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l Congreso se dispone
a avanzar en las próximas semanas y antes del receso de invierno con una agenda
de fuerte contenido social con proyectos como el de la prohibición del Trabajo
infantil y trata de personas, mientras espera el envío por parte del Poder
Ejecutivo de la reforma de los códigos Civil, Comercial y Penal.
Se trata de temas de interés para la sociedad
que atraviesan a todos los bloques y que podrían salir con fuertes niveles de
consenso, al igual que lo que ocurrió con “muerte digna” e identidad de género,
que iniciaron el camino para el debate de estas cuestiones vinculada a la
defensa de los derechos de los ciudadanos.
La reforma que prepara el Poder Ejecutivo, y en
la que trabaja una comisión integrada por diputados y senadores de diferentes
fuerzas del oficialismo y de la oposición, incluye regular, entre otras cosas,
la reproducción asistida y el denominado “alquiler de vientres”, lo cual
postergaría el debate en torno a la postergada ley para establecer pautas para
la fertilización asistida.
Asimismo, los cambios en el Código Penal podrían influir en la suerte de los proyectos sobre trabajo infantil pero todo dependerá del camino que los legisladores elijan tomar si las iniciativas mas urgentes o bien el de la coherencia con los códigos.
Respecto al tema de la trata de personas, el reclamo de normas para aumentar las penas contra este tipo de delitos surgió a partir del juicio por la desaparición de Marita Verón en 2002. En el Senado un proyecto ya tiene aprobación, mientras que en la Cámara baja también se presentaron iniciativas que ahora están frenadas.
Asimismo, los cambios en el Código Penal podrían influir en la suerte de los proyectos sobre trabajo infantil pero todo dependerá del camino que los legisladores elijan tomar si las iniciativas mas urgentes o bien el de la coherencia con los códigos.
Respecto al tema de la trata de personas, el reclamo de normas para aumentar las penas contra este tipo de delitos surgió a partir del juicio por la desaparición de Marita Verón en 2002. En el Senado un proyecto ya tiene aprobación, mientras que en la Cámara baja también se presentaron iniciativas que ahora están frenadas.
Otro de los temas pendientes de la Cámara de Diputados es la
penalización del trabajo de menores. Las comisiones de Legislación Penal,
Legislación del Trabajo y Familia habían convocado en las últimas semanas a una
reunión plenaria que debió suspenderse por no haber sesión prevista.
Los proyectos de fertilización asistida en
Diputados, en tanto, no atravesaron un camino fácil. De hecho, estuvieron a
punto de perder estado parlamentario el año pasado, hasta que, luego de una
ardua discusión, las comisiones de Salud, Familia, Legislación General y
Presupuesto emitieron un dictamen que se trató en el recinto en la última sesión
ordinaria del año -el 30 de noviembre pasado-, pero que por una cuestión de
tiempos sólo pudo ser aprobado en general y sin debate, bajo el compromiso de
retomar la discusión durante este nuevo período.
Sin embargo, los proyectos podrían quedar a la
espera de la reforma del Código Civil
para evitar contradicciones y lograr una legislación unificada y coherente.
En el Senado
Mañana
miércoles, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, dará su primer informe
oficial.
A
efectos de ultimar detalles de la presentación reglamentaria del ministro, se
realizará una reunión previa en Labor Parlamentaria.
Pudo
saberse en fuentes de bloques no oficialistas que es intención de sus miembros
hacer preguntas que se relacionan con política energética y ferroviaria además
de las recientes restricciones cambiarias.
La jubilación anticipada
en obligada espera
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i bien había acuerdo para avanzar en un texto consensuado que
reunía dos de las iniciativas presentadas en Diputados, el proyecto quedaría
cajoneado ya que, según fuentes parlamentarias, no contaría con el visto bueno
del gobierno nacional.
El texto parecía avanzar rápidamente en la comisión de Previsión
de Diputados la semana pasada pero el dictamen se trabó finalmente cuando el
radicalismo presentó un proyecto propio y el titular de la comisión, el
kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig,
planteó seguir debatiendo en asesores el pre dictamen mientras esperaban una
respuesta de la Anses,
que debía responder en torno a la viabilidad del financiamiento de la propuesta.
Pero, y según pudo saber Leyes y Empresas, el proyecto podía quedar “cajoneado” al
menos por ahora, debido a que al gobierno no estaría convencido del contenido
del texto y el monto a desembolsar.
Uno
de los proyectos de jubilación anticipada fue presentado por el propio Díaz
Roig y contempla a aquellos adultos mayores que se encuentren sin trabajo, pero
que cuenten con los años de aportes necesarios para percibir este beneficio.
El otro, en
tanto, fue impulsado por la diputada con mandato cumplido Fernanda Reyes (CC-ARI), representado por la diputada de esa misma
bancada, Alicia Terada y que apunta a los desocupados entre 50 y 60 años y
alcanzaría a más de 4.500 personas. A estos debe agregarse el recientemente
ingresado por Eduardo Ibarra, UpSJ, San Juan, que también aguardará en la
comisión de Previsión y Seguridad Social.
Su presidente Díaz Roig, informaron fuentes oficiales, no abrirá la discusión sobre estos proyectos
hasta no recibir la contestación al
pedido de informes a la ANSES
para ver si la medida tiene viabilidad económica.
El justificativo esgrimido y la
explicación del titular de la comisión suenan un tanto inverosímiles: “No
queremos llevar a los jubilados expectativas que luego no podremos cumplir”,
dijo.
Aprobación de los DNU sobre YPF
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n sesión tediosa, con
discursos repitieron los argumentos a favor y en contra por la recuperación de
YPF, la Cámara
de Diputados convalidó los decretos que establecen la intervención de la
compañía y la designación del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
y del viceministro de Economía, Axel Kicillof, al frente de la empresa
petrolera.
Los decretos, que habían
recibido dictamen de la
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fueron ratificados
a mano alzada con el respaldo de los bloques del Frente para la Victoria y sus aliados.
Además, el cuerpo aprobó la declaración de feriado por única vez el próximo 3
de febrero, por el bicentenario del Combate de San Lorenzo.
El decreto,
que se debatió junto con la intervención a YPF-GAS, fue enviado el 16 de abril
pasado por la presidenta Cristina Fernández al Congreso, y establece la
intervención de YPF "por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la
continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio,
el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades
del país".
Escuchado durante la sesión
Los siguientes son tramos del debate en la Cámara de Diputados sobre
la expropiación de las acciones de las
empresas Repsol – YPF e YPF Gas.
Jorge Landau, FpV, Buenos Aires: Quiero
que quede claro que mientras duró el trámite legislativo resultó indispensable
que la empresa fuera transitoriamente ocupada para develar lo que se encontraba
oculto por el secreto empresario. Lo que estaba oculto era lo que no figura en
los balances, los resultados de las prospecciones, los nuevos yacimientos, las
investigaciones, etcétera.
Por lo tanto,
tampoco se han violado las formas, como pretenden algunos. La intervención se
fundó en una figura legal, y el proyecto de ley tiene todos los requisitos
constitucionales y legales para su dictado. Creo que no hay dudas de que la
causa de utilidad pública que fundamenta el proyecto se encuentra extensamente
desarrollada en el mensaje de acompañamiento y fue también suficientemente
expuesta en este recinto.
La expropiación
recién se consolidará una vez pagado el justo precio que corresponde de acuerdo
con el trámite previsto por la ley.
Párrafo aparte
merece la tan mentada falta de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la
certeza que da el Estado de que el statu jurídico de una persona no será
modificado si no por los procedimientos previa y debidamente publicitados. El
acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones suscripto hace
veinte años entre Argentina y España contemplaba el instituto de la
expropiación por causa de utilidad pública, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional,
al igual que la ley de expropiaciones –la 21.499- y el artículo 2511 del Código
Civil estaban vigentes al momento de suscribir el acuerdo y al momento de la
privatización de YPF. Entonces, uno se pregunta: ¿qué pretenden? ¿Que en aras
de una seguridad jurídica especial para el inversor se deje de lado toda la
legislación nacional vigente al momento de la firma del acuerdo y se establezca
un statu jurídico diferente y sin normativa nacional?
Juan
Pedro Tunessi, UCR, Buenos Aires: nosotros
no estamos defendiendo los intereses espurios de nadie. Estamos defendiendo la
previsibilidad y la legalidad, porque son bienes que hacen a la cultura, a la
esencia y a la organización de un país. Nosotros debemos defender esos bienes
porque son de todas las generaciones, del futuro y de la patria. ¡No es de
ustedes! ¡No es de una parcialidad! ¡La legalidad no se construye! ¡A la legalidad
y a las instituciones se las respeta!
También
queremos preguntar qué hizo el representante del Estado argentino, titular de
las acciones clase A, que mientras el Estado nacional conserve al menos esa
clase de acciones tiene facultades para decidir acerca de la fusión con otras
sociedades. Esto deben saberlo todos ustedes, al igual que yo.
Ahí firmó el ministro, ante la Comisión de Valores,
diciendo que en la Argentina
hay inflación, que hay poca rentabilidad
para las inversiones de la compañía porque no se respetan los contratos, y que
es previsible ver cómo le va a ir mal en el balance a YPF, porque las
condiciones generales de la economía argentina no favorecen los procesos de
inversión. ¡Esto lo firma De Vido a la
SEC! Lo han negado en la Argentina una y otra vez. Se lo negaron al pueblo
argentino, pero se lo fueron a afirmar a la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. ¡Ahí
fueron a arrodillarse, diciendo que sí, que eran las condiciones!
Eduardo Amadeo, FP, Buenos Aires: Al presidente de
la Cámara y a
los compañeros de La Cámpora
les digo: ¡muchachos, no hay militancia política que pueda contra el desastre
económico! Los argentinos lo hemos vivido. No van a llenar canchas de fútbol
cuando haya inflación y desorden. Entonces, sí es cierto que no estoy hablando
específicamente de los DNU, porque este recinto podría convertirse en un lugar
en el que nos hablemos entre nosotros sólo para darnos mensajes políticos,
mientras la realidad pasa por afuera.
Lo que está
pasando en la economía está vinculado con no escuchar las ideas básicas de la
buena economía y también por ignorar que una sociedad no puede funcionar sin
respeto por la seguridad jurídica, que dice que el derecho es importante.
Claudio Lozano, UP, CABA: Pero, donde se
desmoronan todos los argumentos razonables que se podrían esgrimir, es ante la
definición de poner al frente de esta intervención a aquel mismo funcionario
que debió haber alertado, controlado y evitado que se consumara el proceso de
vaciamiento de Repsol YPF, y no sólo no lo hizo sino que públicamente sostuvo
los valores de excelencia que caracterizaban a la gestión de la empresa en el
marco del proceso que se vivía en la Argentina. Es el mismo funcionario que habilitó
el proceso por el cual Repsol YPF pudo ser una empresa que mientras gestionó el
recurso hidrocarburífero en nuestro país, de cada 100 dólares de utilidades
remitía 92 al exterior y que en el marco
de lo que se entiende como una rectificación de la política oficial pongan a
cargo de la intervención a aquel que llevó a cabo el proceso de vaciamiento de
la empresa y lo convalidó. Nosotros pretendemos ser muy claros. Acompañamos la
decisión de que el Estado tenga un papel protagónico en el control sobre el
recurso hidrocarburífero y la de expropiar YPF. También acompañamos la idea de
que había que intervenir para evitar cualquier otro tipo de tropelía por parte
de la empresa. Ahora bien, lo que no podemos acompañar es la designación de un
encubridor expreso de ese proceso. Como De Vido no es Mosconi, como Baratta y
sus firmas en los balances nos resultan demasiado caras, y como no podemos
aprobar el encubrimiento, vamos a rechazar ambos decretos.
Carlos A. Favario, DP, Santa Fe: Me llama
realmente la atención que en ambos dictámenes –tanto el de mayoría como el de minoría
no se haya invocado expresamente lo que a mi entender es el meollo de la
cuestión, la base sobre la cual debe resolverse este tema. Digo esto porque
parece que se ha ignorado –por lo menos en la cita‑ la existencia de una ley
específica, cual es la 19.550, que regula el funcionamiento de las sociedades
anónimas.
Esa
ley regula también expresamente el procedimiento legal para la intervención de
una sociedad. La sección 14, que abarca los artículos 113 a 117, es la norma
específicamente aplicable.
Los
argumentos expuestos en los dictámenes hacen largas disquisiciones teóricas y
doctrinarias sobre los decretos de necesidad y urgencia, los decretos dictados
por delegación legislativa y sobre los decretos de promulgación parcial de
leyes, que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión en debate. Y se
ha omitido precisamente la norma a la que debió haberse ceñido la cuestión.
No
hay antecedente legislativo alguno en la Argentina de una intervención por ley a una
sociedad de derecho privado, porque a nadie se le ocurrirá cometer tremenda
herejía jurídica. Si no se puede intervenir por ley, menos se puede intervenir
por un decreto de necesidad y urgencia, y me extraña sobremanera que el señor
miembro informante del dictamen de mayoría equipare un decreto-ley del gobierno
de facto a una ley sancionada por un gobierno constitucional.
Reitero
que en los gobiernos constitucionales de la Argentina no ha habido
antecedente alguno de intervención por ley. Se está violando el principio de la
división de poderes, que hace al funcionamiento de la construcción republicana.
El artículo 99 inciso 3) de la
Constitución dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Si no puede emitir disposiciones de carácter legislativo,
menos puede dictar resoluciones judiciales, que le competen exclusivamente a
otro poder.
Jorge
Yoma, FpV, La Rioja: según la doctrina española –cito a los catedráticos
García de Entrerría y Ramón Fernández, en sus cursos de Derecho Administrativo‑
recién en el momento de la resolución final sobre la presencia definitiva o no
del Estado en la empresa, cabría hablar de un supuesto de expropiación.
Es decir que la
ley de patrimonio del Estado español habilita la intervención directa del
Estado aun sin que exista una ley de expropiación. Acá ya fue convalidada la
intervención por la ley que declara de utilidad pública la expropiación de las
acciones de YPF.
Voy a leer el
artículo 111 de la ley de patrimonio del Estado español: “Cuando el gobierno
acuerde la incautación o intervención de empresas conforme a las leyes
vigentes, el Ministerio de Economía y Hacienda controlará la correspondiente
gestión, pudiendo suponer en caso de permanencia de la misma superior a un año
la formalización social de la participación estatal o la conversión de la
empresa incautada o intervenida en empresa nacional, siendo de aplicación a
estos casos el procedimiento de expropiación forzosa.” Eso es lo que dicen los
españoles.
Agustín Rossi, FpV, Santa Fe: “Me parece que
hemos utilizado un mecanismo absolutamente adecuado, transparente y
contundente. Tomar una decisión como lo hizo la señora presidenta de la Nación de encabezar un
proceso de nacionalización de la principal empresa privada argentina, con todo
lo que ello implica, amerita la posibilidad del poder administrador de contar con la herramienta necesaria para concretarlo
fehacientemente.
Se
ha criticado el mecanismo de la intervención, lo que significa que a partir de
ese momento el Estado se hace cargo de la empresa. Esto resulta absolutamente
adecuado desde el punto de vista operativo para preservar los intereses de los
argentinos a partir del proceso de nacionalización. Cuando uno piensa en
preservar algo, lo hace teniendo en cuenta la mala administración de quienes
empezaron a tener sus días contados al frente de la empresa”.
Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo
OCAÑA, MARIA GRACIELA (UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EQUIDAD) (BUENOS AIRES) y
GARRIDO, MANUEL (UCR) (CIUDAD de BUENOS AIRES): DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES
AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO QUE
POSEE LA EMPRESA CHENYI S.A. CON YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD ANONIMA - YPF S.A.,
RELACIONADO CON EL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE METANOL Y/O CUALQUIER OTRO
PRODUCTO.
YAGÜE, LINDA CRISTINA (UCR) (NEUQUEN): DE RESOLUCION.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA APLICACION DEL
CARGO COSTO DE GAS IMPORTADO EN
LA FACTURACION DEL
SERVICIO QUE PRESTA CAMUZZI GAS DEL
SUR.
Temas de interés empresario en
las comisiones
Martes
Cámara de Senadores
Tarifa social de servicios públicos.
Lealtad. Comercial. En las comisiones de Derechos y Garantías; Población y Desarrollo Humano; Presupuesto y
Hacienda; Energía y Combustibles analizan los siguientes proyectos: Régimen de
Tarifa Social de Servicios Públicos; Creación del Régimen de Servicio Público
de Interés Social; Creación del Régimen de Tarifa Social y Acceso Solidario al
Servicio. Han sido invitados especialistas en la materia y asociaciones de
usuarios y consumidores.
Posteriormente, la comisión de Derechos y Garantías, tratará el proyecto de ley modificando el Art. 1º, inc.4º de la Ley 24.344, por la que se actualizan los montos de las sanciones y multas de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.
Posteriormente, la comisión de Derechos y Garantías, tratará el proyecto de ley modificando el Art. 1º, inc.4º de la Ley 24.344, por la que se actualizan los montos de las sanciones y multas de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial.
Sector
productivo nacional. La comisión de Economía Nacional e Inversión recibe a
Lorenzo O. CAPECE - Presidente de COVIAR; Ing. Cristina BRACHETTA - Gerente
General de COVIAR; Dr. José Ignacio De MENDIGUREN - Presidente de la UIA; Dr. Hugo Luis BIOLCATI -
Presidente de la SRA;
Dres. Enrique S. MANTILLA y Elvio BALDINELLI. Presidente y Vicepresidente 1°
respectivamente de CERA a efectos de analizar aspecto del proyecto de ley sobre
planes estratégicos para el sector productivo nacional.
Licencia
especial deportiva. Propiedad participada. Jubilaciones
para Magistrados. Nacimientos. Asesores de la comisión de Trabajo y Previsión
Social analizarán el siguiente temario: proyecto de ley en revisión modificando
la Ley 20.596
sobre requisitos para el usufructo del beneficio de la licencia especial
deportiva; proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad de exhibir un cartel
en el espacio de trabajo con el monto del salario, mínimo, vital y móvil
actualizado y demás derechos del trabajador; proyecto de ley de cláusula de
conciencia para el periodista; Sobre Programa de Propiedad Participada de los
Ex Agentes de Gas del Estado; proyecto de ley modificando la Ley 20.744 - Contrato de
Trabajo- por el cual se incorporan las licencias por nacimientos múltiples por
paternidad y por adopción; proyecto de ley modificando la Ley 24.018 ( Régimen de
Asignaciones y Jubilaciones para Magistrados y Funcionarios de los Poderes
Ejecutivo y Judicial) respecto de incorporar los Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos, Provinciales y Ciudad Autónoma de Bs. As.
Miércoles
Cámara de Diputados
Intereses en materia laboral. Cuenta sueldo. Tiempo de
trabajo. En
la comisión de Legislación del Trabajo: Marco general regulatorio de
intereses en materia laboral. Contrato de Trabajo -ley 20.744-; modificación
del artículo 147, sobre inembargabilidad de la cuenta sueldo. Modificación del
artículo 197 de la ley 20.744 (t.o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo-, sobre
distribución del tiempo de trabajo; limitaciones. Contrato de Trabajo -ley
20.744 (to 1976); modificación del artículo 19, sobre plazo de preaviso.
Contrato de Trabajo. -ley 20.744-; modificación del artículo 67, sobre
facultades disciplinarias y limitaciones.
* * * * * *
“Que se
aplique a todos”. Fue la enfática respuesta del presidente del
bloque de diputados de la UCR,
Ricardo Gil Lavedra a una pregunta de Leyes y Empresas.
Se refería
al fallo de la Corte
en lo que respecta a la aplicación al polémico artículo 161 de la Ley de Medios al Grupo Clarín.
“Esta bien que se aplique, pero también se debe aplicar a otros grupos
mediáticos, a la venta de un grupo de medios del empresario Daniel Hadad entre
otros.
Respecto
de la aplicación de la ley de medios, sostuvo que no se hizo “absolutamente
nada desde su sanción. El defensor del público está sin designar; el
oficialismo se niega a reunir a la comisión bicameral de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual para que esa comisión elija a los dos directores
–de la oposición- para integrar en forma plural la autoridad de aplicación de
la ley por parte de la AFSCA. Así
estamos” sostuvo Gil Lavedra.
Por su
parte, el presidente de la
Cámara, Julián Domínguez, sostuvo la medida de la Corte, “afianza el sistema y la
doctrina del Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes que
conforman el Gobierno Federal, y consolida el proceso de democratización y
pluralismo en la comunicación social”.
En tanto,
el diputado Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista en el FAP,
apuntó que “es importante
que el Gobierno cumpla con la ley y controle que todos los grupos mediáticos se
ajusten a sus disposiciones. Importantes conglomerados de medios incumplen
con la ley y deberían haber sido intimados a desinvertir”, señaló.
Todo va
peor en la provincia de Buenos Aires. El mayor
distrito electoral del país esta pasando por serios inconvenientes. A la
disputa, a veces en sordina y otras por altavoces, entre le titular del
Ejecutivo bonaerense, Daniel Scioli y su segundo Gabriel Mariotto se suman
actitudes díscolas de los propios legisladores oficialistas que disparan normas
contra el propio gobierno provincial, del que forman parte.
Se agrega ahora la disputa en torno del objetivo para conseguir fondos que ayuden a transitar el ejercicio presupuestario 2012. La provincia que expresa el 35% del PBI nacional y en él se encuentra la mayor concentración de gente del país con importantes índices de pobreza, depende de fondos que la Nación no puede o no quiere enviar.
Un legislador comentó esta semana que Buenos Aires está quebrada y que necesita unos 15.000 millones de pesos para poder pagar los sueldos y a los proveedores.
No puede dejar de pensarse que, de suceder un trámite de quiebra en el primer estado argentino, el efecto dominó alcanzará a todo el país.
Comprando y vendiendo dólares. El senador oficialista Aníbal Fernández no pudo con su genio y terció en la histérica situación del dólar. El senador bonaerense sostuvo que las disposiciones del Gobierno son sólo controles para determinar “si es lícito el origen del dinero; en definitiva el comprador sólo tiene que demostrar que la plata es blanca”.
Su par, Sonia Escudero, Salta, no la dejó pasar. “No es lo que sucede en la realidad” respondió. “Los pequeños ahorristas no están accediendo a la compra de dólares a valores oficiales por el cepo implementado por el Gobierno para la compra de la divisa norteamericana. El senador Fernández está negando un problema. Estamos acostumbrados a la negación de la realidad por parte del Gobierno nacional porque es lo que viene pasando con la inflación y las estadísticas oficiales desde hace años”, manifestó la senadora Escudero.
También se anotó el otro Fernández en
el espinoso trámite de la suba del dólar. Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete, acusó a la
presidenta Cristina Fernández de impulsar "políticas erradas" sin
"advertir sus efectos" para el país y tras evaluar que el
"escenario político se ha enturbiado", advirtió que hay que
"empezar a movilizar a los argentinos para que se despierten y no los
sorprenda otra vez un mal momento". Fernández, que buscará postularse como
candidato a legislador nacional, le imputó también a la mandataria haber
"llegado al punto de hacer cómplice del vicepresidente (Amado) Boudou a
todo un sistema político" en la Argentina.
La nueva fórmula del gobierno mendocino
para medir IPC. El titular del ejecutivo Francisco Pérez informó que la
dirección de Estadística e Investigaciones Económicas provincial deja de medir
su índice de precios al consumidor dando como causales que “no es información
con valor agregado y tampoco está en armonía con el sistema a nivel
nacional”.
Al respecto, la senadora y
presidenta de la comisión de Economía Nacional e Inversión, la mendocina Laura Montero sostuvo que “el gobernador Pérez tiene
que entender que los mendocinos necesitamos información precisa y veraz, porque
es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y es su
responsabilidad proveerla. Como ciudadana se lo exijo y pongo en su
conocimiento que, de no hacerlo, el ministro Barg por él nombrado, estaría
incumpliendo los deberes de funcionario público de acuerdo a lo que ordena la
ley de ministerios 8385 en su articulo 15 inc. J, que lo obliga a
"obtener, elaborar y difundir información económica y social para
disminuir incertidumbres en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la
inversión por parte del sector privado".
Sr. Gobernador, aceptando
instrucciones nacionales Ud. destruye el trabajo serio y responsable de muchas
gestiones provinciales, que se han esforzado en sostener estadísticas ajustadas
a nuestra realidad. Crea incertidumbre económica y social al pretender que nos
remitamos a las desprestigiadas y fraguadas estadísticas del INDEC. Pero lo más
grave es que, negando la inflación, usted será cómplice del deterioro del poder
adquisitivo de los asalariados y estará negando también la pobreza y privando a
muchos mendocinos de una vida digna.
“Gobernador Pérez, haga
lo correcto, Mendoza necesita de funcionarios que velen por los intereses de su
gente; la morenización de sus decisiones pone al desnudo la
inconsistencia de sus acciones y de los funcionarios de la DEIE que las acaten,
perjudicando nuestros derechos.
Repercusiones por el cese de TBA. La anulación la concesión a Trenes
de Buenos Aires (TBA) para la explotación de las líneas Sarmiento y Mitre a
raíz de la tragedia de Once que dejó más de 50 muertos, generó reacciones de
legisladores de diferentes bancadas en el Congreso.
El argumento del
ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, según explicó, fue debido a “el deficiente
estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la
capacidad y calidad de los servicios prestados”.
Para el
jefe de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi, "el 27
de febrero en Rosario, Cristina Fernández dijo que iba a tomar todas las
decisiones que sean necesarias respecto a sistema ferroviario" y apuntó
que "la quita de la concesión a TBA de las líneas Mitre y Sarmiento van en
este sentido. Es una decisión acertada para avanzar en una mejora real del servicio.
Las decisiones se toman cuando tenés todos los elementos respaldatorios. La
intervención de TBA fue clave para avanzar en quita de concesión".
En esa misma línea, el senador
oficialista Daniel Filmus, festejó
el anuncio y afirmó que “es central recuperar el papel del Estado en la
conducción y el control de las políticas de transporte público”, y que “el
objetivo principal es que los transportes estén al servicio de la gente para
mejorar su calidad de vida”.
Desde el lado opositor, el radical Miguel Angel Giubergia, aseguró que “es
una nueva muestra de que el gobierno no tiene plan a largo plazo” y sostuvo que
el Poder Ejecutivo “tenía en sus manos hace mucho tiempo las pruebas necesarias
para rescindir a TBA el contrato por incumplimiento pero prefería mantener los
negocios con sus amigos antes de anticiparse a una tragedia”-
Por su parte, la ex ministra de
Salud y hoy diputada nacional Graciela Ocaña (Udeso) calificó como
“bueno que se rescinda el contrato de TBA, tal como se lo solicitamos a la Presidenta por carta.
Al final teníamos razón, no había que esperar la decisión judicial. Ahora es la
oportunidad de tratar nuestra propuesta de emergencia (ferroviaria)”, dijo a
través de Twitter.
La
macrista Laura Alonso, en tanto,
exigió la renuncia de De Vido, por el estado de los ferrocarriles y expresó que
"'hay un déficit histórico en el servicio ferroviario'. dijo De Vido. Sí
lo últimos 9 años fueron tu responsabilidad, Julio. ¿Ya renunciaste?".
Batalla por feriados. Diputados aprobó y giró
al Senado el proyecto que propone establecer como feriado por única vez el 3 de
febrero de 2013, en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de San Lorenzo. La
iniciativa, impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente para
la Victoria,
Agustín Rossi. No será esta la única
propuesta de feriados por conmemoración de fechas de batallas importantes para
este año y el que viene como el caso del 24 de septiembre de 2012, por el
bicentenario de la Batalla
de Tucumán y hay otro proyecto para que el 20 de febrero de 2013 sea feriado
por única vez, en homenaje a los 200 años de la Batalla de Salta.
