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on semanas claves, meses claves en el escenario político nacional, donde los miembros del Congreso están más preocupados en las elecciones locales que en el trabajo parlamentario, como sucede en todos los años electorales. Pero, esta semana, la Cámara de Diputados se propone a sesionar para discutir en principio como tema central el nuevo régimen de medicina prepaga, iniciativa que presenta una fuerte presión empresarial.
Antes, el proyecto deberá ser discutido en comisión –que tiene además en el temario un proyecto de ley controversial sobre la publicidad, consumo y producción de tabaco-.
Sin embargo, la iniciativa debe ser debatida antes en la Comisión de Salud de la cámara baja, para habilitar su tratamiento en el recinto, a donde llegaría un día después, ya que en la última sesión se votó una preferencia para debatirla con despacho en el próximo plenario.
Existe, de todos modos, un principio de acuerdo con la oposición para sancionar la ley de Medicina Prepaga y para ello algunos legisladores aceptarán votar el proyecto que fue aprobado en el Senado, a pesar de no estar a favor en la totalidad del texto.
Se trata de una de las deudas del Parlamento desde la época de los ´90 que sería tratada, según el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, en la próxima sesión de la cámara baja. “Sin duda, en la próxima sesión se trata sí o sí. Solicitamos en la sesión pasada el tratamiento sobre tablas del tema y la oposición no nos lo otorgó”. Finalmente, Rossi no lo dice, se acordó la preferencia.
Entre otras cuestiones, la nueva legislación establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.
También, el texto expresa que no puede haber plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.
Por otro lado, estaría en condiciones de ser tratada en la sesión de esta semana, la norma que modifica el Código Penal y tipifica el lavado de activos como delito autónomo.
La base del proyecto, enviado a mediados del año pasado por el Poder Ejecutivo, propone tipificar como delito autónomo el Lavado de Activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".
La iniciativa amplía, además, las facultades de la UIF y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley N° 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados, entre otras cuestiones.
"Está en juego el interés del país y del gobierno argentino y hace a los compromisos de Argentina con los organismos internacionales", declaró el kirchnerista Oscar Albrieu, quien destacó entre las principales modificaciones que introduce el proyecto la posibilidad de penar el "autolavado" y el "decomiso previo a la condena" que pueden ordenar los magistrados.
Una comisión en el Senado rompió la abulia.
El sistema financiero en la lupa
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edicación intensa y temas atrayentes fueron los ingredientes para que la reunión de asesores de la comisión de Economía Nacional e Inversión rompiera con el desarrollo semi aburrido en la actividad parlamentaria previa a la Semana Santa.
La comisión que preside Laura Montero, Mendoza, y que es técnicamente acompañada por la eficiente Claudia Cisneros, secretaria de la comisión, tenía en su agenda la revisión de proyectos de ley que tratan sobre tres temas particularmente atractivos por estos tiempos: bancarización, tarjetas de crédito y ahorristas.
Con la presencia de funcionarios de la Asociación de Bancos Argentinos, (ABA) y del Banco Santander y la ausencia sin causa justificada y lamentada por los asistentes, del representante del Banco Central dio comienzo el análisis del temario.
Sobre el proyecto del senador Eugenio Artaza, Corrientes, que dispone la restitución a los depositantes en el sistema financiero, afectados por la retención y pesificación de sus depósitos dispuesta por los decretos 1570/01 y 214/02, de acuerdo a los fallos de la Justicia, tuvo el primer inconveniente en la imposibilidad de cuantificar la cantidad de sentencias y los montos respectivos. Sostuvo la representante de ABA que desde hace más de un año están abocados a esa tarea y no logran el resultado final, situación similar –dijo- que también ocurre en el Banco Central.
El tema dio para una activa participación de los asesores miembros de la comisión que finalmente resolvieron continuar el estudio en la reunión programada para esta semana.
Siguieron luego los proyectos sobre tarjetas de crédito donde se acordó introducir modificaciones, sujetas a la aprobación de los autores de las respectivas normas. Son el de Guillermo Jenefes, Jujuy (en relación a la no imputación de cobro de montos no convenidos) y el de Daniel Pérsico, San Luis (sobre aplicación de tasas promedio en ocasión de la cancelación de saldo en cuotas). Respecto del primero las modificaciones son de forma y en el segundo se está conviniendo en la aplicación de una tasa promedio que alcanzaría el 28 porciento.
El tercer proyecto tiene la autoría del tucumano José Manuel Cano y propone la consignación del estado de deuda del usuario en los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito. Al respecto hubo coincidencia entre asesores y visitantes que la propuesta es impracticable toda vez que las compras en cuotas tienen permanente variación e impiden establecer una información de real valía en los resúmenes mensuales.
Llegó el capítulo de la bancarización tema que, en medio de la jornada y por otra vía, se conocía que, a instancias de la ANSES, el Banco Central estaba trabajando en el armado de una normativa que obligará a bancos públicos y privados a ofrecer una cuenta gratuita a los jubilados que cobren haberes a través de esas entidades financieras. Sería una tarjeta de débito sin costo de mantenimiento, con tres operaciones libres de cargo y que permitirá a un beneficioso acceso a las ofertas para consumo. A la par de terminar con las largas colas de jubilados en las sucursales bancarias. La medida, según supo Leyes y Empresas, puede estar para los primeros días de julio próximo.
Volviendo a lo actuado en el Senado, coexisten tres proyectos de ley cuyos autores y propuestas son de las senadoras: Laura MONTERO, Cuenta de Ahorro Gratuita; Liliana NEGRE de ALONSO, San Luis y Adolfo RODRIGUEZ SAA, estableciendo el carácter gratuito de las transferencias bancarias y por último el de la Ana María CORRADI de BELTRAN, MSV –cuya finalidad es más abarcativa y propone la Bancarización de la Economía.
Sobre los saldos promedios en cuenta gratuita se insistió en reducir el monto que en principio estaría entre los 50.000 y 100.000 pesos más otras modificaciones operativas.
El conjunto de las normas propuestas volverán, ya con más precisiones, a la mesa de debate en la próxima reunión donde también n tendrá cabida el servicio de cajeros automáticos.
Luego de su paso por Senado, el proyecto de empleadas domésticas volverá a Diputados
El objetivo final será tener listo el pre dictamen para martes 3 de mayo oportunidad en que se reunirán los senadores miembros de la comisión de Economía Nacional e Inversión.
El paso por el Senado del proyecto que establece un nuevo régimen para empleadas de casas particulares no sería sencillo y no sería convertido en ley, ya que los senadores aspiran a realizarle modificaciones al texto y devolverlo a la Cámara de Diputados con modificaciones,
El texto fue analizado en la comisión de Trabajo que preside el senador Alfredo “Freddy” Martínez (UCR- Santa Cruz), donde se acordó pasarlo al cuerpo de asesores para que lo revisen.
La iniciativa que tuvo sanción en la Cámara baja el 16 de marzo comprende al personal de limpieza y de mantenimiento que trabaja en casas particulares, acompañantes o cuidadores terapéuticos de enfermos o personas con discapacidad, a la vez que fija modalidades laborales con retiro y sin retiro y la carga horaria de trabajo máxima y mínima, así como de descanso. Los empleadores tendrán 120 días para regularizar la situación de su personal doméstico.
Según anticiparon fuentes parlamentarias, en el primer análisis que los senadores realizaron al proyecto, se observó que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo tenía una redacción más adecuada que la que salió del recinto de Diputados con incorporaciones de expedientes impulsados por diputados de distintos bloques políticos.
Por ello se estima que el proyecto, que el Senado considerará en la sesión que planea hacer el 4 de mayo, será modificado y devuelto a la Cámara de Diputados, la cual deberá aceptar o rechazar los cambios para convertir en ley la iniciativa.
Impulsado por Cristina, Diputados podría acelerar el debate del nuevo régimen de trabajadores agrarios
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ntes de formalizar su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció al Congreso que tendrá dos tareas claves para los próximos meses.
Primero le pidió al Congreso que avance en el tratamiento del proyecto que consagra los derechos del trabajador rural pero además anunció, tal como lo había hecho al inaugurar las sesiones ordinarias, el envío de una iniciativa vinculada con la posesión de las tierras para “"cuidar la jurisdicción de la tierra y para que siga siendo de la República Argentina"; olvidó señalar que tanto en Diputados cuanto en el Senado existen varios proyectos al respecto, algunos con mucho polvo acumulado por años de estoica espera.
Sin embargo, la presidenta aclaró que "de ningún modo el proyecto tendrá un sesgo de xenofobia, porque simplemente vamos a tomar los ejemplos de otros países donde se respeta los derechos adquiridos, pero se defiende el patrimonio sin tantas vueltas". Y agregó: la iniciativa "será para cuidar la jurisdicción de la tierra, para que siga siendo de la Argentina".
El proyecto que consagra los derechos del trabajador rural fue elevado en 2010 al Congreso y busca para que los trabajadores del campo "ejerzan su labor en condiciones dignas, con lo que tendrán además un compromiso mucho más grande con lo que hacen y generarán más producción".
El proyecto del Poder Ejecutivo que establece una reforma integral del Estatuto del Peón Rural no tiene dictamen de las comisiones de la Cámara baja ni se encuentra en estudio por el momento.
La comisión cabecera es la de Legislación del Trabajo que preside el kirchnerista Héctor Recalde, donde hay además otros proyectos que buscan proteger los derechos de los trabajadores del sector.
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Hábeas Data. Un proyecto en el Senado propone modificaciones a la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Se refiere a los términos en la duración de la sanción que se impone a deudores morosos; actualmente rige la inhibición durante 5 años para las deudas no canceladas en tanto se reduce a 2 años para aquellas que fueron pagadas con posterioridad al reclamo formal.
La senadora Marina Riofrío, FpV., San Juan es su autora y en su origen el proyecto fue presentado en 2008 pero no fue tratado durante el tiempo reglamentario. Nuevamente fue presentado este año. Respecto de las sanciones el proyecto establece rebajarlas a 3 y 1 año respectivamente. La norma también pide que la morosidad sea consignada sólo al titular de crédito y que la información sea pública luego de transcurrido 60 días. Además pide actualización de multas para las empresas evaluadoras de riesgo crediticio y entidades financieras.
El proyecto será tratado hoy martes por la comisión de Legislación General del Senado que preside Liliana Negree de Alonso.
