EDICION 1150
El tratamiento del Presupuesto 2023 en el recinto
En jornada
histórica, plena de situaciones de tensión, se logró la sanción del
Presupuesto. Quedaron rechazados polémicos proyectos. La sanción
definitiva pasa a Senadores
La sesión especial solicitada por el
presidente de la bancada oficialista
Germán Martínez fue fijada para las
12.30 a efectos de considerar el único punto del día. Comenzó una hora después.
La agenda estableció un único tema:
Expediente 0038-JGM-2022 sobre
Mensaje Nro. 0035/22 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2022 de
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del
año 2023.
Resultó aprobado en general; obtuvo 180
votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
Pasa en revisión a la Cámara de
Senadores
Previamente se desarrolló en el Salón
Delia Parodi y con la exclusiva presencia de los presidentes de bloques, la
sesión de Labor Parlamentaria para definir detalles de último momento.
No hubo conflictos, se acordaron diversas
cuestiones de privilegio y otras situaciones menores.
La sesión se abrió a las 13.44.
Hubo medido apoyo opositor para lograr el quórum reglamentario. El
Frente de Todos contó con habituales aliados del interbloque Provincias Unidas:
los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo;
y los misioneros Diego Sartori y Eduardo Fernández.
No se presentó al quórum el diputado Máximo Kirchner.
El oficialismo no llegó a completar los 129 requeridos.
Se sumaron dos miembros del bloque SER: el riojano Felipe
Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.
A las 13.41 comenzaron a normalizarse las pulsaciones en el bloque oficialista.
Los primeros que arribaron fueron de la
bancada Evolución Radical.
No dio quórum el titular de ese
bloque, Rodrigo de Loredo, ni tampoco Martín Tetaz o Alejandro
Cacace, quien apareció en medio de la ejecución del Himno Nacional.
Llegarían luego los socialistas Mónica Fein y Enrique
Estévez; minutos después los diputados de la UCR Jorge Rizzoti, Jujuy, Víctor
Hugo Romero, Córdoba, Miguel Bazze, Buenos Aires
y Martín Arjol, Misiones.
Gran parte del interbloque Juntos por el Cambio no aportó al quórum; así
como tampoco Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, ambos del interbloque
Federal, mientras que desde el Pro en un comunicado
expresaron su posición de abstenerse en la votación.
La bancada que conduce Cristian Ritondo argumentó:
“Esta posición se fundamenta en que si bien el Gobierno ha aceptado incorporar
algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha
negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en
particular”.
Recordaron que “el Gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento
de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se
convierta en la oportunidad para aumentar la planta del Estado y de las
empresas públicas. Aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar
el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse
si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto
2023. Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es
por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder
Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras
especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el
Poder Ejecutivo”, adelantaron.
Señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una
herramienta de disciplina del Poder Judicial. Defendemos la legalidad. Nos
oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la
autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri,
una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias.
Si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros
del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución
Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.
El debate
Posteriormente se inició el debate en
general, el miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos
Heller advirtió, en virtud de lo ocurrido el año pasado, “no se puede
volver dejar al país, no al Gobierno, sin esa herramienta que es el
Presupuesto”. Falto expresar que los faltantes fueron en parte
representantes del oficialismo.
Consideró que la iniciativa, recibió 30
modificaciones, es “realista” y “de cumplimiento posible”. “No es cierto
que este sea un Presupuesto de ajuste”, enfatizó en tres oportunidades, al
tiempo que resaltó que “está orientado en cinco pilares”: infraestructura,
salud, educación, ciencia e innovación, e inclusión social activa con
perspectiva de género. valoró que el proyecto “es producto de
sostenidos debates, es una versión mejorada de la enviada por el Poder
Ejecutivo.
“Somos absolutamente conscientes que es
muy grande el vaso vacío, que son muchísimas las cosas que tenemos por delante
y es necesario resolver, y que por eso hay que trabajar mucho para ir avanzando
en esa dirección, y entendemos que el proyecto va en esa dirección”,
afirmó.
Ricardo
López Murphy, Republicanos
Unidos, señaló que “se hacen proyecciones sobre el sector externo muy
fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los
dilemas que enfrentamos”, al referirse que el proyecto plantea una inflación
del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.
“El
Gobierno le brinda un seguro de cambio gratuito a los inversores para que ganen
con la inflación o con la devaluación, nunca se hizo algo así”, advirtió y
añadió que “ese bono genérico es de imposible colocación con una magnitud de
realización inexistente”. Manifestó que “el tipo de cambio se ha venido
atrasando sistemáticamente” y sostuvo que “el BCRA es un gigante Papá Noel que
derrocha la plata: toma crédito a tasas extravagantes y presta a tasas bajas;
compra dólares caros y los vende baratos; y encima, se endeuda en dólares para
generar reservas y las pone en moneda devaluada”.
“El
Estado pierde 600.000 millones de dólares en imprenta por seguir emitiendo
billetes de bajas denominación. Las monedas se venden como metal porque no
tienen valor fiduciario y, además, nadie en el BCRA controla el ingreso y
salida de ‘dólar soja’, que encima se compra más de lo que se vende”, remarcó
el legislador.
López
Murphy declaró oponerse a la aprobación del Presupuesto y lo consideró “ley
botica” porque “hay de todo en este Presupuesto: se inventan artículos el día
anterior, se dejan de hacer inversiones en temas razonables y se achican los
gastos en sectores como Defensa”.
En el
cierre, criticó que “no haya un proyecto para poner un orden en la dinámica de
la seguridad social”, y concluyó: “Hay una presión del Estado sobre la sociedad
civil al aumentar el gasto público del 25 al 45 por ciento”. El Presupuesto es tan
impresentable como el Gobierno
Alejandro Rodríguez, presidente del interbloque Federal, adelantó su apoyo al proyecto
del Presupuesto 2023.
“Se trató en tiempo y forma, de manera
responsable”, y señaló que acompañarán, en general, lo establecido en el
proyecto de ley del Presupuesto 2023”, pero planteó dos observaciones: una para
saber “porqué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades
para fijar retenciones”, y la segunda es que cree que “hay una cuestión
institucional con algún motivo extrapresupuestario para distraer los esfuerzos
con lo que trabajaron en el presupuesto nacional”.
Respecto a las cuestiones del Presupuesto
que generan diferencias, sostuvo que “hay partidas que se escriben con la
izquierda, pero se ejecutan con la derecha”, con relación a que lo consideró
como “un presupuesto que no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía
inflacionaria”.
José Luis Espert , Avanza Libertad, ratificó su rechazo al proyecto.
Puntualmente enfocó dos ítems: energía y
situación fiscal.El artículo 16°, referido a las deudas
que va a asumir el Tesoro con Yacyretá, Salto Grande, que hará que “todos los
argentinos paguemos con más impuestos, con más inflación, con más
pobreza, las barbaridades que han hecho este y otros gobiernos congelando
tarifas, para alimentar la mentira de un populismo inconducente”.
Como contracara los subsidios que “este
año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde
2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”.
Espert se refirió luego a los artículos
23 y 24, referidos a energías renovables. Al respecto recordó aquel dicho que
“los números no mienten, los que mienten son los que los hacen”. Apuntó en ese
sentido que “la Secretaría de Energía nos miente desde hace años”. Citó los
artículos que incluyen a la empresa Enarsa, a la que definió como “un monstruo
creado solamente para robar, que debería ser cerrado en forma urgente”.
Itai Hagman,
defendió los cambios que se dieron al proyecto de modo de que “el ahorro fiscal
no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos
fundamentales”, y cargó contra la oposición al decir que el programa de “de
ajuste drástico de la inversión pública ya se probó en la Argentina y nunca
funcionó”.
Javier Milei, La Libertad Avanza,
ratificó el rechazo de su bloque al proyecto.
Definió la “inconsistencia técnica más
grosera es el supuesto de inflación del 60%”. Calificó al proyecto de
“mamarracho nefasto. Por cuestiones de índole moral, técnicas y por las
inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la
Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”, abrió su
discurso el liberal, adelantando la postura de su espacio a la hora de la
votación.
“Hay que entender que el déficit
fiscal es inmoral porque hay que financiarlo. Lo puede financiar, por ejemplo,
tomando deuda, una verdadera atrocidad porque es cargarle la fiesta de las
generaciones presentes a todas las generaciones futuras, algo verdaderamente
aberrante”.
“No solo eso, porque si no lo financia
con deuda lo financia con emisión monetaria.
Además, genera inflación. Una inflación
que genera una redistribución del ingreso castigando a los más vulnerables”,
precisó y chicaneó: “Justamente un Gobierno que se autoproclama progresista,
redistribuye el ingreso en contra de los más vulnerables”.
Graciela Camaño basó su discurso al tema del pago de Ganancias por parte de los integrantes
del Poder Judicial, señalando que “no vamos a vulnerar ningún artículo de la
Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, y
concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el
artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la
modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las
ganancias.
Martin Tetaz, “Este Presupuesto no me gusta. Este Presupuesto es menos malo” fueron
definiciones del economista.
Detalló que gastan más y construyen
menos. Somos el único país de la región que se queda sin dólares. Es como
quedarse sin vacunas en medio de la pandemia”.
La mejor forma de controlar esto es votar
en contra.
Citó el artículo 16 de la Constitución
Nacional. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…la igualdad es la base
del impuesto y de la carga pública. Hay gente en bancos públicos, en el Consejo
de la magistratura. En la justicia.
Que bajen los impuestos y se terminen los
privilegios
Por una vez en la vida sumemos esfuerzos
y que los que siempre pagan impuestos, esta vez paguen menos”.
Las votaciones
El proyecto del Poder Ejecutivo, tuvo una
treintena de modificaciones y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49
abstenciones. El hecho ocurrió a las 5.12 de hoy miércoles.
Pasada la sanción en general, llegó el
segundo momento de mayor tensión: la votación en particular de cada artículo.
·
Tasa aeroportuaria fijada por
el artículo 121 resultó aprobada. Quedó aprobada por un voto.
·
El oficialismo retiró el
artículo 95 del dictamen que delegaba facultades para aumentar retenciones y que
prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para
modificar las alícuotas de los derechos de exportación.
·
Cerca de las 7 de la mañana del
miércoles, cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaba establecer
que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las
Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento.
La propuesta resultó rechazada
con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el
artículo 102, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó
con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones.
·
Quedó aprobado el artículo que
establece exenciones en Ganancias para el gremio de Camioneros.
·
Zonas aduaneras. Quedó aprobado
el artículo 126 por 128 afirmativos y 118 negativos.
·
Fue incorporado una “cláusula
gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil
millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del
interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas
partidas para políticas sociales.
Opiniones antes del debate del Presupuesto
Citamos a continuación algunas
reflexiones surgidas desde los distintos sectores parlamentarios llegadas antes
del inicio del debate.
El senador nacional Alfredo
Cornejo, de viaja en España, al ser consultado por la cadena CNN sobre el
Presupuesto, advirtió que “hay cosas que son imposibles de votar, por ejemplo,
que el retraso tarifario que tuvieron Edenor, Edesur y demás lo paguen las
provincias.
“Es increíble. Si el gobierno nacional,
que fue el que retrasó las tarifas, hace cargo a los gobiernos provinciales, es
imposible que los usuarios se hagan cargo de eso”.
“No puedo hablar por todo el radicalismo,
pero coincido que tal y como está no debería votarse el Presupuesto”, sostuvo
el senador Cornejo.
“Hay varios artículos que no deberían
votarse”, concluyó.
Si un camionero paga ganancias, ¿por qué
no lo haría un juez?” fue la manifestación del legislador Marcelo Casaretto,
Frente de Todos, al defender la propuesta impulsada por él que fue incorporada
al Presupuesto 2023 y que afecta a magistrados, jueces y funcionarios del Poder
Judicial.
Al respecto, en círculos judiciales las
repercusiones son varadas.
La Corte se reunió de urgencia y articuló
la respuesta con los distintos sectores judiciales.
Piumato anunció un paro.
El Poder Judicial rechazó en bloque la
iniciativa del Gobierno para que los judiciales paguen Ganancias y prevén un
conflicto entre los tres poderes del Estado.
La Corte Suprema se reunió de urgencia
luego de que el oficialismo incorporara
en el Presupuesto 2023 un
artículo que obliga a jueces, fiscales y empleados judiciales a pagar
Ganancias. El Máximo Tribunal estuvo en diálogo permanente durante todo el día
con todos los sectores, e incluso se especula con un pronunciamiento público,
aunque se descarta que la respuesta final será un fallo por
inconstitucionalidad.
Mientras,
el PRO se inclina por no aprobar Ganancias y en la UCR se eleva la
´tensión.
Las autoridades
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron el lunes a los
representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia
Nacional. Los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar
Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad
salarial y buscar vías de diálogo”.
El titular de la Comisión, Carlos Heller, indicó: “Nos corresponde a
nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido
en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia
que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para
encontrar un consenso”. Dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso
resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger
todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para
determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy
no podríamos avanzar mucho más”.
Por su parte, el diputado del Pro Pablo
Tonelli anticipó su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de
Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar
el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló
dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.
“Más allá de la justicia o injusticia de
que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre
se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces” implicaría” una
disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110″, señaló.
En otro orden, los diputados Myriam
Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca fustigaron a las principales
bancadas.
Los diputados nacionales del PTS-Frente
de Izquierda Unidad rechazaron el Presupuesto enviado por el Poder
Ejecutivo. Myriam Bregman cargó contra los distintos bloques
que se aprestan a aprobar el proyecto. Señaló que “nadie que se diga de
izquierda o progresista puede convalidar semejante ajuste. Solo el bloque de la
izquierda levantó su voz y lo va a rechazar: habrá que mirar bien quienes
acompañan a Juntos y el Frente de Todos en su sociedad”.
Por su parte, Nicolás del Caño, observó
que “queda claro que el relato liberal de que los aumentos de salarios y
jubilaciones causan inflación no explica al menos lo que sucede en la Argentina.
Por el contrario, un motor clave de la inflación es el aumento de los precios
que ordenan los grandes empresarios con el objetivo de aumentar sus márgenes de
ganancias. Esto que padece cualquier laburante cuando va al supermercado o
cuando tiene que pagar el alquiler tiene como contracara la fiesta del gran
empresariado, fiesta que convalidarán a cuatro manos los bloques del
oficialismo y la oposición”.
El bloque Córdoba Federal, presidido
por Carlos Gutiérrez, anticipó su enfático rechazo al artículo del
proyecto de Presupuesto 2023 que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para
poder tocar las alícuotas en retenciones,
Respecto del régimen de promoción
fueguino se anunció la decisión de no modificar el propósito y aplicar una
suba de impuestos compensatoria. Hubo renovado interés a partir del pedido de
la Coalición Cívica de derogar la Ley 19.640, cosa que provocó la reacción de
los legisladores fueguinos, incluidos -y sobre todo- los de los otros partidos
integrantes de Juntos por el Cambio, que reprocharon a sus socios por esa
medida “inconsulta”.
La discusión subió un escalón más al
trascender las fronteras fueguinas y pronunciarse el Comité Nacional de la UCR,
que rechazó “de forma tajante” el proyecto de ley presentado por los
legisladores de la Coalición Cívica.
En este marco trascendió que el ministro
de Economía, no vería con malos ojos esa medida, al punto tal que el senador
nacional Pablo Daniel Blanco llegó a hablar de “una
intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra
provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que
impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.
La realidad es que desde Economía
plantearon la posibilidad de compensar la erogación de ese fondo
aplicando un aumento de impuestos, que fue confirmado durante el debate en
comisión del Presupuesto.
Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) refiriéndose a las modificaciones al
proyecto cuestionó que “no es realista porque plantea cosas absurdas”.
Consideró que “el presupuesto fue
diseñado macroeconómicamente, pero no enfrenta ningún problema”, y explicó: “El
principal problema fiscal es el Banco Central que compra divisas a un precio
más alto de lo que vende y, además, se endeuda en dólares y genera reservas en
pesos”.
Principales puntos de la Ley de Leyes
Entre las principales modificaciones, el
Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde
Juntos por el Cambio.
Se incorporó un artículo que beneficia al
gremio de Camioneros en relación al pago de Impuestos a las Ganancias. Modifica
el esquema de deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de
ese sector y aliviará la carga tributaria sobre sus salarios.
Sobre los pedidos para la incorporación
de obras que ingresan día tras día a Diputados,
se introdujeron cambios en la redacción del artículo 11 en el
que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a “incorporar la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios en la medida en que ellas se
financien con cargo a las facultades previstas”, y se lo autoriza a “efectuar
las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la
ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.
El artículo 13 sufrió
modificaciones; establece la vigencia del artículo 7 de la Ley de
Financiamiento Educativo “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9°
y 11 de la Ley de Educación Nacional teniendo en mira los fines, objetivos y
metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de
los recursos a los ministerios de educación u organismos equivalentes de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para
cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función, formal y no
formal, de la educación”.
Sobre el Fondo de Compensación al
Transporte Público del interior, se fija en el artículo 81 una
suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de
Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso
a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el
importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir
asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al
método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Además, se crea un Consejo Federal para
la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la
aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de
Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso
a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Asimismo, el Ministerio de Transporte
“será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la
administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo
de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE)”.
El artículo 83 también fue
modificado, el cual trata sobre las partidas destinadas a la provincia de La
Rioja, que será de “47 mil millones a favor de la provincia y de los
municipios”, y explica que “el 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y
equivalentes”.
Uno de los puntos más polémicos, que
había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el
vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la
redacción del artículo 89, de modo de no poner en riesgo los fondos
que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones. A partir de la
modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de
medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el
valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96
cuotas mensuales”.
“Las jurisdicciones provinciales
resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”,
estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través
del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los
convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción
provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero
con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación
federal de recursos fiscales”.
Otro de los cambios fue sobre
el artículo 96 que crea un régimen de regularización tributaria para
las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos
organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación
de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta
el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Por otra parte, se agregó
al artículo 61 el Fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional
de Aeropuertos, ya que solamente contemplaba al Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos para la exención de derechos de importación, tasas por
servicios portuarios, de impuestos internos y del IVA para las “importaciones
para consumo de bienes de capital, material aeroportuario y de los repuestos
relacionados destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento del
sistema nacional de aeropuertos”. Los beneficios regirán hasta el 31 de
diciembre de 2023, inclusive.
A su vez, se suprimió el artículo
129 que había sido pedido por el diputado oficialista Sergio
Palazzo que derogaba una exención que encarecía el costo de la medicina
prepaga.
Se modificó el artículo 115 que
deroga el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo que trata sobre
“Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que podrán ser negociadas mediante
herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de
operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas.
A su vez, los artículos
71 incorpora que “podrá destinarse a la adquisición de un inmueble usado
que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los
fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años a la locación con destino
exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia”.
El artículo 72 agrega la
creación de un Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina
“mediante el cual las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos
establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán
declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera en
el país y en el exterior”.
Por otro lado, el artículo
95 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las facultades del Poder
Ejecutivo sobre retenciones.
Se anunciaron incrementos en políticas
alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones
familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo
Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración
Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969
millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149
millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400
millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos
para estas partidas.
También se aceptó que se puedan deducir
de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la
creación de una tasa de seguridad de aviación.
El oficialismo sí se comprometió a
incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió
fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo
cual terminó acompañando el dictamen.
El nuevo inciso “a” del artículo 82 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta
categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin
excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y
Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la
Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos
gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los
conceptos que integran sus remuneraciones”.
Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo
artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier
especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de
las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias
reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, se anunciaron incrementos
en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y
asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542;
al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de
Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por
$12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por
$4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por
$400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en
aumentos para estas partidas.
También se aceptó que se puedan deducir
de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la
creación de una tasa de seguridad de aviación.
Todos los puntos citados, son 142 artículos en 49 folios, serán puestos en debate y
dependerá del número de votos que consiga cada artículo para ingresar
oficialmente a la sanción que luego será revisada por la Cámara de Senadores
Pedidos del
Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø MILMAN,
GERARDO; RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; TORTORIELLO, ANIBAL; LOMBARDI, HERNAN;
SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR; TORELLO, PABLO; ROMERO, ANA CLARA; BACHEY, KARINA
ETHEL; SANCHEZ, FRANCISCO; STEFANI, HECTOR ANTONIO; RODRIGUEZ MACHADO, LAURA;
CORNEJO, VIRGINIA; CIPOLINI, GERARDO; AJMECHET, SABRINA Y MORALES GORLERI,
VICTORIA: DE RESOLUCION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PLAN DESARROLLADO POR EL COMANDO
UNIFICADO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESALOJO REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA
MASCARDI, PROVINCIA DE RIO NEGRO.
Ø ORREGO,
HUMBERTO MARCELO Y LACIAR, SUSANA ALICIA: DE DECLARACION. EXPRESAR PREOCUPACION POR LA
EXISTENCIA DE 14 DIFERENTES COTIZACIONES DEL DOLAR QUE SE MANEJAN EN EL MERCADO
LOCAL
Breves
Resultados del Censo. Diputados del interbloque de
Juntos por el Cambio, encabezados por el titular de la bancada Pro Cristian
Ritondo, solicitaron al Poder Ejecutivo que el INDEC informe los resultados
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 realizado el pasado
18 de mayo.
Los
resultados preliminares del censo se iban a dar a conocer a los 90 días de
relevados los datos, sin embargo, a la fecha, eso no ocurrió.
En
virtud de ello, desde JxC reclaman que se “especifique las razones de la
demora en la publicación de los resultados preliminares, y las medidas o
acciones que está arbitrando el INDEC para agilizar dicha publicación”.
“El
Gobierno prometió celeridad en la difusión de los datos del censo, por los
mecanismos tecnológicos que hoy se disponen, pero como viven postergando todo,
seguimos esperando. A esta altura nos parece un acto de irresponsabilidad
institucional que no se difundan los datos que son determinantes a la hora
de asignar recursos”, aseveró Ritondo.
Según su hijo. Sin
buscar enfatizar, Máximo Kirchner sostuvo ,“Creo que Cristina no va a ser candidata”. El diputado nacional y líder de La
Cámpora, restó importancia a suspender las PASO y dijo que sería
"extraño" que Alberto tenga competencia en las primarias si va por la
reelección.
“El peronismo no tiene candidatos”
presidenciales, hasta el momento, tuvo consideraciones respecto de
la provincia de Buenos Aires. Si bien no fue tajante,
puso sobre la mesa el nombre de Axel Kicillof, como candidato para
volver a encabezar la “madre de las batallas”, donde se concentra cerca del 40%
del padrón electoral. Para el
escenario bonaerense, aunque también usó el potencial (“supongo”), no formuló
una enumeración de posibles candidatos. Sólo postuló al actual gobernador de
la provincia de Buenos Aires.
Gabriela Cerruti única portavoz. Finalmente logró desplazar a su segundo en el área de Comunicación
del Gobierno y ahora va por el manejo de la pauta publicitaria. La vocera mantenía tensa relación con
Marcelo Martín, que acompañó a Alberto Fernández y estaba en el Gobierno desde
que el presidente asumió en diciembre de 2019. Cerruti no lo dejaba trabajar como Martín
quería y el fueguino había visto reducida su labor a un simple difusor de
gacetillas. Con la salida de Martín no queda nadie del equipo inicial.
