EDICION 1136
Llegan al recinto importantes proyectos
Alivio Fiscal
logra tratamiento en Senadores; ya tiene fecha para la sanción definitiva
El proyecto, que sufrió modificaciones en
su texto antes de la votación con el objetivo de sumar más apoyos; deja
establecido que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y
D del monotributo se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en
29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina
los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.
Con la presidencia del senador por La Rioja Ricardo Guerra, Frente
Nacional y Popular, tuvo lugar la reunión para tratar el proyecto de ley en
revisión de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos.
Al inicio, Guerra consideró “muy importante que haya sido aprobado por
unanimidad en Diputados. Detalló que 4.500.000 de monotributistas y 140.000
trabajadores autónomos se verían alcanzados con esta medida, y agregó: “El
objetivo es actualizar escalas en el régimen de pequeños contribuyentes debido
a su desactualización por los procesos inflacionarios”.
José Mayans, presidente del bloque
oficialista, expresó el apoyo de su bloque al despacho “así como vino de diputados,
porque urge aliviar a estos sectores”.
Carmen Alvarez Rivero, Pro, sostuvo que con este proyecto “estamos
desfinanciando a la seguridad social y alentando la inflación”.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que “más
allá de la urgencia y la celeridad, vamos a acompañar en general el proyecto y
vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el monotributo”.
La iniciativa en revisión de los senadores, tiene como objetivo
actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que
cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y aumentar las deducciones de
ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.
Asimismo, la legislación adelanta al próximo 1 de julio, el ajuste para
los montos máximos de facturación, con la aplicación de un índice del 29,12%.
Alquileres
debuta en Presupuesto y Hacienda
Buscando
el mejor resultado, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal buscarán
fusionar sus propuestas.
Pero
nada es gratis, para lograr este escenario inesperado hubo que aguardar más de
30 días para que el mandamás de la comisión, Carlos Heller, encontrara
el hueco donde ubicar el proyecto que “le interesa a la gente”, al decir de
parte del oficialismo.
Hasta su ingreso en Presupuesto y Hacienda,
el dictamen de mayoría del Frente de Todos, revindica la ley actual, al
mantener el plazo de tres años en los contratos, así como también el índice
para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y
RIPTE.
En el capítulo de incentivos fiscales,
razón que fue trampolín para que el proyecto aterrizara en otra comisión, el
oficialismo propone una reforma del régimen de monotributo para beneficiar a
los que tengan más de tres unidades; incorporar al régimen de la Ley de
Incentivo a la Construcción a los inmuebles que durante 12 años estén
destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se
encuentren registrados”; y eximir del impuesto a los Bienes Personales a
aquellas propiedades que cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de
pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
La frutilla de la torta la puso Cecilia
Moreau: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen
de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de
quien presida el pleno de las comisiones”.
Todo en la previa. Vamos ahora a la
actualidad.
De
cara al recinto, parece adverso para el oficialismo, dado que la oposición
superaría en número para imponer su texto.
Podrían
ocurrir incluso en pedido de sesión para debatir el tema en los primeros días
de julio. Igualmente, resta definir la postura que tendrán, los cuatro
diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la
ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos, el dictamen de minoría contaría con 116
legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del
interbloque Provincias Unidas.
El
dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos.
El
precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos
mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que
acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Para
los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización
del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a
tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios
Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o
una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
Exime de Bienes Personales a los
inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los
débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que
estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en
forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de
inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren
debidamente registrados”.
Lucas Godoy, por el oficialismo, sostuvo que la
oposición soslayó la voz de unos de los actores fundamentales de la relación,
que son los inquilinos; no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar
a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga
ningún tipo de regulación”.
Graciela Camaño, Interbloque Federal, observó que “los
salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el
gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación. El problema que
tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que
“desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que
tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario
hace muchísimos años. Este problema es mucho más importante, más profundo”,
dijo.
Ya sobre la hora del cierre de exposiciones, Luciano Laspina, Pro cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. “Este es un ejemplo más, negar la realidad, como niegan la inflación. “Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.
El jefe del oficialismo Germán Martínez,
“Razón, convicción y también corazón hacen
falta cada vez que aprobamos las leyes”, y planteó: “No venimos con una
superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá
hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se
tratan de impulsar”.
De
acuerdo a lo observado en la reunión de las comisiones, el proyecto que
resultará con mayor apoyo sería el de minoría que resume las necesidades mas
requeridas. Contrato a dos años, actualización de precios a convenir entre
partes.
El recinto
tiene la palabra; resta convenir el día de la sesión plenaria.
Concesionarios
de Automotores presentaron un proyecto sobre la industria
Ricardo Salomé, presidente de ACARA,
expuso detalles del proyecto de ley de concesión automotriz “que es sustancial
por lo que significa para nuestro sector y la economía del país”. (Una
vez ingresado reglamentariamente será publicado en la sesión correspondiente)
Detalló que la cadena de valor
automotriz, de la cual los concesionarios de Acara son parte, constituye el
equivalente del 2,5% del PBI. Esto es, el décimo lugar entre las 63 cadenas
identificadas en todo el país. Señaló que “su importancia en la vida cotidiana
se manifiesta en las actividades que surgen alrededor de un parque
automotor de 15.608.000 vehículos, con un promedio de antigüedad de 14,8 años.
Nuestro rol resulta insustituible entre productores y consumidores”.
Salomé remarcó que la de un vehículo es
“la segunda compra de un bien para los argentinos en importancia; exige un
fuerte vínculo de confianza”, y habló entonces de “garantizar los equilibrios y
la justa distribución de las responsabilidades, lo cual es el propósito de la
ley de concesión que presentamos hoy”. La idea es, expuso, “darle un marco
jurídico y actualizado a las partes que adapte en nuestro país los procesos
vigentes en los mercados más exigentes y competitivos, como son la Unión
Europea, Estados Unidos y Brasil”, país este último donde rige la ley conocida
como “Renato Ferrari”.
El titular de Acara destacó que buscan
dictar una ley para garantizar el equilibrio entre el concesionario y su
fábrica automotriz, la cual tendrá impacto en el empleo y la producción.
Conformamos 2.485 concesionarios a lo largo y ancho del país; 778 concesionarios de autos; 1.321 concesionarios de motos; 250 de maquinaria agrícola y 129 de camiones y acoplados. Todas PyMEs de capitales nacionales, que brindan empleo a 75 mil personas de modo directo y 275.000 de modo indirecto. Necesitamos una ley especial para nuestro sector”, aseguró que el proyecto tiene la pretensión de “cubrir la inseguridad jurídica” para terminar con una “continua situación de incertidumbre, mitigada en parte con el nuevo Código Civil de 2015. “Se enmarca en el objetivo de fortalecer la relación de forma equitativa, fijando parámetros claros en el contenido de los contratos, propendiendo no solo a una mayor simetría en la relación, sino también mejorando la relación de la concesionaria con el consumidor final. Para proteger la industria hay que proteger la cadena que va de la producción a la comercialización”, y así dotar a las concesionarias “de capacidades de hecho y de derecho”.
“No queremos tener ningún trato
preferencial como sector diferente al que tienen todos los países productores
con sus concesionarios. Dar seguridad jurídica a los concesionarios es dársela
al consumidor final, que es el que trata directamente con el concesionario, es
amigo del concesionario, compra por la confianza, por su servicio de posventa y
el consumidor final deja en manos del concesionario el segundo bien más
preciado de su vida”.
Al momento de las observaciones, los senadores plantearon algunas objeciones.
El senador radical correntino Eduardo Vischi, observó
que un artículo deja sin efecto la Ley de Defensa del Consumidor; también
planteó una observación respecto del artículo que habla de la obligatoriedad de
que sólo se venda dentro de la concesionaria.
El titular de ACRA manifestó
que no querían estar fuera de la Ley de Defensa del Consumidor y lo atribuyó a
“un importante error de tipeo”.
El error y la respuesta no fueron del agrado legislativo. El dirigente expresó que enviarán un texto corregido y que “todas las ventas serán realizadas dentro del concesionario. “La gran mayoría de las ventas se producen dentro de concesionarios; no vemos por qué las fábricas tienen que vender en forma directa. Para eso nombraron una red de concesionarios.
“Las terminales tienen
que producir y las concesionarias vender. Para eso estamos, para comercializar
los productos que realizan las marcas”.
Carmen Alvarez Rivero, Juntos por el
Cambio, tuvo observaciones respecto de que pudieran levantarse garantías
constituidas; también el tema de que las terminales y concedentes tengan que
indemnizar por pérdidas; la indemnización de los planes de ahorro y que todo
eso tenga que pagarse en 60 días. Y alertó: “El mejor negocio para una
concesionaria va a ser cobrar las indemnizaciones”.
“No creo que sean la
voz de todos los concesionarios”, e hizo especial hincapié en el tema de los
planes de ahorro. “Hay miles y miles de juicios o demandas, porque hay
muchísimos consumidores que no están siendo por lo menos informados
correctamente y se meten en planes que no pueden pagar y resultan una forma de
sacar ahorros y nunca jamás llegan al auto que quieren comprar”.
El titular del
interbloque oficialista, José Mayans, señaló que “siempre
decimos cuál es la economía que funciona. Precios justos, salarios justos. La
preocupación que usted expresa es también la nuestra.
“Necesitamos que exista
respeto hacia los consumidores.
“Hay sectores que se
han caracterizado por el abuso, la Argentina vive un momento especial. Tenemos
un endeudamiento público que ha sido fuertísimo. Tenemos inconvenientes con la
utilización de los dólares”, comentó el formoseño, recordando que “en su
momento lo que reclamaba la industria era elevar la producción del proyecto
terminado en la Argentina. Porque en esa discusión se decía cuál era el
porcentaje: 30% local y 70% importado”.
“No deberían poner
Industria Argentina, sino 70% importado”. Aclaró que en eso ellos no tenían
nada que ver.
“En el caso de ustedes,
que hacen la comercialización, lo que reclama el pueblo argentino son precios
justos y un esquema que no sea abusivo. El compromiso que podemos asumir es
estudiar el tema, lo vamos a trabajar, llamaremos, consultaremos.
“Después haremos una
contrapropuesta. Es el compromiso que asumimos”.
En el tramo final, el
presidente de la comisión Ricardo Basualdo, Cambiemos, consideró necesario analizar la problemática del sector a fin de “sacar algo por
consenso, que sea beneficioso para las dos partes: terminales y concesionarias”
Fuertes vientos
afectan el accionar
del Presidente
Massa
Preocupados y en alerta por el desgaste
al Presidente de la Nación, están solicitando reacciones en línea y actuar en
consecuencia.
Hay pedidos de convocatoria a una mesa
que incluya a los representantes del Frente Renovador de la provincia de Buenos
Aires a los que, en las últimas horas, se habrían agregado los de Río Negro y
Chubut.
A la luz del paso de las horas el malestar
va en aumento por la falta de iniciativa de parte del Ejecutivo en la lentitud
en adoptar medidas que protejan diversos sectores de la clase media.
Al respecto preocupa el derrumbe de los
bonos CER en pesos a la que suma los altos índices del valor del dólar y la
generalizada caída en el precio de las acciones.
Como se recordará, Massa acompañó al
Presidente en su viaje a Los Ángeles ocasión en la que más allá de lo
protocolar de la reunión internacional, incluía discutir los términos de una
"reorganización" del Gobierno nacional.
Los diálogos parecieron haber ocurrido,
pero, por los ánimos demostrados, al parecer el presidente Fernández no define,
en los tiempos supuestos, tomar una definición sobre las incógnitas.
Las fuentes consultadas destacaron que “no
hay ánimo de ruptura, sino el aporte, una vez más, hacia la coalición, respecto de la cuál creemos que debe ser la hoja de
ruta programática hacia la unidad del Frente de Todos”.
Mientras tanto, Guillermo Michel, que
responde a Massa, fue designado titular de la Dirección General de Aduanas en
reemplazo de Silvia Traverso.
Será la segunda etapa de Michel al frente
de la Aduana, un lugar que ya ocupó en 2015 durante el gobierno de Cristina
Kirchner.
