miércoles, junio 20, 2007

SANCIONES EN LA ULTIMA SESION DE DIPUTADOS

En la última sesión celebrada el pasado miércoles 13, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley sobre Penalización de Asociaciones Ilícitas Terroristas y su Financiación. El proyecto cuya autoría corresponde al Poder Ejecutivo, ya había tenido sanción por parte del Senado y, en esta oportunidad recibió 102 votos afirmativos, 35 negativos y 6 abstenciones.
Paso seguido, en una cabal demostración de que el interés legislativo oficialista había estado concentrado en dar salida a una necesidad del Ejecutivo, fueron obviados los otros temas pautados en la agenda acordada y la sesión pasó a cuarto intermedio para el proximo miércoles 27 de junio a las 14.

Los servicios de telefonía celular
Con importante concurrencia por parte de representantes de empresas del sector y de organizaciones no gubernamentales comenzó el estudio del proyecto que establece el marco regulatorio de la relación contractual entre el prestador del servicio de comunicaciones móviles el usuario. Los inconvenientes en el servicio aéreo motivaron marcadas ausencias entre los legisladores que no llegaron a sumar una decena.
El proyecto de la oficialista Blanca Osuna, Entre Ríos, contiene 36 artículos donde establece entre otros las características de los contratos vinculantes con los usuarios, las cláusulas prohibidas; la prestacion del servicio, obligaciones sobre calidad, servicios de atención al cliente, restablecimiento del servicio, baja y autoridad de aplicación. También determina modificaciones a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y 22.802 de Lealtad Comercial.
Asistieron Norberto Capellán, director de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina - CICOMRA; Jorge Ferraroti director de Legales de Telecom Argentina; Carlos Vanella de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor; Marcelo Gobbi secretario general de Movistar; Armando Gomariz director del Centro de Consumidores de Entre Ríos; Jorge De Lucio, Gerente de Legales de Nextel; Marcelo Cóppola director provincial de Comercio de la Provincia de Buenos Aires); entre otros representantes de empresas.
Norberto Capellan sostuvo que el espíritu del proyecto es acompañado por las empresas, pero en gran parte ya está vigente mediante la aplicación de distintas leyes y normativas. Asimismo, admitió que esta normativa vigente puede ser susceptible de actualización por el volumen que está teniendo la actividad en la Argentina.
El representante de Nextel, Jorge de Lucio manifestó que el espíritu del proyecto es acompañado por las empresas, pero en gran parte ya está vigente mediante la aplicación de distintas leyes y normativas. Asimismo, admitió que esta normativa vigente puede ser susceptible de actualización por el volumen que está teniendo la actividad en la Argentina.
Los empresarios manifestaron que son de los sectores que más invierte en el país (más de 2.000 millones de pesos para el corriente año), no reciben subsidios del gobierno, han llevado la tecnología a sectores carenciados, y en cierta medida, las quejas -que los colocan primeros en el ranking de disconformidad de los usuarios- van disminuyendo paulatinamente.
Posteriormente continuó la ronda de análisis con el aporte de las ONG.
En ese tramo la diputada Patricia Vaca Narvaja (FpV/PJ-Córdoba), tomó nota de las propuestas de algunos invitados, tales como exigir a las empresas la certificación de normas ISO referidas a atención de reclamos, o limitar la extensión mínima de los contratos de adhesión (en la actualidad se están suscribiendo por un mínimo de 18 meses, cuando hasta hace poco tiempo eran de 12 meses). Explicó luego que algunas de las propuestas escuchadas, tales como que los costos por los cambios de tecnología deben ser asumidos por la empresa (caso contrario el usuario puede optar por continuar con la antigua), ya está contemplados en el proyecto, cuando habla de modificación contractual.

LOS LEGISLADORES PIDEN INFORMES

Dante CAMAÑO, NS, Buenos Aires: pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la explosion producida en la fabrica de aerosoles argentinos del barrio San Martín de Virrey del Pino, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires
Paola SPATOLA, GP, Buenos Aires: pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el contrabando de armas a estados unidos de america que investiga el juez en lo penal economico Guillermo Tiscornia
Adriana MARINO, FPyT, San Juan: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la crisis energetica que afecta al pais.
María TORRONTEGUI, FMP, San Luis: pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el monto al que ascienden los saldos que han sidos girados al fondo anticiclico fiscal.
Cristian RITONDO, PP, CABA: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la irradiacion que causan las antenas de telefonia movil a instalarse en la ciudad autonoma de Buenos Aires.
Cristian RITONDO, PP,CABA: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la no aplicacion de la instancia obligatoria de conciliacion en el conflicto laboral entre la empresa casino buenos aires s.a. y el sindicato obreros maritimos unidos – somu
Nora GINZBURG, PRO, CABA: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la proteccion otorgada a adrian felix lopez, ex apoderado de la empresa infiniti group y procesado en el caso skanska,
Carlos MACCHI,PN, Corrientes: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la existencia de estudios relacionados con el cambio climatico generado por la represa hidroelectrica Yacyreta
Nélida MANSUR, UF, Buenos Aires: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la seleccion del adjudicatario de los juegos tragamonedas ubicados en el hipodromo argentino de la ciudad autonoma de Buenos Aires
Dante CAMAÑO, NS, Buenos Aires: pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con las garitas de seguridad privada habilitadas, ubicadas en el municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires.


Ocurrió en las comisiones

Sodio en los alimentos. Se aprobó un proyecto de ley, que establece el máximo de contenido de sodio en los alimentos elaborados por la industria de la alimentación en quinientos miligramos por cada cien gramos de alimento o de un trece por mil de sal. El máximo dispuesto se alcanzará en el plazo de cinco años desde la fecha de vigencia de la presente ley. La autoridad de aplicación determinará los máximos anuales para arribar al máximo dispuesto, previo dictamen de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

Investigaciones clínicas. Quedó aprobado un dictamen para el proyecto de Ley sobre investigaciones clínicas con medicamentos, productos médicos y biológicos, terapia génica y celular. Se aplicará a los ensayos clínicos con medicamentos, productos médicos y productos biológicos de uso humano. La iniciativa explica que se hallan comprendidos dentro del ámbito de la Ley, los Ensayos Clínicos con medicamentos, productos biológicos, productos médicos, productos de terapia génica, terapia celular somática, incluidos los de terapia celular xenogénica, así como todos los medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente.

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