EDICIÓN 1211
El Parlamento Nacional en
plena actividad
Recibieron en el
recinto los pliegos de seis embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo
Nacional, incluido el del rabino personal del presidente, que había tenido un
trámite espinoso en la comisión de Acuerdos.
Fueron
aprobados un paquete de tratados internacionales sobre servicios aéreos,
asistencia jurídica y extradición, entre otros temas.
La
Cámara alta sancionó ayer jueves por unanimidad -67 votos afirmativos- el
Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los
usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de
Santa Fe, Argentina. Fue el único que se convirtió en ley, ya que contaba con
la aprobación previa de la Cámara de Diputados.
El
convenio tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia
internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten
servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles
en los Estados parte del Mercosur.
En la Cámara de Diputados
El proyecto
del Poder Ejecutivo ingresó y fue puesto a consideración de la comisión de
Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa que contó con la presencia
de funcionarios nacionales.
La comisión
que encabeza José Luis Espert, comenzó el análisis del
proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
La iniciativa
se prevé debatir en el recinto conjuntamente con el proyecto de ley de Bases.
Para eso se espera que tenga dictamen la semana que viene y pueda llegar al
recinto en los primeros días de mayo.
El
proyecto incluye la modificación en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales
y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, blanqueo y moratoria,
entre otros temas.
El Secretario de Hacienda Carlos Guberman, detalló el contenido del proyecto de ley, presentado como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.
Fue
el encargado de detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un
complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política
económica y de gestión que tiene este Gobierno”.
Sobre
el tema contó que “hay algunas diferencias respecto de lo que se había trabajado
en enero”, pero aclaró que las mismas no son “sustanciales”. La diferencia
sustancial es, dijo, la inclusión del impuesto a los Ingresos Personales, que
esa vez no estaba. En el verano, la intención era tratarlo por separado, ahora
se unificó, comentó.
Respecto de la función de las comisiones, el trabajo legislativo fue intenso con agenda cargada de reuniones.
Se completó la conformación de todas sus comisiones -a excepción de Juicio Político- tras constituirse la de Deportes, Libertad de Expresión y Legislación General.
Movilidad Jubilatoria: Se acerca
su definición en las comisiones
Ponderó el análisis
que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes
interesantes para el debate”. “Dimos una apertura total, integral y cabal al
tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas
las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó.
La titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.
La consigna fue
cumplida en todo el desarrollo de la reunión y mereció el reconocimiento especial
del diputado Sergio Palazzo, Unión por la Patria, quien agradeció
las formas y el desarrollo dado a la reunión.
Itai Hagman se refirió al dictamen de Unión por la Patria, “es una recomposición de los haberes.
“El
12,5% que está en el DNU claramente no amortigua el efecto inflacionario de los
últimos tres meses, nosotros planteamos en nuestro proyecto una recomposición
del 30%. Si no partimos de una recomposición que dé cuenta del salto
inflacionario, lo que estamos haciendo es consolidar un bajo haber jubilatorio
en el tiempo”, agregó.
Rodrigo
de Loredo, UCR, defendió el dictamen unificado del bloque UCR y de
Hacemos Coalición Federal. “¿Es posible lograr los objetivos fiscales sin
acudir a una poda de los haberes de nuestros adultos mayores? Sí, es posible,
la licuadora que aplicó el gobierno en estos tres meses podó más del 35% el
haber previsional”, declaró.
La titular de la comisión, Brouwer
de Koning (UCR), detalló los alcances del dictamen de su bancada. “Se quiso
mejorar el porcentaje de recomposición salarial, teniendo en cuenta que el
decreto proponía un 12,5 nosotros proponemos llevarlo a un 20,6%, recomponiendo
la inflación que se perdió en enero”, dijo.
En otro orden, la sesión en el
recinto para tratar un proyecto del bloque Hacemos Coalición Federal no pudo reunir el quorum
reglamentario para debatir la creación de una nueva fórmula jubilatoria
La Corte Suprema rechazó planteos contra
el mega DNU del Ejecutivo
Fue el martes pasado y por unanimidad: Dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei.
El
máximo tribunal consideró que no había “caso concreto”, “causa” o
“controversia”.
Uno
de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge
Rizzo -representante de la Asociación Civil Gente de Derecho- en
diciembre del 2023, días después del anuncio del decreto en cadena nacional por
parte del presidente, que solicitaba la anulación total del DNU 70/2023.
La
misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobierno de La
Rioja a través de los representantes legales de la provincia, Raúl
Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, que en febrero de este año promovió una acción
declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al
estado de incertidumbre derivado de la inconstitucionalidad del decreto.
La presentación de la provincia de La Rioja
El
máximo tribunal entendió que “la provincia de La Rioja no ha puesto a
consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión
corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27”.
Asimismo,
la Corte Suprema entendió que la discusión sobre la estimación
constitucional de las leyes y, en general, “de los actos de las otras dos ramas
de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales
nacionales; sólo deben hacerlo cuando es necesario examinar el tema para
decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los
tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada”.
La restante presentación
El
recurso extraordinario de Jorge Rizzo, presidente del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, originó la restante queja ante la
Corte.
En ese sentido, con la firma de Horacio
Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió
“que el recurso extraordinario ha sido bien denegado”, pues “no rebate los
argumentos de la sentencia de Cámara”.
La Corte señaló que el actor “no refuta la
conclusión central del pronunciamiento recurrido de que ni él personalmente, ni
la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la
declaración de inconstitucionalidad del DNU”.
“La existencia de ‘caso’ presupone la de ‘parte’,
esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia
o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso”.
Para que exista un caso “es imprescindible
que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y
personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el
resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo
afecten de forma ‘suficientemente directa’ o ‘substancial’”, dijo el Tribunal.
Por último, la Corte señaló que “los
tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad
de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de
ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos”.
Admitir
pretensiones de esta naturaleza, sostuvo, implicaría alterar radicalmente el
carácter del Poder Judicial de la Nación, transformándolo en un órgano distinto
al que crea nuestra Constitución.
Tal como viene ocurriendo en la actualidad nacional los senadores nacionales, sin mucho preámbulo, pusieron fin a sus viejos honorarios y entraron al tiempo de actualización.
A
mano alzada y sin debate previo, los llamados padres de la Patria, dejaron atrás
protocolo y formas urbanizadas cambiando aquellos honorarios, estaban en 1,7
millones, sumaron algunos diferenciales y arribaron a un monto bruto que podría
ascender a más de 6 millones de pesos.
Los
senadores ya habían manifestado malestar cuando el presidente Javier Milei ordenara
a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara
de Diputados, Martín Menem, que dieran marcha atrás con el aumento del 30%
para los legisladores nacionales que habían dispuesto en febrero pasado.
Otra de las cuestiones que aquejaba a los senadores
era que, con el
incremento
suspendido de febrero, sus dietas iban a estar por debajo de
sueldos de empleados de la máxima categoría de la Cámara alta.
Se
consideró entonces si eso debía pasar o no.
Concluido el temario de la sesión ordinaria, hubo una cuestión de privilegio de la senadora María Eugenia Duré (UP) por Malvinas y luego se dio la palabra a Juan Carlos Romero, Salta, Juntos por el Cambio, que sin muchas vueltas expresó: “Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que también en está en las bancas de cada uno, para que sea puesto en consideración”.
Acto seguido, el
documento fue aprobarlo a mano alzada.
Es atinado citar
que hubo votos negativos que llegaron La Libertad Avanza, radicales y otros partidos.
El texto establece
que “a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales
percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500
módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500
módulos de adicional por desarraigo”.
El valor del módulo
será el equivalente al que perciben los empleados legislativos”, aclara, el cual
representa 1.802 pesos.
Pero el fin de la historia fue protagonizado por el Presiente Milei.
A través de la red social “X” cuestionó la decisión de los legisladores al aprobar la resolución 615/24 que establece el incremento salarial.
Respaldó a los senadores libertarios que votaron en contra.
En tanto la vice Victoria Villarruel expresó que "el aumento es perfectamente legal y no tengo
herramienta alguna para frenarlo.
“Las reglas son estas y todos los
bloques estuvieron de acuerdo", retrucó.
Cuando se refiere a reglas su afirmación es correcta.
Cuando se vota a mano alzada, los
que se oponen deben manifestarlo a viva voz -así lo marca el reglamento-, en
esta oportunidad no hubo manifestación en contra.
Por lo tanto, la expresión fue
unánime.
Los Registros del Automotor
transitan barranca abajo
Cuando
todavía suenan en los pasillos de Diputados las repercusiones por el desenlace
de las empresas de medicina prepaga, otro tema en danza es el futuro de los Registros
de la Propiedad Automotor.
A
los proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados se sumó, con cambio
de escenario incluido, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La
reacción fue del legislador porteño de
Republicanos Unidos, Yamil Santoro, quien presentó un reclamo administrativo
ante el
Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de terminar con la actividad, eliminar
los
registros y reemplazarlos implementando el sistema de Trámites a Distancia (TAD). La
nota de la Fundación Apolo responde a la necesidad de adaptar la administración
pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.
En el
documento, expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho,
que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación
presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al sólo efecto de
beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.
Asimismo, se precisó
que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas
digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. La adopción del
sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos
tanto para la administración como para los ciudadanos.
De esta manera,
desde la Fundación Apolo subrayaron que la iniciativa “no solo está respaldada
por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y
ética pública, en línea con los principios de modernización de la
administración”.
En este sentido, solicitó
al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el
sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad
Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y
eficiente”.
Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø LLANCAFILO, OSVALDO; TODERO, PABLO;
CERVI, PABLO Y BERTOLDI, TANYA: PREOCUPACIÓN POR LA CESANTÍA
DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL LANÍN Y DEL PARQUE NACIONAL LOS
ARRAYANES
Ø IANNI, ANA MARIA; SAND, NANCY; PEDRALI, GABRIELA; CASTAGNETO, CARLOS
DANIEL; PEDRINI, JUAN MANUEL; OSUNA, BLANCA INES; MARIN, VARINIA LIS; YEDLIN, PABLO
RAUL; GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL; POKOIK, LORENA; FREITES, ANDREA;
CISNEROS, CARLOS; RAUSCHENBERGER, ARIEL; YUTROVIC, CAROLINA Y VALDES, EDUARDO
FELIX: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CESIÓN
DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES.
Ø
LOMBARDI, HERNAN; ARABIA, DAMIAN;
ARDOHAIN, MARTIN; CAPOZZI, SERGIO EDUARDO; FIGUEROA CASAS, GERMANA; FINOCCHIARO,
ALEJANDRO; GIUDICI, SILVANA; MAQUIEYRA, MARTIN; NUÑEZ, JOSE; QUIROZ, MARILU; ROMERO,
ANA CLARA; SOTOLANO, MARIA; STEFANI, HECTOR ANTONIO Y VASQUEZ, PATRICIA: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL ASIGNADO AL
USO PERSONAL DEL EX MINISTRO DE CULTURA DE LA NACIÓN DURANTE LA GESTIÓN DEL
PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ.
Breves
Servicios de
tecnología de información y comunicación. Luego que el gobierno tomara la
decisión de liberar, a través de un decreto 302/24, el mercado de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) que eliminó la regulación de
precios en servicios de telefonía, tv por cable e internet, el diputado Tomás
Ledesma, UP–Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que suspende por seis
meses los incrementos tarifarios.
Renuncia del presidente de las entidades prepagas de
medicina. En
medio de la tensión con el Gobierno por la suba de las prepagas y de
señalamientos personales, el empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss
Medical, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS),
entidad que nuclea a las empresas del sector. Dichas entidades tienen gran
cantidad de pedidos de cautelares ante el aumento de aranceles y también provocaron
buena cantidad de proyectos legislativos
al respecto.
Renunció Corach. El sobrino del ex ministro del Interior era
subdirector ejecutivo de Administración del organismo previsional. El riojano
ahora va por De los Heros.
