EDICIÓN 1072
Sesión en la Cámara de Senadores
Dos sesiones: homenaje a Diego Maradona.
Otra incluye la reforma del Ministerio
Público Fiscal y
de la Defensa
Con el país conmocionado por la imprevista partida de Diego Armando Maradona, todo cambió en el ámbito oficial.
El escenario más importante del país, la Casa Rosada, fue el lugar
ofrecido para realizar el velatorio de sus restos; desde allí el Presidente de
la Nación declaró duelo por tres días, con el pabellón nacional a media asta.
En nuestra Capital Federal, más de 200 días después de haber vivido bajo
un régimen de cuarentena continuada y posteriormente el de Distanciamiento y
Aislamiento Social por Pandemia, lejos, muy lejos de acatar disposición alguna,
se armó un protocolo -a la argentina- que permitió toda clase de violaciones y que
esperamos no tenga consecuencia sanitarias; incluyeron la invasión de barras
bravas a la Casa Rosada –la caída de un busto presidencial, destrozos en el Patio
de las Palmeras- y la consecuente puesta en alerta de las autoridades que
tienen a su cargo la seguridad de la figura presidencial debido a la invasión
de áreas que soportaron acciones de los
antisociales.
Sin embargo, a pesar del difícil momento vivido, algunas cosas no cambiaron;
al contrario, fueron aprovechadas. A media tarde del jueves, el Ministerio de
Seguridad, desde un tuitter, “deslinda de responsabilidad a las fuerzas
policiales y seguridad federales de los incidentes registrados, debido a que
los mismos fueron generados por la policía de la CABA”.
También se pudo conocer la designación de un polémico juez de Dolores
para ocupar la titularidad del Juzgado Electoral de La Plata.
Hasta los propios familiares del difunto, se sintieron encerrados por el
homenaje popular y en el final fueron culpados por el desorden que imponían los
organizadores oficiales.
A punto tal que el Presidente, ante los incidentes, declaró que “si no
organizábamos el velorio hubiera sido peor”.
Hemos sumado otra experiencia histórica.
Volviendo a nuestra tarea parlamentaria, la Cámara de Senadores tenía un programa que quedó alterado. La tercera sesión ordinaria donde estaba programado la autorización sobre endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto y su injerencia en el acuerdo con el FMI quedó desplazada. Su tratamiento pasó para el lunes próximo–que se informa más abajo-, y quedó transformada en una jornada parlamentaria de exclusivo homenaje al futbolista.
El duelo continuó hasta el viernes; sin embargo, allí si tuvo lugar el tratamiento de la reforma de la ley de Ministerio Público.
A las 14 del jueves pasado, Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión, con la presencia de 58 senadores.
Inmediatamente comenzaron las palabras de homenaje y también el traspaso
de la presidencia a la presidenta nata Claudia Ledesma Abdala de Zamora que
continúa hasta la finalización de la sesión de homenaje, mientras la
vicepresidenta se dirigía a la Casa Rosada para presentar su saludo a los
deudos (la ex esposa se abrazó con CFK, mientras que sus hijas no aceptaron el
gesto).
Doce oradores de todos los bloques políticos completaron el tributo al
jugador que descolló en su trayectoria nacional e internacional.
Concluidas las expresiones de los representantes de cada bloque, se
propuso un cuarto intermedio hasta el lunes 30 a las 14 donde se tratarán los
temas previamente agendados.
Si bien el duelo continuaba hasta el
viernes, a las 14.21 del viernes pasado, en Sesión Pública Especial número 20,
con la presencia de 67 legisladores se inició la sesión que incluyó la
consideración del tema central: la modificación del Ministerio Público Fiscal
que se detalla seguidamente.
También se incluyeron otros proyectos de
ley tales como designación a la ciudad de Avellaneda como capital nacional del
fútbol; transferencias de inmuebles a diversas provincias, ley de bibliotecas
populares y otros, así como también buena cantidad de proyectos de resolución y
comunicación.
El primer tema abordado fue la
ratificación del sistema remoto para la realización de sesiones y comisiones en
tiempos de pandemia en razón del Covid-19 hasta el 1 de marzo próximo.
Expusieron sobre el tema los senadores Juan
Mario Pais, Chubut, FdT y Luis Naidenoff, Cambiemos, Formosa.
Sometido a votación el resultado es 41
votos afirmativos, 26 votos negativos, 0 abstenciones.
Orden del Día 549/20. Dictamen
en distintos proyectos de ley por los que se modifican las leyes del Ministerio
Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. (S-484, 485, 3535/19 y S-
2777/20).
Modificación de las leyes 27.148 y 27.149
del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El
Procurador designado durará cinco años en el cargo y podrá ser elegido
nuevamente por un solo período. Sólo puede ser removido por mal desempeño, crímenes
comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.
Las funciones y atribuciones del
Procurador General de la Nación son, entre otras diseñar y fijar la política
general del Ministerio Público Fiscal de la Nación y, en particular, la
política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción
penal pública. Elaborar y poner en ejecución los reglamentos necesarios para la
organización de las diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
Nación y celebrar los contratos que se requieran para su funcionamiento, a
través de los órganos de administración. Establecer la conformación, fijar la
sede y el ámbito territorial de actuación de las fiscalías de distrito.
Disponer la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del
Ministerio Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o
fenómeno delictivo lo hagan aconsejable. Los miembros del equipo de trabajo
podrán ser de igual o diferente jerarquía y pertenecer a una misma o distinta
fiscalía de distrito. Disponer la actuación de los/as fiscales generales
necesarios para cumplir las funciones del Ministerio Público Fiscal de la
Nación ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de
Casación Penal, según los criterios de selección, el plazo y la organización
que establezca la reglamentación respectiva.
Dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del
Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Ministerio Público que tendrá mayor poder con la
nueva ley.
Podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a
30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de
magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales
será su presidente.
El procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en
sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para
presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
La norma establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas;
prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los
servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del
procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados y de dos tercios en el Senado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados
El debate
Extraemos a continuación párrafos de las exposiciones de los expositores
durante el tratamiento de la reforma del Ministerio Público.
Oscar Parrilli, FdT, Neuquén, en su calidad de miembro informante
expone: “En primer lugar, quiero mencionar que el
despacho del Orden del Día 549/20 va a sufrir una serie de modificaciones –ese
dictamen–, con un texto que ya obra en poder de la Secretaría Parlamentaria y
que, además, también, ha sido remitido a los distintos bloques, incluyendo, obviamente,
al bloque opositor. Lo segundo que quiero mencionar es que estamos, obviamente,
en tratamiento de la ley que rige el funcionamiento, la composición y todo el
mecanismo de designación, atribuciones, funciones y demás de lo que en el
artículo 120 de la Constitución Nacional, como sección IV, se enuncia lo que es
el Ministerio Público, que es una creación constitucional de la Constitución de
1994. En el artículo 120, precisamente, se establece el Ministerio Público como
un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las
demás autoridades de la República. Estará integrado por un procurador general
de la Nación y un defensor general de la Nación, y los demás miembros que la
ley establezca. Sus miembros –dice– gozan de inmunidades funcionales e
intangibilidad de sus remuneraciones.
“…quiero hacer una historia de esto, porque
pareciera –y, también, han instalado un poco– como que hay un sector del
gobierno o del oficialismo que tiene una actitud especial hacia determinada
persona, hacia determinado procurador y que, entonces, toda esta ley tiene,
prácticamente, – dicen– nombre y apellido. Por lo tanto, quiero demostrar que
esto, efectivamente, no tiene nada que ver, no es así. Y, si nos dejamos llevar
por esto, resulta evidente que nos vamos a estar equivocando, nuevamente. Por
eso, decía que vamos a hacer un poquito de historia.
“…Casal, también protegió a Stornelli
–otro fiscal–, que estaba citado por un juez, durante ocho meses, para una
declaración indagatoria, y no fue. Se burló de la Justicia este fiscal. Así fue
como pasó todo el año 2018 y pasó todo el 2019. Asume el nuevo gobierno en
diciembre del 2019. A los pocos meses envía una propuesta de un procurador y la
oposición dice: “Ni locos lo vamos a votar. Este procurador no va”
Laura Rodriguez Machado, Cambiemos, Córdoba. “…El
objetivo de este instrumento que pretenden aprobar hoy es lograr la impunidad a
través de la decisión política de poner a los fiscales de la Argentina de
rodillas. ¿Por qué digo esto? Porque voy a leer cómo es el articulado de esta
ley de una manera muy simple, no técnica, no para los abogados, sino para que
la gente nos entienda. Es parte de esta decisión política, desde que llegó este
gobierno, de realizar un embate sobre la Justicia. De los creadores de “La
reforma judicial” y el “Festival de cargos”, siguieron las presentaciones:
“¿Cómo los saco a Bruglia, Bertuzzi y Castelli de los pelos de sus fiscalías y
de sus cargos?” La cuestión es que todavía están, gracias a la definición de la
Corte. Y continúa ahora el tráiler de “Poner a los fiscales de la Argentina de
rodillas”.
“… Pero vamos a seguir avanzando en cómo es esta historia de poner de
rodilla a los fiscales de la Argentina. El juicio de remoción de los fiscales,
que es disciplinar a los fiscales. Fíjense que vuelven a cambiar la modalidad
de cómo avanzar con este juicio. Queda el mismo el número, pero cambia la
conformación interna. Entonces, antes habían puesto una determinada
conformación que hoy a las 9 y media de la mañana se cambia. ¿Qué pasa? Dice
que el Tribunal de Enjuiciamiento puede actuar incompleto. Es decir, analizando
el tema, si cualquier persona que sea juzgada empieza un procedimiento y el
tribunal no está completo, los dos tercios que Parrilli dice que se necesitan
para sacar a un fiscal, con la sola ausencia de uno se logran los dos tercios,
que es igual a la mayoría simple que habían puesto antes. Sabemos sumar. Nos
damos cuenta cuando nos hacen trampa en las leyes. No están poniendo los dos
tercios. Están poniendo los dos tercios y le agregan: “Bueno… pero de un
tribunal que puede no estar completo”, con lo cual se transforma en mayoría
simple. De vuelta: pueden sacar a los fiscales como se les ocurre. Porque esa
mayoría o esa integración resulta que saca a otros miembros, ¿y a quién ponen?
A tres miembros de la Bicameral que dirige Martín Doñate. Nuevamente, ustedes
me dirán “Uno por la minoría”. Sí, pero dos por la mayoría. Y ya tienen mayoría
para pretender lo que es el objetivo: hacer arrodillar a los fiscales. Por
supuesto que este es un mensaje para Stornelli. Hace rato que quieren bajar la
causa “Cuadernos”, que es la que más preocupa a la expresidenta de la
Argentina; y por eso Stornelli es como un grano en todo esto y avanzan. Porque
van a sacar a Casal; lo van a condicionar a Rafecas; van a apurar a los
fiscales con este tribunal de enjuiciamiento –que es un verso, porque tienen de
entrada una mayoría con la que pueden corregir a cualquiera–; y después van a
avanzar sobre Stornelli. Pero está claro –es como el tráiler de una película lo
que yo les estoy contando– que esto va a pasar. Porque ya les dije cuando se
habló de reforma judicial: van a ir por los dos tercios; si lo dice la Comisión
Beraldi y si no lo dice, también. La Comisión Beraldi no estuvo tan
mayoritariamente a favor de sacar los dos tercios y, sin embargo, avanzaron
igual. Porque parece que la Comisión Beraldi no les funcionó mucho, porque
cinco sobre once se manifestaron en contra de sacar los dos tercios. Como
anticipé que eso iba a pasar y hoy estamos en esto –no soy vidente;
simplemente, uno se da cuenta fácil de las trampas de las normas–, eso es lo que
va a pasar a continuación. Pero además otra cosa. ¿Cómo van a nombrar a los
nuevos fiscales? ¿Qué picardía han hecho con el tribunal de concursos en esta
nueva ley o proyecto de ley que pretenden aprobar? De vuelta: modifican la
Constitución, ponen gente de la Bicameral… ¡Ah! Y ponen dos juristas, que se
van a designar: uno, por sorteo, no sabemos de qué listado –no sabemos de qué
listado van a aparecer esos juristas–; y un jurista invitado, que tampoco
sabemos cómo; lo va a decir la reglamentación. Es decir, capaz que es del
listado de Justicia Legitima. La verdad es que no sabemos. Lo que sí les
decimos a los fiscales independientes es que tengan la certeza de que acá
tienen un bloque de senadores que va a velar por la independencia del
Ministerio Público Fiscal.
Julio Cobos, UCR, Mendoza. “…La Bicameral tiene funciones de control y de
seguimiento, señor presidente. Es un espacio donde se rinden cuentas, donde se
informa, donde se ven auditorías, donde se reciben reclamos, pero nunca –nunca–
debe ser tomada como un órgano de cogobierno. Eso es lo que ustedes nos están
proponiendo, lisa y llanamente, en este proyecto que traen a consideración.
“En este dictamen, a pesar de que han
sacado algunas cosas de último momento, vemos que modifican el Tribunal de Enjuiciamiento.
Antes, también, el Tribunal de Concursos. Vemos que antes pretendían que se
aprobaran los traslados; esta mañana, por lo visto, lo han sacado. Han dejado
también cómo elegir el procurador interino. Han dejado las dos cosas clave, las
dos que más les interesaban.
María de los Ángeles Sacnun, FdT, Santa Fe. “…quiero reivindicar las facultades legislativas,
las facultades de este Congreso de la Nación en cuanto a la modificación de las
leyes. Porque la verdad es que el artículo 120 de la Constitución Nacional es
clarísimo. Hay cuestiones que han sido expresamente delegadas al Congreso de la
Nación Argentina, las mayorías requeridas, por ejemplo. En el resto de los
institutos de la Constitución Nacional, cuando se requiere una mayoría de dos
tercios, que, por supuesto, se constituyen cuando están insertos en la
Constitución Nacional, en una cláusula pétrea, solamente modificable por una
nueva convención constituyente, es expreso. En este caso, en ninguna parte de
este artículo se plantean los dos tercios para la designación.
“…están haciendo circular un documento para que
la sociedad lo acompañe. Es un documento que plantea la necesidad de un
Ministerio Público acorde a la Constitución Nacional. Esto demuestra que,
evidentemente, no tenemos hoy un Ministerio Público acorde a la Constitución
Nacional. No solamente por el interinato de Casal, cuyo acuerdo no fue votado
por este Senado de la Nación para que siga estando indefinidamente en esta
suerte de banalización institucional del Ministerio Público.
Martín Lousteau, JxC, CABA. “…Hubo un enorme apoyo –y subrayado– a la importancia
que tiene el apoyo amplio del sector político y la autonomía. ¿Por qué? Entre
otras cosas, porque tiene que trabajar y cooperar con las justicias
provinciales. En el caso de que además tengan un límite temporal, pero que
exceda un mandato presidencial, tendrán que trabajar, probablemente, con
gobiernos de otro signo. Becerra dijo, inclusive, que para declarar
inconstitucional la obediencia debida y el punto final se sintió muy respaldado
por esos dos tercios. No nos importó. Hubo otro expositor que dijo que el
proyecto del senador Weretilneck tenía algunas falencias –que fueron
incorporadas en este– que iban a aumentar el lawfare. Porque lo que están
haciendo es poniendo a disposición del Poder Ejecutivo más control sobre el
Ministerio Público Fiscal. Entonces, ya sea para lawfare positivo –ir a acusar
al que no acuerda conmigo– o negativo –no acusar a los acuerdan conmigo–, ahí
estamos generando más espacio para algo que nos la pasamos denunciando. Todos
dijeron que era absolutamente imprescindible evitar la intromisión del Poder
Ejecutivo, del poder político. Y eso está en el espíritu constitucional: está
en el 120, que dice que la institución que estamos tratando hoy tiene que
actuar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad,
no del oficialismo transitorio.
Pedro Braillard Poccard, Alianza Encuentro, Corrientes. “…Realmente, modificar el número requerido para la designación de los integrantes del Ministerio Público creo que es forzar una decisión política que requiere de un acuerdo mayoritario. Me puse a mirar un poquito cómo fue aprobada esta ley. Y digamos, de paso, la ley que reglamentó la figura del Ministerio Público. Y digamos, dicho sea de paso, que muchos de los que fueron legisladores y votaron esta ley habían sido también constituyentes. Senadores muy importantes como, por ejemplo, el exsenador Eduardo Menem. Entonces, ¿por qué traigo a colación este dato? Porque también alguien dijo: si los constituyentes hubiesen querido establecer los dos tercios, lo hubiesen puesto expresamente, como existe este requerimiento para otras instituciones, para otros institutos. Realmente, lo que pienso es que siendo muchos los mismos protagonistas, lo hubiesen dicho en ocasión de tratar esta ley en el Congreso. Y no fue así: la ley salió por unanimidad. Ustedes se acordarán de que fue un largo proceso ir reglamentando cada una de las instituciones que se crearon con la reforma del 94. Como dijo el senador Martínez, muchas figuras de origen europeo que se incorporaron a nuestra Constitución, que en su base está inspirada en la de Estados Unidos – me refiero a la original de 1853 y su reforma de1860–. Entonces, en esa reglamentación que se fue dando a través de diferentes leyes, sin duda se buscó que salieran con todo el acuerdo posible. Por eso esta ley salió por unanimidad. Porque estaba reglamentando lo que establece el artículo 120, y que, como dijo la mayoría de los autores, vino a cubrir un claro que había en nuestra legislación y con rango constitucional. Al que le da, perfectamente, un diseño fundamental de lo que debe ser, y sobre todo de las características que debe reunir esa independencia y esa autarquía. El debate vino después cuando algunos decían si era un cuarto poder o un extrapoder, pero, en ambos casos, la independencia constituía el tema fundamental, y por eso el requerimiento.
Anabel Fernández Sagasti, FdT, Mendoza[OV1] . “…No voy a volver a decir todo lo que ha
pasado desde el 2017 a la fecha en la Procuración General de la Nación y las
grandes irregularidades que hubo y que hay en la Procuración General de la
Nación, porque creo que son públicamente conocidas. Yo me sentaba en esa banca
–usted, secretario, era presidente de nuestro bloque– y nos pasábamos horas
haciendo cuestiones de privilegio para que el fiscal Stornelli se digne a ir a
declarar a Dolores por diferentes delitos. Eso sucedió en un interinato de un
procurador que hoy sigue en su cargo. Y que más allá de todas las
irregularidades que han dicho todos los que me procedieron en la palabra –y que
está tratando la Bicameral, que tiene que controlar y monitorear al Ministerio
Público Fiscal–, de hecho sigue sucediendo. Es una situación de una institución
tan importante como la Procuración General de la Nación que nosotros debemos
resolver, que el Congreso de la Nación debe resolver.
“… Yo creo
que hay muchas coincidencias entre lo que presentó la oposición y lo que
nosotros hemos presentado. No creo que haya problemas con que la Procuración
tenga que venir a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores una vez al
año a explicarnos lo que hicieron, porque no hay forma de transformar a la
Justicia, de hacerla más cercana a la gente, de garantizar básicamente el
acceso a la Justicia, si nosotros no le sumamos control popular; y el control
popular puede ser directo o indirecto.
; y es lo que humildemente intentamos
hacer. Yo creo que hay muchas coincidencias entre lo que presentó la oposición
y lo que nosotros hemos presentado. No creo que haya problemas con que la
Procuración tenga que venir a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores
una vez al año a explicarnos lo que hicieron, porque no hay forma de
transformar a la Justicia, de hacerla más cercana a la gente, de garantizar básicamente
el acceso a la Justicia, si nosotros no le sumamos control popular; y el
control popular puede ser directo o indirecto.
Alberto Weretilneck, Rio Negro. “…Acepto a
regañadientes, lo voy a decir, las modificaciones que ha planteado el Frente de
Todos. Creo que han ablandado –ablandado– el espíritu del proyecto, porque
volver a instaurar –y lo digo claramente– las dos terceras partes para la
destitución de un integrante del Ministerio Público Fiscal y del procurador es
ablandar el proyecto. El Ministerio Público Fiscal lo que necesita es más
control. El Ministerio Público lo que necesita es más verificación por parte
del Congreso, de los abogados y de todos aquellos que puedan. Y creo que al
volver a incorporar las dos terceras partes, mi proyecto –al menos– pierde gran
parte del espíritu que tuvo. Pero, bueno, creo que es mejor que lo que tenemos;
claramente es mejor que lo que tenemos
“…no se puede pensar de una manera cuando uno gobierna y de otra manera cuando es oposición. Creo que hay que tratar de ser coherentes. Porque nuestra historia de lo que firmamos, de lo que decimos, de lo que planteamos, está escrita. Como dice el dicho. No es que sea buena o mala la historia; no es que me guste más o menos; el problema de la historia es que no tiene remedio; y está. Entonces, a quienes hoy por la tarde han de alguna manera agraviado el proyecto y le han dado connotaciones que mi iniciativa no tiene y que no son, yo quiero ponerles dos ejemplos de lo que hicieron y fueron quienes atacaron hoy por la tarde mi proyecto. El primero es esto que ustedes y creo que el público lo pueden ver acá. Es un mensaje del Poder Ejecutivo nacional: 4 de abril de 2016. Firmado: Macri, Marcos Peña y Garavano. Es el Mensaje 555, que entró a la Cámara de Diputados dentro del Plan Justicia 2020.
“…el pueblo argentino se desayunaba o
descubría que existía un procurador una vez cada tantos años. Con la ley
anterior, se hubiese discutido ahora y por veinte o treinta años no se discutía
más. Ahora, ¿sabe qué pasa? Cada cinco años el pueblo argentino se va a enterar
de quién es el responsable de lo que pasa con la droga; quién es el responsable
de lo que pasa con el contrabando; quién es el responsable de lo que pasa con
la constitucionalidad; quién es el responsable de lo que pasa con la
corrupción; quién es el responsable de lo que pasa con el lavado de activos;
porque cada cinco años este Congreso, el presidente de la República, el pueblo
argentino y los medios de difusión vamos a discutir el cargo más importante que
puede haber hoy para la tranquilidad de la vida y de los bienes de los
argentinos.
Luis Naidenoff, presidente de Cambiemos. “…Pero la verdad es que cuando uno quiere
dar una discusión –como dijeron con mucha claridad los integrantes de nuestro
interbloque– se avanza, como se avanzó en su momento con Reposo –no se dieron
los números–, se avanza como con Gils Carbó –que logró una mayoría inclusive
superior a los dos tercios, como se ha dicho en este recinto por algún senador
integrante del propio oficialismo–. Se avanza. Se avanza. Y desde el 12 de
marzo en la Comisión de Acuerdos se planchó. Se planchó. Nunca se movió un dedo
para avanzar en el tratamiento de un pliego, cuando realmente interesa un
pliego. Cuando interesa un pliego. Quizás interesaba allá, en la Rosada, al
Poder Ejecutivo, pero la agenda del Senado iba en otro camino. Y hoy acá está.
Acá se sabe cuál es el final del camino de la agenda del Senado, del
oficialismo del Senado, en materia del Ministerio Público Fiscal.
“…Acá puede haber diferencias, pero el oficialismo
tiene una hoja de ruta marcada. Pasó el tiempo, se paró la pelota como en los
partidos de fútbol. Ahí quedó Rafecas. Ahí quedó el pliego, en la Comisión de
Acuerdos. Lo maneja el oficialismo en el Senado. Nunca se lo trató. Punto. A
otra cosa. Reforma y contrarreforma. El tercer punto que quiero señalar de esta
contrarreforma –lo señaló muy bien el senador Martínez y es un tema central–
tiene que ver con la modificación del criterio del juicio político. Para
avanzar en el juicio político, en el artículo 76, siempre se ha hecho
referencia a los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. El juicio
político lo inicia la Cámara de Diputados y siempre lo hace con una mayoría
calificada de dos tercios.
José Mayans, presidente del FdT. “…Macri y su clan decidieron terminar con la
procuradora general de la Nación, la doctora Gils Carbó, que fue designada por
amplia mayoría en el Senado. Me acuerdo perfectamente, porque yo estuve en
todas las audiencias públicas –prácticamente, desde 2001 hasta ahora–, y fue
realmente con alto consenso. Se hizo la audiencia pública que tuvo muchas
adhesiones, muy pocas impugnaciones y tenía los dos tercios. Se supone que
tenía un cargo que duraba mientras dure su buena conducta. Pero eso no pasó,
porque Macri decidió –y sabemos quién también– echar a la procuradora general.
En realidad, ella fue víctima de un ataque mafioso. La doctora Gils Carbó fue
víctima de un ataque, verdaderamente, mafioso. Obviamente, uno sopesa esto y
piensa: ¿voy a arriesgar a mis seres queridos? ¿Vale la pena esto en esta
guerra?
“…viene la presentación para el postulado por el Poder Ejecutivo, Rafecas. Bueno, en esto yo tengo que ser sincero: la oposición condicionó, claramente. Dijo claramente: “La propuesta del procurador general solo lo hacemos en audiencia pública presencial”. ¡Presencial! “Pero estamos en pandemia”. “¡Ah, bueno! Eso ya es otra cosa”. “Pero, mientras tanto, no queremos saber nada con el tema…” No haga señas porque fue así, yo no miento. A algunos les va a crecer la nariz y se les van a caer sus barbijos de tan mentirosos que son, como Pinocho. Entonces, están ahí, están sabiendo lo que hicieron. Bueno, esa era su “apretada”. “¿Quieren tratar lo del procurador general?”, “Sí, por supuesto”, “¡Ah, bueno! Pero audiencia pública presencial tiene que ser, y si no, olvídense de los dos tercios”. Esa fue la amenaza que recibimos. Por supuesto, el presidente de la Comisión de Justicia empezó a tratar el tema, inspirado en estos proyectos de Lousteau, de Crexell, de Pichetto, de todos estos campeones de la democracia y de la libertad. Y cuando comienzan a ver este tema, obviamente, dicen: “¡No! Nosotros no tuvimos nada que ver con esto”. Lo que pasa es que está escrito lo que dijeron. Está escrito lo que dijeron. ¡Incluso, Garavano menciona a Zaffaroni!
Otras
sanciones
·
La
localidad de Avellaneda fue declarada “capital nacional del fútbol”.
Queda
sancionada en forma definitiva. ES LEY
·
La cuenta de inversión
correspondiente al año 2015, mandato de Cristina Fernández de Kirchner,
fue aprobado durante la sesión. El Frente de Todos impuso su mayoría,
por 42 votos afirmativos contra 24 negativos de los senadores de
Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados
·
Recibió media sanción una
iniciativa que incorpora una modificación a la Ley 23.351 de Bibliotecas
Populares, impulsada por las senadoras Norma Durango, FdT y Stella
Olalla, UCR.
Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados
Presentan
objeciones a la formula oficialista sobre movilidad jubilatoria
El bloque de Consenso Federal señaló que la propuesta del Gobierno
requiere importantes modificaciones, pero aclararon que “estamos ante un
sistema previsional en crisis”. Fuentes del bloque sostuvieron que el apoyo a
la fórmula oficial dependerá de la recepción que tengan los cambios que
sugieren. “El sistema previsional argentino está quebrado y no hay fórmula
de actualización de haberes que lo haga sustentable. No cierra de ninguna
manera con el 50% de los trabajadores privados en la informalidad”.
¿Qué posición tienen respecto de la fórmula decidida por el Gobierno
nacional? Para Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro
“Topo” Rodríguez, la fórmula que propone el actual gobierno “va en sentido
apropiado”, aunque reconocen que “no tiene cláusulas de salvaguarda que
garanticen a los jubilados no seguir perdiendo, especialmente mientras la
economía no recupere un sendero de crecimiento con estabilidad de precios”.
Con todo, aclaran que la propuesta “está bien orientada porque
incorpora la variable ‘precios’ al ajustar por variaciones del salario (ajusta
un 50% por variación salarial, que es el precio más relevante al que debe
asociarse un haber jubilatorio) y porque también incluye una variable vinculada
a la evolución económica (ya que ajusta el 50% por la recaudación, con la que
aquella se correlaciona directamente)”.
Por otro lado, sostienen que la fórmula “tiene un techo que puede
aceptarse, en nombre de no agregar insustentabilidad al sistema”, pero aclaran
que la propuesta requiere “dos modificaciones imprescindibles, a favor de los
jubilados”. En ese sentido señalaron que la fórmula debe tener un piso asociado
a la variación de la canasta básica de consumo; y los aumentos deben ser
cuatrimestrales y no semestrales, como prevé el proyecto oficial.
“De todas formas, como ya se ha señalado, llegó la hora de no seguir
postergando el debate de las causas estructurales que han puesto en quiebra al
sistema jubilatorio en su conjunto”, expresaron, para concluir diciendo que “el
primer paso para salir de esa situación es la incorporación masiva de
aportantes, es decir, convertir en registrados a millones de trabajadores que
hoy están en la informalidad”.
Ministerio
Público: el oficialismo k estrechó filas; la oposición arma estrategias
Al cierre de la semana anterior y a pocas horas de su entrada al
recinto, la comisión de Justicia y Asuntos Penales de Senadores que preside Oscar
Parilli, FdT, Neuquén, reanudó el tratamiento
de los proyectos de reforma del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa.
Parrilli destacó que “esta es la cuarta
reunión para analizar los proyectos que modifican las leyes 27.148 y 27.149.
Entendemos que hemos hecho un trabajo muy intenso. Han concurrido fiscales,
abogados y expertos en la materia quienes dieron opiniones que han sido
transmitidas públicamente. El tema del Procurador General es un tema que hay
que resolver, es un tema que viene de arrastre y que esta comisión intenta
resolver. Nuestro bloque va a dictar hoy un dictamen de mayoría que luego
pasaremos a la firma para recoger la cantidad necesaria para que sea debatido
en el recinto”.
Al respecto, la senadora María de los
Ángeles Sacnun, FdT, Santa Fe, consideró que “todos los sectores tanto
oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de una reforma. La necesidad de reformar el Ministerio
Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa no es algo que se nos
ocurrió a nosotros, pero Parrilli lo puso en agenda de esta comisión.
“Entendemos que la mirada debe ir más
allá de la discusión de las mayorías, elección y remoción, debemos discutir
también como este Parlamento asume la tarea de control de esa política criminal
que satisfaga los intereses de la gente. Hay que darle una mirada que
aborde el federalismo, la igualdad de género y fortalecer los controles”.
Consideró fundamental la “periodicidad en
el cargo del Procurador, que no sea vitalicio y que no pierda la mirada y el
contacto con la sociedad”. Concluyó que el dictamen “es resultado de una enorme
tarea que hemos hecho en la comisión y en el bloque, recogiendo los proyectos
presentados y las opiniones de los expertos”.
Al no haberse dado a conocimiento previo de
los integrantes del cuerpo, la senadora por Jujuy Silvia del Rosario
Giacoppo, UCR, cuestionó no haberlo recibido, y sostuvo que “nosotros vamos
a presentar un dictamen de minoría”.
En el mismo sentido, el senador Alberto
Weretilneck, Juntos Somos Río Negro, reclamó el envío del dictamen para
analizar si adhiere al de mayoría o realiza uno de minoría. “La ley garantiza
un Ministerio Público transparente y moderno. Estos proyectos de ley bajo
ningún concepto pretenden inferir en las acciones, decisiones o en la tarea del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, lo que planteamos es una manera
distinta de controlar el desempeño que tiene que tener el Ministerio Público”,
sostuvo.
Graciela Camaño, del Consejo de la Magistratura y diputada de Consenso Federal alertó sobre la suerte que puede llegar a correr una reforma que a su juicio es “inconstitucional” advirtió que su eventual aprobación será para el oficialismo “pan para hoy y hambre para mañana”. Camaño sostuvo que la reforma del Ministerio Público, que pretende modificar la mayoría de 2/3 necesaria para designar al procurador por mayoría simple de los senadores, “no se corresponde con el artículo 120 de la Constitución”.
“Habrá un examen de constitucionalidad primero y, después otro examen de
constitucionalidad que es jurídico”. Recordó entonces que “cuando el
kirchnerismo quiso hacer reformas judiciales contra la Constitución, la Corte
dijo que no. Mucho me temo que si cometen este error tendrán el escándalo
político y mediático, y luego tendrán el examen de constitucionalidad ante la
Corte.
“El Ministerio Público Fiscal es un supra poder, por fuera de los tres
poderes. Tenemos que bregar por la independencia del Ministerio Público Fiscal”.
Rotulado en
envases de alimentos: Diputados avanza para completar la sanción
Las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados reunidos en plenario recibieron –via teleconferencia- a cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil en busca de lograr acuerdos sobre le proyectos de ley de rotulado de envases. La iniciativa, aprobada por Senadores propone informar a la población sobre los productos que contienen exceso de sodio, azúcares y grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.
En la oportunidad expuso Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud de la
Nación, quien sostuvo que el proyecto “surge como una construcción
colectiva y refleja un altísimo estándar para la protección del derecho a la
salud”. Manifestó que el etiquetado “reduce el esfuerzo cognitivo en el punto
de compra, el tiempo de procesamiento de la información y, por lo tanto,
facilita rápidamente la elección de alimentos más saludables al permitir una
mejor decisión de compra”.
Fernando Zigman, de UNICEF Argentina, advirtió que “la obesidad viene en
progreso hace años” y destacó que “desde la perspectiva de los derechos
del niño es la mejor ley posible. Tenemos un proyecto que articula diversas
acciones que hacen a la educación de los chicos, a la protección de los entornos
como la escuela, y que brinda herramientas comprensibles para las familias y
niños. Es un paso adelante para proteger a la población”, anticipó.
Al respecto el proyecto establece que los envases exibirán un sello de
advertencia y no podrán contener imágenes de personajes infantiles o dibujos
animados que fomenten consumo en niños.
Desde el Centro de Estudios, Políticas y Economía de la Alimentación,
Sergio Brutos, apoyó “firmemente” la ley y recordó que desde el año 2009
realizan investigaciones públicas en este sentido, aunque puso reparos en
cuanto al modelo de perfil de nutrientes que recomienda la Organización
Panamericana de la Salud.
En tanto, Carla Martín Bonito, directora Ejecutiva de COPAL
(Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) que nuclea a 35
cámaras empresariales, dijo que coinciden en “contar con un modelo de
etiquetado frontal que beneficie a los consumidores” y aclaró que “la
industria está a favor”, tras lo cual hizo un llamado a “conciliar las
diferencias”. En paralelo, solicitó tener en cuenta al Mercosur, en el
ámbito de discusión “para tener un marco regulatorio coherente y armonizado que
le siga dando fuerza al comercio internacional”.
Por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Luciana Castronuovo
expresó: “Que la ley esté basada en evidencias científicas quiere decir que
estamos garantizando el derecho a la salud y el derecho a la información
también”.
Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA),
señaló: “Desde el sector azucarero argentino estamos convencidos que el
etiquetado frontal en los envases constituye una herramienta útil para brindar
información veraz y adecuada al consumidor”.
Al cierre, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia
Moreau, FdT, anunció que realizarán una reunión informativa antes de
emitir dictamen. “Respetamos, valoramos y escuchamos a todos. En los
próximos días acordaremos con los presidentes y vices de las otras comisiones
cómo sigue el cronograma de trabajo”.
El proyecto con media sanción, propone garantizar el derecho a la salud
y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación
saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los
alimentos envasados y bebidas analcohólicas, resguardando los derechos de las
consumidoras; advertir sobre excesos de componentes como azúcares, sodio,
grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara,
oportuna y veraz además de promover la prevención de la malnutrición en la
población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Quedarán obligados al cumplimiento “todas las personas, humanas o
jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden
envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su
marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas
analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
Los productos que tengan un exceso de componentes críticos deberán
incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda. Los
que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene
edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán
tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier
otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.
El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color
blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de
la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o
total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos
también deberán llevarlos.
La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan
al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños,
niñas y adolescentes”.
El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades
didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación
alimentaria nutricional para todos los niveles.
Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia
no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o
patrocinados” en las escuelas de nivel primario y secundario.
El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van
desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa
de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la
publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender
ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las
PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la
entrada en vigencia no se retirarán del mercado.
“Aporte
solidario” de los ricos
comienza su paso
por Senadores.
Sería tratado en
Extraordinarias
Al respecto se supo que el Poder
Ejecutivo, tomará un tiempo para analizar el proyecto elaborado y aprobado en
la última reunión la Cámara baja.
Juntos por el Cambio, en tanto, adelantó
que no apoyará el Aporte Solidario y Extraordinario, repitiendo el comportamiento
de sus diputados. Al respecto, Laura Rodriguez Machado, UCR, Cordoba
sostuvo que “es una gran cortina de humo para hacerse los solidarios mientras
eliminan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)", Para ella, el proyecto
"no es un elemento recaudatorio" y advirtió que existe una
"doble imposición por un doble tributo".
En un nuevo round legislativo, luego de
que el senador por Córdoba, Carlos Caserio, FdT, presidente de la
comisión de Presupuesto y Hacienda, diera inicio a la reunión, Marcó del Pont,
titular de la AFIP, presentó los lineamientos y justificaciones ante el
tratamiento del proyecto.
"Los recursos que se obtengan van a
ser aplicados a estos destinos tan sensibles y van a ampliar la capacidad del
Estado Nacional para seguir desenvolviendo las políticas activas centrales de
nuestra gestión durante el 2021", expresó la titular de la AFIP.
Agregó que " se trata de poner en su
justo lugar el tema de los impuestos y la competitividad sistémica de la
economía argentina"
Marcó del Pont, explicó que "de los
datos preliminares y las primeras estimaciones sobre las declaraciones
juradas que estamos procesando, en este momento, nos están dando que 11.855
contribuyentes son los que deberían hacer el aporte".
La iniciativa en debate -ya con
sanción de la Cámara baja- propone un aporte extraordinario para aquellos
patrimonios que sean superiores a los 200 millones de pesos que serán
destinados a la atención de problemas sociales y sanitarios vinculados con la
pandemia de COVID-19.
Marcó del Pont aclaró que "es un
proyecto que grava a los empresarios y no a las empresas" y explicó que
del total de contribuyentes a bienes personales," este impuesto
extraordinario solo afecta al 1.2%", a lo que agregó, "este aporte va
a estar en cabeza del 3,2% de los contribuyentes y me parece relevante a la
hora de dar esta discusión".
También sostuvo que, "en la
composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está
valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93%
está fuera de la Argentina y me parece importante que esta iniciativa que se
está tratando sea más exigente para los que tengan activos en el
exterior".
Haciendo referencia a los aportes
provenientes del sector rural, la titular de la AFIP afirmó que "acá no se
está gravando capital de trabajo de las empresas y no es cierto que los
productores rurales van a tener que vender sus campos para hacer frente a este
aporte solidario".
Para ampliar el concepto anterior,
fundamentó que "al mirar los datos sobre lo que declaran los
contribuyentes solamente el 17% declara que tiene inmuebles rurales y sólo el
2,4 % estaría afectado” al aporte.
Luego de debatir con los senadores, se
acordó que enviarán sus consultas y preguntas por correo electrónico.
Piden Extraordinarias
con
funcionamiento
reglamentario
en comisiones y
sesiones
En tanto Senadores propone continuar sin cambios hasta el 1 de marzo del
año próximo.
El interbloque de Juntos por el Cambio, en diputados, pidió retomar las
sesiones presenciales en la Cámara baja tras el fin del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, al considerar
que “se encuentran dadas todas las condiciones” para que el Congreso
“recupere su funcionamiento reglamentario”.
“Es tiempo de volver a funcionar de manera presencial en todos los
ámbitos del Congreso de la Nación, para el trabajo tanto de comisiones
como en las sesiones, atento que se encuentran dadas todas las condiciones
sanitarias y de movilidad suficientes para que el Congreso de la Nación, y esta
Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario”, sostuvieron
los legisladores.
El Protocolo de Funcionamiento Remoto vigente vence el próximo
lunes 30 de noviembre, fecha en la que finaliza el actual período ordinario.
“Tenemos por delante debates trascendentes y queremos darlos con absoluta
transparencia de cara a la sociedad”, argumentaron los líderes del interbloque.
Negri, Ritondo y Ferraro insistieron: “Si todas las actividades
sociales, económicas y productivas han vuelto, no hay razón alguna para
que la actividad legislativa, que es una actividad esencial, continúe
funcionando bajo la excepcionalidad del protocolo de sesiones remotas”.
Invocaron que los temas que llegarán al recinto incluyen la nueva fórmula de movilidad
jubilatoria, el aborto legal y la reforma del Ministerio Público, entre otros.
Por su
parte, el Senado votará en la sesión ordinaria de este jueves la prórroga
de las sesiones virtuales hasta el 1ro. de marzo del año próximo, según dispuso
la vicepresidenta Cristina Kirchner en el decreto presidencial 18/20, firmado
este miércoles.
Cristina
ordenó la continuidad del formato remoto, tanto para las sesiones como para las
comisiones, a pesar de que el Gobierno decretó el 7 de noviembre pasado el cese
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
En el
decreto, la vicepresidenta mantiene la realización de “sesiones en carácter
remoto o virtual, mediante videoconferencia y a modo excepcional, hasta el día
1 de marzo de 2021”.
Bancarización
con Acceso Simplificado y servicio de cajeros automáticos
La comisión de Economía Nacional e Inversión de Senadores que preside Silvia
Beatriz Elías de Pérez, UCR, Tucumán, se reunió para tratar, entre otros, el
Programa de Bancarización y Acceso Simplificado para adultos mayores de Juan
Carlos Marino, La Pampa, UCR y el proyecto del senador Dalmacio Mera,
FdT, sobre servicios bancarios prestados por cajeros automáticos.
Elías de Pérez anunció que “hemos logrado consensuar en un dictamen la
iniciativa del senador Marino que crea el Programa de Bancarización y el de Acceso
Simplificado para adultos mayores junto con el de Mera que aporta principios
objetivos que deben tener los cajeros”.
También se aprobaron varios proyectos de comunicación y declaración y uno
que solicita una campaña nacional orientada a impulsar la inclusión financiera,
con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país,
en el marco de la pandemia Covid-19.
