miércoles, marzo 30, 2022

 EDICIÓN 1123

Buscan bienes radicados en el exterior.

Si los encuentran podrían servir para ayudar

a pagar el préstamo del FMI  

 Raspando en el fondo de la olla, se busca encontrar fondos de argentinos en el exterior cuya incautación se convierta en útil herramienta para destinarlos a solventar en parte la devolución del préstamo del Fondo Monetario.

La descubridora es la senadora Juliana Di Tullio informó que la iniciativa apunta a blanquear la suma de 417 mil millones de dólares de personas o empresas que “fugaron dinero con fines de evasión o de lavado”, Queremos que paguen los fugadores, no el pueblo trabajador”, sentenció.   

En la presentación se consigna que la tarea pasa por encontrar los actores o instituciones que puedan revelar información fiscal, bancaria o fiscal que hoy es secreta.  

Por estos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras instituciones públicas y privadas que accedan por el desempeño de sus funciones a información fiscal de personas y empresas están obligadas a guardar secreto. Pero las joyas de la abuela son necesarias para encontrar un alivio a la situación.

Solo los jueces podrían solicitar información secreta en el marco de un caso judicial concreto.

En estas instancias, la fogonera Di Tullio confía que logrará el objetivo de creación de una salida judicial al tema.

De ser así, el proyecto alcanzaría exclusivamente a quienes tienen bienes en el exterior y no, por ejemplo, a personas que tienen dinero en cajas de seguridad locales

Bajo el ostentoso título de Fondo Nacional para la Cancelación de deuda con FMI se están reuniendo iniciativas que sirvan para conformar un aporte especial de emergencia que sería pagado 

por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

La medida, según sus autores, va acompañado de amenazas tales como que los que no se allanen al pago, corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente” y abunda en señalar que alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina.

En pleno proceso creativo ya se barajan algunos resultados que surgen de revisar que al 31 de diciembre de 2021, según estadísticas oficiales, hay USD 417.507 millones de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. 

 De ellos, se encuentran declarados ante la AFIP sólo USD 69.000 millones, según se desprende del impuesto sobre los Bienes Personales de 2020″.  

Al respecto el documento consigna en una parte de su desarrollo

 

Capítulo II – Aporte especial.

Sujetos

Artículo 6.  Serán sujetos pasivos del aporte, las personas humanas, personas

jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de

entrada en vigencia de la presente norma, de acuerdo a lo establecido en el

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y que

sean titulares y/o posean participación societaria de los bienes mencionados en

el artículo 7° de la presente Ley.

 

Serán objeto del aporte, los siguientes bienes:

a) Tenencia de moneda nacional o extranjera:

b) Inmuebles;

c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes

al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de

afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores,

tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia

(ADRs), cuota partes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y

otros similares;

d) Demás bienes en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho

susceptible de valor económico.

 

La base del aporte estará integrada por los bienes mencionados en

el artículo 7° a la fecha de detección de dichos bienes, de acuerdo a lo que

establece la Ley del Impuesto Sobre los Bienes Personales (Ley 23.966 t.o. 1997

y sus modificaciones), y en particular, los aspectos sobre valuación y definición

de los bienes en cuestión fijados en el artículo 20°, y tercer párrafo del artículo

25°. En el caso de las personas jurídicas, la AFIP deberá especificar los criterios de valuación.   

 Sobre el tema, la portavoz Gabriela Cerrutti sostuvo que la medida tiene el apoyo presidencial.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos de Senadores anunció que el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia.

Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamentan.

Desde la oposición, el jefe de la bancada, Mario Negri expresó “El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado Frente de Todos. Tiene un serio problema: el nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a grabar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriar fondos. La única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación”, agregó el cordobés y reclamó: “Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista. Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas”.

 En medio de la creativa ebullción surgen algunos interrogantes tales como que los aprestos de creación impositiva deben ingresar por la Cámara baja, pero esto, el impedimento por ahora no se ha tenido en cuenta.

Al respecto, en la página donde registramos el ingreso de nuevos proyectos de ley, consignamos bajo un extenso título el presentado por el diputado Pablo Carro, FdT, Códoba, donde solicita el apoyo solidario para mitigar el esfuerzo que supone el prestamos del FMI.

De hecho, si ambas iniciativas se encuentran en Diputados, los proyectos se tratarán en forma conjunta y ambos, seguramente tendrán modificaciones por lo que el tiempo de sanción definitiva se dilatará considerablemente.          

 

 

 Futuros proyectos de ley del Poder Ejecutivo

fueron anunciados con clima grandilocuente      

 

En medio de profunda expectativa y con la presión por desarrollar asuntos que contribuyan a mejorar la situación de algunos sectores de la población, en el suntuoso marco del Centro Cultural Kirchner, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz, anunció un conjunto de iniciativas que propondrán al Ejecutivo, algunas de las cuales se transformarían en futuros proyectos de ley.

“En materia de calidad institucional, respondiendo al mandato del Presidente, vamos a presentar en el transcurso de este año las propuestas de Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. Será un proyecto de ley y la carrera profesional de innovadores gubernamentales del Estado, con el máximo nivel de transparencia en los procesos de selección”, expresó el presidente del Consejo.

“También vamos a elevar la propuesta de otorgarle rango legal a este Consejo Económico y Social. No están todos los que tienen que estar en este Consejo; lo queremos ampliar, lo queremos extender al resto del país y el proyecto de ley va a dar un sentido de esto.”, explicó.

En igual forma destacó el Código de Ética y el Observatorio de Ética Judicial que varias provincias tienen en marcha y que “tenemos que consolidar a nivel nacional”, en su enumeración, mencionó “la Agencia Nacional para la Prevención de la Violencia y la propuesta de implantación de los juicios por jurados, para juzgar, entre otros, los delitos de corrupción pública que son la peste de nuestra democracia”.

Seguidamente y sin aportar mayores detalles, Béliz sostuvo que “nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto de ley de industria automotriz y electromovilidad; sobre la construcción; sobre  agrobioindustrial; sobre cannabis medicinal y el cáñamo industrial; sobre la industria audiovisual, la ley de economía del conocimiento y sobre la política estratégica del turismo”.

Todos estos títulos fueron oportunamente anunciados y ahora resultaron útiles para volver a anunciar.

“No son anécdotas, no son solo buenas intenciones, estamos demostrando con estos proyectos de ley, que el acuerdo y el consenso son posibles en la República Argentina”, completó el ministro de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

  

  Constituyen Comisiones en Senadores    

 La comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, quedó constituida y será presidida por el senador camporista Mariano Recalde, FdT.

El porteño indicó que hay que aprobar el programa de acción anual de la Auditoría General de la Nación (AGN), y agregó que encomendará un “informe de los programas de auditoría que están en curso para circularlo entre los integrantes”.

El jefe del FdT en Senadores celebró que es “la primera vez en dos años que nos reunimos” de manera presencial; y abogó por la visita de los miembros de la AGN para que, junto a los presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, se analice “el programa operativo que establece cómo van a ser las auditorías que tienen que ser autorizadas por el Congreso”.

En los restantes cargos fue elegido vicepresidente el diputado Álvaro González (Pro) -quien supo presidir la comisión en ocasiones anteriores-, y como secretarios el senador José Mayans, Formosa, FdT y el diputado Mario Negri, UCR, Códoba, respectivamente.

Los nuevos miembros determinaron que la bicameral se reunirá los martes a las 11.
La comisión quedó integrada por los senadores Mariano Recalde, Martín Doñate, José Mayans, Ana María Ianni, FdT, Luis Naidenoff y Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio); y por los diputados Tomás Ledesma, Jorge Verón, Jorge Romero, FdT, Álvaro González y Mario Negri (Juntos por el Cambio).

 

 

La legislatura bonaerense no encuentra la fórmula para constituir las comisiones   

 Con el correr de los días todo indicaba que llegaba el tiempo para conformar las 47 comisiones permanentes que funcionan en la Cámara de Diputados así como también las 27 de Senadores.

En razón de ello, al no existir dictámenes, las iniciativas no pueden arribar a los respectivos recintos.

El reparto de las comisiones no es tarea menor en la cualquier legislatura, toda vez que el presidente de cada uno de los cuerpos tiene la facultad de convocar o no a sus integrantes, armar los listados de proyectos a tratar y, por consiguiente, de agilitar o demorar la llegada de una iniciativa al recinto.

Lo que no está definido hasta el presente es encontrar la fórmula para que, en el Senado, María Teresa García por el Frente de Todos y Cristian Gribaudo de Juntos por el Cambio, salgan de la rosca y puedan iniciar el camino aconsejable.

Por estas horas, fuentes legislativas confiaron que la discusión está trabada en la definición de la mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que define el destino de los pliegos que gira el Poder Ejecutivo a la Legislatura bonaerense.

En tanto, en Diputados el escenario aparece más despejado.

Las comisiones de mayor jerarquía ya habrían encontrado las respectivas autoridades.  

Asuntos Constitucionales y Acuerdos, llevará a Susana González como presidenta y a Daniel Lipovetzky como vice; Presupuesto e Impuestos, con Juan Pablo De Jesús y Matías Ranzini; y Legislación General, para Rubén Eslaiman, y la radical Vanesa Zuccari.

Para definir la integración de las comisiones los bloques resolvían un esquema en el que los cuerpos con 13 integrantes, tengan seis diputados del Frente de Todos, cinco de Juntos y dos de los espacios más chicos, mientras que los que tienen 11, quedarían con cinco para el oficialismo, cuatro para la oposición mayoritaria y dos para las fuerzas en minoría.

  

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo   

 

Ø    DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA HIDROVIA PARAGUAY - PARANAMAÑO, GRACIELA: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO FIRMADO CON LA CORPORACION NUCLEAR CHINA - CNNC - PARA LA CONSTRUCCION DE UN PLANTA NUCLEAR EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

Ø  LOPEZ, JUAN MANUEL: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR) Y OTRAS, EN EL MARCO DEL REGIMEN LEGAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

 

Ø  VIDAL, CLAUDIO ORLANDO: SITUACION ACTUAL DE LAS AEARONAVES QUE CONFORMAN LA FLOTA DE LA EMPRESA AEROLINEAS ARGENTINAS

 

Ø  OCAÑA, GRACIELA; ROMERO, ANA CLARA; ZAPATA, CARLOS RAUL; OMODEO, PAULA; BRAMBILLA, SOFIA; TORELLO, PABLO; MILMAN, GERARDO; AGUIRRE, MANUEL IGNACIO; JETTER, INGRID; LENA, GABRIELA; CAMPAGNOLI, MARCELA; STEFANI, HECTOR ANTONIO; CORNEJO, VIRGINIA; ASCARATE, LIDIA INES Y SANCHEZ, FRANCISCO: DISPONGA MEDIDAS NECESARIAS PAR QUE AMADO BOUDOU, CARLOS ZANNINI Y CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, AFRONTEN CON SU PATRIMONIO EL PAGO POR LA EXPROPIACION DE LA EMPRESA CICCONE CALCOGRAFICA S.A., ANTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 26671 QUE FALLO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

 

Ø  ASCARATE, LIDIA INES; COBOS, JULIO; JETTER, INGRID; NIERI, LISANDRO; DE MARCHI, OMAR; CRESCIMBENI, CAMILA; AGUIRRE, MANUEL IGNACIO; BRAMBILLA, SOFIA; COLI, MARCELA; GARCIA, XIMENA; MILMAN, GERARDO; RIZZOTTI, JORGE; JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES; ROMERO, VICTOR HUGO Y SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO: EXPRESAR REPUDIO A LA MEDIDA DICTADA POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL DE SUSPENDER LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y ACEITE DE SOJA, HASTA NUEVO AVISO.

 

Ø  RUARTE, ADRIANA NOEMI: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC –

 

Ø  CRESCIMBENI, CAMILA; ASCARATE, LIDIA INES; NUÑEZ, JOSE CARLOS; ROMERO, ANA CLARA; REZINOVSKY, DINA; TORTORIELLO, ANIBAL; STEFANI, HECTOR ANTONIO; SOTOLANO, MARIA Y LENA, GABRIELA: FALTANTE DE TARJETAS SUBE, 

 


viernes, marzo 25, 2022

 EDICION 1122

En el inicio de la “guerra a la inflación”  

 Todo conflicto comienza con aprontes, escarceos y tentativas varias para enfrentar el tema y quienes serán sus oponentes y adherentes.

El anuncio presidencial fue el viernes pasado, ya entrada la noche; los acontecimientos de peso comenzaron a llegar el sábado por la madrugada, pero no fueron noticias que repercutieran rápidamente en favor de los involucrados.  

Como es habitual, hicimos consultas con los expertos analistas del Instituto para el Desarrollo Social Argentino quienes diagnosticaron que la estrategia oficial es más de lo mismo.

Señalaron que en los dos primeros meses del año, la inflación se ubicó en el 4% mensual, lo cual significa un 60% anual. Un indicador sensible, como son los alimentos, vienen creciendo al 6% mensual lo que implica un 100% anual. La luz de alarma que mayor inquietud debe haber causado es que los precios de los alimentos en el Gran Buenos Aires están creciendo por encima del promedio nacional.

La guerra contra la inflación, anunció el Presidente, se va a afrontar con controles de precios, ley de abastecimiento, aumento de los derechos de exportación de la harina y aceite de soja en un 2% para financiar un fondo de estabilización del precio del trigo Así también la convocatoria a representantes empresariales, sindicales y de organizaciones piqueteras. 

Desde el ámbito parlamentario la oposición se manifestó crítica, toda vez que el trámite debe pasar por el Congreso. “Es inconstitucional. Como es un decreto de necesidad y urgencia (DNU) debe ser tratado primero por la Bicameral de Trámite Legislativo y luego por las cámaras”, advirtió el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri.

Volviendo al tema, se trata de las mismas medidas que se vienen anunciando y aplicando hasta hoy.

Dado que la inflación se mantiene creciendo, la decisión de ir a la guerra con las mismas armas con las que se viene perdiendo todas las batallas, sugiere que la estrategia oficial es usarlas con más intensidad.    

La pregunta es si más de lo mismo aplicado con más intensidad, podrá apaciguar la inflación.

Para responderla vale observar la evolución de tres datos básicos en la última década.

Según el Ministerio de Economía, entre el 2011 y el 2021 se observa que:

      ·         El Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales es un 3% inferior.

·         La emisión monetaria acumulada en la década aumentó un 2.200%.

·         La inflación en el mismo período fue de 2.000%.  

 

Los datos muestran que mientras la cantidad de bienes y servicios (PBI) es la misma que hace una década atrás, la cantidad de billetes emitidos por el Banco Central creció en 22 veces. 

 Habiendo 22 veces más billetes y la misma cantidad de bienes y servicios, no debería resultar extraño que los precios se hayan multiplicado por 20.

En este marco, querer bajar la inflación con controles de precios, ley de abastecimiento (el diputado Omar De Marchi pidió eliminar dado que a su juicio contiene disposiciones manifiestamente inconstitucionales), retenciones y acuerdos con dirigentes empresariales, sindicales y piqueteros, es voluntarismo.

La tesitura de que la inflación es un fenómeno multicausal es cierta.

Pero cada factor causal tiene una importancia diferente según el contexto.

En la actualidad, el déficit fiscal obliga al Banco Central a emitir más dinero del que la gente quiere aceptar. El Banco Central recupera parte del exceso de emisión con Leliq y pases. Pero como este instrumento está saturado hay un exceso de emisión que presiona sobre los precios. 

Una guerra contra la inflación con la máquina de imprimir billetes funcionando a pleno es guerra perdida.

Lo más contradictorio de la guerra contra la inflación es que para el gobierno es vital que la inflación siga siendo alta.

En el acuerdo con el FMI se dejó claro que la decisión del gobierno es no reducir el gasto público. Incluso se seguirán expandiendo los subsidios económicos ya que las tarifas se actualizarán por debajo de la inflación.

Esto es lo que permite hacer la ostentación de que es el “primer acuerdo que firma el FMI sin ajuste”.

Pero para que esto sea posible se necesita seguir aplicando el ajuste inflacionario, como se viene haciendo hasta ahora.

Es decir, apelar a que la recaudación aumente al ritmo de los precios, mientras el gasto público (en especial, las jubilaciones) lo hace a un ritmo inferior. Así entonces, la inflación es el único instrumento que juega a favor de moderar el déficit fiscal. Por eso, guerrear contra la inflación es dispararse a los pies.

La manera de evitar el ajuste y bajar la inflación es ordenando el Estado.

Pero mientras siga prevaleciendo el desorden (previsional, tributario, funcional, etc.) es inevitable el ajuste.

El ajuste puede ser explícito (aumentando impuestos o recortando gastos) u oculto (apelando a que la inflación logre el mismo resultado licuando gasto). Lo que no es posible es el planteo del gobierno que pretende: no ordenar el Estado, no aplicar ningún ajuste fiscal explícito y reprimir la inflación impidiéndole que haga el ajuste licuando el gasto público.  

 Desde nuestra publicación añadimos que el tema es tan conflictivo y de resolución complicada que el mismísimo FMI ha dispuesto una postergación en la fecha que se había fijado para el próximo pago.  

 Cerramos esta nota con un comentario del periodista Nelson Castro, presente en Kiev, Ucrania, respecto de la actual provisión de alimentos en el lugar: “faltan algunas cosas, pero debo señalar que algunos precios son más baratos que en la Argentina”    

  

 Plato fuerte en Senadores: debate sobre el Consejo de la Magistratura   

 Marcando los tiempos, se inició el trabajo legislativo en la Cámara de Senadores sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que tiene un plazo perentorio fijado para el 15 de abril próximo.

Tan es así que de no estar dispuesta para esa fecha una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

A última hora el interbloque de Juntos por el Cambio presentó el lunes pasado un proyecto de ley para la modificación en la integración del Consejo de la Magistratura.

El documento es producto de las iniciativas presentadas por legisladores de la coalición tanto en la Cámara alta como en la baja.

Por otra parte, el jefe de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, consideró “inaceptable” la composición que propone la iniciativa oficial y advirtió que en esta reforma “se pone en juego la agenda de impunidad

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque este proyecto no contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Por ser un tema de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentaría un contraproyecto unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político respecto del tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de Justica.

 

Las reuniones en el

Plenario de Comisiones

 A las 16.08 comenzó la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que tuvo la presencia del ministro del área, Martín Soria y del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El ministro inició su exposición lamentando el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de diciembre del año pasado al que calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país. Este fallo pone en jaque la división de poderes. No es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano. De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial. Según el fallo que declara inconstitucional una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios.  No solamente eso, sino que lo que es más grave que al declarar la inconstitucionalidad”

El ministro sostuvo que el proyecto oficial busca facilitar los consensos parlamentarios y aseguró que “no difiere mucho” del presentado por el gobierno anterior, en 2017, suscripto por el ministro Germán Garavano. 

El nuevo organismo tendría 4 jueces o juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de la justicia del interior; seis legisladores, dos del bloque mayoritario y uno por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por el estamento académico científico:  dos representantes de ese estamento.

“Creemos que es una composición inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, sentenció.

Para que no quedaran dudas sobre sus conceptos cerró su relato expresando que “el Congreso no puede permitir que la Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera, frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la Nación”, planteó, para concluir diciendo que “confiamos que este Congreso va a tener la responsabilidad que esta Corte Suprema no tuvo”. 

 A su turno, Mariana Juri, UCR Mendoza, expresó que el Ejecutivo demoró nueve meses desde el anuncio hasta la efectiva presentación del proyecto. No estuvo de acuerdo en un trámite expres para el proyecto y pidió reflexión por parte del oficialismo y crear canales de diálogo.

Al día siguiente, continuó por la mañana, la reunión de las comisiones.

Abrió el capítulo el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos. Destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). sostuvo que ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro.

 Siguió Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), quien subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino. El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó.  el presidente de FORES. el presidente de FORES.

Por su parte, Daniel Sabsay, criticó al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.

Se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legislador

Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.

A continuación, el abogado constitucionalista Alberto Spota sostuvo que “tiene que haber un representante de la Corte en el Consejo” y consideró que “el Poder Ejecutivo sí tiene que estar en el Consejo”. Luego se refirió al Poder Legislativo y sostuvo que “para mi tiene que haber cuatro representantes de cada una de las Cámaras: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría”. “No necesariamente tienen por qué ser abogados”, continuó al tiempo que consideró que “cada uno de los bloques decida si quiere enviar o no al Consejo a un diputado o a un senador o si pretende mandar, cada bloque, a un representante”. Por último, en relación a las universidades manifestó que “tienen que ser elegidos y electores profesores por concurso, de universidades públicas o privadas, siempre y cuando las privadas estén acreditadas por la CONEAU”.

Expuso luego Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.

Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses”.

Al término de las exposiciones se puso a la firma el texto del dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura. Fuel el senador Oscar Parrilli quien anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la semana próxima en el recinto. 

La iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida.

El apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.

Para el final dejamos las palabras del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillerno Snopek en el sentido de que “muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado”, y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no fueron mencionadas.

Al finalizar la reunión el presidente del plenario, informó que cada bloque puede emitir su dictamen y que “va a ir al debate final”. 

  

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo   

 

Ø  ROMERO, ANA CLARA Y TACCETTA, MATIAS: MEDIDAS ADOPTADAS POR CANCILLERIA ARGENTINA PARA SUBSANAR EL CONFLICTO ENTRE LOS PRODUCTORES VITIVINICOLAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA JUNTO A LA CAMARA QUE LOS NUCLEA, Y EMPRESAS PRIVADAS POR LA UTILIZACION DE LA MARCA COMERCIAL “PATAGONIA”.

 

Ø  CAMAÑO, GRACIELA: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO FIRMADO CON LA CORPORACION NUCLEAR CHINA - CNNC - PARA LA CONSTRUCCION DE UN PLANTA NUCLEAR EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

Ø  ESPERT, JOSE LUIS; CACACE, ALEJANDRO; LASPINA, LUCIANO ANDRES; LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO; MILMAN, GERARDO; NEGRI, MARIO RAUL; PIPARO, CAROLINA; RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; SANCHEZ, FRANCISCO; SANTILLI, DIEGO; TETAZ, MARTIN ALBERTO Y VIDAL, MARIA EUGENIA: CONDICIONES QUE HACEN AL ENTENDIMIENTO ENTRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y LA REPUBLICA ARGENTINA

Ø  GODOY, LUCAS JAVIER: DE DECLARACION. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CECULAR SE ABSTENGA UTILIZAR LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO CUANDO EFECTUE LA PORTABILIDAD NUMERICA A OTRA COMPAÑÍA

Ø  LOPEZ, JUAN MANUEL: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR) Y OTRAS, EN EL MARCO DEL REGIMEN LEGAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

 

 

 

 

Breves

 Pedido por Alquileres. El jefe de la UCR, Mario Negri, expuso que “el Gobierno amaga, pero no la quiere derogar ni modificar”.

Anunció que el interbloque Juntos por el Cambio convocará a una sesión especial para tratar la derogación de la Ley de Alquileres.  

“Aunque no tengamos número vamos por la convocatoria; nos hemos cansado de insistir. La vamos a convocar para que se ponga en evidencia a ver quién va y quién no va”, desafió.

Por su parte, el bloque Frente de Todos también se evalúan iniciativas. En una de ellas estaría trabajando el sanjuanino José Luis Gioja.

 Legislatura bonaerense. Con un temario cargado de proyectos que quedaron pendientes del 2021 producto del apretado calendario electoral, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar por primera vez en el año, el pasado miércoles.

Si bien la semana pasada el Frente de Todos hizo un intento por sesionar, varios desacuerdos con la oposición postergaron el trámite administrativo. Uno de ellos, fue la adhesión al Consenso Fiscal 2022, que terminó quedando por fuera del orden del día. “No estaba maduro para la primera sesión del año”, reconoció uno de los legisladores de Juntos.

 Etiquetado frontal, envase de alimentos. Caloría, azúcares, grasas saturadas y totales y sodio son los elementos comprendidos. Fue reglamentada la aplicación de la ley 27,642 de Promoción de la Alimentación Saludable. Su aplicación tiene dos etapas; la primera dentro de los primeros 9 meses de vigencia y la segunda a 15 meses en el caso de Pymes. 

 Empresas con más de 100 empleados. Quedó reglamentado que en los lugares de trabajo con más 100 personas deberánm tener guardería en sus plentas.   

  

Entidades agropecuarias en Diputados. José Luis Espert, Carolina Píparo, y Javier Milei, de Avanza Libertad recibieron a representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que buscan ayuda del Congreso para torcer algunas de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno nacional en materia de política agropecuaria, como el aumento de retenciones a los subproductos de la soja o la intervención del mercado de trigo

 


viernes, marzo 11, 2022

 EDICIÓN 1120

Acuerdo con el FMI, con nueva redacción, a las puertas de la Cámara de Senadores

Finalizado el período de Sesiones Extraordinarias, convocado por el Ejecutivo para el mes de febrero y que no sesionó siquiera una sola vez, arribamos al nuevo periodo legislativo con la intención de inaugurarlo con la sanción definitiva que recaerá en la Cámara de Senadores.

Comenzó con reuniones informales de los integrantes oficialistas de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. La suma de comisiones fue de Juntos por el Cambio, y formó parte del debate del Memorando de Entendimiento con el FMI, pues los antecedentes indican que debía participar: cuando se discutió la ley de Sostenible de la Deuda Pública para pagarle a los holdouts, el proyecto tuvo dictamen de Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

Como ratificación oficial que el clima interno no era ni es el mejor, fueron las palabras del jefe de Gabinete Juan Manzur quien reclamó a los kirchneristas no militar el voto en contra y facilitar la sanción.

"Una mirada crítica, no es razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura", señaló al inicio del plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

"Estamos en una instancia en la que necesitamos dar cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina con el organismo", agregó el tucumano. 

Sostuvo que la situación del país invita a "pensar y actuar por fuera de las divisiones políticas y, como dije antes, con "responsabilidad y vocación de futuro".

El mensaje estuvo dirigido a Máximo Kirchner, quien se expresó en contra del acuerdo, pero no se conoce que haya impartido una instrucción a sus diputados.

De todos modos, tres miembros de su agrupación se fueron de la comisión para no tener que votar en contra. 

Por su parte, en el oficialismo de Senadores preparan el recibimiento del documento que certifica el acuerdo entre el Gobierno y el FMI. La vice del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, confirmó que –ante el tratamiento- la bancada se dividirá, pero insistió que buscan evitar una fractura.

Mientras tanto, se conoció que el rionegrino Alberto Weretilneck, amenaza con rechazar el proyecto. “Hablando rápido, en confianza, hoy es no, es negativo, ni siquiera abstención, porque normalizar esta situación es normalizar lo que fue este crédito", apuntó el ex gobernador.

En medio de las difíciles jornadas que se vivieron en Diputados, se supo que el ministro de Economía, Martín Guzmán viajó con destino en Nueva York y Washington, para reunirse con inversores, el FMI y funcionarios del Tesoro. Es el primer viaje en una gira que lo llevará después a Europa en busca de apoyos para renegociar un programa con el FMI y la deuda con el Club de París.

Por las reuniones de comisiones en Diputados pasaron gobernadores -en su mayoría oficialistas-, especialistas, cámaras empresarias y los integrantes del G6.

Sobre el particular se pudo conocer que principales empresarios del país se comunicaron con de manera reservada con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, entre otros dirigentes de Juntos, para que el frente opositor vote el acuerdo. Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) pidió al Congreso "acompañar esta decisión estratégica de avanzar en este entendimiento", luego de celebrar el acuerdo del Gobierno con el FMI.

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), emitió un comunicado en el que advirtió que "la aprobación del Programa es una condición necesaria para que Argentina pueda consolidar el crédito público y así generar las bases para crecimiento económico inclusivo de nuestro país".

Las entidades centrales del movimiento trabajador, la CGT y la CTA también se expresaron.  

En sentido contrario los dirigentes sindicales de distintos gremios no dudaron en emitir juicio negativo sobre el acuerdo con el FMI.  

Llega el acuerdo final

Dos artículos incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio sino también al interbloque Federal, que pasadas las 14 del miércoles organizó una conferencia de prensa donde informaron que sus miembros se negaban a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo, postura similar a la planteada por Juntos por el Cambio.

Pasado el mediodía del miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada y verse con el presidente Alberto Fernández. 

El diputado llevó tres propuestas de la oposición y una del Frente de Todos, que se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.

Las novedades del presidente Massa, al regresar de la Casa Rosada, llegaron directamente al despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri, acompañado por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. Por Juntos por el Cambio participaron el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, y sus pares Ricardo Buryaile, Silvia Lospennato, Ricardo López Murphy entre otros. El acuerdo estaba cercano.

Fue cuando los dos artículos de la discordia se transformarían en uno solo, consensuado entre los bloques -oficialistas y opositores-.

Quedó descartado de plano el que correspondía al polémico Programa de Facilidades Extendidas que, coincidieron, no es tema que debía interesar al Congreso sino al Poder Ejecutivo.  

Mientras se establecía un cuarto intermedio de algo más de tres horas en el plenario de comisiones, se acordó que cada sector de Juntos por el Cambio recibiera el nuevo texto y diera su conformidad.  firmando el dictamen correspondiente, con las correcciones acordadas.  

Reanudada la reunión de comisiones se aprobó el dictamen con el voto afirmativo de 75 legisladores.

Fue la herramienta habilitante para el tratamiento que se programó para el día siguiente.    

Ya en el recinto, a partir de las 14 comenzó la ronda de exposiciones que finalizaban con el sentido del voto.

En el inicio de la sesión no estuvo el ex presidente del cuerpo oficialista, Máximo Kirchner y fuentes confiables aseguraron que no hablaría durante el debate, cosa que asi fue. Al momento de la votación apareció y cumplió con proceder. Todo en absoluto silencio.  Posiblemente haya sido consecuencia directa del especial pedido formulado por el presidente Massa sobre la tranquilidad que debía imperar en el recinto durante el debate.

Finalizadas las exposiciones por bloque y las personales se llamó a votar, resultando 202 votos afirmativos, 37 votos negativos, 13 abstenciones

Como dato adicional se debe mencionar que la mayoría de los votos positivos fueron de Juntos por el Cambio (111), le siguieron FdT (76). Los votos negativos llegaron desde FdT 28, JxC 1.

Las abstenciones llegaron todas desde FdT.      

Con el resultado en los tableros informativos, se escuchó la opinión del jefe del bloque Juntos por el Cambio. Mario Negri definió: estamos frente a un gobierno débil, un país débil, un oficialismo fracturado y un mundo cargado de incertidumbres. Si no estuviera JxC acá el default era inevitable”.  

Queda sancionado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores      


La opinión de IDESA

Según comenta en su último informe, el equipo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino detalla que el acuerdo fija metas de déficit y emisión monetaria expresadas en pesos nominales. Se presentan políticas que hacen improbable el cumplimiento.

El documento contiene lo que coloquialmente se llegó a llamar la “letra chica”.

El Gobierno aspira a bajar el déficit fiscal con un gasto público que seguirá creciendo en términos reales. Esto implica que el énfasis estará en aumentar los ingresos públicos.

En este sentido, se proyecta aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales y una reducción en la evasión. Desde el punto de vista del gasto, el aspecto más importante son los subsidios energéticos.

Como los salarios crecen aproximadamente al ritmo de la inflación, los ajustes de tarifa serán inferiores a la inflación. 

Esto implica que los subsidios energéticos subirán por encima de la inflación. 

Por aplicación de estas políticas se espera cumplir con los compromisos fiscales y monetarios. Según el memorando, el gobierno nacional deberá: tener un déficit fiscal primario de $1.759 miles de millones (equivalente a unos 2,5% del PBI) en el 2022.

El Tesoro no podrá recibir del Banco Central más de $705 mil millones (que equivalen a aproximadamente el 1% del PBI) en el 2022.

Esto implica aumentar la deuda en un 3,5% del PBI que resulta de 1,5% para cubrir el déficit del ejercicio y 2% PBI para pagar intereses del stock actual de deuda.   

Estos datos muestran que el acuerdo contempla metas desafiantes.

No solo porque implica bajar el déficit (del 3% al 2,5% el PBI) y la emisión monetaria (del 4,6% al 1% del PBI) con un importante aumento en la colocación de deuda. Sino porque las metas no se establecieron en términos del PBI, como generalmente se estila hacer, sino en pesos nominales. Esto simplifica el monitoreo, pero le impone al gobierno una dura restricción.

El mejor desempeño de la AFIP contribuiría con un 0,3% del PBI. El aumento en Bienes Personales, también supeditado a la mejora en la gestión de la AFIP y de los gobiernos provinciales, aportaría sólo 0,2% del PBI.

El ahorro por eliminar los subsidios al 10% de los usuarios, aportará 0,06% del PBI, un nivel ínfimo. Mientras tanto los subsidios seguirán subiendo debido a que el 90% de los usuarios de luz y gas tendrán ajustes por debajo de la inflación.

Pero lo más importante es que al haberse fijado las metas en valores nominales, el gobierno pierde la principal herramienta que viene usando para reducir el déficit fiscal: la licuación del gasto a través de la inflación. Con alta inflación podría mostrar reducciones del déficit en términos de PBI, pero no en valores nominales. 

Salvo que haya un aumento en la presión tributaria (incrementar los derechos de exportación y/o se reimplante el impuesto a la riqueza) el acuerdo no podrá ser cumplido.

Servirá para que los funcionarios nacionales declamen que es el primer “acuerdo de la historia sin ajuste” y para que los técnicos del FMI deslinden su responsabilidad porque los incumplimientos serán objetivamente explicitados.

Quedó iniciado el Periodo Legislativo 140       

Los nuevos proyectos que serán enviados desde el Poder Ejecutivo

 Más allá de los detalles surgidos de la Asamblea Legislativa que son destacados por los medios de prensa, nos parece apropiado concentrarnos en los primeros aprontes sobre los proyectos que serán propuestos por el Poder Ejecutivo, algunos que fueran anunciados en el mensaje presidencial y detalles que surgen de la lectura más serena de las palabras del Presidente.

 El discurso

Fue largo (98 minutos) y por momentos monótono. Quedó omitida la declaración formal del inicio del Período Legislativo 140. El anuncio debió ser realizado por el Presidente Fernández y tampoco fue enmendado por la Presidenta de la Asamblea.    

Abogó por la paz mundial y la acción desarrollada en la pandemia. Condensó el sentimiento solicitando un minuto de silencio que fue cumplido con relativo recogimiento. 

En el recinto varios legisladores de la oposición desplegaron carteles con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania mientras que los representantes de la Izquierda se pronunciaron “no al pacto con el FMI”, dividiendo la frase en cuatro pancartas. 

Criticó a la a la oposición y reiteró la necesidad de modificar el sistema judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. 

Abordó el tema de la deuda externa argentina recordando que en la gestión anterior se contrajo una deuda “impagable”. 

En momentos en que el presidente se refería al tema … “El año pasado, a través del decreto N° 8, instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal, tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento”.

Al abordar cuestiones políticas, miembros del Pro se retiraron del recinto molestos por las alusiones efectuadas.  

Una detallada enumeración de problemas en torno de la inflación constante no encontró debido sustento en las palabras presidenciales, así como también algunas fuentes consultadas vincularon el texto leído como un programa para una gestión que recién se inicia.

Al respecto, el diputado Martín Tetaz dijo que la demora en la presentación del acuerdo con el FMI en el Parlamento se debe a la interna dentro del oficialismo por posturas enfrentadas: “El presidente arregló un perro con el FMI y está tratando de disfrazarlo de gato para vendérselo a Máximo Kirchner”, afirmó en declaraciones radiales.

En su opinión, el discurso del mandatario durante la apertura de sesiones estuvo “demasiado concentrado en el pasado y con poca perspectiva en el futuro”.  

Como ejemplo de facetas distintas en el bloque opositor. Luis Juez, líder del Frente Cívico de Córdoba, dijo que él se quedó en su banca, a pesar de no compartir el sentido de lo que decía el mandatario, ya que tiene “en cuenta la responsabilidad que la gente me confirió cuando me eligió”.

“Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas, porque para eso te eligieron. No te ofende quien quiere, sino quien puede. A mí no me va a ofender Alberto porque no tengo nada que ver”.

Volviendo al mensaje presidencial, cuatro situaciones de importancia para la ciudadanía y que requieren mayor atención quedaron en el mensaje presidencial resumidas en pocas palabras.

Ante una eventual reforma previsional: sostuvo que “no habrá. La edad jubilatoria no será alterada; un destino similar se otorgó a una eventual reforma laboral. No satisfecho con estas mínimas resoluciones anunció que “en la Argentina se acabaron los tarifazos”. 

Sobre esto último declaró que se segmentarán los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. “En principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443”.

Respecto del tema de ajustes tarifarios, la portavoz, Gabriela Cerruti, horas después informó que las tarifas de luz y gas van a subir a partir del coeficiente de variación salarial (CVS), como parte del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta modalidad será solo para los usuarios residenciales, y se aplicará el CVS del año previo.

Explicó que a los usuarios residenciales con mayor poder adquisitivo les quitarán los subsidios, mientras que en el caso de los que cuenten con tarifa social y los sectores vulnerables, el aumento se calculará por el 40% del CVS del 2021.

Para el resto de los usuarios el alza será del 80% del CVS del 2021.

 

Los proyectos de ley y pedidos

parlamentarios anunciados   

·         Acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa argentina.

Aún no se conoce el texto definitivo y su futura remisión al Congreso Nacional; según el ministro Guzmán, “será enviado en los próximos días”

 ·         Ley Nacional de Empleo Joven.

 ·         Iniciativas del PEN enviada en el anterior período ordinario que no recibieron tratamiento. Entre ellas, el desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción. Inversiones automotrices. Electromovilidad, referido a estimular la fabricación y difusión de vehículos eléctricos. Cadena de valor del litio.

 ·         Ley agro bioindustrial, para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales.

 ·         Ley de Compre Argentino, fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en nuestras PYMES y cooperativas.

 ·         Desarrollo hidrocarburífero, amplía el potencial de nuestra industria, sea palanca para el desarrollo industrial, la creación de empleos y el desarrollo exportador.

  •  Ley de nanobiotecnología, extienda y supere la actual ley de biotecnología moderna.
  • Ley de hidrógeno, que estimule y reglamente el desarrollo de la actividad.
  • Ley del sistema nacional de calidad. Pretende dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que la Argentina no puede exportar productos de clase mundial.
  • Ley de alquileres. Avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la actual

·         Reforma del Consejo de la Magistratura. Implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliación de los mecanismos de acceso a la Justicia.  

      ·         Conformación y funcionamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación     

      ·         Derechos de las personas con discapacidad.

·         Ampliación de días de licencia por maternidad, paternidad y adopción. 

      ·         Presupuestos mínimos de evaluación ambiental

 

  

Reacciones frente a un salvaje caso de violación de una mujer

 Tras la elección de las autoridades de la Comisión, la senadora Anabel Sagasti se refirió a lo acontecido en calles del barrio de Palermo, en la city porteña: “no encuentro palabras para describir la furia e impotencia que sentimos todos con lo ocurrido con 6 varones que abusaron de una mujer”.

Sostuvo que “desde esta banca tenemos que pronunciarnos por lo ocurrido y lo cual es algo que se da de manera cotidiana. Nuestras pibas y pibes viven estas situaciones de manera cotidiana. Hay que visibilizar para que se tome conciencia, trabajando colectivamente y luchando para evitar este tipo de situaciones”.

La senadora Sagasti destacó que “proponemos hacer un comunicado consensuado por la comisión y luego un proyecto de repudio donde puedan participar todos los senadores y senadoras que quieran y llevarlo al recinto”.

“Entendemos que es urgente rencausar el debate público y que esta banca tome la iniciativa desde un comunicado que es lo más rápido”, añadió.

La senadora Guadallupe Tagliaferri (Bloque Pro) estuvo de acuerdo con firmar un documento consensuado en repudio a lo ocurrido, y destacó que “hay que dejar en claro que no fue una manada, fueron varones que decidieron de forma deliberada violar a una mujer, no son animales son varones consientes y racionales”.

La senadora Silvia Sapag, Neuquén, FdT, consideró que “nuestro lugar en la sociedad ha avanzado, pero falta tantísimo, desde las cosas más básicas, como que nuestro cuerpo sea respetado, no somos una cosa a disposición. Ellos saben que pueden, que sus amigos los van a permitir y que la justicia poco hace”.

Luego la presidenta de la Comisión aseguró que durante la tarde se elaborará el documento consensuado.

Finalmente, la Comisión de la Banca de la Mujer escuchó las palabras de la política y filóloga Minerva Josefina Tavárez Mirabal sobre la “vindicación de la política”.

La profesional expresó su deseo de “hacer una reivindicación de la política, que ha sido tan desprestigiada y satanizada por este sistema en el que vivimos.

“La política es el más importante de todos los espacios colectivos desde los cuales se puede trabajar”.

Consideró que “este mundo en crisis nos pone frente a la necesidad de recuperar a la política como acción colectiva y los espacios públicos para trabajar con orgullo. Esa es nuestra responsabilidad, sobre todo las mujeres”.

Hace pocas horas se conoció la medida judicial de dictar el procesamiento de los implicados en virtud de los elementos y pruebas encontradas.