OCURRIDO EN LA COMISIONES

RÉGIMEN LEGAL DE
CORREO ELECTRÓNICO.

En la comisión de Comercio se analizaron los resultados de las Jornadas sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Se realizará una Audiencia Pública en 4 meses.
Posteriormente, se aprobaron proyectos sobre servicio público, un pedido de informes de los motivos por los cuales no se ha aplicado la disminución de las tarifas en el servicio básico telefónico. También, por qué no se aplicó la rebaja del 6.75 en las tarifas de servicio básico; y un último sobre cuestiones vinculadas a la facturación enviada por las empresas Telefónica S.A. y Telecom Argentina France a sus usuarios.


LOS TICKETS CANASTA
CON NUEVA PROPUESTA

Los proyectos que plantean la eliminación de los tickets canasta como beneficio social y su reconocimiento como integrante del salario, fueron discutidos por los diputados y las autoridades de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares.
Los empresarios sostuvieron que en caso que los vales sean incluidos al salario “se caerá la red de comercios adheridos que aceptan los tickets y las empresas no tendrían razón para existir”.
Legisladores oficialistas manifestaron que “hacer este cambio en este momento con la desocupación que hay no es lo mas correcto”. También manifestaron su disconformidad con los proyectos Guillermo Alchouron, Raúl Merino y hasta el sindicalista Alberto Piccinini propuso buscar nuevas alternativas “que no perjudiquen a nadie y contribuyan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador”.
Desde la Cámara empresaria se dijo que “sacar este tipo de beneficios es perjudicial para todos”, en tanto que diputados de la oposición manifestaron que esos vales “se utilizaron durante la década del 90 para evadir y el sistema previsión y seguridad social fue el más perjudicado”. Los empresarios contraatacaron y señalaron que “son 1.250.000 asalariados los que reciben los vales y esto significa cinco millones de personas las que se ven beneficiadas y afirmaron que los aportes a la seguridad social que realizan las empresas de tickets son del 14 % lo que significa 1000 millones de pesos anuales que van a parar a las arcas del Estado, (se propuso que se distribuya ese dinero entre las obras sociales y seguridad social).
En virtud de las nuevas propuestas surgidas del dialogo entre diputados y empresarios, el presidente de la comisión de Legislación General propuso un nuevo encuentro para confeccionar un texto que contenga esas modificaciones. Sin embargo al día siguiente informaciones periodísticas difundían versiones en el sentido de la continuidad de los proyectos originales.


CANCELACIÓN DE DEUDAS.
EXPORTACIONES DE ALGODON

La comisión de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto de ley del diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza) de Régimen de cancelación de deudas y obligaciones otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.
También se aprobó un proyecto de ley de la diputada Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) que elimina de las retenciones a las exportaciones del algodón.


MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO
PONE LOS PELOS DE PUNTA A LABORATORIOS

Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su desacuerdo con el artículo 46 de dicho Código que prohíbe la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación resultase que se trate de mercadería con marca de fábrica o comercio falsificado, En los casos en que la situación no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Los empresarios dijeron que “la inclusión de la propiedad intelectual en este artículo perjudicará a la industria nacional de medicamentos y podrá atentar contra la política de genéricos ya que se podrían frenar la entrada de complejos activos que sirvan para esos medicamentos”.
Respecto de la aseveración por parte de la Cámara de Laboratorios sobre la existencia de una “mano negra” en la redacción del artículo, el diputado Roberto Iglesias (UCR Mendoza), autor del proyecto rechazó enfáticamente lo vertido y destacó que “es una falta de respeto que se diga eso. Acá no hay ninguna mano negra. La ley pretende evitar actividades ilícitas de exportación e importación”.
Los representantes de CILFA indicaron que el perjuicio podrá ocasionarse a aquellos que importen legalmente y tengan que litigar contra alguien que realice una acción judicial para evitar competir. Desde la UIA se remarcó la sorpresa por el desplazamiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el análisis de la mercadería en pos de la participación de la Aduana.
La UIA y CILFA coincidieron y propusieron la eliminación de las restricciones a las exportaciones que propone el artículo en discusión.



LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA
NUEVA LEY DEL CONSUMIDOR

El director nacional de Desregulación Económica a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Rodrigo Giordano Lerena, junto al director nacional de Defensa del Consumidor, Carlos Vanella, analizaron las modificaciones que los legisladores pretenden incorporar a la ley de Defensa del Consumidor.
“A partir de la modificación del año ’94 se incorporaron los derechos que son parte de la defensa del consumidor pero creemos que ahora el consumidor necesita una defensa mayor”, analizó Giordano Lerena. Según los invitados, las modificaciones analizadas en la Comisión fueron logradas en el Consejo Federal del Consumo que reúne autoridades, tanto de provincias como de la Nación. El Director Nacional de Defensa del Consumidor sostuvo que “a diez años de vigencia de la ley se fueron vertiendo los temas más importantes que se detectaron con el paso del tiempo”.
Los funcionarios mencionaron que quedaron excluidos de la ley vigente los comerciantes que adquieren insumos para incorporarlos a la cadena productiva. Por ejemplo, un panadero que compra harina para hacer pan. En estos casos se acordó mantener la situación de la misma manera ya que se supone que el panadero no se toma como consumidor porque se entiende que tiene los conocimientos necesarios para no ser perjudicado.
Los legisladores estudian la posibilidad de establecer una indemnización por daño directo a los consumidores en sede administrativa por un monto hasta $3000 y evitar así que por pequeños montos tengan que recurrir a la justicia luego del fracaso de la mediación.


AUTOPISTAS Y TERMINALES PORTUARIAS
YA TIENEN DICTAMEN

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN, que preside la diputada Silvina Leonelli (UCR Córdoba) firmaron dictámenes en ambos temas.
En la renegociación de contratos de concesión de las autopistas del Sol y del Oeste, el PJ firmó un dictamen aprobatorio pero con la disidencia parcial del senador Marcelo López Arias.
Por su parte, la UCR suscribió un dictamen rechazando el acta-acuerdo del PEN con laS concesionarias, el senador Sanz (UCR Mendoza) justificó que no hubo una renegociación total y definitiva de los contratos.
El tercer dictamen por la minoría, rechazando la renegociación, fue del ARI argumentando la violación de la Ley de Emergencia Económica y Social.
Con respecto al tema de terminales portuarias, hubo cinco dictámenes: el de la mayoría, con disidencia parcial de los diputados oficialistas Graciela Camaño y Toledo y del senador López Arias. La UCR presentó un dictamen argumentando su rechazo; igual posición tomó la senadora del PJ Mabel Müller.


DEMASIADAS ATRIBUCIONES
PARA LA AFIP

En la última sesion del Senado, Gerardo Morales durante el debate del Paquete Antievasión II hizo una advertencia sobre las sanciones a la omisión de presentación de las declaraciones informativas pensadas para los pequeños contribuyentes. Sostuvo que “en el inciso XIII, que modifica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Tributario incluida en el Antievasión II, donde plantea la cuestión de la omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanciones que será de 5.000 pesos y, en los casos de sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, de 10.000 pesos. Esta es una súper facultad para la AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, estos son los que más débiles están para afrontar una estructura administrativa de información que enfrente las situaciones que produce la AFIP.” sostuvo.