Un impuesto disfrazado será financiador de obras.

Aunque no lo parezca; aunque fue denominado de distinta manera, el miércoles pasado el Senado logró dar sanción definitiva al “cargo específico obligatorio” destinado a crear un fideicomiso que permita asegurar el repago de obras del sector energético.
En la práctica la nueva legislación se transforma en un impuesto más, en una formidable herramienta tributaria que le permitirá al Estado manejar nuevos fondos fiduciarios. La ley impone cargos a los usuarios de gas, gas licuado de petróleo y electricidad.
La forma de recaudar será a través de la facturación general pero el articulado rescata que “exceptuará del pago a las categorías de pequeños usuarios a fin de evitar que la traslación de dichos cargos comprometa la situación económica de pequeños usuarios y consumidores”.
La ley también consigna que las firmas que operan como generadoras de energía eléctrica, transportistas, distribuidores de energía eléctrica o gas natural facturarán y percibirán los cargos específicos por cuenta y orden de los fideicomisos y deberán incluirlos en la factura que emitan por los servicios que prestan.
Lo que no ha quedado definido o mejor dicho se definirá en las sombras de despachos ministeriales es quien determinará la ejecución de obras, en qué lugar del país, qué empresa tendrá a su cargo el desarrollo técnico y por qué monto y, finalmente quien ejercerá el contralor.


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El nuevo paquete laboral transita un camino sinuoso. El sprint tomado por Héctor Recalde (Frente de la Victoria, Buenos Aires) en pos de prolijar la Ley de Contrato de Trabajo (así fue definido), está trayendo no pocas complicaciones al novel legislador y experimentado hombre del derecho laboral que incluyen una supuesta presión del Ejecutivo para moderar su accionar.
En la última reunión de la comisión de Legislación del Trabajo sus integrantes decidieron postergar por una semana el dictamen sobre el proyecto de Ley de Pymes que elimina las reformas introducidas por Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa en la década del ‘90.
Por otro lado si se aceptaron y comenzaron a firmarse los dictámenes correspondientes, sobre la modificación de cuatro artículos de la actual ley de contrato de trabajo. Se modifican indemnizaciones, preaviso y cálculo de tiempo trabajado. Las modificaciones introducidas son:
Preaviso de despido: El empleador tendrá la obligación de dar un mes de aviso a los empleados que despedirá. Si no lo hiciera, deberá pagar ese mes.
Licencias: Las licencias por enfermedad o por militancia gremial se computarán en el tiempo efectivamente trabajado.
Contratos: En casos en que los trabajadores hayan firmado de conformidad una rebaja en sus salarios en tiempos de crisis, cuando haya litigios con el empleador, se computará a los efectos de la indemnización el monto contemplado antes de esa rebaja.
Constancias de aportes: Hoy los empleados tienen derecho de exigirle a su empleador una constancia de que hizo los aportes provisionales cuando ya está roto el vínculo contractual pero, con esta reforma, podrá exigir ese certificado en cualquier momento.
Estos fueron los retoques que junto con el de topes indemnizatorios -que ya tiene dictamen y fuera publicado en nuestra edición anterior- son la batería legislativa que impulsa Recalde y apoya un sector no muy definido del oficialismo. La sanción de los topes indemnizatorios podría marcar con precisión la conducta que adoptará el Ejecutivo respecto del accionar del legislativo.
Será conveniente recordar que la embestida de Héctor Recalde no es producto de una decisión espontánea e inconsulta. Fue proclamada en reiteradas oportunidades por el actual presidente. El asesor legal de la CGT y hoy diputado nacional se sentó durante el año pasado (sin tener cargo legislativo) al lado del anterior presidente Saúl Ubaldini. Desde ese destacado sitial iba perfilando lo que sería su próxima actuación. La que permitiría poner en práctica el “nuevo modelo productivo” que impulsa el presidente Néstor Kirchner con leyes que dejan atrás las reformas del 90.
Mientras en la comisión observan con preocupación la escasa producción legislativa que presenta la oposición, actitud que deja plenos poderes al oficialismo, no son menos preocupantes y contradictorias ciertas declaraciones que en el más alto nivel del bloque justicialista afirman que “ya habrá tiempo para sancionar estos proyectos”.
Fuentes cercanas a Recalde sostuvieron que no hay ánimo de restringir la actividad de la comisión y mucho menos acordar con otros sectores tiempos de sanciones para los proyectos con dictamen.
Pero serán los presidentes de bloques los que en definitiva establezcan las prioridades. Tiempos que el oficialismo está utilizando para establecer acuerdos con grandes sectores empresarios que en privado se irritan frente al accionar de Héctor Recalde en pos de eliminar reformas que oportunamente fueron impulsadas por Armando Caro Figueroa y Domingo Caballo.


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La actual situación legislativa laboral sobre la LCT

* Topes indemnizatorios, (artículo 245) tiene dictamen. Debería ser incorporada a la agenda de las próximas sesiones
* Irrenunciabilidad (articulo 12). El dictamen fue aprobado y actualmente está a la firma de los legisladores integrantes de la comisión.
* Preaviso (artículo 19). Ídem anterior
* Prescripciones (artículo 256) En estudio
* Tiempo de servicio (articulo 18). Ídem anterior.
* Certificados (articulo 80). Ídem anterior
* Sanciones (articulo 67) Se incorporará al estudio
* Condiciones (articulo 66) Convertido en ley.
* Concursos (articulo 20 de la ley de Concursos y Quiebras) Derogación en estudio

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Todo es según el color del cristal con que se mira. El tema son los decretos de necesidad y urgencia que serán tratados en el Senado.
Hagamos historia. Unos años atrás, en 2000 para ser más precisos, la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner presentaba un proyecto que, entre otros conceptos determinaba: Todo decreto deberá ser ratificado por el Congreso. En caso de rechazo o falta de ratificación, se considerará nulo de nulidad absoluta y carecerá de efectos legales. El Poder Ejecutivo deberá indicar en el fundamento del decreto, las razones de necesidad y urgencia que justificaron su dictado. Carecerán de todo valor los decretos que no fueran remitidos al Congreso dentro de los diez días de su dictado por parte del Poder Ejecutivo. Dentro de los 30 días de emitido el dictamen, el Congreso deberá tratarlo. Si no lo hace dentro de ese plazo, el decreto carecerá de vigencia y sus disposiciones no tendrán efecto de ninguna naturaleza.
La ahora senadora y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales decidió tratar el tema por el que regula el uso por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia.
El asunto no es menor toda vez que desde que llegó a la Casa Rosada en 2003, el presidente Néstor Kirchner firmó 169 decretos, y también los utilizaron por demás Carlos Ménem y Fernando de la Rúa.
Al respecto el presidente del bloque de senadores justicialista, Miguel Angel Pichetto, autor de una de las iniciativas sostiene en el articulado del proyecto que presentara que si el Congreso "no se expide sobre la validez de los decretos en un plazo de 60 días", se entiende que existe aprobación del decreto.
Ernesto Sanz de la UCR sostiene en el de su autoría que si el Congreso no se expide en el plazo de 30 días, el decreto dejará de tener vigencia.
La entonces diputada Cristina Fernández de Kirchner se lamentaba porque "el Poder Ejecutivo legisla en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas".
En algunos días se conocerá la opinión de la titular de la influyente comisión de Asuntos Constitucionales. Habrá llegado entonces el momento de conocer si los influjos del poder han quebrado los criterios de la hoy primera dama y, una vez más, se vuelven ciertos los postulados del teorema de Baglini. (las declaraciones y principios de los políticos se mantienen en relación inversa con la cercanía al poder).


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La renegociación del contrato de Telefónica. El titular de la comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, Gerardo Morales, manifestó su conformidad por la realización de la audiencia pública convocada por la UNIREM para considerar entre todos los interesados la renegociación del contrato de la concesionaria Telefónica de Argentina, sin embargo manifestó la necesidad de que estos eventos sean más difundidos "para conocer a fondo la realidad de las empresas de servicios públicos privatizados y la actuación de los controles por parte del Estado".
"La verdad, -dijo el senador nacional a Leyes y Empresas- la carta de entendimiento entre el gobierno nacional y Telefónica no aborda el fondo de los problemas del servicio de telefónica para los usuarios de la mitad del país."
Morales enumeró los problemas que salieron a la luz en la audiencia pública llevada a cabo en Mar del Plata, el viernes pasado. "Existen serios problemas de competencia y de tarifas, en tanto no se cumple la reducción tarifaria por cumplimiento de una disposición contractual que ordena reducir tarifas por eficiencia en virtud del impacto de las inversiones en la reducción de los costos", explicó.
"En los últimos cuatro años, el ministerio de Planificación Federal no autoriza, ni siquiera considera, la reducción de tarifas tal como establece la norma vigente. Sin embargo, en sus balances la compañía admite públicamente que está en condiciones de aplicarla", explicó el jujeño Morales. La última vez que Telefónica fijó esta reducción fue en el periodo 2001/2002.
Gerardo Morales agregó que la carta de entendimiento que se firmó el pasado 6 de marzo no define la inversión requerida a la empresa para continuar con sus servicios. "El convenio no dice nada de inversiones ni de compromisos de invertir para la empresa, pero el gobierno nacional si se ha comprometido en el mismo instrumento a sancionar un nuevo marco regulatorio para la actividad", enfatizó.
En ese sentido, agregó: "tampoco se resuelven los temas de competitividad; de interconexión; de portabilidad numérica o de elección del prestador de telefonía internacional".


Temas empresarios en las comisiones

(en razón del feriado del 1 de Mayo, no fue anunciado el temario completo de la semana)

HOY
DIPUTADOS
• En la comisión de Finanzas, Programación del tratamiento de los proyectos; Organización de reuniones con autoridades de las entidades financieras; Notificación sobre invitación recibida de parte del senador Marín.
• En reunión conjunta de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Comercio, modificaciones a la Ley 24.240. A continuación la Comisión de Defensa del Consumidor considerará Defensa de la Competencia – ley 25.156 – Incorporación del Art. 24 bis, sobre creación del rol de Fiscal de Competencia.


SENADO

• En la comisión de Trabajo y Previsión Social, proyecto de Ley reglamentando la actividad de venta de diarios y revistas. Se contará con la presencia de representantes gremiales de la actividad de venta de diarios y revistas.