Las PASO en la city

PRO 47.5, ECO 22.1, FpV 18.8%      

A

 la medianoche del domingo los resultados provisionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires daban ganador a Horacio Rodríguez Larreta; segundo al diputado nacional Martín Lousteau y tercero a Mariano Recalde.

Hubo que esperar mucho para que, desde el Centro de Cómputos comenzaran a llegar las primeras informaciones sobre la jornada electoral vivida sin complicaciones por los porteños.

En horas más se podrán conocer los guarismos definitivos pero las cifran principales están echadas.

Ahora resta esperar hasta el 5 de julio para definir quién será el nuevo jefe de Gobierno de la CABA.

En la interna, Rodríguez Larreta logró imponerse a la senadora Gabriela Michetti por algo más de 9 puntos. Martín Lousteau a Graciela Ocaña y Mariano Recalde a los otros seis integrantes del Frente para la Victoria.

En la jornada, el macrismo se consolidó como la fuerza dominante en la Capital Federal alcanzando -hasta el momento- algo más del 47 por ciento de los votos, habiéndose escrutado el 60% de las mesas.

La nota la dieron el massismo, que se quedó afuera por no haber conseguido superar el 1,5% de los votos. Su representante, Guillermo Nielsen solo pudo reunir el 0,9%.

La otra perla del comicio fueron los resultados obtenidos por la izquierda representada por Luis Zamora y Miriam Bregman que sumaron el primero 2% y la segunda el 2,2 por ciento.

Como destacamos, no pasaron a la general reconocidas figuras tales como el actual diputado nacional Claudio Lozano, el actor Héctor Bidonde, Gustavo Vera (un reconocido amigo del Papa), Sergio Abrevaya, Humberto Tumini, Gustavo Tenaglia y Enrique Piragini, entre otros.

Los votos en blanco contabilizaron un magro 1,1por ciento.   

           

En busca de una regulación eficaz

del sistema financiero    

E

l presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, defendió las reformas encaradas en la regulación y supervisión del sistema financiero en oportunidad de su exposición ante la comisión bicameral que investiga maniobras del banco HSBC de evasión y fuga de capitales.

En ese marco, sostuvo que “la devaluación de la moneda no era el camino para resolver los problemas” y que “no estamos anclando el tipo de cambio, estamos dejando deslizar una flotación administrada.
“Los reguladores bancarios están siendo sumamente estrictos”, indicó el funcionario, tras señalar que “el paradigma de desregulación financiera del neoliberalismo fue costoso para la Argentina”.

Vanoli se refirió a “la necesidad de una regulación y supervisión eficaz del sistema financiero” y destacó que en nuestro país hubo “avances muy importantes” en ese sentido. Mencionó reformas legislativas, como la nueva Ley de Mercado de Capitales, el control sobre las calificadoras de riesgo y la incorporación al Código Penal de distintos delitos financieros. También apuntó “la posibilidad de cooperación entre los entes de regulación financiera”, entre otros puntos.

Vanoli sostuvo que el Banco Central no tiene responsabilidad en las cuestiones tributarias, pero sí sobre las cuestiones cambiarias. Expresó que “cuando se habla de fuga de capitales hay que distinguir un proceso económico donde hay una decisión voluntaria en el marco de las leyes, de cuestiones vinculadas a sanciones administrativas o delitos”.

El superintendente de Entidades Financieras, Germán Feldman explicó que el banco HSBC  “utilizaba un sistema proveído por su filial en el Reino Unido” para evadir al fisco y fugar divisas de nuestro país.

Según explicó el responsable del contralor de las operaciones de cambio no declaradas, “lo que le pasaba a los inspectores es que no podían reconstruir todo el camino de las transferencias” que hacía el HSBC.

Feldman informó que en agosto de 2013, la entidad cuestionada “se había comprometido con la Superintendencia a una readecuación del sistema informático porque muchos sistemas los tenía tercerizados en el exterior”.

Ricardo Buryaile, UCR, consultó sobre la calificación del polémico banco. El funcionario precisó que la entidad tiene una calificación CAMEL 2 en una medición que va del 1 a 5, de mejor a peor.

La comisión volverá a reunirse hoy para escuchar a representantes de Cablevisión, Central Térmica Güemes y Telecom Argentina, tres de las empresas con cuentas supuestamente ilegales.

Economía y Finanzas

E

n medio de una acuciante escasez de divisas y persistente deterioro de las finanzas públicas, las colocaciones de deuda en dólares de la semana pasada, tanto del gobierno nacional como de la petrolera YPF, trajeron algo de aire fresco en los frentes externo y fiscal.

Aprovechando un contexto externo favorable para las inversiones de riesgo, en una semana en la que el dólar detuvo su tendencia a la apreciación a nivel global y reimpulsó los flujos de capitales hacia los mercados emergentes, revalorizando sus monedas y sosteniendo los precios de las materias primas, el gobierno obtuvo USD 1.415 millones en una nueva emisión de Bonar 2024, con una tasa de corte de 8,96%. Adicionalmente, la petrolera YPF salió a colocar deuda en dólares en los mercados internacionales, obteniendo USD 1.500 millones a 10 años de plazo y una tasa algo menor, de 8,75% anual.

Si bien las tasas pagadas resultan mucho más altas que las conseguidas por otros países de la región para plazos y condiciones similares de mercado, tanto la colocación de Bonar 2024 como la de YPF, contribuyeron a reforzar las menguadas reservas internacionales del Banco Central, las cuales treparon a USD 32.675 millones, su mayor nivel en 17 meses, sólo por la emisión del gobierno nacional, previéndose que se vean incrementadas en USD 1500 millones adicionales la semana próxima, cuando se integren localmente los fondos conseguidos por YPF en el exterior.

Este refuerzo de casi USD 3000 millones de las reservas internacionales resulta crucial para poder sostener la actual estrategia de retraso cambiario, que apunta a moderar la inflación y atenuar el proceso recesivo, a través de una recomposición de los salarios reales y en dólares. Asimismo, las mayores reservas internacionales ayudarían a consolidar la idea de que no sólo se podría llegar a las elecciones con la economía gozando de un “veranito” de consumo, sino también con cierta tranquilidad cambiaria, contando con mayores recursos para hacer frente al pago del Boden 2015, con vencimiento en octubre por USD 5.900 millones, junto con USD 1.050 millones de la Provincia de Buenos Aires.

El oficialismo es consciente que -en un año electoral- la coyuntura manda, más allá que los problemas estructurales conlleven, seguramente después de diciembre, a encarar correcciones, ya sea de manera ordenada o desordenada.

En relación al frente externo, el saldo comercial fue virtualmente neutro en marzo (USD 43 millones), en la medida que la moderación en el ritmo de caída de las exportaciones (-4% interanual), fue compensando también por una menor contracción de las importaciones (-4%), tras el derrumbe vislumbrado en el primer bimestre (-22%).

Ello da un primer indicio de que el gobierno podría estar pensando en comenzar a liberar las compras externas, al menos marginalmente, de manera que el “push” de demanda previsto para los próximos meses se traduzca en mayores ventas y no sólo en renovadas presiones sobre el nivel general de precios.

Los bancos Citi y HSBC      

Alerta: el sistema financiero local 

en la picota     

D

os acciones políticas sacudieron la modorra por feriados, fines de semana largos y paro de transporte ocurridos en  marzo y primeros días de abril.

Si bien el principal escenario fue el Congreso nacional, el desarrollo conlleva a un accionar que parte desde el gobierno central. Nos referimos al obsesivo plan de supervisión de entidades financieras por parte de la entidad rectora.

Nada es tan meritorio como la correcta y permanente vigilancia de las entidades financieras y el cumplimiento de las normas y regulaciones que parten del Banco Central y aquellas emanadas de los Acuerdos de Basilea.

Si bien el comité no tiene autoridad para imponer sus recomendaciones, la mayor parte de los países así como algunos otros que no forman parte del mismo, tienden a implementar esas políticas.

Esto significa que las recomendaciones son aplicadas a través de leyes y regulaciones nacionales, antes que como resultado de una recomendación internacional del Comité, de modo que es preciso un cierto período de tiempo desde que se aprueba una recomendación hasta que esta es aplicable a nivel nacional.

Va de suyo que las recomendaciones de Basilea deberían tomarse en forma ordenada pues de lo contrario se producirían dificultades al desarrollo de las entidades financieras supervisadas por el Central. 

Por estos últimos tiempos, el BCRA viene aplicando severísimas penas, estableciendo sumarios a granel contra entidades y funcionarios que en contadas oportunidades toman estado público.

En casi todas los casos, terminada la instancia de descargo ante el BCRA, las entidades acuden a la justicia para suspender el pago de la multa hasta tanto se llegue a una decisión judicial definitiva.

En esos casos, el proceso lleva su tiempo y, consecuentemente, las multas quedan suspendidas.

A raíz del tiempo que lleva el proceso judicial, en enero pasado el BCRA dictó la Comunicación A 5689 por la que dispone que los montos de las multas aplicadas por sanciones administrativas, disciplinarias y penales sean previsionados por las respectivas entidades. Resultando esto un apartamiento a las normas contables profesionales que podrían producir grave daño a algunas entidades.

Es oportuno señalar que algunas sanciones son por cifras varias veces millonarias; una reciente rondó los 140 millones de pesos; por lo que la medida dispuesta afecta seriamente el movimiento de las entidades que componen el sistema financiero.

En círculos vinculados con la actividad, sostienen que pareciera una “conducta pensada exclusivamente para perjudicar a todo el sistema financiero”; a la vez que señalaron preocupación por el escaso profesionalismo de algunos funcionarios, que no guarda relación con las exigencias que establece el Central para con los funcionarios de las entidades.            

Las últimas investigaciones

Primero fue sobre cuentas del banco HSBC.

En relación con este tema el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista, Roberto Feletti llevó la voz cantante. Al respecto dijo que Gabriel Martino (CEO de HSBC) se negó a brindar alguna información; “él está obligado a brindarla ante el Congreso de la Nación. Se le pidió toda aquella que no estuviera alcanzada por el secreto bancario y se negó, amparándose en el secreto bancario. Fue una situación muy tensa. Se limitó a cubrir su propia responsabilidad penal y terminó admitiendo que tenía un backup de la información que se quemó en Iron Mountain”. (Depósito que ardió en su totalidad en un hecho que se investiga).

También sostuvo que la reunión con Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, fue productiva. Se afirmó que “en maniobras de  bancas privadas donde un banco extranjero como el HSBC utiliza sus sucursales a través de las cuales se vincula con ahorristas argentinos, con grandes agentes económicos de la Argentina y en lugar de facilitar negocios en la Argentina, los invita a sacar el dinero del país sin pagar los impuestos correspondientes. Hay una doble transgresión”. Sobre las acciones en la bicameral, el radical Ricardo Buryaile aportó su punto de vista. Sostuvo que el presidente del HSBC hizo algo que iba a ocurrir. Evitar que lo vayan a buscar con la fuerza pública y no aceptar preguntas. Consideró “previsible” su actitud. “No me pareció ni bien ni mal, me pareció lógica su actitud; si usted va a ir a declarar ante la justicia, no va a ir a desnudar su estrategia ante una bicameral”.

Sobre el comportamiento de la entidad cuestionada, el diputado radical consideró que “el HSBC tiene muchas explicaciones que dar; muchas cosas quedan picando en el aire.  Han negado que tengan banca privada, yo creo que hay muchas cosas que deberían explicar”.

Más adelante se preguntó si “estamos investigando al HSBC o al sistema financiero argentino, porque si nos quedamos con que solamente el HSBC puede hacer esto, quizás cometemos un error”.

El otro ingrediente no menor fue la suspensión del presidente de la sucursal del Citibank en la Argentina, Gabriel Juan Ribisich, ordenada por el BCRA.

Al cierre de esta edición se conoció que el Banco Central envió una inspección a la filial local de Citibank para supervisar las actividades de la entidad, dijo una fuente de la entidad monetaria, en medio de una extensa disputa por el pago de la deuda del país sudamericano. Se trata de "una inspección sobre Citibank para asegurar su funcionamiento", confirmó a Reuters la fuente del Banco Central, que prefirió no ser identificada.

Se pudo saber en fuentes parlamentarias que el proceso cuenta con la satisfacción del sector oficialista. "La decisión se fundamenta en la circunstancia que el señor Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina en lo referente a las normas de orden público sobre restructuración de deuda soberana y de ejecución de convenios celebrados en el extranjero en contravención a las leyes locales", afirmó el BCRA a través de un comunicado.

Al respecto, Roberto Feletti, también titular de la comisión bicameral investigadora de las cuentas suizas justificó la decisión del BCRA de suspender al titular de ese banco en la Argentina. “Tenía un contrato como agente pagador de la Argentina y tenía la obligación de cumplir ese contrato”.

Desde el sector empresario, la entidad que agrupa a los bancos de capital privado, ABA, sostuvo que la decisión no se ajusta a derecho habida cuenta que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente con lo que se ha vulnerado uno de los más elementales derechos y garantías que existen en el marco de una república democrática.

La Asociación de Bancos de la Argentina pidió que las autoridades competentes o en su caso la justicia, “arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo a lo que marca la Constitución y la ley”.

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina, (AEA) puso de manifiesto su preocupación por la decisión del BCRA de dejar sin efecto la autorización para que Gabriel J. Ribisich continúe actuando como representante legal en nuestro país de la sucursal del Citibank.

La cosa no quedó allí y horas más tarde se conoció la respuesta del BCRA. "El Banco Central de la República Argentina rechaza enfáticamente y en todos sus términos los comunicados difundidos por la Asociación de Bancos de la Argentina y la Asociación Empresaria Argentina respecto de la decisión adoptada por el BCRA respecto del representante legal de la sucursal argentina del Citibank, por cuanto sus argumentaciones son falaces y suponen una defensa corporativa del establishment  financiero y empresarial inadmisible en el marco del hostigamiento que sufre la Argentina por parte de los fondos buitre". Más adelante agregó que “es falso que el directivo en cuestión no cuente con la posibilidad de exponer sus argumentos para objetar la decisión adoptada por el Directorio del BCRA, dado que él o la entidad a la que pertenece, pueden recurrir la decisión ante el Banco Central, así como naturalmente tienen disponible la vía judicial.

Finalmente, el vicepresidente primero del Senado, Roberto Basualdo (San Juan), propuso “investigar todas las cuentas de argentinos en el exterior, sobre todo las que pertenecen a políticos y sus allegados”, y no limitarse solo el caso del banco HSBC.

La semana parlamentaria que se hoy inicia puede arrojar nuevos ingredientes y sumar protagonistas a este encontronazo del gobierno nacional con un importante sector de la actividad empresaria.