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LEYES Y EMPRESAS de Argentina Informa


“Se cierra de lista de oradores” anunció la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Kirchner y paso seguido se dio lectura al dictamen –preparado con llamativa anticipación- que dejó vía libre a la suspensión del senador Raúl Ochoa, PJ, San Luis.
El sancionado fue originariamente denunciado por haber votado en dos oportunidades en las elecciones del 14 de septiembre de 2001. Fue sentenciado por el Tribunal Federal Oral de San Luis a una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso y a 9 años de suspensión para ejercer cargos públicos.
Al día siguiente el plenario suspendió al puntano por 41 votos a favor y 3 en contra. Estos últimos fueron de Eduardo Ménem, PJ, La Rioja (argumentó el principio de inocencia, toda vez que el fallo que condenó a Ochoa no está firme); Pedro Salvatori, MPN, Neuquén y Ricardo Bussi, F.R., Tucumán.
El cargo fue “desorden en la conducta” y se hizo referencia en el artículo 66 de la Constitución Nacional que menciona la inhabilidad moral sobreviniente.

EDELAP con acuerdo.. Con las mismas formas que fueron aprobadas por el Senado, en su última sesión la Cámara de Diputados sancionó y quedó convertido en ley el acuerdo transitorio de renegociación entre el gobierno y la empresa distribuidora de energía del área La Plata.
Edelap podrá introducir aumentos de hasta 23% en sus tarifas a grandes comercios y empresas. Quedaron ratificadas la suspensión del juicio iniciado por la empresa ante el CIADI y la condonación de multas por incumplimiento a cambio de nuevas inversiones. Al respecto, la radical Silvina Leonelli, presidente de la comisión bicameral que tuvo a su cargo el estudio del expediente, se quejó porque el acuerdo temporal con Edelap permitirá que la empresa no cancele sus multas por incumplimiento del servicio sino que destine ese dinero a la inversión.
El debate, tal como estaba previsto, fue duro y los partidos de la oposición volvieron a presentar toda clase de argumentos para impedir que quedara sancionada con fuerza de ley el primer aumento en el esquema de facultades delegadas.

Régimen legal del correo electrónico. Se realizó la jornada organizada por la comisión de Comercio de Diputados sobre Régimen Legal del Correo Electrónico, que tuvo como objetivo conocer los argumentos de los tres proyectos de ley que regulan el marco legal del Correo Electrónico. Una de las iniciativas señala que “se declara que el correo electrónico o cualquier tipo de medio utilizado para el envío y recepción de información y datos personales a través de la red Internet queda equiparado a la ‘correspondencia’ en los términos definidos en los Códigos Penal y Civil de la Nación, y al amparo de las garantías constitucionales”. En el mismo texto se sostiene que ”serán de aplicación las penas previstas en los artículos 153 a 155 del Código Penal, a todas aquellas personas físicas que revistan el carácter de responsable legal de entidades prestadoras, o empresas proveedoras de servicios de Internet, por los actos u omisiones realizados desde la empresa, bajo la órbita de su dependencia o usando instrumentos requeridos para la prestación del servicio que supriman, interrumpan o desvíen de su destino tanto el correo electrónico; protocolo simple de transferencia de correo; o cualquier tipo de envío y recepción de información. Igual pena se aplicará si el delito se consuma por sí, o a través de otras proveedoras o prestadoras”.
Otro de los proyectos que fueron presentados en la jornada que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, fue el de “Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico”. La ley regirá las comunicaciones publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia de defensa del consumidor. “Todo correo electrónico publicitario deberá contener a) la leyenda PUBLICIDAD en el campo del asunto de cada mensaje b) la leyenda PUBLICIDAD ADULTO en el campo del asunto de cada mensaje si el contenido del mismo se encuentra en relación con la venta o distribución de bienes, servicios o productos que sólo puedan ser vistos o adquiridos por mayores de 18 años”. “El correo electrónico será considerado ilegal cuando contempla el nombre, nombre de fantasía o nombre de dominio de un tercero, en el campo de la dirección de respuesta sin autorización de ese tercero, o cuando contenga información que imposibilite identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión del correo electrónico”. La Comisión Nacional de Comunicaciones creada por Decreto 1185/1990, será a la autoridad de aplicación; o en su defecto el organismo que en el futuro la reemplace.
El Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, señaló que ”el auge de Internet en nuestra sociedad, y su accesibilidad cada vez mayor a diversos ámbitos, importan una serie de beneficios que hace muy poco tiempo atrás no imaginábamos. El uso de nuevas tecnologías ha generado una serie de planteos, desde el punto de vista jurídico, que aún no han tenido respuesta, y estos proyectos de ley presentados en las jornadas viene a encontrar una respuesta satisfactoria a esos reclamos, para garantizar el normal funcionamiento de Internet”.
El tercer proyecto de ley que se analizó en la Jornada fue el de “Ley contra el envío de correos electrónicos comerciales o sexualmente orientados no deseados. Prevención del fraude en actividades relacionadas con correos electrónicos y servicios de mensajes escritos en telefonía móvil (LEY ANTI SPAM)”. “La ley regirá las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor y las disposiciones sobre telecomunicaciones aplicables a transacciones electrónicas mediante Internet y otras redes públicas”. La presente ley es dictada a los efectos de proteger a consumidores y usuarios de los servicios de Correo Electrónico y de Internet de las consecuencias derivadas de la recepción de Correos Electrónicos no deseados, y a los fines de garantizar mejores servicios y mayor eficiencia en el funcionamiento de las redes públicas de telecomunicaciones”.
En el proyecto presentado se consideran Delitos Informáticos las siguientes conductas: “Acceder a computadoras protegidas sin autorización, e intencionalmente iniciar la transmisión de mensajes múltiples de correo electrónico comerciales desde, o a través, de dichas computadoras; Utilizar una computadora protegida para reenviar o retransmitir múltiples mensajes de correos electrónicos con la intención de engañar a los receptores o cualquier acceso al servicio de Internet como procedencia de tal mensaje”.
El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, Alejandro Fargosi, sostuvo que “Internet llegó para romper la estructura habitual de comunicación de los sectores más poderosos y reemplazarlos por formas más democráticas e independientes. Cualquiera sea el ángulo de regulación nacional como internacional que se busque para fundamentar el envío y recepción de información, sólo nos debe conducir a un mismo lugar, que el servicio de Internet y la correspondencia electrónica comprendida dentro del mismo, debería ser entendida como forma de comunicación social y enmarcada conforme a los principios de fondo, contemplados en nuestras normas civiles y penales”.

Tickets de comida en la cuerda floja. Después de una impasse de más de tres semanas, las autoridades de la comisión de Legislación del Trabajo que encabeza Saúl Ubaldini retoman el tema de la eliminación de los tickets canasta.
La modificación del artículo 103 de la ley de Contrato de Trabajo figura en los proyectos del radical Pascual Cappelleri y de la arista Marta Mafei. Ambas propuestas fueron unificadas y pasado mañana se someterá a votación el nuevo texto del proyecto. En la última fecha de tratamiento se consideró la posibilidad de que el monto total de lo adjudicado en tickets a cada empleado sea integrado a la masa salarial a razón de un 10 porciento mensual.

Autoridades del Banco Central y del Banco Nación estuvieron en Diputados. La comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, y ONG’s recibió a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quienes brindaron información acerca de los cambios en estudio que el organismo incorporaría a la reglamentación de la ley 25.782, de Cajas de Crédito Cooperativas.
El radical y presidente de la comisión Héctor Romero sostuvo que las propuestas escuchadas “no conforman” porque “no llegan al fondo” de la cuestión, ya que “es necesario una reglamentación más flexible que permita que las cajas de crédito de cooperativas, funcionen como herramienta de acceso más rápido a los préstamos, sobre todo en las regiones donde no llegan los controles formales del Banco Central. No se ha cambiado la filosofía de la década del ’90. Tal vez, se haya morigerado en parte”, agregó Romero, pero “hay que compatibilizar la filosofía económica de los países del primer mundo con la filosofía económica de los países del Tercer Mundo”.
Mientras tanto, en la comisión de Finanzas se recibió al director del BCRA, Zenón Biagosch, y la gerente principal, Delia Corteletti. Informaron que la Argentina está siendo observada por organismos internacionales por el financiamiento del terrorismo y por el tipo de legislación de lavado de dinero. Sostuvieron que desde el Banco Central están trabajando en alternativas legislativas ya que es tema prioritario para ellos y que se adecuaron las normas en materia de lavado de dinero y dictaron una específica sobre el financiamiento del terrorismo.
Por su parte, la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Felisa Micelli, fue recibida por los miembros de la comisión de Industria a quienes informó sobre la actualidad de la entidad y destacó que según el resultado del balance al 31 de diciembre de 2004 “la ganancia del banco ascendió a 55.5 millones de pesos, de los cuales casi 30 millones corresponden a actividades dentro del país”.
Según la presidenta del banco se dio un aumento en el crédito personal que “va directo al consumo y a la producción”. Destacó que los ingresos por servicios subieron solamente con el aumento en la cantidad de clientes. Además, la situación del banco se acerca a la banca privada y “la liquidez fue lo primero que se recuperó”, señaló Micelli.
Por otro lado, se indicó que la cartera morosa asciende a 47 mil clientes, de los cuales 11.920 corresponden a productores agropecuarios, y sólo 2935 aún no han refinanciado sus deudas. “En algunas provincias los productores agropecuarios no pueden ni siquiera pagar en un plazo de 40 años, por eso en varias ocasiones se trabaja con los gobiernos provinciales”, indicó Michelle, quien luego que algunos legisladores expresaran desfavorables aspectos en cada provincia, se preguntó “cuál es la responsabilidad de la secretaría de Agricultura y de los ministerios de producción de las provincias en la falta de políticas para el campo. El BNA no puede encargarse de diseñar políticas regionales”. Michelle expresó
Que conciente de los inconvenientes económicos y financieros “las ejecuciones están postergadas” pero también señaló que “mucha gente que debe desde los 90 jamás pagó un peso hasta la fecha”.
Sobre el particular, el diputado Luis Borsani (UCR Mendoza) manifestó que “se requieren políticas de Estado de modo que es necesario hacer un esfuerzo adicional en el sector agropecuario, sobre todo para los tres mil productores que no entraron y de los que sólo llenaron la solicitud muchos no llegarán a reprogramar su deuda”.
Por último, Felisa Micelli comentó que “comenzaron a cambiarse normas para flexibilizar la posibilidad que los empresarios puedan acceder al crédito a pesar de sus deudas”. Y destacó el cumplimiento de las PyMes con relación a los créditos nuevos. “Actualmente, el banco tiene ochenta y ocho líneas de crédito, de las cuales sesenta son para la producción y veintidós para el consumo. No hay restricciones ni para uno ni para otro”, concluyó Micelli.

El Canciller concurrirá al Senado. Será el próximo martes 24 de mayo donde el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael BIELSA, expondrá sobre tema de Malvinas.

Concesiones portuarias. Citación urgente. Los diputados de la comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN resolvieron citar para hoy al encargado de la Unidad Renegociadora de Contratos, Gustavo Simeonoff, para que responda las dudas que surgieron sobre el contrato de concesión de puertos en las distintas reuniones que se hicieron con los diferentes sectores.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli (UCR Córdoba), señaló que “si se acepta esta renegociación, podría acarrear perjuicios contra el Estado debido a que a las empresas que protestaron ante el CIADI se les pesificaron sus contratos y ahora este acta de acuerdo viene dolarizado.
El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla, destacó que “el hecho de aceptar la dolarización de estos servicios complicaría las renegociaciones de los futuros contratos”. Además, los representantes de la Cámara señalaron que las terminales portuarias tienen un 40% de costos en moneda dura (dólares) y el sesenta restante en pesos, por lo tanto “no se puede tomar como una exportación de servicios, sino que son servicios prestados en Argentina”. Para Mantilla “la decisión de aprobar este contrato” no sólo afectará al costo de exportación sino también el de vida.
El secretario general del Sindicato Único de Administración Portuaria, Adolfo Barja, expresó que “al salir de la convertibilidad las empresas multiplicaron sus ganancias, en tanto que no hubo modificaciones en el salario de los trabajadores”. Luego de aclarar que se necesitan políticas que contengan a todos los sectores, Barja dijo que “los que sugieren las políticas son los empresarios, y los funcionarios cumplen”.
El economista del sindicato, Javier Rodríguez, aclaró además que “se trata de un servicio público, por lo tanto, es inadecuado dolarizar las tarifas”. Y recalcó que el Estado ya tendría que haber rescindido los contratos con varias empresas portuarias porque, según los mismos, si una empresa se atrasa en tres cuotas consecutivas del canon es motivo justificado para la anulación, y eso sucedió en 2002. “No sólo no se respetaron los intereses que planteaban el contrato sino, también, se condonaron deudas al aplicar sólo un 1% de interés resarcitorio”, detalló Rodríguez