lunes, marzo 04, 2024

 EDICIÓN 1205

Trámite Legislativo 

Se trató en la Bicameral el DNU 70/23   

 El oficialismo ocupó la segunda reunión de la Bicameral para tratar el mega DNU 70/ 23 que modifica 300 leyes. En el encuentro pusieron a consideración la nota suscripta por la oposición no K y votaron a favor -sin el acompañamiento de UP- de convocar a funcionarios del Ejecutivo para que expongan.

La Libertad Avanza planteó una agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes, avalada por otros espacios federales, de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina nada desde noviembre de 2021.

Sin el acompañamiento de UP, votaron a favor de que a partir del próximo martes asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

Los representantes de Unión por la Patria reiteraron que los plazos para tratar y dictaminar el DNU están vencidos, por lo que reclamaron el debate en el recinto de alguna de las cámaras. Además, apuntaron contra la titular del Senado, Victoria Villarruel, por no dar respuesta al pedido de sesión especial presentada por varios senadores.

Contrariamente el diputado Massot cuestionó que los últimos gobiernos “hicieron uso y abuso de los DNU”, y adelantó: “Vamos a impulsar en el corto plazo el tratamiento de los proyectos – presentados por todos los bloques en ambas cámaras-, para modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Ejecutivo. Si la necesidad y urgencia va a ser normalidad y no va a ser algo extraordinario, entonces es absolutamente disparatado que esta comisión ante DNU que van a ser sustitución de leyes, que es la intencionalidad política del Gobierno, no pueda versar sobre el contenido de forma parcial”, planteó y sugirió que también habría que modificar “esta locura de que el DNU valga con aprobación de una sola cámara y una ley requiera las dos”.

Massot le enrostró a UP que en la sesión preparatoria ellos se opusieron a la forma de distribuir las comisiones: “Tendrán que explicarlo el kirchnerismo, el Pro y LLA que hicieron un pacto que evidentemente tuvieron un problema en hacerlo cumplir. No podemos seguir discutiendo lo que pasó y decir si es o no válida la comisión, es inminente el tratamiento del DNU en los plenos”.

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón (LLA – Corrientes) contestó a UP: “Es difícil esquivarle a la inseguridad jurídica, pero pareciera que lo que estaba antes era seguridad jurídica. Con esos decretos hubo uno que nos dejó encerrados en casa y me acordé de las fiestas en Olivos”.

El libertario correntino aseveró: “El país de hace tres meses venía con una acelerada inflación y no tuvieron la misma visión de la necesidad y urgencia y ahí no había seguridad jurídica, pero unos pocos privilegiados hacían la vaquita para comprar hoteles en España”.

En esa línea, señaló que “pasamos de 20 a 9 ministerios y ha habido un achicamiento importante del Estado”. Reiteró que “pedimos el tratamiento de necesidad y urgencia, y se está tratando y debatiendo”. Por último, enfatizó que “acompañamos como bloque la convocatoria de los funcionarios que quieran venir a dar explicación, pero en memoria de aquellos irresponsables que no han venido en el pasado”.

 

Propuesta presidencial: 10 puntos que aseguren la gobernabilidad      

 Un recinto rotalmente cubierto por legisladores de ambas Cámaras más los palcos donde se ubicaron destacados invitados especiales otorgaron marco -durante 73 minutos- que acompañaron en forma ferverosa las barras que cubrieron todos los rincones, transcurrió la apertura del nuevo período legislativo.

Párrafo aparte merece destacarse por sus gruesos errores, la transmisión televisiva. Transcurrió en forma monótona y faltaron escenas de los legisladores participantes y sus reacciones ante aspectos del discurso. Si las hubo de sectores de invitados y las barras.  

Sobre el final del mensaje, el presidente Javier Milei formuló una invitación. Convocó, tanto a gobernadores como expresidentes de los principales partidos políticos, para “que depongamos los intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

“Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado pacto de mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.

“De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad.

Esas 10 políticas de Estado son:

1.- inviolabilidad de la propiedad privada;

2.- equilibrio fiscal innegociable;

3.- reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB;

4.- una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio;

5.-rediscutir la coparticipación Federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual;

6.- compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país;

7.- reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal;

8.-reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación;

9.- reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados;

10.- apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

Respecto de la propuesta presidencial los senadores, en un comunicado de UP, consideraron que se trata de un acuerdo a libro cerrado para legalizar lo inaceptable. Generan show con peleas e insultos, para evitar discutir lo único importante: se vive peor por su política económica. Impiden que el Congreso funcione, imponen decretos absurdos y dan vía libre para que la verdadera casta se beneficie, agrega el comunicado.

Los senadores de Unión por la Patria piden a sus gobernadores que tengan “mucha fuerza, convicción y firmeza para defender los intereses de nuestra patria porque está en grave peligro”.

Concluyen con una cita de Perón: “Queremos ayudar a sacar el país adelante, por eso el Gobierno tiene que dejar de lado la soberbia y aceptar que necesita que lo ayuden.

Esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie”.

Desde la vereda radical, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo celebró como “una gran noticia” el impulso de un pacto con los gobernadores para avanzar en “reformas que den previsibilidad en el tiempo, reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria”, destacó el diputado cordobés.

“Como sugerencia, no puede haber un pacto constitutivo de un proceso de cambios en la Argentina si no involucra la educación. Sería fundamental incorporarlo ya que también es de naturaleza estructural de los problemas argentinos”, estimó De Loredo.

 

Inician investigación en ANSES por la tramitación de seguros. Suspenden préstamos para usuarios en relación de dependencia

 Variadas fuentes dieron a conocer los resultados de una investigación interna llevada a cabo en la sede central de la entidad más fuerte que maneja la administración de los fondos jubilatorios en todo el país.

Anses maneja el presupuesto más voluminoso del Estado y tiene a su cargo asistir de manera directa a millones de argentinos, no sólo por los pagos a la clase pasiva, sino también por el pago de asignaciones familiares y múltiples beneficios sociales a ocupados formales y desocupados.

En otro orden, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)  informó que sigue suspendida la entrega de préstamos a jubilados y trabajadores en relación de dependencia.

Si bien no se trata de una resolución definitiva, por el momento no se pueden solicitar.  

El caso revista acciones varias, así como también actores diversos; algunos de raíz política y de repercusión diversa.

Los primeros datos radican la temática para seguros contratados. 

El que empezó a descubrir el polémico tema habría sido Osvaldo Giordano, un funcionario que, en origen, puso Milei en la Anses, llegado de la mano del ex gobernador Schiaretti y luego se le pidió la renuncia port diferencias políticas.

Es dinero que el Estado paga por seguros y ART a ciertos productores de seguros bien conectados. Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anticipó que seguirá la revisión en los organismos judiciales.

El accionar habría comenzado en diciembre de 2001, por orden del entonces presidente Alberto Fernández, quien dispuso que todos los seguros estatales debían ser tramitados en Nación Seguros, resolución a la que Giordano dispuso cancelar.

El dirigente cordobés, ordenó dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones de pesos con Nación Seguros, un esquema que habilitaba la intervención de intermediarios.

Lisandro Cleri, hombre de Massa en la Anses, lo puso en práctica con Alberto Pagliano, hombre del presidente Fernández en Nación Seguros.

A este último lo acompañan Héctor Soria Martínez  y Gustavo García Argibay, quienes distribuyen los negocios entre productores y compañías amigas.

Tras completar la tarea, salieron a la luz una malversación que supera los $ 20.000 millones anuales. La cifra corresponde a lo que Anses pagó al Nación anualmente para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les otorga créditos.

Por gestión de Massa, se habrían ampliado los préstamos en el plan platita de su luego frustrada carrera electoral: hasta $ 600.000 a una tasa anual del 29%, el tercio de lo que cobraba el mercado y en 24, 36 o 48 cuotas.

Surgieron, previo a las elecciones, centenares de miles de créditos con la excusa de promover el consumo.

Pero el contrato de la Anses con el Nación trajo más sorpresas.

Había que incorporar intermediarios privados, entontes Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales.

La búsqueda que, según algunas fuentes le adjudican al después despedido Osvaldo Giordano,

volteó el contrato con el Nación por “innecesario”.  

Lobbystas de todos los colores salieron a operar para reconquistar el espacio perdido.

Hasta ahora, el negocio con los seguros parece abortado toda vez que se habría cortado la línea operatoria que incluye nombres grosos.

Tramitación en Tribunales

El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó para tomar vista de la causa judicial que investigará la contratación efectuada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Al margen de esa formalidad, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, ya trabaja en una segunda presentación para pedir ser querellante en la causa.

El juez federal Julián Ercolini recibió por sorteo la denuncia y giró el caso a la fiscalía 6 a cargo de Ramiro González quien impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba, también pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.

La causa comenzó por denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el ex presidente Alberto Fernández y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, a quienes acusó por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

En Nación Seguros estuvo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, un amigo de su juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese sector, pero del lado del Estado.

Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.

A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado donde aparece como intermediario Pablo Torres García, empresario y bróker financiero.

Se agrega al grupo, Héctor Martínez Sosa, casado con María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, y santificó “yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Sobre el mencionado se pudo verificar en los registros de ingresos de la quinta presidencial, que el mencionado Martínez Sosa y otras personas acudieron a varias reuniones en ese ámbito.  

 

 Iniciativas presidenciales al Legislativo   

Seguidamente se detallan las propuestas que serían impulsadas por el primer mandatario al cuerpo legislativo; serían las siguientes, algunas de las cuales se esperaría formen parte de la rediviva ley de Bases:

  • Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
  • Ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber.
  • Cierre del INADI y la agencia noticiosa Télam.
  • Modernización de la legislación laboral.
  • Eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice.
  • Elección de autoridades sindicales a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral.
  • Convenios colectivos especiales en el seno de empresas o grupos de empresas.
  • Ficha limpia.
  • Reducción de la cantidad de contratos de asesores legislativos.
  • Descuento de la jornada laboral a trabajadores estatales que paren.
  • Financiamiento de los partidos políticos.
  • Sanción penal a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
  • Modificación de regulaciones.
  • Pacto fiscal con las provincias. 

 Pedidos del Legislativo al Ejecutivo  

 Ø  MORENO OVALLE, JULIO: DECLÁRASE LA EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA, FISCAL, PREVISIONAL, DE SEGURIDAD, DE SALUD, TARIFARIA, ENERGÉTICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.    

 Ø  OSUNA, BLANCA INES; SAND, NANCY; YASKY, HUGO; ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI; TONIOLLI, EDUARDO; PEREYRA, JULIO; FREITES, ANDREA; ALIANIELLO, EUGENIA; ROMERO, JORGE ANTONIO; VALDES, EDUARDO FELIX; BERMEJO, ADOLFO; PEDRINI, JUAN MANUEL; YEDLIN, PABLO; LITZA, MONICA Y LEDESMA, TOMAS: EXPRESAR REPUDIO POR LA PRIVATIZACIÓN DE DIVERSAS EMPRESAS DEL SECTOR FERROVIARIO. 

 Ø  CERVI, PABLO; TAVELA, DANYA; BANFI, KARINA; CARRIZO, ANA CARLA; BROUWER DE KONING, GABRIELA; ANTOLA, MARCELA; GALIMBERTI, PEDRO JORGE; CIPOLINI, GERARDO; COLETTA, MARIELA; GIORGI, MELINA; COBOS, JULIO; AGUIRRE, MANUEL IGNACIO; BENEDETTI, ATILIO; NIERI, LISANDRO Y VERASAY, PAMELA FERNANDA: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA SRA. MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, LICENCIADA DIANA ELENA MONDINO, SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

Ø  TETAZ, MARTIN ALBERTO: INFORMES VERBALES AL LIC. DANIEL TILLARD Y AL SR. ALFONSO TORRES PRESIDENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y DE NACIÓN SEGUROS, RESPECTIVAMENTE, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUROS Y SU CARTERA

Ø  AGUIRRE, MANUEL IGNACIO: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) CON LA EMPRESA NACIÓN SEGUROS S.A

 

 Breves

Escrituras en CABA. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron 1.882 escrituras por un monto total de $143.030 millones. Sr registró una suba de 1,8% respecto de enero 2023, pero bajó 58,7% respecto del mes pasado. El monto de las operaciones creció 244,4% respecto a hace un año y mermó 38,7% respecto a diciembre 2023

 

 

 


viernes, febrero 02, 2024

 edición 1203

Sesión Especial en Diputados 

Debate histórico de componentes

variados y final abierto 

 Con puntualidad cuasi porteña, a las 10,29 comenzó el tratamiento del dictamen de mayoría del proyecto de ley Bases y Punto s para la libertad de los Argentinos, enviado por el Poder Ejecutivo.

En el tramo de inicio, en dos oportunidades que la oposición de mayoría esgrimió estrategias para “pudrir la sesión” plantando primero –el diputado Leandro Santoro presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, “por haber sembrado dudas en el tratamiento de ésta”, relativo a la acusación del jefe de Estado respecto de un “pedido de coimas”. 

“Es una situación inédita y no es gratis acusar a diputados de pedir coimas o que buscan favores personales para aprobar esta ley. La opinión pública puede llegar a la conclusión de que la ley se sanciona por esto”, indicó.

Sostuvo luego que: “No puede decir que se pidieron coimas sin presentarse en la Justicia porque si tiene conocimiento del pedido de coimas, debió presentarse en la Justicia, y si no, debe retractarse y pedir disculpas”. 

Un rato después, en la expresión del presidente del bloque UP, Germán Martínez jugó una baraja más fuerte.

Esta vez, en discurso brillante, puso en duda el valor del dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley en trámite e hizo moción de orden para hacer que el expediente 25 PE-23 vuelva a comisión.

Hubo dos breves expresiones de rechazo hechas por los bonaerenses Miguel Angel Pichetto, Cambio Federal y por Crístian Ritondo, Pro e inmediatamente después el presidente Martín Ménem ordenó la votación que arrojó resultado negativo por 149 contra 103 afirmativos.

Una de las más de treinta cuestiones de privilegio que ingresaron de sectores de la oposición y fueron escuchadas y procesas de acuerdo al reglamento. Pero más allá de ellas el propósito manifiesto fue y es consumir tiempo del debate. Y el resultado queda a la vista.

La contra figura puede ser la cuestión de privilegio, en este caso sobre el funcionamiento de los ascensores en la casa de las leyes. Lo formuló Cecilia Moreau.           

Una de las piezas que despertó adhesión de la mayoría y el rechazo de un sector de la oposición fueron las expresiones de María Eugenia Vidal, Pro, Buenos Aires

Nos encontramos en esta sesión para demostrarle a los 46 millones de argentinos que están preocupados y angustiados por lo que atraviesan, que les queremos dar una respuesta.

El 55 por ciento de ellos votó a este gobierno.

Hace poco más de sesenta días eligieron a este gobierno, un partido nuevo y sin mayoría legislativa.

Desde el bloque del PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar esa decisión y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no se transforme en una peor.

Quiero que quede claro, como ya dije muchas veces públicamente, que no soy parte de La Libertad Avanza. No pedí el voto para el presidente Milei ni formo parte del gobierno, pero nunca fui ni voy a ser parte del “club del helicóptero” ni de “cuanto peor, mejor”.

Este es uno de los peores momentos de la Argentina. No es tiempo de especulación, de ventaja política ni de mezquindad. Todos los que estamos en este recinto hemos sido garantes de la continuidad democrática durante cuarenta años. Pero también hemos participado de gobiernos que no lograron consolidar un piso mínimo de bienestar continuado en el tiempo.

El gobierno anterior nos prometió declararle la guerra a la inflación; sin embargo, nos llevó a más del 200 por ciento en el último año. La deuda, que era tan mala, creció más de 110.000 millones de dólares. Si hoy los argentinos están preocupados, angustiados y tachan cosas, es responsabilidad el kirchnerismo. Es momento de que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Dejen de comer pochoclo esperando que estalle la bomba que ustedes dejaron y que todo esté peor o tratando de ganar en las calles y en la Justicia lo que no ganaron hace dos meses en las urnas.

Las cosas como son también para el gobierno. El futuro de los argentinos depende de todos

Los convoco a que sigamos trabajando en febrero del mismo modo en que lo hicimos en enero, como así también en todo el tiempo que resta hasta el período ordinario de sesiones, porque los jubilados no pueden esperar. Lamento que no hayamos podido discutir el capítulo previsional porque la fórmula del expresidente Alberto Fernández los arruinó, porque tenemos que discutir cómo van a recuperar lo que perdieron por la inflación

Vamos a actuar como actuamos desde el primer día de este gobierno, con responsabilidad y seriedad, planteando nuestras diferencias, no con piedras o marchas, sino con propuestas, trabajo y horas de dedicación, trabajando para que cada proyecto que envíe el Poder Ejecutivo salga mejor para los argentinos porque este voto afirmativo que damos hoy no lo hacemos por el gobierno, sino por los millones de argentinos que están afuera esperando que les demos una respuesta y que hace cuatro años los hundieron más en un pozo.

Nicolás Massot. Hacemos Coalición Federal, Buenos Aires. Defendió a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó y sostuvo que para el jefe de Estado “la sola discencia viene con el calificativo de kirchnerista o casta”. Ironizó por la designación de Scioli: “Es un equilibrista profesional. Se ve que se suma a las filas de la casta no tan casta alineadas con las fuerzas del cielo que fundó el compañero (Luis) Barrionuevo”.

Respecto del proyecto en debate expresó: “Queremos dejar establecido que prestamos quórum para dictaminar, porque trabajamos mucho a pesar de las desprolijidades”, pero advirtió que “si esto pasaba con otro Gobierno poníamos le grito en el cielo. Más allá del chivo expiatorio que busquen no pueden decir que este Congreso no busca trabajar la ley y el DNU”, y añadió “este bloque está por el combate contra la inflación y por la generación de empleo. No podemos ajustar a jubilados, asalariados y economías regionales”. “Váyanse a otro lado a los que nos dicen coimeros porque 27 veces propusimos que venga el presidente y al ministro del Interior.

Se refirió al tema fiscal: “Hace tres meses votaron por sacar el Impuesto a las Ganancias y los espasmos caprichosos de la ley están dejando afuera el vuelo de la Argentina. Alberdi debe estar revolcándose en su tumba porque querían subir 10 puntos el impuesto PAIS y un 15 las retenciones”, cuestionó.

Aseguró que “damos voto en general y queremos que se vuelva a incorporar la moratoria y el blanqueo”

Trabajamos muchísimo para lograr un dictamen de mayoría, a pesar de las desprolijidades que -debo reconocer- ha tenido este tratamiento. Seamos sinceros y no perdamos la honestidad intelectual.

Si hubiera habido otro signo político gobernando el país y gobernando esta Casa, hubiéramos puesto el grito en el cielo. Digámoslo con todas las letras. Esto no se puede repetir. Sin embargo, ahí estuvimos en honor a las banderas que siempre defendimos mucho antes de que todo esto comenzara.

El tronco de la reforma laboral del decreto tiene tres componentes que son indispensables para la generación de empleo: la prórroga del período de prueba, la redeterminación de las multas y los multiplicadores y la creación del Fondo de Cese Laboral. Estoy mencionado tres, y no me estoy refiriendo a otros. Esas tres cuestiones y la incorporación de la moratoria que tenía los votos suficientes para ser sancionada -y no entiendo cuál fue el capricho por el cual se retiró- son el tronco de la salida de las pymes y los emprendedores en la generación de empleo.

No podemos dejar pasar esta oportunidad.

 Ricardo López Murphy, CABA, Cambio Federal. He escuchado hablar de la deuda. Voy a ser un poco más preciso que la diputada Vidal: colocaron 112.000 millones y le sacaron 65.000 millones de dólares al Banco Central financiando con emisión monetaria los descalabros fiscales.

Esto no es lo más grave sino la deuda oculta que ha quedado y, sobre todo, un episodio escandaloso: los 16.000 millones de dólares de los juicios que perdimos. Pero lo hicimos por dos razones: por impericia o por corrupción. Por ambas razones vamos a librar una batalla para que ningún corrupto quede impune.

¿Qué desarrollo necesitamos? Necesitamos un desarrollo basado en las exportaciones; es el único camino. Todos los países que vivieron una crisis como la nuestra salieron adelante gracias a las exportaciones de bienes y servicios.

Fuimos más precisos en el debate: en los próximos cuatro años queremos 100.000 millones de dólares de superávit comercial. Es lo mínimo que necesitamos para resolver la deuda comercial, para estar al día con los pagos y para recomponer las reservas negativas, como no ocurre en ningún otro país del mundo.

pedimos que en el proyecto de ley se incorpore lo que está en el DNU. Además, pedimos una caja de compensación para que las pymes no financien al gobierno, ya que ese fenomenal financiamiento destruyó y destruye a nuestras pymes.

Por eso, en el debate objetamos la suba de los impuestos a la exportación. Sin embargo, con el problema que tenemos, ¿vamos a poner además una mochila a los exportadores?

¿Nos hemos vuelto locos?

Sin embargo, no alcanza con eso. No había necesidad de retirar el paquete fiscal.

Deberíamos haberlo votado dando los instrumentos que fueran necesarios, así como también debiéramos haber votado la reforma para el empleo.

Necesitamos algunas cosas que son imprescindibles: primero, que envíen cuanto antes el presupuesto del año 2024.

La clave del sistema democrático es que no hay tributación sin representación; por eso, surge el sistema democrático. No nos pueden cobrar impuestos para gastar como se le ocurra al Poder Ejecutivo. Eso es anacrónico y atrasado. Va antes de la Revolución Gloriosa. Es disparatado.

Necesitamos un presupuesto serio y responsable; no como el que hemos tenido durante estos veinte años. Como bien decía un diputado preopinante, se reformaban por decreto con total liberalidad y no existía el rol del Congreso.

Hemos llegado a creer que el presupuesto era irrelevante. Nosotros queremos los de los años 2024 y 2025 porque no hay tarea más importante para los diputados que discutir el presupuesto.

Para finalizar, necesitamos un Banco Central que termine de hacer lo mismo que hacía el Banco Central del gobierno anterior. No puede ser que esté comprando deuda para dar liquidez a los mercados. Vamos a terminar con los mismos problemas que antes.

Necesitamos un Banco Central autónomo. La autonomía del Banco Central es un rasgo de civilización y una reforma imprescindible.

Necesitamos terminar con el control de cambios. Si el control de cambios funcionara, la Argentina sería un país espectacular. Es como si la inflación funcionara: hubiéramos sido muy ricos, pero le quitamos trece ceros a la moneda y pronto le quitaremos tres ceros más.

José Luis Espert. Buenos Aires, LLA. El 46 por ciento de los chicos de tercer grado en la Argentina no tiene una comprensión lectora adecuada. La mitad de los argentinos vive en la pobreza, la mitad de los trabajadores argentinos -8 millones- trabaja de manera completamente precarizada.

Los argentinos, por el terror que nosotros mismos nos autogeneramos, tenemos prácticamente un PBI ahorrado afuera.

Las empresas se nos van del país, los empresarios argentinos empiezan a radicarse en el exterior, los chicos que pueden hacerlo se van del país. ¿Tenemos en la casa, en la fábrica de leyes en la Argentina, un diagnóstico de por qué ha pasado esto?

Seis décadas han pasado y cada 10 años en estos 60 años hemos tenido una crisis homérica: a mediados de los 70, a principios de los 80, a fines de los 80 con la hiperinflación, en 2001/2002, en 2008/2009 y en 2018/2019. Seis veces en 60 años la Argentina se prendió literalmente fuego. Esta es la causa de la masacre que nosotros nos hemos autoinfligido y que nombré en mis primeras palabras.

En el debate del plenario de comisiones escuché con atención y noté una diferencia esencial entre los sectores dependientes del papá Estado, que venían a pedir más recursos, más subsidios, cobijar sus intereses, proteccionismo asfixiante y cero competencia.

Quiero decirles algo: esta etapa se terminó.

La Argentina está por el camino del despegue, por suerte, y también escuchamos a quienes en los últimos años no han tenido voz, a los que esta vez sí se les dio un lugar. Increíblemente, solo piden trabajar en libertad, solo piden competir, solo piden progresar.

 En un tramo del debate, el diputado Germán Martínez, jefe del bloque U,P, pidió la palabra y en demostración cabal de la atención que prestó a cada uno de los expositores,  dijo: - Lo que le voy a pedir, señor presidente, es que, si hay un texto del articulado que nosotros no conocemos, lo pongan arriba de la mesa, porque lo único que se mencionó hasta ahora es que excluirán determinados artículos.

Después, del resto, no sabemos nada.

Hay un borrador que está girando por internet de la versión 28/1, y ahora se enumeran cambios que nosotros desconocemos.

Entiendo los problemas de impresión que hay en la Argentina, pero me parece que ya, a esta altura, deberíamos tener el documento arriba de la mesa. ¿Dónde está?

Finalmente, estamos discutiendo una iniciativa del Poder Ejecutivo, y hay diputados que están eligiendo hacer oposición de la oposición, antes que tratar de tener una mirada sobre el proyecto. Así que, señor presidente, en un llamado a la coherencia, pido que continuemos discutiendo el proyecto de ley.

Mientras esto ocurría en el recinto, en la calle –en inmediaciones del Congreso- ocurrieron y que seguramente se repetirán, manifestaciones durante la tarde y noche de enfrentamientos con la fuerza de seguridad.

Momentos de máxima tensión se vivieron en la calle, ya que la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes, que se encontraban frente al Congreso, con el objetivo de liberar la calle cosa que se concretó. En detalle, la Policía forcejeaba con empujones a los manifestantes, al mismo tiempo que lanzaban gases con el propósito de replegarlos.

Hecho que en rigor se fue imponiendo.

Volviendo al recinto, pasadas las 21.30, se dispuso un cuarto intermedio hasta el día siguiente a las 12.

Antes, las autoridades informaron que, para la continuación del debate, están inscriptos 140 representantes parlamentarios. Todo con el fin perseguido por los actores principales por estirar lo máximo posible el final.

 

Segunda jornada

Antes de inaugurar el segundo día del debate será conveniente recordar que el presidente de la Cámara reiteró muchas veces que el tiempo acordado para las exposiciones de los diputados fue de 5 minutos; cosa que, en verdad absolutamente nadie respetó, a pesar de los llamados de atención efectuados desde la presidencia.

Luego de recuperar fuerzas, a las 12.30 dio comienzo la continuación de la sesión.

Aparecieron las cuestiones de privilegio, esta vez de origen radical, sobre el exceso producido por las fuerzas de seguridad en la operación realizada en el día de ayer. Siguieron luego con los habituales usuarios: bloque Unión por la Patria y la izquierda.

Continuaron luego los discursos de los representantes de todos los bloques sobre el proyecto de Bases.

 A esta altura del debate, en algunos círculos consultados por nuestro medio indicaron que hay posibilidad de prolongar aún más la duración del debate.

Mientras tanto el interbloque de senadores de Unión por la Patria volvió a exigir a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, la convocatoria a una sesión especial para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, impulsado por el Gobierno nacional. A través de una conferencia de prensa, los senadores de UxP manifestaron la necesidad de abrir el Parlamento para discutir el DNU de Milei. “Le reclamamos a la vicepresidenta que no cierre el Senado, ella tiene que llamar de forma inmediata al tratamiento del decreto”, puntualizó el titular de la bancada, José Mayans, UxP, Formosa.

En los muchos años que llevo en la crónica parlamentaria sería un caso inédito que ambas Cámaras estén tratando simultáneamente el proyecto Bases.  

UxP busca que se produzca un enfrentamiento entre Diputados y Senadores, máximas entidades del Parlamento Argentino.            

 Sobre las 17 del jueves, en las avenidas Corrientes y Callao se produce la llegada de un grupo del Polo Obrero que ocupan un carril. Llega una dotación de la Policía de la Ciudad que se instala en la zona.  Desde allí fueron escoltados por la policía de la Ciudad hasta Rivadavia y Callao.      

 Volviendo al recinto, siguen los discursos, donde todo está expresado.

Parte de los diputados del bloque UxP abandonó el recinto y se dirigió a la Plaza donde hay disturbios con manifestantes enfrentados con la policía.    

 

Dado lo avanzado de la hora y habiendo llegado al CIERRE, dejamos inconcluso el informe y entregamos este material a nuestros lectores.  



Volver a empezar con mejor escenario y

 condiciones políticas   

 La experiencia y la sensatez de un hombre con experiencia e historia en la gestión política deja optimismo para los días que vendrán.

El golpe ha sido duro; hubo una sucesión de desaciertos producto de la falta de tacto o quizá de la estrecha sensatez política de la que adolecen buena parte del Gabinete. Esto no es una falla, la abuela diría: es lo que hay. El presidente tuvo mayoría absoluta frente a un adversario. Pero antes, en octubre, cuando fueron electos los diputados y senadores es resultado no lo acompañó.

Es más, resultó amplio perdedor.  

Muchos serían los nombres que ahora hacen falta.

 Uno de ellos, Rogelio Frigerio, actual gobernador de Entre Ríos, con sobrados antecedentes personales y políticos, reflejaron acertados conceptos luego de los recientes acontecimientos. “Vamos a apoyar las herramientas que necesita el Gobierno, es indispensable que sigan convocando al diálogo”.  

Así fue titulado un comunicado ante la suerte obtenida por los argentinos que sufren una situación desesperante producto de décadas de malas decisiones de la política.

No hay más margen para seguir equivocándonos, la sociedad no aguanta más, expresó.

“Estamos de acuerdo con el norte que marcó el presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite -y estén a nuestro alcance- para poder llevar adelante el ordenamiento del país, liberar al potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos en nuestra provincia. Coincidimos con el ministro de Economía en que el objetivo de alcanzar el déficit cero no puede ser una meta negociable.

Es el requisito principal para empezar a ganar la batalla contra el flagelo de la inflación –continuó Frigerio-. Por eso decidimos apoyar el dictamen de la Ley Bases”.

Consideró que “no es momento ni espacio para disputas políticas. Millones de argentinos necesitan ver a sus gobernantes trabajando juntos, todos los días, para salir adelante de esta situación terminal”.

En el otro extremo de la línea, con muchas menos horas de vuelo, otro piloto de la reciente tormenta, el gobernador chubutense Ignacio Torres, celebró la decisión del ministro de Economía y frente a ella, manifestó estar a disposición para un diálogo franco con el Poder Ejecutivo Nacional y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo.

En tanto, la Oficina del Presidente de la Nación difundió un comunicado en el que destaca “el consenso alcanzado en relación a las reformas estructurales que el país necesita incluidas en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En este sentido, debido a que el capítulo fiscal estaba demorando el tratamiento legislativo, se definió retirarlo para que la ley avance sin problemas”.

“Además, se hace hincapié en que habrá que avanzar en el ajuste sobre la política tal como se están ajustando los argentinos debido a que el compromiso del Gobierno con el déficit cero es inquebrantable”, agrega el comunicado, que cierra diciendo: “La medida anunciada garantiza que no existen razones para demorar la aprobación de la ley.

El capítulo fiscal se podrá discutir más adelante”.

 

Retiro completo del capítulo Fiscal y el deseo de esperar otro momento para regresarlo    

 La decisión, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo motivada a efecto de facilitar la aprobación del resto de la norma.

“Se retira todo el capítulo fiscal y trataremos de consensuarlas con los gobernadores y los legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha”. Así anunció este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, una noticia inesperada e impactante, al cabo de una semana en la que el debate de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue central, pero que se había estancado de manera irremediable en los últimos días.

Caputo anunció, pasadas las 20: “De ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente. En función de esta situación es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de Bases. De manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores que naturalmente estaban defendiendo los intereses de sus provincias”.

En su mensaje, el ministro garantizó que “no hubo ninguna pelea con los gobernadores, porque tratan de defender los intereses de sus provincias”, y aseguró que “es una decisión que hemos tomado de manera de acelerar la aprobación de la parte más importante de la ley”.

Por ahí a alguno le puede parecer raro, pero es lo que cualquier gobierno debiera hacer. Entonces tuvimos reuniones con todos ellos y nosotros a pesar de los gritos en el Congreso, los escuchamos, y también hemos tenido muchas reuniones con las diferentes cámaras y demás”.

El anuncio del ministro de Economía incluyó cinco medidas, a saber: el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y retenciones.

Caputo explicó que el proyecto tiene dos capítulos puntuales, uno con más de 500 artículos, que “son los que tienen que sentar la base –dijo-. Y cierto disenso en lo que es el capítulo económico”.

En la casi noche del viernes pasado, el ministro de Economía, con mucha mayor clase que quien esto escribe, fue definiendo la ofrenda que hacía el Ejecutivo en pos de conseguir facilitar la sanción de parte de los propósitos del ya famosa DNU o Ley Ómnibus, como se dejó llamar en los últimos días.   

El volantazo oficial dejó fuera del camino legislativo los siguientes temas:    

Respecto a Blanqueo, sostenía sujetos residentes y no residentes. Habrá tiempo para sumarse a la exteriorización hasta el 30 de noviembre de 2024. El blanqueo estará dividido en tres etapas. En la primera, que se extenderá hasta el 31 de mayo, la penalidad por el ingreso al régimen será de 5%; una segunda etapa con fecha límite de pago hasta el 10% que tendrá lugar hasta el 31 de agosto; y una última etapa, con una alícuota de 15%, y que terminará el último día de vigencia de la exteriorización de activos. En ningún caso AFIP cobrará el impuesto especial si se declaran menos de 100 mil dólares. Entre los bienes argentinos que se podrán blanquear están: Moneda nacional o extranjera b) Inmuebles ubicados en Argentina.

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares.  Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares. bienes muebles no incluidos en incisos anteriores. Créditos de cualquier tipo o naturaleza. bienes intangibles. h) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior.

La adhesión al régimen implicará que esos contribuyentes quedarán “liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren”.

Llevó como nombre “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”. Incluirá obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado y excluye deudas por ART, aportes y contribuciones a obras sociales, seguros de vida obligatorios, aportes a personal de casas particulares, entre otros.

Prevé distintos planes de pago. Ante un pago al contado dentro de los 90 días desde que se implemente la medida, la AFIP determinará una condonación de deudas de 50%; pago en cuotas dentro de los 90 días implicará un descuento de 30%; y pago en cuotas a partir del día 91, un perdón de 10% del total. En todos los casos se descontará el 100% de las multas previstas.

-Las personas humanas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales.

-Las Micro y Pequeñas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales

-Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales

-El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al treinta por ciento (30%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales.

Adelanto del impuesto a los Bienes Personales

Propondía un esquema de pago anticipado de ese tributo por los montos que corresponden a los próximos años, unificados, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, el 31 de diciembre de 2027, asegura el articulado. Sería un plan que tendría vigencia hasta el 31 de marzo próximo.

La cancelación total del impuesto a pagar bajo el REIBP deberá ser realizada hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive. “Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del 75% del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar esta última fecha, pero nunca más allá del 30 de abril de 2024″, detalló.

Para quienes ingresen, el texto de ley establece “estabilidad fiscal hasta el año 2038″ en relación con Bienes Personales u otros impuestos que puedan ser creados en el futuro para “gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por impuestos patrimoniales”.

Por último, el proyecto prevé una baja general de alícuotas para Bienes Personales en los próximos años. Las tasas, que hoy van desde 0,50% a 1,50%, pasarían a ser en 2024 de 0,50% y 1,30%; en 2025 de 0,50% y 1,10%; en 2026 de entre 0,50% y 1% y, en 2027, quedarían solo una alícuota única de 0,50 por ciento.

Retenciones a las importaciones

Es el punto que generó mayor rispidez con los gobernadores.

En su versión original, la Ley Ómnibus eleva los derechos de exportación hasta un piso de 15% para los productos vendidos al exterior que hasta hoy no pagaban nada. Para soja y sus subproductos (como harina o aceite) la alícuota será de 33 por ciento. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrán las tasas vigentes aunque abre la puerta para incrementarlas, si lo necesitara, con un límite de 15 por ciento. En ese último incremento se incluyó a las exportaciones industriales.

Aceite esencial de limón y el complejo vitivinícola pagarán 8%; mientas que los productos de economías regionales como olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, no tendrán retenciones.

 

Cambios en la fórmula jubilatoria

El artículo 106 de la norma suspende la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo.

También se suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.

El proyecto original faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consignó.

Con el correr de la negociación, el Gobierno había resignado la potestad de fijar aumentos por decreto y había accedido a que el incremento de los haberes previsionales se modifique a partir de abril de este año mediante la actualización por la inflación a través del IPC que publica el Indec.

 

Impuesto a las Ganancias

La propuesta de modificación del impuesto a las Ganancias para las personas físicas, rebautizado como impuesto a los Ingresos Personales, que el Gobierno había dado a conocer pocos días atrás.

La propuesta, enviada al Congreso en un proyecto separado de la Ley Ómnibus, establece que el tributo será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos. Además, en el caso de los trabajadores casados con dos hijos, no pagarán con salarios hasta $ 1.590.062. Aunque en esos casos, pagarán un monto muy bajo, ya que la iniciativa prevé escalas bien diferenciadas con actualización trimestral en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC).

De ese modo, se estima que alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

“Ustedes lo han visto en las discusiones en el Congreso, hay un enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país, no veo ningún inconveniente en que se apruebe”, concluyó Caputo sobre el resto de las medidas de la Ley Ómnibus.

 

Causas y efecto del retiro

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión de negociación, no podíamos retrasar la promulgación de la ley”, y aseguró que “se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte del capítulo económico”. En tanto, alertó que “se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

Aseguró que “este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar porque entendemos que esto va a facilitar y allanar el camino para la aprobación de la ley no hay razón para que se siga retrasando”.

Adorni aclaró que “va a haber un ajuste mayor a las provincias. Dentro del paquete fiscal también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional que son parte del capítulo económico”.

Reiteró que el retiro del capítulo fiscal “no fue una negociación, es simplemente que entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones por momento que considerábamos que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley y decidimos que, si el problema estaba en ese capítulo, quitarlo de la ley y seguir avanzando ya si sin ningún tipo de problema y cuestionamiento hacia el resto de la ley o algún otro aspecto de la discusión que no seguía avanzando”, explayó.

 

 

Registros del Automotor en la mira   

La Justicia dio inicio a un operativo para intervenir todos los registros automotores del país.

El proceso lo lleva adelante el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y dio inicio en nota al secretario de Justicia y firmada el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, para revocar las intervenciones vigentes o nombrar nuevos interventores.

Se han dispuesto más de 150 revisiones en registros ubicados en todo el país.

La historia cuenta que existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.

El sector suma 2.809.049 trámites, y hay registros con mucho volumen debido a su ubicación y jurisdicción.

Su siempre cuestionada operación, se pone de relieve cada vez que es de reglamento pasar por esas oficinas cuando la venta o compra de automóviles lo requiere.

Es un secreto a voces que la tenencia de un registro es otra más de las cajas políticas que son parte de una suerte de premio al quehacer político. En ese terreno la última situación tuvo lugar durante el gobierno saliente cuando la designación de un familiar del ex ministro de Justicia obtuvo un cargo en el registro 3 de Centenario, en jurisdicción de Vaca Muerta.

“Ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos” es la explicación obtenida ante la consulta. “Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros tiene dos claros puntos en contra. El primero relacionado con el mal funcionamiento del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos.

De origen nacional pagan el 1,5% de arancel de transferencia, y si es importado pagan 2%.

Se entiende importado todo auto no fabricado en la Argentina; los que provienen de Brasil, aunque sea Mercosur y entren con arancel de importación 0%, pagará lo mismo que un auto proveniente de Alemania, Japón o Estados Unidos para poder ser transferidos.

También hay una distinción entre CABA y el resto del país; en la ciudad de Buenos Aires se paga el 3% de impuesto de sellos mientras que en el interior se paga Ingresos Brutos equivalente al 4% del valor del vehículo.

En la Argentina hay que pasar por 6 ventanillas para hacer los trámites. En Chile y Perú es sólo una y en México son 2. En Estados Unidos es también una sola, pero a la que se concurre después de haber hecho toda la operación entre vendedor y comprador, quienes no tienen siquiera que ir juntos porque uno va a retirar el título y otro a entregar un formulario en el que dice que ese auto ya no es de su propiedad desde la fecha que lo entregó y firmó los papeles de venta”, cuenta un experto del mercado de autos usados en Argentina.

De ello somos testigos cuando en alguna película se registra un compra o venta en una casa especializada. 

En el sistema norteamericano, la matrícula o patente es del propietario y al vender el automóvil, se entrega sin identificación, de modo que el comprador debe colocar sus placas y si no las poseyera, es un gasto que tendrá que hacer por única vez al comprar su primer vehículo.

Multas o deudas no son del automóvil sino del dueño; por lo que no es necesario pedir libre deuda como ocurre en la Argentina.

 

 

Otras rupturas en Unión por la Patria   

 En Diputados, la elección del 22 de octubre, que UP terminó ganando, dejó un bloque propio de 106 miembros.

La derrota presidencial, abonó el campo de rupturas y prontamente se supo de negociaciones para recrear un espacio que respondiera a gobernadores con intereses distanciados de los que pudiera tener, por ejemplo el kirchnerismo.

Muy activo estuvo el diputado jujeño Guillermo Snopek, quien había liderado el bloque rupturista del Senado y llegaba a Diputados con intenciones de armar algo similar. Tardó en oficializarse su pertenencia a UP, aunque finalmente sucedió. Snopek tiene la particularidad de no tener un gobernador propio, pero estuvo en negociaciones con los salteños; aunque finalmente no llegaron a buen puerto y se mantiene dentro del bloque UP.

Sí prosperaron las negociaciones de los salteños con los de otras provincias, aunque no atrajeron otros diputados de UP. Solo los tres salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz: Pamela Calleti, consultora jurídica del mandatario provincial, quien se desempeñó como ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia y Fiscal de Estado de la provincia de Salta durante varios años de la gobernación de Juan Manuel UrtubeyPablo Ismael Outesactual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno de Gustavo Sáenz, y Yolanda Vega (Salta), ex intendenta de Cerrillos, parte del partido “Salta Nos Une”, aliado del gobernador.

Esos diputados armaron Innovación Federal, espacio que sumó a representantes de partidos provinciales como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia (4), un rionegrino y un neuquino.

La más reciente ya fue noticia en nuestra última edición y fue encabezada por el gobernador de Tucumán. 

En el bloque UP quedaron los diputados Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (hombre del riñón del actual senador nacional, y dirigente de La Bancaria).

En tanto, Senadores vivió la ruptura antes del cambio de Gobierno y fue a partir de la salida del bloque oficialista de los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Ernesto Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis), que armaron un nuevo bloque junto a la cordobesa Alejandra Vigo, y que hoy subsiste, reducido a tres, con Kueider, Espínola y Vigo.

 

  

Movimiento de cartelización en las Prepagas se analiza en el Legislativo   

 Referentes de la Coalición Cívica impulsan una denuncia para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas; el legislador por la CABA de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes analizó la situación de las prepagas.

Sostuvo que las entidades prepagas tenían atraso en los precios, bastante probable porque el horizonte de aumentos durante el precio regulado fue pensado para contener la inflación que se disparó. Buena parte de esa asfixia terminó cayendo sobre sanatorios y profesionales de la salud. Ellos no solamente no vieron actualizaciones a la par, sino que reciben pagos de entre 90 y 180 días.

El sistema está roto. Ahora hay que ver cuál es la mejor salida porque abandonar a las personas no es el camino. Son personas, no números. Son todo tipo de familias, pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, con operaciones pendientes y nuestros jubilados.

El sistema estaba mal, no quedan dudas. La regulación recaía sobre sanatorios y profesionales, pero la desregulación sin más abandona a las personas y, dudo, beneficie realmente a los sanatorios y profesionales.

Nosotros pedimos que se analice el mercado y se proponga una regulación lógica, que cuide a las personas, sin volver al régimen de precios regulados.

El cartel tiene que terminar. Si vamos a un sistema de libre mercado, entonces hay que cumplir con las reglas de competencia.

Eso es el piso, si no, estamos en el peor de los mundos. El problema de la Argentina es el corporativismo, si es regulado por el Estado o desregulado, pero con carteles coordinados por las cámaras empresariales, el problema sigue. La competencia es la nota que permite evitar el abuso, tanto para los usuarios como de los proveedores.

La UAS deberá presentarse en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Deben explicar y cambiar su forma de operar. No pueden fijar precios, tampoco pueden fijar bandas de aumentos ni coordinar la política de las empresas con los proveedores de salud. Es bastante simple lo que tienen que hacer.

El ajuste cae sobre todos e impacta mucho entre vulnerables y la clase media.

Estoy preocupado, por la situación de las prepagas, por las jubilaciones que quieren que estén a tiro de decreto, por los alquileres que no bajan, y un crecimiento sostenido de las crisis de salud mental, sea con adicciones o padecimientos agudos.  

Veo a una Argentina rota, que necesita una salida.

La tesis del Gobierno necesita ser traducido a que la inflación baja como consecuencia de la recesión de la economía. Sí, esa regla debería suceder, pero ¿a qué costo?. Para eso hay que ser más pragmático y menos dogmático. Probar lo que nunca se hizo, cumplir con la ley. Dar certezas de seguridad jurídica y atender las necesidades con marcos de regulación razonables. La desregulación como tal no existe, es una fantasía o un discurso.

Lo que hay es el cambio de una regulación a otra que se apalanca más en la oferta y la demanda. Está bien eso, podemos coincidir ahí, pero tenés que entender cada mercado para conocer su dinámica y ver dónde están las restricciones. El presidente en Davos decía que las fallas del mercado no existen. Con esa filosofía, claro que no va a entender el problema que tienen los pacientes crónicos o los jubilados cuando el sistema no les permite elegir con libertad su plan de salud. Pagar cuatro, cinco o seis veces un plan normal, no es una opción real. No verlo es de necio. Hay algo que atender. Lo mismo con los alquileres, no es tolerable que los inquilinos puedan ser expulsados sin más de un mes al otro sin incumplimientos.

Cuando los modelos fallan, no hay que enojarse con la realidad, sino cambiar el modelo.

Al cierre de este despacho habían ingresado a Tribunales dos reclamos al respecto.

  

 Avatares en la semana  

 

Osvaldo Jaldo rompió con UP. El gobernador tucumano decidió formalizar la ruptura tras apoyar la Ley Ómnibus. El flamante bloque se llamará “Independencia” y lo presidirá el diputado Agustín Fernández.

 

 

 

 

Piden sesión especial en Senadores. Juliana di Tullio, UP, sostuvo que el propósito es rechazar Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno. El pedido incluye a José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Sergio Leavy (Salta) y Juan Manzur (Tucumán). La Ley 26.122, que regula el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, establece la obligación de someter el DNU a discusión en ambas cámaras una vez vencidos los plazos estipulados.

Unión por la Patria, constituido (33 senadores), es primera minoría de la Cámara alta y requiere 4 senadores más para que pueda realizar la sesión.

 

 Caída de ventas. La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), nuclea 250 Cámaras Empresarias Bonaerenses, informó que durante enero las ventas en los comercios minoristas cayeron un 20% y se comprometieron a colaborar con medidas para revertir la situación.  “Estamos abiertos al diálogo para acompañar decisiones que estimulen la actividad de los sectores productivos y la generación del empleo”, enfatizó el presidente la entidad, Camilo Alberto Kahale.

 

 

 Ventas en supermercados. El INDEC precisó que las ventas en los supermercados disminuyeron en noviembre de 2023 un 1,7% con relación al mismo mes del año pasado, mientras que las ventas en los autoservicios mayoristas tuvieron un incremento del 6,5%.

 

 

Escrituras en diciembre. El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se realizaron 4.560 escrituras por un monto total de $233.571 millones. Confirmó así una suba del 7,2% respecto de diciembre 2022 y un aumento del 12,1% respecto a noviembre 2023.

El monto de las operaciones creció un 214,7% y trepó 76,8% respecto a noviembre 2023

 

  

Economistas sin respaldo en sanidad. Los profesionales en Ciencias Económicas también cayeron.

En materia de salud estaban cubiertos por Simeco, entidad dependiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la privada de salud Swiss Medical Group.

Ambas entidades levantaron polvareda dado el ajuste tarifario anunciado y efectivizado.

Se sumaron desafortunadas declaraciones del presidente de SMG, el polémico Claudio Belocopit, al anunciar una suerte de cartelización.  

Los profesionales de la economía reciben y seguirán recibiendo “ajustes” que superan casi el 70 por ciento de lo pagado en diciembre pasado. Se suma también una estrategia montada por ambas empresas, en pos de intentar desprenderse de la mayor cantidad de usuarios posible.  

En medio de ello, las entidades reguladoras no aciertan aplicar con algún “remedio” para que los miles de asociados no vean peligrar la continuidad de la asistencia médica.

 

 

 Reforma Laboral. La Cámara Nacional del Trabajo avaló el planteo de la CGT y declaró como inconstitucional la reforma laboral que establecía el DNU del presidente Javier Milei.