EDICIÓN 1205
Trámite Legislativo
Se trató en la Bicameral el DNU 70/23
La Libertad Avanza planteó una
agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes, avalada por
otros espacios federales, de analizar más de un centenar de decretos que
quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina nada desde noviembre de 2021.
Sin el acompañamiento de UP,
votaron a favor de que a partir del próximo martes asistan el jefe de
Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo;
el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando
Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando
Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar
Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la
ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en
funciones-.
Los
representantes de Unión por la Patria reiteraron que los plazos para tratar y
dictaminar el DNU están vencidos, por lo que reclamaron el debate en el recinto
de alguna de las cámaras. Además, apuntaron contra la titular del
Senado, Victoria Villarruel, por no dar respuesta al pedido de sesión
especial presentada por varios senadores.
Contrariamente
el diputado Massot cuestionó que los últimos gobiernos “hicieron uso y abuso de
los DNU”, y adelantó: “Vamos a impulsar en el corto plazo el tratamiento de los
proyectos – presentados por todos los bloques en ambas cámaras-, para modificar
la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Ejecutivo. Si la necesidad y
urgencia va a ser normalidad y no va a ser algo extraordinario, entonces es
absolutamente disparatado que esta comisión ante DNU que van a ser sustitución
de leyes, que es la intencionalidad política del Gobierno, no pueda versar
sobre el contenido de forma parcial”, planteó y sugirió que también habría que
modificar “esta locura de que el DNU valga con aprobación de una sola cámara y
una ley requiera las dos”.
Massot
le enrostró a UP que en la sesión preparatoria ellos se opusieron a la forma de
distribuir las comisiones: “Tendrán que explicarlo el kirchnerismo, el Pro y
LLA que hicieron un pacto que evidentemente tuvieron un problema en hacerlo
cumplir. No podemos seguir discutiendo lo que pasó y decir si es o no válida la
comisión, es inminente el tratamiento del DNU en los plenos”.
Desde
el oficialismo, Lisandro Almirón (LLA – Corrientes) contestó a UP: “Es
difícil esquivarle a la inseguridad jurídica, pero pareciera que lo que estaba
antes era seguridad jurídica. Con esos decretos hubo uno que nos dejó
encerrados en casa y me acordé de las fiestas en Olivos”.
El
libertario correntino aseveró: “El país de hace tres meses venía con una
acelerada inflación y no tuvieron la misma visión de la necesidad y urgencia y
ahí no había seguridad jurídica, pero unos pocos privilegiados hacían la
vaquita para comprar hoteles en España”.
En esa línea, señaló que “pasamos de 20 a 9 ministerios y ha habido un achicamiento importante del Estado”. Reiteró que “pedimos el tratamiento de necesidad y urgencia, y se está tratando y debatiendo”. Por último, enfatizó que “acompañamos como bloque la convocatoria de los funcionarios que quieran venir a dar explicación, pero en memoria de aquellos irresponsables que no han venido en el pasado”.
Propuesta presidencial: 10
puntos que aseguren la gobernabilidad
Párrafo
aparte merece destacarse por sus gruesos errores, la transmisión televisiva.
Transcurrió en forma monótona y faltaron escenas de los legisladores
participantes y sus reacciones ante aspectos del discurso. Si las hubo de
sectores de invitados y las barras.
Sobre el final del mensaje, el presidente Javier Milei formuló una invitación. Convocó, tanto a gobernadores como expresidentes de los principales partidos políticos, para “que depongamos los intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.
“Hoy, en la primera apertura de sesiones
de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como
expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que depongamos
nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la
provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado pacto de
mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden
económico argentino.
“De esta manera, espero que podamos
dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y
volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a
abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo
tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para
abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la
prosperidad.
Esas 10 políticas de Estado son:
1.- inviolabilidad de la propiedad
privada;
2.- equilibrio fiscal innegociable;
3.- reducción del gasto público a
niveles históricos en torno al 25% del PIB;
4.- una reforma tributaria que reduzca
la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el
comercio;
5.-rediscutir la coparticipación Federal
de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual;
6.- compromiso de las provincias de
avanzar en la explotación de los recursos naturales del país;
7.- reforma laboral moderna que promueva
el trabajo formal;
8.-reforma previsional que le dé
sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a
quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación;
9.- reforma política estructural que
modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los
representantes y los representados;
10.- apertura de comercio internacional
de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.
Respecto de la propuesta
presidencial
los senadores, en un comunicado de UP, consideraron que se trata de un acuerdo a libro cerrado para legalizar lo
inaceptable.
Generan show con peleas e
insultos, para evitar discutir lo único importante: se vive peor por su
política económica. Impiden que el Congreso funcione, imponen decretos absurdos
y dan vía libre para que la verdadera casta se beneficie, agrega el comunicado.
Los senadores de Unión por la
Patria piden a sus gobernadores que tengan “mucha fuerza, convicción y firmeza
para defender los intereses de nuestra patria porque está en grave peligro”.
Concluyen con una cita
de Perón: “Queremos ayudar a sacar el país adelante, por eso el Gobierno
tiene que dejar de lado la soberbia y aceptar que necesita que lo ayuden.
Esto lo arreglamos entre
todos, o no lo arregla nadie”.
Desde
la vereda radical, el presidente
del bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo
de Loredo celebró como “una gran noticia” el impulso de un pacto con
los gobernadores para avanzar en “reformas que den previsibilidad en el tiempo,
reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las
reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria”, destacó
el diputado cordobés.
“Como sugerencia, no puede
haber un pacto constitutivo de un proceso de cambios en la Argentina si no
involucra la educación. Sería fundamental incorporarlo ya que también es de
naturaleza estructural de los problemas argentinos”, estimó De Loredo.
Inician investigación en ANSES por la tramitación de
seguros. Suspenden préstamos para usuarios en relación de dependencia
Anses maneja el presupuesto más voluminoso
del Estado y tiene a su cargo asistir de manera directa a millones de
argentinos, no sólo por los pagos a la clase pasiva, sino también por el pago
de asignaciones familiares y múltiples beneficios sociales a ocupados formales
y desocupados.
En otro orden, la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que sigue suspendida la entrega de
préstamos a jubilados y trabajadores en relación de dependencia.
Si bien no se trata de una resolución
definitiva, por el momento no se pueden solicitar.
El
caso revista acciones varias, así como también actores diversos; algunos de
raíz política y de repercusión diversa.
Los
primeros datos radican la temática para seguros contratados.
El
que empezó a descubrir el polémico tema habría sido Osvaldo Giordano, un
funcionario que, en origen, puso Milei en la Anses, llegado de la mano del ex
gobernador Schiaretti y luego se le pidió la renuncia port diferencias
políticas.
Es dinero que el
Estado paga por seguros y ART a ciertos productores de seguros bien conectados.
Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anticipó que
seguirá la revisión en los organismos judiciales.
El
accionar habría comenzado en diciembre de 2001, por orden del entonces
presidente Alberto Fernández, quien dispuso que todos los seguros estatales
debían ser tramitados en Nación Seguros, resolución a la que Giordano dispuso
cancelar.
El
dirigente cordobés, ordenó dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones
de pesos con Nación Seguros, un esquema que habilitaba la intervención de
intermediarios.
Lisandro
Cleri, hombre de Massa en la Anses, lo puso en práctica con Alberto Pagliano,
hombre del presidente Fernández en Nación Seguros.
A
este último lo acompañan Héctor Soria Martínez y Gustavo García Argibay, quienes distribuyen
los negocios entre productores y compañías amigas.
Tras completar la tarea, salieron a la luz una malversación que supera los $
20.000 millones anuales. La cifra corresponde a lo que Anses pagó al Nación anualmente
para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les otorga créditos.
Por gestión de
Massa, se habrían ampliado los préstamos en el plan platita de su luego
frustrada carrera electoral: hasta $ 600.000 a una tasa anual del 29%, el
tercio de lo que cobraba el mercado y en 24, 36 o 48 cuotas.
Surgieron, previo
a las elecciones, centenares de miles de créditos con la excusa de promover el
consumo.
Pero el contrato de la Anses con el Nación trajo más sorpresas.
Había que incorporar
intermediarios privados, entontes Nación subcontrató otras aseguradoras y, como
puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres
veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales.
La búsqueda que, según algunas fuentes le adjudican
al después despedido Osvaldo Giordano,
volteó el contrato con el Nación por “innecesario”.
Lobbystas
de todos los colores salieron a operar para reconquistar el espacio perdido.
Hasta ahora, el negocio con los seguros parece abortado toda vez que se habría cortado la línea operatoria que incluye nombres grosos.
Tramitación en Tribunales
El
gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó para
tomar vista de la causa judicial que investigará la contratación efectuada durante
el gobierno de Alberto Fernández.
Al
margen de esa formalidad, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro
Melik, ya trabaja en una segunda presentación para pedir ser querellante
en la causa.
El
juez federal Julián Ercolini recibió por sorteo la denuncia y giró el caso
a la fiscalía 6 a cargo de Ramiro González quien impulsó la investigación y
solicitó una serie de medidas de prueba, también pidió información a la
Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación
Seguros.
La
causa comenzó por denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el ex
presidente Alberto Fernández y el ex titular de Nación Seguros, Alberto
Pagliano, a quienes acusó por los delitos de violación a los deberes de
funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
En Nación Seguros
estuvo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia,
un amigo de su juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en
ese sector, pero del lado del Estado.
Es un pasado común que
también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para
ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.
A
su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una
comisión tres veces mayor a la del mercado donde aparece como
intermediario Pablo Torres García, empresario y bróker financiero.
Se
agrega al
grupo, Héctor Martínez Sosa, casado con María Cantero, ex secretaria de
Alberto Fernández, y santificó “yo lo dudo, pero no puedo
garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Sobre el mencionado se pudo
verificar en los registros de ingresos de la quinta presidencial, que el
mencionado Martínez Sosa y otras personas acudieron a varias
reuniones en ese ámbito.
Iniciativas presidenciales al Legislativo
Seguidamente se detallan las propuestas que serían impulsadas por el
primer mandatario al cuerpo legislativo; serían las siguientes, algunas de las
cuales se esperaría formen parte de la rediviva ley de Bases:
- Ley de Bases y
Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
- Ampliación del
marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber.
- Cierre del INADI y
la agencia noticiosa Télam.
- Modernización de
la legislación laboral.
- Eliminación de las
jubilaciones de privilegio para presidente y vice.
- Elección de
autoridades sindicales a través de elecciones periódicas, libres y
supervisadas por la Justicia Electoral.
- Convenios
colectivos especiales en el seno de empresas o grupos de empresas.
- Ficha limpia.
- Reducción de la
cantidad de contratos de asesores legislativos.
- Descuento de la
jornada laboral a trabajadores estatales que paren.
- Financiamiento de
los partidos políticos.
- Sanción penal a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
- Modificación de regulaciones.
- Pacto fiscal con las provincias.
Pedidos del Legislativo al Ejecutivo
Ø TETAZ, MARTIN ALBERTO: INFORMES VERBALES AL LIC. DANIEL TILLARD Y AL SR. ALFONSO TORRES PRESIDENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y DE NACIÓN SEGUROS, RESPECTIVAMENTE, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUROS Y SU CARTERA
Ø AGUIRRE, MANUEL IGNACIO: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) CON LA EMPRESA NACIÓN SEGUROS S.A
Escrituras en CABA. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron 1.882 escrituras por un monto total de $143.030 millones. Sr registró una suba de 1,8% respecto de enero 2023, pero bajó 58,7% respecto del mes pasado. El monto de las operaciones creció 244,4% respecto a hace un año y mermó 38,7% respecto a diciembre 2023
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