A efectos de informar a los miembros de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo concurrieron funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica.
Ricardo Martínez Leone, vicepresidente y los vocales Jorge Balanda y Marcelo Kiener informaron sobre las funciones que cumplen luego de la aprobación del acta acuerdo de Edelap.
Análisis de toda la información recibida, proceso de revisión integral de las tarifas, precomposición tarifaria, inversiones comprometidas, estudio de energía no suministrada fueron algunos de ítem mencionados. Sostuvieron que incluyen en los estudios a las empresas Edenor y Edesur.
También anunciaron una auditoría de bienes afectados a los servicios y que se esta efectuando la selección de la empresa consultora.
Sostuvieron que los estudios finalizarán con la fijación de parámetros para la verificación de las tarifas que persiguen un objetivo de equidad en su estructura. Luego vendrá una audiencia pública para posteriormente presentar el cuadro tarifario, hecho que calcularon ocurrirá en noviembre y cuya vigencia sería a partir de febrero del año próximo. .
Siguieron luego las preguntas de los diputados y allí los funcionarios se encontraron con una andanada de requerimientos que por momentos alcanzó fuerte tensión.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli, (UCR-Córdoba) dijo que “no se ha cumplido el plazo” fijado en el acta convenio correspondiente para conocer el resultado de esa revisión, que debía concretarse el 1 de julio pasado y que el informe suministrado “conforma relativamente” las expectativas.
Criticó, además, la demora en cuanto a la designación de las autoridades definitivas del ENRE luego del proceso de concurso de antecedentes y oposición, “que todavía está pendiente”, por lo que “por el momento se trata de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional”, ante esta situación expresó Leonelli “no queda garantizado un adecuado marco para el ejercicio de los controles dentro de un estado de derecho”.
Provocaron reacciones adversas la revelación por parte de los funcionarios del ENRE sobre la contratación de 250 personas "muchas de ellas para atender el call center que responde a las inquietudes de los usuarios" según la explicación de las autoridades.
Igual consecuencia tuvo la débil explicación por el no cobro de multas "ciertas y estimadas" según la definición que dieron. Suman 48 millones de pesos, no fueron cobradas y en muchos casos se otorgó plazo hasta febrero próximo para el cobro.
La cuerda se tensó al máximo cuando Maria América González, (ARI, Capital Federal) afirmó que los que actuaban de esa manera “son unos tránsfugas” (se refería a actitudes evasivas de los funcionarios, que en muchos momentos dejaron huecos inexplicables.
Ante el pedido de cuales son las empresas consultoras que tendrán a su cargo la auditoria, la respuesta fue que descocían su nombre. "Ustedes no lo saben? no les creemos, dijeron casi a coro los diputados.
Los funcionarios afirmaron a modo de cierre que "se volvió a la ley" dejando la sensación de que todo un capitulo anterior se completó fuera de la ley.
Afuera el temporal arreciaba, adentro de la Cámara de Diputados también.
El acuerdo DISTROCUYO quedará firme.
El acta acuerdo suscripta entre la UNIREM y la empresa de transporte de energía eléctrica Distribución Troncal de Cuyo S.A. (DISTROCUYO) quedó aprobada de hecho tras haber recibido solamente la aprobación del Senado.
Los vaivenes en los bloques partidarios de Diputados sumados al viaje a Rosario para acompañar el acto de lanzamiento de la campaña de la candidata Cristina Fernández de Kirchner cancelaron definitivamente cualquier intención de llevar el tema al recinto.
De esta manera, el de los cuyanos es el séptimo contrato que se aprueba sin contar con la sanción del Congreso.
• Ocurrido en las comisiones
CONCURSOS Y QUIEBRAS. En la comisión de Justicia de Diputados continúa en estudio el proyecto de ley 24.522 por el cual se reforman aspectos del Fuero de Atracción en los Concursos y Quiebras.
Además, se analizó el proyecto por el cual se crean diez juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal.
Para la próxima reunión quedó el estudio del proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 3 de la Ley 25.970, de Creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa María, Córdoba, ampliando de esa manera su competencia territorial y la iniciativa por la cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
LAS PAPELERAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO URUGUAY.
La Comisión de Recursos Naturales aprobó por unanimidad la redacción de una nota dirigida al Presidente de la Nación y al Canciller para que se tomen todas las medidas necesarias que eviten la construcción de dos plantas de pasta celulósica frente a las costas entrerrianas sobre el Río Uruguay, de soberanía compartidas. Mencionarán en la nota las denuncias contra las empresas papeleras a realizar las obras.
Además aprobaron entre otros los siguientes proyectos: de la diputada Lilia Puig de Stubrin (UCR, Santa Fe) sobre el régimen de Parques Tecnológicos e Incubadoras de empresas; declaración de interés parlamentario de las II Jornadas sobre medio ambiente a nivel Latinoamericano a realizarse del 11 al 13 de agosto; beneplácito por la obtención del premio otorgado por la organización conservacionista Británica Wehitley Found for Nature al biólogo argentino Andrés Novaro; solicitud de la reglamentación de la ley 25.675 sobre Política Ambiental; solicitud al PEN sobre régimen de eliminación y gestión de los PCB; solicitud al PEN sobre el impacto ambiental en cuenca concesionada por la empresa Hidrovía S.A.
DEUDORES HIPOTECARIOS.
La comisión de Vivienda recibió a más de 32 asociaciones de deudores hipotecarios de casi todas las provincias, quienes reclamaron la suspensión de las ejecuciones de viviendas únicas con créditos del Banco Hipotecario y criticaron al gobierno por no darles solución.
Las asociaciones señalaron que la situación es muy crítica, que existen desalojos, remates, y que la gente se queda en la calle. Además, criticaron el Fondo Fiduciario ya que no funciona y “lo peor de todo es que pasa todo lo contrario, nos perjudica”. Los representantes manifestaron su preocupación por no haber voluntad política del Poder Ejecutivo para tratar de buscar una solución. Algunos señalaron que están dispuestos a pagar la deuda original, pero que no pueden pagar las sumas que hoy se están pidiendo que, en algunos casos, es dos veces y media más que la original. También mostraron malestar por las marcadas ausencias de legisladores.
El presidente de la comisión, el radical Alfredo Martínez manifestó que “el primer paso es una ley que queremos plantear sobre tablas, con preferencia, en la primera sesión que tengamos, para declarar la emergencia habitacional y suspender ejecuciones con sentencia judiciales y extrajudiciales, y los desalojos de vivienda única, sea cual fuera el origen de la obligación.
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