viernes, julio 05, 2024

 EDICIÓN 1218

Senadores en sesión pública especial

 Mayans bastoneó quejoso el trámite. 

La moratoria jubilatoria tendrá próximo tratamiento. Siguieron otras propuestas.                     

 

En el inicio de la sesión los senadores de Unión por la Patria anticiparon que abordarían la modificación jubilatoria con la intención de tratar sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados. Antes, el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, alentó sobre “la necesidad de su tratamiento lo antes posible.  

El jefe del interbloque opositor José Mayans presentó su propia moción: votar el tratamiento del tema sobre tablas. Necesitaba los dos tercios de los votos. La votación nunca se hizo y fue motivo de un debate que demandó largos 40 minutos.

Sobre algunas facetas que se vislumbraron en el transcurso del debate, el senador de Salta, Juan Carlos Romero dijo que no advirtió que “ningún senador quiera dilatar el tratamiento de la recomposición de los ingresos de los jubilados, ni tampoco que haya oposición a que este tema sea tratado. Me parece irresponsable que queriendo hacer un juego para quedar bien con la tribuna, la oposición precipite un tratamiento intempestivo, en el sentido de que no contamos con elementos”, opinó.  La media sanción de Diputados dijo tiene “una falencia, que es que va en contra de la Ley de Administración Financiera y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento”.

Finalmente, la sesión continuó habiéndose resuelto que el tema sea tratado con dictamen en una próxima sesión.

Ascenso de embajadores y militares. Fue aprobado por mayoría, sin votos negativos.

Sustracción y comercialización de menores. Siguió el enredo durante largo tiempo. Se aprobó en general -63 votos afirmativos- y se postergó la revisión en la redacción de algunos artículos para un análisis más profundo de cada artículo.  

Declaración de duelo nacional por el atentado a la AMIA. En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía.

El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.

El proyecto estuvo demorado durante los dos últimos años.

Se produjo la votación que dejó 51 votos afirmativos sin negativos. Quedó convertido en ley.  

 

Retoman estudio sobre Reforma Laboral                    

 La comisión de Legislación del Trabajo presidida por el radical Martín Tetaz, intenta avanzar en el estudio de proyectos de ley que datan de octubre del 2023 y sus respectivos textos son impulsados por Unión por la Patria, el radicalismo, el Frente de Izquierda y el socialismo santafesino. Cabe destacar que la actualmente en vigencia es de fecha 9-08-1929, publicada en el Boletín Nacional del 17 de septiembre de 1929

 Son los impulsados por UP, de Hugo Yasky -secretario general de la CTA-; establece que no exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo al momento en que se reduzca la duración de la jornada.

De idéntica bancada, Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda cuatro días en la semana.

Los de Eduardo Valdés UP–CABA, Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no exceder las 36 horas semanales.

El proyecto de Vanesa Siley establece el derecho a la “desconexión digital”, referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.

Del mismo modo, será tratado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso.

La comisión se reunió para recibir a los últimos expositores sobre la modificación de la Ley 11.544. Veinte eran los invitados a disertar, pero según explicó Tetaz “por razones de vuelos y de agenda” la mayoría de ellos no pudo asistir; lo hicieron Juan José Etala, Pablo Anino y Eduardo Curutchet.

En el inicio del encuentro, el diputado Alejandro Vilca solicitó se incorporen dos proyectos que prohíben los despidos y pidió invitar a trabajadores despedidos. Por su parte, la diputada Blanca Osuna (UP) expresó preocupación por la postergación de la sesión especial para tratar los temas educativos que pasaron para el mes de agosto.

Promediando el breve encuentro que duró menos de media hora, el presidente de la Comisión anticipó: “Vamos a dar la semana que viene una discusión entre diputados sobre los distintos proyectos a los efectos de buscar un dictamen”.

 

Senado bonaerense dio sanción a varias disposiciones y creó las condiciones para sancionar una nueva ley de Góndolas para la provincia.                     

Presidido por su vicepresidente, el senador de UP Luis Vivona, dio luz verde a dos iniciativas que buscan acompañar a las mujeres con endometriosis, presentadas en su momento por las senadoras de la UCR+CF Flavia Delmonte y de UP Sofía Vanelli.

Una de las iniciativas -deberá considerarla la Cámara joven-, presentada por la senadora Vanelli busca garantizar el derecho a la salud y el acceso a una atención integral y de calidad a las mujeres que padecen endometriosis. Al respecto se aprobó una iniciativa de Delmonte para instaurar el 14 de marzo de cada año como el “Día de la Endometriosis” en concordancia con el día mundial de la endometriosis, con la intención de fortalecer la difusión y concientización respecto a dicha enfermedad y de esta manera contribuir a que pueda ser detectada precozmente, permitiendo que las mujeres que la padecen tengan una mejora en la calidad de vida evitando así tratamientos invasivos.

La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna, que básicamente afecta a toda mujer en edad reproductiva.

El senador de Malvinas Argentinas Luis Vivona, aprovechó su paso provisional por la presidencia del Cuerpo para aprobar y girar a Diputados un proyecto de ley de su autoría que busca darle más competitividad a los productores vitivinícolas bonaerenses a través de una baja de impuestos, de la creación de un fondo para el sector y de la promoción de un espacio disponible en góndolas de supermercados. Una suerte de “RIGI vitivinícola bonaerense”, estimó un participante.

También los senadores aprobaron, y giraron a Diputados, un proyecto de ley, impulsado por el senador de UP Marcelo Feliú, modificando artículos del decreto ley 9020/78, la ley notarial bonaerense, para propender hacer operativa la manda jurídica de garantizar el derecho al acceso, y específicamente la protección, de la vivienda única familiar, estableciendo que los escribanos al momento de la realizar la escritura informen sobre el derecho, que se estima no es lo suficientemente conocido por los destinatarios.

También se aprobó y giró a la otra Cámara legislativa provincial un proyecto de ley de la senadora María Mandagarán que determina la capacitación del personal del sistema educativo en discapacidades, neurodiversidades y diversidades cognitivas.

El Senado bonaerense, por el solo hecho de sesionar, dio estado parlamentario al proyecto de ley que remitiera por estas horas el Poder Ejecutivo para crear una nueva Ley de Góndolas en la provincia con el objetivo de fortalecer a las pymes y brindar equidad en la competencia con grandes empresas, además de amortiguar los efectos de la inflación.

La plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los senadores Carmen Álvarez Rivero (PRO) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, se reunieron esta tarde en el Salón Illia donde trataron el proyecto de ley, devenido en revisión de Diputados, sobre Movilidad previsional y de la seguridad social. 

También se pusieron en consideración proyectos de ley de Modificación de la fórmula de cálculo de las remuneraciones, de Recomposición de emergencia de haberes previsionales y de Creación de la unidad de cuenta previsional.

Al comenzar, el senador Atauche remarcó: “Estamos hablando de un sistema previsional que viene emparchado desde hace muchos años. Se necesita una reforma realista, integral y sustentable que exprese una mejora”. 

Luego del debate, el plenario decidió convocar para las próximas semanas a funcionarios nacionales, de Anses y especialistas.

 

Ley de Góndolas bonaerenses  

El gobernador Kicillof ingresó la iniciativa al Senado y lo anunció en el marco del Congreso Productivo bonaerense que se celebra en Mar del Plata como un guiño a las pymes.

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto para crear una nueva Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer a las pymes y brindar equidad en la competencia con grandes empresas, además de amortiguar los efectos de la inflación.

Así, como la Ley de Góndolas nacional, que fue derogada en diciembre pasado por el Gobierno de Javier Milei en el marco del mega DNU, la iniciativa busca establecer reglas de exhibición de productos en góndolas físicas y virtuales de supermercados para fomentar la equidad entre los productos elaborados por pymes bonaerenses y los de otras marcas.

Es decir, deberán ofrecerse un mínimo de proveedores de productos elaborados por pymes bonaerenses en cada góndola y, además, deberán señalizar esos productos con el isologotipo de “Producción Bonaerense”.

La iniciativa que tomará estado parlamentario en la Cámara alta provincial, contempla “límites a los abusos de posición dominante”, por lo que se elaborará un código de buenas prácticas comerciales que será de aplicación obligatoria por los establecimientos que vendan los productos.

El articulado estipula la creación del Registro “Producción Bonaerense” para contar con una base de información detallada, sistemática y de periódica actualización de las PyMEs bonaerenses.

“En las últimas décadas se ha evidenciado un proceso de concentración de tipo oligopólico donde grupos reducidos de empresas imponen sus lógicas económicas centradas en la maximización de sus ganancias, excluyendo a potenciales competidores y no respetando los derechos de consumidores”, se puede leer en los fundamentos del mensaje del gobernador.

Y agrega: “resulta necesario que el Estado provincial asuma la responsabilidad de defender el trabajo y progreso de las y los bonaerenses, restableciendo en. el orden local un régimen legal que hasta su derogación venía generando un beneficio a la economía bonaerense, indispensable en el contexto actual”.

En ese sentido se detalló que la finalidad es “fomentar la competencia en góndolas bonaerenses, que tendrá como objetivo la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la provincia de Buenos Aires, potenciar su crecimiento y brindar un marco normativo que garantice la venta de los productos regionales mediante un sistema equitativo de comercialización”.

Entre otros objetivos, el proyecto de ley que comenzarán a debatir los senadores persigue Fomentar la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, con la finalidad de evitar que se realicen prácticas comerciales que distorsionen el mercado y la competencia de oferentes.

Asimismo, pretende contribuir a que el precio y la variedad de los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores.

También busca promover el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires y propiciar la inclusión comercial de productores artesanales, regionales y de la agricultura familiar, en particular a las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales; y al mismo tiempo consolidar la identidad bonaerense a través de una mayor presencia de micro y pequeños proveedores en las góndolas de los diferentes canales de comercialización

En cuanto a los sujetos alcanzados, el proyecto detalla que “están obligados a dar cumplimiento a la presente ley todos aquellos establecimientos con asiento en la provincia de Buenos Aires, dedicados a la comercialización mayorista y/o minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar”.

Deben estar en incluidos en las siguientes categorías: pertenecer a una cadena comercial, cualquiera sea la superficie destinada a la comercialización y aquellos que no pertenezcan a una cadena comercial, pero cuente con una superficie destinada a comercialización mayor a 300 m2 y/o tenga 2 o más líneas de cajas”.

Se entenderá por góndolas tanto las físicas, relativas a todo espacio físico, mueble, estantería, soporte o similar, en los que se ofrecen productos para la venta, incluidos las puntas de góndola; y las virtuales, es decir, toda locación virtual de venta online, operada directa o indirectamente por los sujetos alcanzados como por ejemplo: página web, aplicación móvil, tienda de comercio electrónico o similares.

La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, al tiempo que se invita a los municipios a adherir a “las disposiciones de la presente Ley, a los fines de fiscalizar el debido cumplimiento de la misma y contribuir con el procedimiento para la inscripción de proveedores en el Registro creado por el artículo 10 de la presente”.

 

 

 

Breves

 

     

Pichetto dice: Argentina debe salir de su crisis con estabilidad política, económica, institucional y también con las emociones contenidas en el marco de la convivencia democrática como único camino para el crecimiento y el desarrollo al que aspiramos y tratamos de contribuir en nuestra representación legislativa”, concluyeron los diputados de HCF, entre los que también están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Carlos Gutiérrez.

 

 

 

 


viernes, abril 19, 2024

 EDICIÓN 1211

El Parlamento Nacional en plena actividad  

 En la Cámara de Senadores

Recibieron en el recinto los pliegos de seis embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, incluido el del rabino personal del presidente, que había tenido un trámite espinoso en la comisión de Acuerdos.

Fueron aprobados un paquete de tratados internacionales sobre servicios aéreos, asistencia jurídica y extradición, entre otros temas.

La Cámara alta sancionó ayer jueves por unanimidad -67 votos afirmativos- el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue el único que se convirtió en ley, ya que contaba con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

El convenio tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los Estados parte del Mercosur.

En la Cámara de Diputados

El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó y fue puesto a consideración de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en una reunión informativa que contó con la presencia de funcionarios nacionales.

La comisión que encabeza José Luis Espert, comenzó el análisis del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

La iniciativa se prevé debatir en el recinto conjuntamente con el proyecto de ley de Bases. Para eso se espera que tenga dictamen la semana que viene y pueda llegar al recinto en los primeros días de mayo.

El proyecto incluye la modificación en el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, blanqueo y moratoria, entre otros temas.

El Secretario de Hacienda Carlos Guberman, detalló el contenido del proyecto de ley, presentado como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

Fue el encargado de detallar el contenido del proyecto de ley, que presentó como un complemento de la ley de Bases, como parte de las iniciativas de política económica y de gestión que tiene este Gobierno”.

Sobre el tema contó que “hay algunas diferencias respecto de lo que se había trabajado en enero”, pero aclaró que las mismas no son “sustanciales”. La diferencia sustancial es, dijo, la inclusión del impuesto a los Ingresos Personales, que esa vez no estaba. En el verano, la intención era tratarlo por separado, ahora se unificó, comentó.

Respecto de la función de las comisiones, el trabajo legislativo fue intenso con agenda cargada de reuniones.

Se completó la conformación de todas sus comisiones -a excepción de Juicio Político- tras constituirse la de Deportes, Libertad de Expresión y Legislación General.

 

Movilidad Jubilatoria:  Se acerca

su definición en las comisiones

 En cumplimiento de las etapas del trámite reglamentario previo al debate en el recinto, la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la presidenta del cuerpo, la radical Gabriela Brouwer de Koning manifestó su satisfacción por haber cumplido el objetivo de emitir los dictámenes para una reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ponderó el análisis que se hizo de los 17 proyectos presentados porque “cada uno tenía aportes interesantes para el debate”. “Dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, resaltó.

La titular de la comisión destacó el compromiso con el cronograma de trabajo que se propusieron acorde a las exigencias de la sociedad”, pero también “poder hacer un debate serio, profesional y responsable en este tema tan sensible que son los haberes y pensionados del país”.

La consigna fue cumplida en todo el desarrollo de la reunión y mereció el reconocimiento especial del diputado Sergio Palazzo, Unión por la Patria, quien agradeció las formas y el desarrollo dado a la reunión.

Itai Hagman se refirió al dictamen de Unión por la Patria, “es una recomposición de los haberes.

“El 12,5% que está en el DNU claramente no amortigua el efecto inflacionario de los últimos tres meses, nosotros planteamos en nuestro proyecto una recomposición del 30%. Si no partimos de una recomposición que dé cuenta del salto inflacionario, lo que estamos haciendo es consolidar un bajo haber jubilatorio en el tiempo”, agregó.

Rodrigo de Loredo, UCR, defendió el dictamen unificado del bloque UCR y de Hacemos Coalición Federal. “¿Es posible lograr los objetivos fiscales sin acudir a una poda de los haberes de nuestros adultos mayores? Sí, es posible, la licuadora que aplicó el gobierno en estos tres meses podó más del 35% el haber previsional”, declaró.  

La titular de la comisión, Brouwer de Koning (UCR), detalló los alcances del dictamen de su bancada. “Se quiso mejorar el porcentaje de recomposición salarial, teniendo en cuenta que el decreto proponía un 12,5 nosotros proponemos llevarlo a un 20,6%, recomponiendo la inflación que se perdió en enero”, dijo.

En otro orden, la sesión en el recinto para tratar un proyecto del bloque Hacemos Coalición Federal no pudo reunir el quorum reglamentario para debatir la creación de una nueva fórmula jubilatoria

 

La Corte Suprema rechazó planteos contra

el mega DNU del Ejecutivo

Fue el martes pasado y por unanimidad: Dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei.

El máximo tribunal consideró que no había “caso concreto”, “causa” o “controversia”.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo -representante de la Asociación Civil Gente de Derecho- en diciembre del 2023, días después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, que solicitaba la anulación total del DNU 70/2023.

La misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobierno de La Rioja a través de los representantes legales de la provincia, Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, que en febrero de este año promovió una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la inconstitucionalidad del decreto.

La presentación de la provincia de La Rioja

El máximo tribunal entendió que “la provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27”.

Asimismo, la Corte Suprema entendió que la discusión sobre la estimación constitucional de las leyes y, en general, “de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales; sólo deben hacerlo cuando es necesario examinar el tema para decidir una causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a requerimiento de parte interesada”.

La restante presentación

El recurso extraordinario de Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, originó la restante queja ante la Corte.

En ese sentido, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió “que el recurso extraordinario ha sido bien denegado”, pues “no rebate los argumentos de la sentencia de Cámara”.

La Corte señaló que el actor “no refuta la conclusión central del pronunciamiento recurrido de que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”.

 “La existencia de ‘caso’ presupone la de ‘parte’, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso”.

Para que exista un caso “es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma ‘suficientemente directa’ o ‘substancial’”, dijo el Tribunal.

Por último, la Corte señaló que “los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos”.

Admitir pretensiones de esta naturaleza, sostuvo, implicaría alterar radicalmente el carácter del Poder Judicial de la Nación, transformándolo en un órgano distinto al que crea nuestra Constitución.

 Senadores actualizaron su dieta       

Tal como viene ocurriendo en la actualidad nacional los senadores nacionales, sin mucho preámbulo, pusieron fin a sus viejos honorarios y entraron al tiempo de actualización.

A mano alzada y sin debate previo, los llamados padres de la Patria, dejaron atrás protocolo y formas urbanizadas cambiando aquellos honorarios, estaban en 1,7 millones, sumaron algunos diferenciales y arribaron a un monto bruto que podría ascender a más de 6 millones de pesos.        

Los senadores ya habían manifestado malestar cuando el presidente Javier Milei ordenara a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dieran marcha atrás con el aumento del 30% para los legisladores nacionales que habían dispuesto en febrero pasado.

Otra de las cuestiones que aquejaba a los senadores era que, con el incremento suspendido de febrero, sus dietas iban a estar por debajo de sueldos de empleados de la máxima categoría de la Cámara alta.

Se consideró entonces si eso debía pasar o no.

Concluido el temario de la sesión ordinaria, hubo una cuestión de privilegio de la senadora María Eugenia Duré (UP) por Malvinas y luego se dio la palabra a Juan Carlos Romero, Salta, Juntos por el Cambio, que sin muchas vueltas expresó: “Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que también en está en las bancas de cada uno, para que sea puesto en consideración”.

Acto seguido, el documento fue aprobarlo a mano alzada.

Es atinado citar que hubo votos negativos que llegaron La Libertad Avanza, radicales y otros partidos.

El texto establece que “a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo”.

El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos”, aclara, el cual representa 1.802 pesos.

Pero el fin de la historia fue protagonizado por el Presiente Milei.

A través de la red social “X” cuestionó la decisión de los legisladores al aprobar la resolución 615/24 que establece el incremento salarial.

Respaldó a los senadores libertarios que votaron en contra.

En tanto la vice Victoria Villarruel expresó que "el aumento es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo.

“Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo", retrucó.

Cuando se refiere a reglas su afirmación es correcta.

Cuando se vota a mano alzada, los que se oponen deben manifestarlo a viva voz -así lo marca el reglamento-, en esta oportunidad no hubo manifestación en contra.

Por lo tanto, la expresión fue unánime.  

 

Los Registros del Automotor

           transitan barranca abajo             

 

Cuando todavía suenan en los pasillos de Diputados las repercusiones por el desenlace de las empresas de medicina prepaga, otro tema en danza es el futuro de los Registros de la Propiedad Automotor.

A los proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados se sumó, con cambio de escenario incluido, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La reacción fue del legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, quien presentó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Justicia de la Nación con el fin de terminar con la actividad, eliminar los registros y reemplazarlos implementando el sistema de Trámites a Distancia (TAD). La nota de la Fundación Apolo responde a la necesidad de adaptar la administración pública a los tiempos actuales y “promover una gestión eficiente y moderna”.

En el documento, expone que “resulta absolutamente ineficiente y contrario a derecho, que los registros de la propiedad del automotor continúen con un sistema de tramitación presencial y sobre la base de expedientes en soporte papel, al sólo efecto de beneficiar a una estructura anticuada y de características parasitarias”.

Asimismo, se precisó que resulta esencial que el Registro de la Propiedad Automotor incorpore herramientas digitales que permitan realizar gestiones de manera remota. La adopción del sistema TAD facilitará la realización de trámites, reduciendo costos y tiempos tanto para la administración como para los ciudadanos.

De esta manera, desde la Fundación Apolo subrayaron que la iniciativa “no solo está respaldada por la normativa vigente, sino que también responde a criterios de eficiencia y ética pública, en línea con los principios de modernización de la administración”.

En este sentido, solicitó al ministro de Justicia que tome “las medidas necesarias para implementar el sistema TAD en todos los trámites relacionados con el Registro de la Propiedad Automotor, contribuyendo así a una administración pública más ágil y eficiente”.

 


 Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo  

 

Ø LLANCAFILO, OSVALDO; TODERO, PABLO; CERVI, PABLO Y BERTOLDI, TANYA: PREOCUPACIÓN POR LA CESANTÍA DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL LANÍN Y DEL PARQUE NACIONAL LOS ARRAYANES

 

 

 

Ø  IANNI, ANA MARIA; SAND, NANCY; PEDRALI, GABRIELA; CASTAGNETO, CARLOS DANIEL; PEDRINI, JUAN MANUEL; OSUNA, BLANCA INES; MARIN, VARINIA LIS; YEDLIN, PABLO RAUL; GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL; POKOIK, LORENA; FREITES, ANDREA; CISNEROS, CARLOS; RAUSCHENBERGER, ARIEL; YUTROVIC, CAROLINA Y VALDES, EDUARDO FELIX: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CESIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES.

 

 

Ø  LOMBARDI, HERNAN; ARABIA, DAMIAN; ARDOHAIN, MARTIN; CAPOZZI, SERGIO EDUARDO; FIGUEROA CASAS, GERMANA; FINOCCHIARO, ALEJANDRO; GIUDICI, SILVANA; MAQUIEYRA, MARTIN; NUÑEZ, JOSE; QUIROZ, MARILU; ROMERO, ANA CLARA; SOTOLANO, MARIA; STEFANI, HECTOR ANTONIO Y VASQUEZ, PATRICIA: CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL ASIGNADO AL USO PERSONAL DEL EX MINISTRO DE CULTURA DE LA NACIÓN DURANTE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ. 

 

 Ø  PAULON, ESTEBAN: CUENTAS QUE FUNCIONAN EN DIVERSAS REDES SOCIALES VIRTUALES QUE PUBLICAN COMUNICADOS DE PRENSA BAJO EL NOMBRE DE "OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 

 

 

 

 

 

Breves

 

 

 

Servicios de tecnología de información y comunicación. Luego que el gobierno tomara la decisión de liberar, a través de un decreto 302/24, el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que eliminó la regulación de precios en servicios de telefonía, tv por cable e internet, el diputado Tomás Ledesma, UP–Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que suspende por seis meses los incrementos tarifarios.

 

 

 

 

Renuncia del presidente de las entidades prepagas de medicina. En medio de la tensión con el Gobierno por la suba de las prepagas y de señalamientos personales, el empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a las empresas del sector. Dichas entidades tienen gran cantidad de pedidos de cautelares ante el aumento de aranceles y también provocaron  buena cantidad de proyectos legislativos al respecto.   

    

 

 

Renunció Corach. El sobrino del ex ministro del Interior era subdirector ejecutivo de Administración del organismo previsional. El riojano ahora va por De los Heros.

 


lunes, marzo 04, 2024

 EDICIÓN 1205

Trámite Legislativo 

Se trató en la Bicameral el DNU 70/23   

 El oficialismo ocupó la segunda reunión de la Bicameral para tratar el mega DNU 70/ 23 que modifica 300 leyes. En el encuentro pusieron a consideración la nota suscripta por la oposición no K y votaron a favor -sin el acompañamiento de UP- de convocar a funcionarios del Ejecutivo para que expongan.

La Libertad Avanza planteó una agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes, avalada por otros espacios federales, de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina nada desde noviembre de 2021.

Sin el acompañamiento de UP, votaron a favor de que a partir del próximo martes asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

Los representantes de Unión por la Patria reiteraron que los plazos para tratar y dictaminar el DNU están vencidos, por lo que reclamaron el debate en el recinto de alguna de las cámaras. Además, apuntaron contra la titular del Senado, Victoria Villarruel, por no dar respuesta al pedido de sesión especial presentada por varios senadores.

Contrariamente el diputado Massot cuestionó que los últimos gobiernos “hicieron uso y abuso de los DNU”, y adelantó: “Vamos a impulsar en el corto plazo el tratamiento de los proyectos – presentados por todos los bloques en ambas cámaras-, para modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Ejecutivo. Si la necesidad y urgencia va a ser normalidad y no va a ser algo extraordinario, entonces es absolutamente disparatado que esta comisión ante DNU que van a ser sustitución de leyes, que es la intencionalidad política del Gobierno, no pueda versar sobre el contenido de forma parcial”, planteó y sugirió que también habría que modificar “esta locura de que el DNU valga con aprobación de una sola cámara y una ley requiera las dos”.

Massot le enrostró a UP que en la sesión preparatoria ellos se opusieron a la forma de distribuir las comisiones: “Tendrán que explicarlo el kirchnerismo, el Pro y LLA que hicieron un pacto que evidentemente tuvieron un problema en hacerlo cumplir. No podemos seguir discutiendo lo que pasó y decir si es o no válida la comisión, es inminente el tratamiento del DNU en los plenos”.

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón (LLA – Corrientes) contestó a UP: “Es difícil esquivarle a la inseguridad jurídica, pero pareciera que lo que estaba antes era seguridad jurídica. Con esos decretos hubo uno que nos dejó encerrados en casa y me acordé de las fiestas en Olivos”.

El libertario correntino aseveró: “El país de hace tres meses venía con una acelerada inflación y no tuvieron la misma visión de la necesidad y urgencia y ahí no había seguridad jurídica, pero unos pocos privilegiados hacían la vaquita para comprar hoteles en España”.

En esa línea, señaló que “pasamos de 20 a 9 ministerios y ha habido un achicamiento importante del Estado”. Reiteró que “pedimos el tratamiento de necesidad y urgencia, y se está tratando y debatiendo”. Por último, enfatizó que “acompañamos como bloque la convocatoria de los funcionarios que quieran venir a dar explicación, pero en memoria de aquellos irresponsables que no han venido en el pasado”.

 

Propuesta presidencial: 10 puntos que aseguren la gobernabilidad      

 Un recinto rotalmente cubierto por legisladores de ambas Cámaras más los palcos donde se ubicaron destacados invitados especiales otorgaron marco -durante 73 minutos- que acompañaron en forma ferverosa las barras que cubrieron todos los rincones, transcurrió la apertura del nuevo período legislativo.

Párrafo aparte merece destacarse por sus gruesos errores, la transmisión televisiva. Transcurrió en forma monótona y faltaron escenas de los legisladores participantes y sus reacciones ante aspectos del discurso. Si las hubo de sectores de invitados y las barras.  

Sobre el final del mensaje, el presidente Javier Milei formuló una invitación. Convocó, tanto a gobernadores como expresidentes de los principales partidos políticos, para “que depongamos los intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

“Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado pacto de mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.

“De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad.

Esas 10 políticas de Estado son:

1.- inviolabilidad de la propiedad privada;

2.- equilibrio fiscal innegociable;

3.- reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB;

4.- una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio;

5.-rediscutir la coparticipación Federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual;

6.- compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país;

7.- reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal;

8.-reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación;

9.- reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados;

10.- apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

Respecto de la propuesta presidencial los senadores, en un comunicado de UP, consideraron que se trata de un acuerdo a libro cerrado para legalizar lo inaceptable. Generan show con peleas e insultos, para evitar discutir lo único importante: se vive peor por su política económica. Impiden que el Congreso funcione, imponen decretos absurdos y dan vía libre para que la verdadera casta se beneficie, agrega el comunicado.

Los senadores de Unión por la Patria piden a sus gobernadores que tengan “mucha fuerza, convicción y firmeza para defender los intereses de nuestra patria porque está en grave peligro”.

Concluyen con una cita de Perón: “Queremos ayudar a sacar el país adelante, por eso el Gobierno tiene que dejar de lado la soberbia y aceptar que necesita que lo ayuden.

Esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie”.

Desde la vereda radical, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo celebró como “una gran noticia” el impulso de un pacto con los gobernadores para avanzar en “reformas que den previsibilidad en el tiempo, reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria”, destacó el diputado cordobés.

“Como sugerencia, no puede haber un pacto constitutivo de un proceso de cambios en la Argentina si no involucra la educación. Sería fundamental incorporarlo ya que también es de naturaleza estructural de los problemas argentinos”, estimó De Loredo.

 

Inician investigación en ANSES por la tramitación de seguros. Suspenden préstamos para usuarios en relación de dependencia

 Variadas fuentes dieron a conocer los resultados de una investigación interna llevada a cabo en la sede central de la entidad más fuerte que maneja la administración de los fondos jubilatorios en todo el país.

Anses maneja el presupuesto más voluminoso del Estado y tiene a su cargo asistir de manera directa a millones de argentinos, no sólo por los pagos a la clase pasiva, sino también por el pago de asignaciones familiares y múltiples beneficios sociales a ocupados formales y desocupados.

En otro orden, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)  informó que sigue suspendida la entrega de préstamos a jubilados y trabajadores en relación de dependencia.

Si bien no se trata de una resolución definitiva, por el momento no se pueden solicitar.  

El caso revista acciones varias, así como también actores diversos; algunos de raíz política y de repercusión diversa.

Los primeros datos radican la temática para seguros contratados. 

El que empezó a descubrir el polémico tema habría sido Osvaldo Giordano, un funcionario que, en origen, puso Milei en la Anses, llegado de la mano del ex gobernador Schiaretti y luego se le pidió la renuncia port diferencias políticas.

Es dinero que el Estado paga por seguros y ART a ciertos productores de seguros bien conectados. Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anticipó que seguirá la revisión en los organismos judiciales.

El accionar habría comenzado en diciembre de 2001, por orden del entonces presidente Alberto Fernández, quien dispuso que todos los seguros estatales debían ser tramitados en Nación Seguros, resolución a la que Giordano dispuso cancelar.

El dirigente cordobés, ordenó dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones de pesos con Nación Seguros, un esquema que habilitaba la intervención de intermediarios.

Lisandro Cleri, hombre de Massa en la Anses, lo puso en práctica con Alberto Pagliano, hombre del presidente Fernández en Nación Seguros.

A este último lo acompañan Héctor Soria Martínez  y Gustavo García Argibay, quienes distribuyen los negocios entre productores y compañías amigas.

Tras completar la tarea, salieron a la luz una malversación que supera los $ 20.000 millones anuales. La cifra corresponde a lo que Anses pagó al Nación anualmente para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les otorga créditos.

Por gestión de Massa, se habrían ampliado los préstamos en el plan platita de su luego frustrada carrera electoral: hasta $ 600.000 a una tasa anual del 29%, el tercio de lo que cobraba el mercado y en 24, 36 o 48 cuotas.

Surgieron, previo a las elecciones, centenares de miles de créditos con la excusa de promover el consumo.

Pero el contrato de la Anses con el Nación trajo más sorpresas.

Había que incorporar intermediarios privados, entontes Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales.

La búsqueda que, según algunas fuentes le adjudican al después despedido Osvaldo Giordano,

volteó el contrato con el Nación por “innecesario”.  

Lobbystas de todos los colores salieron a operar para reconquistar el espacio perdido.

Hasta ahora, el negocio con los seguros parece abortado toda vez que se habría cortado la línea operatoria que incluye nombres grosos.

Tramitación en Tribunales

El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó para tomar vista de la causa judicial que investigará la contratación efectuada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Al margen de esa formalidad, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, ya trabaja en una segunda presentación para pedir ser querellante en la causa.

El juez federal Julián Ercolini recibió por sorteo la denuncia y giró el caso a la fiscalía 6 a cargo de Ramiro González quien impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba, también pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.

La causa comenzó por denuncia de la abogada Silvina Martínez contra el ex presidente Alberto Fernández y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, a quienes acusó por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

En Nación Seguros estuvo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, un amigo de su juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese sector, pero del lado del Estado.

Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.

A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado donde aparece como intermediario Pablo Torres García, empresario y bróker financiero.

Se agrega al grupo, Héctor Martínez Sosa, casado con María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, y santificó “yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Sobre el mencionado se pudo verificar en los registros de ingresos de la quinta presidencial, que el mencionado Martínez Sosa y otras personas acudieron a varias reuniones en ese ámbito.  

 

 Iniciativas presidenciales al Legislativo   

Seguidamente se detallan las propuestas que serían impulsadas por el primer mandatario al cuerpo legislativo; serían las siguientes, algunas de las cuales se esperaría formen parte de la rediviva ley de Bases:

  • Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
  • Ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber.
  • Cierre del INADI y la agencia noticiosa Télam.
  • Modernización de la legislación laboral.
  • Eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice.
  • Elección de autoridades sindicales a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral.
  • Convenios colectivos especiales en el seno de empresas o grupos de empresas.
  • Ficha limpia.
  • Reducción de la cantidad de contratos de asesores legislativos.
  • Descuento de la jornada laboral a trabajadores estatales que paren.
  • Financiamiento de los partidos políticos.
  • Sanción penal a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
  • Modificación de regulaciones.
  • Pacto fiscal con las provincias. 

 Pedidos del Legislativo al Ejecutivo  

 Ø  MORENO OVALLE, JULIO: DECLÁRASE LA EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA, FISCAL, PREVISIONAL, DE SEGURIDAD, DE SALUD, TARIFARIA, ENERGÉTICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.    

 Ø  OSUNA, BLANCA INES; SAND, NANCY; YASKY, HUGO; ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI; TONIOLLI, EDUARDO; PEREYRA, JULIO; FREITES, ANDREA; ALIANIELLO, EUGENIA; ROMERO, JORGE ANTONIO; VALDES, EDUARDO FELIX; BERMEJO, ADOLFO; PEDRINI, JUAN MANUEL; YEDLIN, PABLO; LITZA, MONICA Y LEDESMA, TOMAS: EXPRESAR REPUDIO POR LA PRIVATIZACIÓN DE DIVERSAS EMPRESAS DEL SECTOR FERROVIARIO. 

 Ø  CERVI, PABLO; TAVELA, DANYA; BANFI, KARINA; CARRIZO, ANA CARLA; BROUWER DE KONING, GABRIELA; ANTOLA, MARCELA; GALIMBERTI, PEDRO JORGE; CIPOLINI, GERARDO; COLETTA, MARIELA; GIORGI, MELINA; COBOS, JULIO; AGUIRRE, MANUEL IGNACIO; BENEDETTI, ATILIO; NIERI, LISANDRO Y VERASAY, PAMELA FERNANDA: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA SRA. MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, LICENCIADA DIANA ELENA MONDINO, SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

Ø  TETAZ, MARTIN ALBERTO: INFORMES VERBALES AL LIC. DANIEL TILLARD Y AL SR. ALFONSO TORRES PRESIDENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y DE NACIÓN SEGUROS, RESPECTIVAMENTE, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUROS Y SU CARTERA

Ø  AGUIRRE, MANUEL IGNACIO: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) CON LA EMPRESA NACIÓN SEGUROS S.A

 

 Breves

Escrituras en CABA. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron 1.882 escrituras por un monto total de $143.030 millones. Sr registró una suba de 1,8% respecto de enero 2023, pero bajó 58,7% respecto del mes pasado. El monto de las operaciones creció 244,4% respecto a hace un año y mermó 38,7% respecto a diciembre 2023