forma clandestina y aparentemente sin existir orden superior.
El documento aprobado por unanimidad, fue
acompañado por los senadores José Mayans y Anabel
Fernández Sagasti, expresa: “El Senado de la Nación declara su más enérgico
repudio por los dichos del exministro de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires Marcelo Villegas, donde confirma la decisión política de los gobiernos
nacional, provincial y municipal, del armado de un aparato estatal de
persecución a gremialistas, integrada por altos funcionarios de la Agencia Federal
de Inteligencia, ministros provinciales, senadores provinciales, el intendente
de la ciudad de La Plata Julio Garro, jueces, fiscales,
grandes contratistas de obra pública, y la anuencia del procurador general
provincial Julio Conte Grand”.
El aberrante hecho tiene, todavía en tinieblas,
dos aristas igualmente graves.
Por un lado, el hallazgo y denuncia de
Cristina Camaño, titular de la Agencia Federal de Investigaciones, del hallazgo
de un video conteniendo imágenes y audio de lo ocurrido en una oficina pública
(dependencias del Banco Provincia, entidad de la que era directora la hoy
senadora denunciante) y que hasta la fecha no se conoce razones por las que el
organismo oficial supuestamente ordenó la escucha y se conocimiento dos años
años después de finalizado el mandato del gobierno anterior.
Por el otro, el absoluto silencio sobre lo
ocurrido en una reunión a la que asistieron altas autoridades del gobierno
anterior y algunos empresarios de la construcción en la que se escucharon graves
amenazas contra la dirigencia sindical.
Hasta ahora todo cubierto por un cómplice
silencio.
Luego de estos avatares se inició el
cumplimiento que dio origen a la reunión parlamentaria.
A las 16.24 se inició el tratamiento de
la modificación de Bienes Personales.
El proyecto debió forzar su sanción antes
del 31 de diciembre, a efecto que puedan tener vigencia a partir del primer día
de 2022.
En lo referente a su tratamiento el bloque del Frente de Todos conducido por José Mayans había adelantado
su apoyo a los cambios en tanto Juntos por el Cambio no se hizo presente en
el recinto.
Ayer se cumplieron los siete días
reglamentarios entre la emisión del dictamen y el eventual tratamiento en el
recinto.
El proyecto establece que el mínimo no imponible
pase de los 2 millones de pesos a los 6 millones; e indica que
de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del
causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el
tributo cuando
resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos -actualmente es de 18
millones de pesos-.
Además, esos montos “se ajustarán
anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de
Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de
octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”,
reza el texto.
En cuanto a la suba en las alícuotas para los patrimonios más altos, pasará de 1,25% a 1,50% para aquellos que superen los 100 millones de pesos y hasta 300 millones; mientras que para los de más de 300 millones se incrementará en 1,75%. Además, se mantiene el 2,25% sobre los bienes en el exterior.
No obstante, delega al Poder Ejecutivo
“la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el
exterior, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso
de verificarse la repatriación del producido de realización, supuesto en el que
podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente
ingresado”.
En el debate se sumó una modificación sobre el
impuesto a las Ganancias, de modo de prorrogar la facultad del
Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota de descuento del tributo que pagan
los trabajadores.
Cumplidos los tiempos reservados a las respectivas exposiciones que mostraron el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), Frente de Todos.
Se llamó luego a votación que arrojó 37 votos afirmativos y 1 voto
negativo, sin abstenciones.
Recibe sanción definitiva. ES LEY
Habida cuenta ningún trámite pendiente se levantó la sesión.
Desaliento a la inversión es producto de la creación y suba de impuestos. La llegada del impuesto a la herencia
El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos
Unidos) sostuvo que “la suba de impuestos sistemática produce un efecto de
enorme desaliento a la inversión y el desarrollo del capital humano. Desgraciadamente
el Gobierno logró, vamos a ver qué pasa en el Senado, una suba de impuestos
considerable”, señaló en referencia a la sanción del proyecto sobre el impuesto
a los Bienes Personales que se detalla más arriba.
El legislador por la CABA, integrante de
JxC, advirtió que el Consenso Fiscal “da espacio a las provincias para que
suban impuestos”, al tiempo que podrían reestablecer el impuesto a la herencia,
cuando “Bienes Personales fue inventado para reemplazar” ese tributo.
Rechazó también: “Los precios mínimos en
la aviación generan un desaliento enorme al turismo interno y a la recuperación
argentina, como los déficit enormes de Aerolíneas Argentinas”.
“No es con Ingresos Brutos, no es con más
impuestos, no es con una presión que expulsa a los innovadores, a los
inversores, que vamos a salir adelante”, opinó.
López Murphy observó que “la
Argentina se está volviendo muy informal, producto de la enorme carga
tributaria que expulsa a las empresas modernas y trae a los ambulantes, el
enanismo fiscal”.
“Yo sospecho que el FMI pide todo lo
contrario”, expresó, al tiempo que criticó: “(el ministro de
Economía, Martín) Guzmán dijo que a ellos le gustan mucho los
impuestos, creen que los impuestos y el gasto forman parte de su política, y yo
veo que eso es nefasto para nuestro futuro”. En ese sentido, el opositor
cerró: “Si los argentinos lo entienden y los votan, de nuevo, muy
negativamente, como pasó el 14 de noviembre, probablemente en 2023 nos
liberemos de esta patología”.
Lamentó el tiempo perdido y rechazó
"una aprobación de tipo exprés".
Afirmó que en ese marco "nadie ha
podido revisarla con cuidado". También planteó que el presupuesto es
"no financiable" y que eso generará "un problema muy
serio". Señaló que "no tenemos mercado de capitales internos ni
financiero para colocar esa deuda".
López Murphy sostuvo que se va a depender
de un nivel de inflación que tiene severísimas consecuencias para la calidad de
vida y competitividad de la economía.
"Se incorporaron 56
artículos, una inmensidad de gastos aprobados sin que nadie lo
presupuestara. Nadie cambió los techos, acá podíamos poner lo que se nos ocurra
porque nadie chequea si eso tiene alguna consistencia o realidad.
Gracias a Dios no fabrican edificios porque
se caerían todos", acotó molesto.
Afirmó que "este presupuesto no fue aceptado
por nosotros porque implica una delegación de facultades gravísimas en materia
tributaria pero sobre todo implica que la idea es seguir desposeyendo
a las provincias de sus recursos propios".
Tras ello, consideró que los impuestos
patrimoniales tienen que ser provinciales y "es un escándalo que no lo
corrijamos de una vez".
De similar forma se expresó el diputado y titular del bloque Pro en la
Cámara baja, Cristian Ritondo quien criticó fuertemente al
Frente de Todos por ser “un Gobierno que no tiene plan económico; no entiende
lo que pasa y lo único que exhibe como receta, es aumentar o crear impuestos.
“El artículo
que aumenta, terminó con 129 contra 118 porque en los primeros artículos
estábamos todos de acuerdo porque eran similares que venían del Senado y
nosotros apoyábamos y mantenía el resto de las alícuotas en el mismo número y
si subía el mínimo no imponible de 2 a 6 millones”, aseguró Ritondo en
declaraciones radiales.
Ratificó la
postura del interbloque de estar “en contra de cualquier aumento de impuestos.
“Pedimos la
sesión porque venía fin de año y no había ninguna intención del oficialismo de
recortarlo porque iba a seguir recaudando. Había entre 500.000 y 600.000
personas que iban a pagar un impuesto nuevo que hasta ahora no lo tenían que
pagar y que realmente era por un monto muy bajo. Parece que hay un afán de
aumento de impuestos que es más grande que de bajar impuestos, de entender que
no se puede cazar más en el zoológico, que la presión tributaria en la Argentina
hace que haya éxodo de empresarios por un lado y chicos por el otro”.
Determinó que “hay un Gobierno que no tiene plan económico, no entiende lo que
pasa y lo único que tiene como receta es aumentar o crear impuestos “.
Impuesto a la herencia
se sube al Consenso Fiscal
El Gobierno lleva
avanzada la negociación con las provincias para reponer el impuesto a la
herencia, un tributo eliminado los 70 y que, ante las restricciones que
impondrá el acuerdo con el FMI, busca revivir para mejorar las arcas
provinciales.
El nuevo
impuesto obtiene marco en el nuevo "Consenso Fiscal".
En presencia de
autoridades provinciales, el presidente Alberto Fernández firmó el acuerdo,
presentado como la fijación de "alícuotas máximas" para el año que
viene sobre todos los impuestos provinciales, básicamente Ingresos
Brutos.
Además, el
nuevo pacto fiscal "invita" a los gobernadores a volver a cobrar
el impuesto a la herencia eliminado por José Alfredo Martínez de Hoz, en 1976.
Se opusieron el
cordobés Juan Schiaretti y el porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Los de La Pampa
y San Luis acompañarán con su firma, pese a que sus provincias al no haber
firmado el pacto de 2017, no estaban sujetas a baja acordada ese año.
Desde 2011 la
provincia de Buenos Aires cobra el impuesto a la herencia, técnicamente
denominado "a la transferencia gratuita de bienes" y lo destina por
ley en un 80% a financiar el Fondo de Educación provincial.
Para quienes
sean convivientes del deudo o herederos directos por un monto inferior a los
$616.317 (valores 2021) la alícuota es 0% y para quienes no sean herederos
directos sino en tercer o cuarto grado la alícuota puede llegar al 8,78%.
La redacción
provisional del artículo en cuestión dice que la Ciudad de Buenos Aires y las
provincias "analizarán legislar sobre un impuesto a todo aumento de
riqueza obtenido a título
gratuito como
consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda bienes
situados en sus territorios y/o beneficie a personas humanas o jurídicas
domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida
que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al
tributo".
El artículo 7 del nuevo Consenso Fiscal
dice que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias analizarán legislar sobre
un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como
consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda bienes
situados en sus territorios y/o beneficie a personas humanas o jurídicas
domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida
que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo.
La secretaria
de Provincias, Silvina Batakis, encargada de negociar el pacto, insistió que el
nuevo tributo no implica una suba de impuestos, sino que devuelve autonomía
política a las provincias para fijar las alícuotas que consideren, algo que el
acuerdo de 2017 les había quitado al forzar a la baja la presión tributaria
provincial.
"Recordemos
que la Argentina es un país federal.
Lo que la
gestión anterior había hecho era reducir esa autonomía de las provincias.
Cada provincia
puede decir ‘yo de esta alícuota aplico la mitad'.
Básicamente es
armonizar, no es que van a aumentar los tributos", dijo la ex ministra de
Economía bonaerense y recordó que la Ciudad ya fijó una suba de impuestos del
52% para el año próximo.
Detalle del nuevo instrumento fiscal. Los servicios involucrados.
A continuación, consignamos los puntos establecidos
en el Consenso Fiscal anunciado por Presidencia de la Nación, que regirán a
partir del año próximo.
·
Las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, durante 2022, podrán alícuota por
aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos
de herencia.
·
Se
podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los
Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%;
industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y
restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación
y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades
Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud
4,75%.
Estos nuevos porcentuales implican subas en varios
rubros como comunicaciones y servicios financieros.
·
Las
actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, pesca y minería que vendan
a consumidores finales quedarán sujetas, en relación a esas operaciones, a la
alícuota máxima establecida para comercio.
·
Mantener
desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación
de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes
de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a
cabo en el exterior del país.
·
Servicios
digitales. Quedarán gravados el comercio electrónico prestado por
sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o
empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la
CABA.
Esto incluye el servicio de suscripción online
para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y
juegos) y la intermediación en la prestación de servicios a través de
plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades
de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.
·
Transferencia
de inmuebles y automotores. Establece una alícuota máxima del 3,5% y del
3% a los segundos.
Será del 2% para el resto de los contratos y las operaciones
alcanzadas por este tributo.
·
Las provincias
y la CABA sólo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda
extranjera, en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales
o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock
generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y
amortizaciones de capital.
Los subsidios constituyen el gasto superior; mucho mayor que los salarios
El l Instituto para el Desarrollo Social Argentino nos ha hecho llegar su último informe del año que arranca con un título que aporta significativo desarrollo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
publicó una evaluación sobre el programa Stand By otorgado en el año 2018 al
país. Dicho documento fue utilizado para profundizar el cruce de acusaciones
sobre las responsabilidades en la crisis. Una lectura objetiva lleva a
confirmar que la principal causa de la larga decadencia argentina es el crónico
déficit fiscal y que éste trasciende las diferentes administraciones.
Según el Ministerio de Economía, en los últimos 60 años no hubo déficit fiscal sólo en 6.
Pero aún en estos 6 años, que transcurren
entre el 2003 y el 2008, el superávit se consiguió gracias a que la
contabilidad pública no registraba como gastos los juicios que generó la falta
de movilidad de las jubilaciones ni los intereses de deuda que no se pagaban
porque se estaba en default.
Es decir que, bien medido, se acumulan 6
décadas de desequilibrio fiscal.
La contundencia lleva a plantear que la
necesidad más imperiosa es sanear las cuentas públicas.
Para lograrlo, frecuentemente se
considera como prioridad corregir el sobredimensionamiento del plantel de
empleados públicos. Pero con el mismo énfasis se plantea que es imposible por
razones políticas y sociales. La pregunta relevante es si efectivamente el
gasto en personal es el más decisivo como determinante del déficit fiscal.
Dato mata relato
Datos del Ministerio de Economía y del
Banco Central y considerando a los intereses que paga el Banco Central por sus
pasivos como parte del gasto público total nacional se observa que:
El gasto en personal representa el 9% del
gasto público nacional.
El gasto en subsidios a la luz, gas y
transporte representa el 12%.
El gasto en intereses pagados por el
Tesoro y el Banco Central representa el 19%.
Estos datos muestran que el gasto en
salarios de los empleados públicos es menor que lo que el Estado nacional gasta
en subsidios a la luz, gas y transporte.
Asimismo, representa menos de la mitad de
lo que el Estado nacional paga de intereses por sus deudas.
Claramente que el abordaje para
equilibrar las cuentas públicas pasa mucho más por los subsidios económicos y
los intereses que por los recortes al empleo público.
Esto lleva a plantear con énfasis que el
factor más urgente y decisivo para reducir el déficit fiscal son los subsidios.
Aun cuando el sinceramiento tarifario sea
gradual y contemple la situación de las familias de menores ingresos, hay
amplio espacio para reducir los subsidios económicos. Con menos subsidios el
déficit puede ir disminuyendo y junto son ello surge la posibilidad de pagar
menos intereses por la deuda. Tanto los intereses que paga el Banco Central por
las Leliq y pases que debe colocar en los bancos para absorber los excesos de
emisión monetaria, como los que paga el Tesoro por la deuda que emite para
financiar el déficit. Después del gasto social, los subsidios y los intereses
son los dos ítem que más pesan en el gasto público y están entrelazados. La
reducción de los subsidios trae aparejado la reducción de los intereses.
En materia de empleo público el principal
desafío no es reducir la masa salarial sino mejorar su productividad. Abordar
con un enfoque moderno e innovador la administración de los recursos humanos
dentro del Estado es un tema prioritario porque es un paso decisivo en la
búsqueda de un sector público más eficiente.
Finaliza el estudio sosteniendo que es
falso el argumento de que no se puede reducir el déficit fiscal porque no es
viable corregir el sobredimensionamiento de empleados públicos.
Las evidencias muestran que para comenzar
a corregir los desequilibrios de las finanzas públicas es mucho más urgente y
pertinente poner racionalidad en las tarifas de los servicios públicos.
Esto no solo permitirá corregir
inequidades en favor de personas de ingresos medios y altos fuertemente
concentradas en la región metropolitana sino también reducir el déficit fiscal.
Reduciendo el déficit fiscal, la cuenta de intereses a pagar también se
morigerará.
Breves
Nueva reforma para la Ley de Ministerios. El Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de reforma de la Ley de
Ministerios. Así también el pliego para la designación de Alberto Sileoni como
Director General de Cultura y Educación. El proyecto sancionado por Diputados crea
tres nuevos ministerios y se suprime un organismo provincial.
Las nuevas carteras serán Medio Ambiente
que estará a cargo de Daniela Vilar, la de Habitad y Desarrollo Urbano que será
liderado por Agustín Simone, y el de Transporte lo conducirá Jorge D’Onofrio.
Presupuesto Bonaerense. El gobierno bonaerense logró que la legislatura sancionara el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Recurso para el Ejercicio 2022 que prevé un gasto total de $3,1 billones. Con algunas incorporaciones y modificaciones varias los legisladores avanzaron, por amplia mayoría en ambos recintos, en la sanción de herramientas reclamadas por el gobernador Axel Kicillof, con autorizaciones de endeudamiento correspondiente, y la ley Impositiva.
Reelección indefinida. Creación de nuevos
cargos. Al temario en
discusión en la Legislatura se agregaron otros temas: una modificación a la ley
14836, que versa sobre la imposibilidad de reelección indefinida de intendentes
y a la ley de Ministerios, aunque ambos proyectos no han ingresados formalmente
a la legislatura. Todos recibieron aceptación parlamentaria.
Se suma a esto la creación de 25.000 cargos. La administración de Axel Kicillof dispuso en determinados ministerios.12.000 serán para Cultura y Educación; 10.000 a Seguridad, 1500 a Salud y 1500 a JusticiaICION 111
