EDICIÓN 1187
Alquileres
Al borde de la agresión verbal, ambos bloques mayoritarios dejan sin solución la situación de un amplio sector de la población
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de legislación General
convocaron a una reunión conjunta para tratar la modificación de la ley de
Alquileres, ahora con sanción y modificaciones de Senadores.
Con final abierto y clima agresivo, el oficialismo avaló las modificaciones en Senado mientras que la oposición defendió su media sanción en Diputados.
El inicio fue un tanto deprimente para un tema que necesita encontrar solución
para miles de inquilinos, propietarios y empresarios del sector angustiados
porque los protagonistas siguen cada vez más angustiados y sin soluciones a la
vista.
Karina Banfi, UCR, Buenos Aires sostuvo que el problema está en
la oferta; con los vaivenes del mercado y la falta de oferta llevan a que una
propiedad de 50 m2 supera cualquier bolsillo. Queremos insistir en la media
sanción de Diputados. Es responsable que mantengamos la posición.
Federico Fagioli, FDT, Buenos Aires, reiteró que es una operación
en favor de los propietarios y las empresas del sector. “Hacen campañas en
favor del odio y en favor de los propietarios. JxC quiere arruinar aún más la
vida a los inquilinos”.
Conceptos similares se escucharon y nadie atinó a imponer orden y pedir
respeto al lugar que ocupaban.
Se firmaron a continuación los respectivos dictámenes y posteriormente
se levantó la reunión. El despacho de mayoría con 41
firmas. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por
el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.
La postura que adopten los bloques
federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado u
otro. A favor de la derogación, están los tres libertarios liderados
por Javier Milei.
En otros aspectos el índice de actualización, dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
La Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.
Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que
la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente
registrados se considera una sola unidad de explotación.
Agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos
inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.
Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos
en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para
operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino
casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.
Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la
suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.
Programa de Compra sin IVA,
propuesta estrella del Ejecutivo va camino al recinto
Avanzó con un dictamen la otra propuesta del ministro Sergio Tomás Massa.
Fue convocada por la comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Cámara de Diputados y tratar el proyecto, enviado por el Poder
Ejecutivo el pasado 22 de septiembre pasado que crea el Programa Compra sin
IVA.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el de
Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos
Públicos, Claudia Balestrini, oportunamente dieron detalles del proyecto
que pretende reducir la carga tributaria recaída, fundamentalmente, sobre
bienes de la Canasta Básica Alimentaria.
En esta oportunidad, el bloque de Juntos por el Cambio
Alejandro
Cacace, Evolución Radical propuso
un dictamen alternativo o de minoría en el que destacó cambios en la
distribución y en los reintegros. así como los medios de pago que utilizan y se
incluyan el universo de niños y jóvenes y otros sectores informales protegidos
por el Estado.
En su vibrante testimonio tuvo participación el alegato a una empresa
del mercado financiero; “Lo digo
en criollo: todo el mundo usa Mercado Pago para hacer pagos”, remarcó, aunque
aclaró que se refería a “esa y otras billeteras”, a lo que el presidente de la
Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, observó: “Después le pasamos
la factura a Galperín por el aviso.
Itaí Hagman, FdT, sostuvo que “será el Congreso, no un gobierno
quien legislará cómo distribuir un programa de beneficios, que deberá ser
independiente del color político que gobierne”.
Juan Marino, FdT, señaló coincidencias que harían posible que
“salga por unanimidad”.
Martín Tetaz, Evolución Radical, “la desmonetización de la
economía es la consecuencia de los depósitos y de fines transaccionales que ya
no se hacen en pesos sino en dólares, los pesos sobran”. Hacía esto en razón
del argumento esgrimido un rato antes de oír a Heller testimoniar que la emisión de pesos no es
significante y no produce inflación”.
Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, celebró que 16
millones de habitantes están recibiendo la devolución de reintegro de IVA. Necesitamos
un reintegro generalizado; en síntesis, este proyecto va en la dirección
correcta y que lo podamos llevar pronto al recinto incluyendo los acercamientos
con la oposición donde estamos en coincidencia”.
Así
las cosas, hubo dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la
Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, enviado al Congreso
el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de
que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron
abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.
Juntos
por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de
correcciones que incluyen una fecha de vencimiento para el presente año, a los
efectos de no condicionar la política
tributaria
del próximo gobierno.
En lo dispositivo, el programa está destinado a quienes perciban jubilaciones,
pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, siempre que los ingresos mensuales por dichos
conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que
perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones
por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en
la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma
equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Contempla también a personas comprendidas en el Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren
encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado
tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado
de sujetos beneficiarios.
Dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que
en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como
beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios
minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización
de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas
de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico
Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de
respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en
el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias
y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y
Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.
Unicameral para la legislatura
bonaerense
Algunos pensadores afirman que el caso
“Chocolate” abrió sin lugar a dudas una gran polémica en la política bonaerense
en general y el Poder Legislativo en particular. En este marco vuelve al debate
una propuesta para que el Parlamento bonaerense pase a ser unicameral.
El proyecto de ley presentado por el senador opositor Marcelo Daletto
propone una reforma constitucional, estrictamente necesaria para la reforma del
Poder Legislativo, por el sistema de enmienda.
“Esta reforma constitucional por enmienda es mucho más sencilla que la
Convención Constituyente”, aclara, pues “la reforma por enmienda requiere de
dos pasos: primero una ley y segundo, que sea aprobado por la sociedad en un
plebiscito en la siguiente elección”.
“Es decir que, si el plebiscito es afirmativo en la elección de 2025,
quienes asuman en esa elección lo harían por dos años. En 2027 esta propuesta
podría estar vigente a partir de la elección del gobernador”, sostuvo.
Asimismo, dijo que “por esta enmienda estaríamos reemplazando las dos
Cámaras por una sola y dejar de votar cada dos años para hacerlo cada cuatro
años, pero para determinar la cantidad de legisladores se debe hacer por una
ley reglamentaria posterior”, aunque también necesita una reforma
constitucional pues se establece un mínimo de 126, entre diputados y senadores.
El senador de JxC está a favor de bajar el gasto del Poder Legislativo
bonaerense “en la actualidad, hay 92 Diputados y 46 Senadores en la provincia
de Buenos Aires, es decir un total de 138 legisladores. La posibilidad es
reducirla a 100, donde 40 se elijan a razón de 5 por sección electoral y 60
tomando a la provincia como distrito único”, sostuvo el impulsor de la reforma.
En cuanto a las ventajas, detalló que este proyecto tiene “4 beneficios
importantes para la provincia”.
Sirvan esta sintética
definición y otras pocas líneas como esbozo del panorama que impera en un gran
sector de la política bonaerense por estas horas.
En buen romance
varios hechos pronostican una mejora en la gestión de gobierno porque no se estará votando año por medio,
sino cada 4; vale aclarar que no se suprime la elección nacional (senadores y
diputados nacionales) y local (concejales y consejeros escolares) intermedia a
través de esta iniciativa.
El segundo punto que considera respecto de la situación actual “es que
se baja significativamente el gasto en el funcionamiento legislativo”, aunque
no detalla modo alguno de reducción del gasto que hoy está estipulado por ley
que no podrá superar el 1,2 % del presupuesto provincial.
La revisión no escapa que, sobre 24 jurisdicciones,
15 ya tienen sistema unicameral; se trata de Córdoba, La Pampa, San Juan, La
Rioja, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Neuquén,
Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Jornada laboral: nuevos
encuentros en comisiones. IDESA y opiniones de valor
Los expositores fueron Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina; Héctor Recalde, ex diputado nacional; Omar Yasín, abogado laboralista; Claudio Dellacarbonara, secretario de Trabajadores del Subte; Ricardo Diab, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Sebastian Etchmendy, Investigador de FUNDAR; Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Córdoba; Néstor Pitrola, exdiputado nacional; Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA ; Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; Edgardo Riva, Universidad de Buenos Aires; Mario Manrique, secretario de SMATA,
Los nombrados, entre otros conceptos, expresaron "cuando hablamos de jornada laboral tenemos que tener en cuenta la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo" y "las diferencias entre varones y mujeres en el mismo, por eso debemos considerar las horas de trabajo de cuidado".
El abogado laboralista de la Unión Industrial
Argentina, Juan José Etala, señaló: "No parece adecuado el momento en que
se ha decidió avanzar en este complejo tema, no parece que en este escenario se
pueda hablar de reducción de jornada laboral, ya que sólo aumenta la presión
sobre el sector formal y no sobre los trabajadores no registrados, que es donde
se debe apuntar".
"La duración de la jornada de trabajo diurna salubre no podrá exceder de 6
horas diarias o 36 horas semanales, para toda persona ocupada por cuenta
ajena"
Se analizarán siete proyectos que
proponen distinta cantidad de horas diarias de trabajo, sin contar las horas
extras.
Será difícil poder tratar este tipo de
leyes en este contexto laboral y económico del país. Discutir estos
proyectos es un tanto difícil porque es asombroso poder hacer entre 30 y 40
horas más horas de desplazamiento hasta el lugar de trabajo. En general se
están realizando jornada laboral entre 38/40 horas semanales.
Existe deficiente información en la producción de bienes y servicios.
Falta discusión integral del sistema de jornada laboral.
Argentina está al borde del tope anual de jornada de trabajo. La reducción formal no garantiza la creación de nuevos trabajos.Bajo este capitalismo, esta desigualdad social el desarrollo no se traduce en mejoras del empleado.Realidad efectiva de la discusión es favorable la reducción. La semana laboral más extensa es la de Argentina. La anual es también la argentina
Utilizando maquinaria, la producción no es la misma en la primera hora que en la última. La jornada reducida existe, porque existe la solidaridad laboral. Es ético y democrático reducir la jornada laboral.
A la jornada de trabajo hay que sumar el tiempo de desplazamiento. Con salarios por el piso es inentendible. La informalidad no hay quien la controle.
Un resumen de los conceptos que se escucharon durante la reunión.
Posteriormente comenzó la exposición de integrantes de la Cámara que se refirieron a aspectos de la tarea la laboral.
Finalmente se anunció que en unos días más se citará a una reunión con
el fin de seguir analizando la posibilidad de reducir la jornada laboral y
aspectos de las propuestas presentadas.
·
Con motivo de las recientes actuaciones sobre la
actividad parlamentaria que está llevando Diputados, de la que dimos cuenta en
edición anterior; al respecto el Instituto para el Desarrollo Social Argentino
(IDESA) nos ha enviado un informe especial sobre el tema que es muy oportuno.
Actualmente, en el Congreso Nacional hay
iniciativas legislativas que proponen disminuir la jornada laboral legal.
La idea subyacente es que reduciendo la
jornada laboral a menos de 8 horas diarias o 48 semanales que rigen
actualmente, las empresas serán compelidas a demandar más trabajadores sin
afectar negativamente las remuneraciones. De esta forma, se cree, habrá más
trabajo para todos.
Reducir la jornada laboral no es nuevo ni
propio de la Argentina. En el mundo desarrollado también es un tema de agenda.
La particularidad en otros países es que
está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en
aumentar el empleo. En países desarrollados, el sostenido crecimiento de la
productividad laboral lleva a plantear el dilema si conviene que esto se siga traduciendo
en aumentos en las remuneraciones o incrementar el tiempo libre que disponen
los trabajadores, dejándolos optar a ellos entre más remuneraciones o más
tiempo libre.
Para un buen diagnóstico de la situación
argentina, resulta útil indagar cuánto trabajan los argentinos
actualmente. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC,
referida al año 2023, se observa que:
El 66% trabaja menos de 40
horas semanales.
Esta es la vía para que haya más puestos
de trabajo, con mayor productividad laboral, con altos salarios y con jornadas
laborales razonables. Bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones
demanda un inédito aumento en la productividad. Por ejemplo, si se fijara una
jornada diaria de 6 horas en lugar de 8, para compensar habría que aumentar la
producción en un 33%. Si no aumenta la producción (es decir, la productividad
no compensa el aumento de costos), la empresa optará por aumentar los precios
de los productos que vende, contratar empleados en la informalidad o
directamente suspender la producción y no contratar. Dado que se acumulan
décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las
actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más
informalidad y más inflación.
Para multiplicar los empleos formales es
necesario abordar un ordenamiento integral del Estado y la modernización de las
instituciones laborales. Aumentar la inversión y la capacidad de generación de
empleos de calidad depende crucialmente de contar con un sistema tributario más
simple y racional. También que el Estado incremente sus niveles de eficiencia
para producir servicios públicos de calidad y proveer mejor infraestructura.
La revisión de las instituciones
laborales, por su parte, debe apuntar a simplificar la registración laboral,
disminuir las cargas sociales, prever nuevas formas de relación en el empleo
adaptadas a las dinámicas actuales y darle previsibilidad a la indemnización
por despido.
Hace una década que la producción está
estancada, la inflación es muy alta y no se generan empleos de calidad. Las
empresas privadas apenas contratan 6 millones de personas cumpliendo con las
normas, cuando hay casi 20 millones de ocupados.
Esto es la consecuencia desde hace mucho
tiempo, que sólo se crean empleos informales (en relación de dependencia no
registrada o como cuentapropistas) y empleo público. Además, ayudan a disimular
la falta de empleos, las muy altas tasas de inactividad laboral. En un
contexto de tan profunda degradación productiva y laboral, disponer por ley la
reducción de la jornada no aportará soluciones, sino más problemas.
