Temas de importancia se debatirán en el recinto de
la Cámara alta
El
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Senado dará mañana miércoles
el primer gran paso para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Los
cinco proyectos que ya cuentan con dictamen de comisión serán debatidos en el
recinto para luego girarlo a Diputados.
La propuesta del Frente para la Victoria pondría en marcha la reforma sancionada el año pasado, por la cual el país pasará del sistema inquisitivo al acusatorio, donde los fiscales tendrán la potestad de la investigación judicial.
Los proyectos obtuvieron dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente para la Victoria firmó el de mayoría y la UCR y el peronismo disidente, los de minoría.
Las leyes propuestas son “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal. En líneas generales, la oposición respaldó estos proyectos, con la excepción de la reforma del Ministerio Público Fiscal, ya que consideran que el proyecto oficial le otorga demasiado poder a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Durante el debate en comisión, los textos tuvieron modificaciones. Una es la postergación de la fecha de inicio del sistema procesal penal: estaba programado para el 1 de septiembre en Capital Federal y de manera gradual pero será el 1 de marzo y en todo el ámbito de la Ciudad, como distrito único.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función. En el mismo sentido se estableció que los trabajadores judiciales, en caso de pasarse a los ministerios públicos, seguirán teniendo el derecho a ser efectivizados después de cinco años de contrato, tal como sucedería si siguieran en el Poder Judicial.
Por otra parte, la bicameral que estudió la implementación del nuevo Código, presidida por Rodolfo Urtubey (FpV) reemplazará a la comisión de seguimiento creada en el texto original, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.
Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.
La propuesta del Frente para la Victoria pondría en marcha la reforma sancionada el año pasado, por la cual el país pasará del sistema inquisitivo al acusatorio, donde los fiscales tendrán la potestad de la investigación judicial.
Los proyectos obtuvieron dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente para la Victoria firmó el de mayoría y la UCR y el peronismo disidente, los de minoría.
Las leyes propuestas son “de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”; de reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y de “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal. En líneas generales, la oposición respaldó estos proyectos, con la excepción de la reforma del Ministerio Público Fiscal, ya que consideran que el proyecto oficial le otorga demasiado poder a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Durante el debate en comisión, los textos tuvieron modificaciones. Una es la postergación de la fecha de inicio del sistema procesal penal: estaba programado para el 1 de septiembre en Capital Federal y de manera gradual pero será el 1 de marzo y en todo el ámbito de la Ciudad, como distrito único.
A raíz de la inquietud de los sindicatos, también se incorporaron artículos para “preservar los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales a acceder al Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y a sus nuevos cargos, en igualdad de condiciones y requisitos” a los que tenían como empleados del Poder Judicial, en caso de decidir incorporarse a los otros organismos.
La preocupación se debe a que el Poder Judicial perderá la tarea de investigar y a que, en cambio, el Ministerio Público Fiscal -que es un órgano aparte- deberá incorporar nuevos trabajadores para cumplir con esta función. En el mismo sentido se estableció que los trabajadores judiciales, en caso de pasarse a los ministerios públicos, seguirán teniendo el derecho a ser efectivizados después de cinco años de contrato, tal como sucedería si siguieran en el Poder Judicial.
Por otra parte, la bicameral que estudió la implementación del nuevo Código, presidida por Rodolfo Urtubey (FpV) reemplazará a la comisión de seguimiento creada en el texto original, a raíz de un pedido opositor de no delegar atribuciones propias del Congreso.
Dentro de la bicameral funcionará una Secretaria Técnica y un Consejo de Asesores integrados entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y representantes gremiales.
Economía y Finanzas
La
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semana pasada se conocieron los datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre de
2015, período en el cual la tasa de desempleo alcanzó al 7,1% de la población
económicamente activa (PEA), presentando un aumento de 0,2 puntos respecto del
trimestre anterior y manteniéndose sin cambios en su comparación interanual.
Ahora bien, al igual que en trimestres previos, el incremento en la tasa de
desempleo hubiera sido mayor de no mediar una nueva y llamativa caída de la
gente que busca empleo, habida cuenta que la tasa de ocupación volvió a
experimentar una baja interanual, acompañando la contracción económica.
Corrigiendo este extraño comportamiento de las tasas de actividad y empleo (el
cual viene llamando la atención de los analistas desde el año 2011), la tasa de
desocupación se ubicaría hoy en niveles más cercanos al 10%.
Pero
independientemente de los ligeros movimientos vislumbrados a corto plazo, es
importante destacar que, desde una óptica de mediano plazo, se observa un
cambio estructural en la evolución de los indicadores del nivel de actividad y
del mercado de trabajo, tras la implementación del cepo cambiario, a fines de
2011. Luego de la fuerte contracción del año 2002, con altos excedentes de capacidad
instalada y en un contexto externo muy favorable, la economía argentina llegó a
expandirse a un ritmo del 6,6% promedio por año, con salarios que crecían un
3,4% anual en términos reales, en conjunto con un incremento de 2 puntos
porcentuales por año de la tasa de empleo. No obstante ello, como consecuencia
del agravamiento del conjunto de desequilibrios y distorsiones que condujeron a
la implementación de las restricciones cambiarias, la economía apenas pudo
expandirse un 0,2% promedio a partir de 2011, con salarios deteriorándose a un
ritmo acumulativo del 0,2% y la tasa de ocupación contrayéndose 0,8 puntos
porcentuales.
A
pesar de los problemas ya presentes de política económica, la Argentina pasó de
casi duplicar el crecimiento de 4,2% de la región entre 2003 y 2011, a
mantenerse virtualmente estancada, mientras que los países de Latinoamérica
también exhibieron un crecimiento menor al de años previos, pero todavía
cercano al 2%.
Esto
habla de los límites que comienza a presentar la principal fuente de
crecimiento argentino de la última década, asociada a un mayor uso del factor
trabajo. A partir de ahora, la expansión debería pasar por la acumulación de
capital (inversión) y mejoras en la productividad, para lo cual tanto las
distorsiones macro y microeconómicas, como las restricciones cambiarias
impuestas en consecuencia, han pasado a ser un lastre para el crecimiento
económico.
Reflejo
de ello son las estadísticas del Balance Cambiario del primer trimestre
divulgadas recientemente, las cuales confirman los crecientes controles. En los
primeros tres meses de 2015, se redujeron drásticamente las autorizaciones para
el pago de importaciones y virtualmente no se permitió el giro de utilidades y
dividendos al exterior, como forma de compensar la caída de las exportaciones y
la fuga de capitales privados asociada a la operatoria de dólar ahorro y
turista, logrando mantenerse estables las reservas sólo por el endeudamiento de
corto plazo del Banco Central vía el swap con China. Si bien la emisión de
deuda de la Nación e YPF, junto con la temporada alta de liquidación de divisas
del sector agroexportador, vienen ayudando a elevar transitoriamente el nivel
de reservas internacionales y, eventualmente, liberar en el margen las
restricciones a las importaciones como forma de dar algo de aire al nivel de
actividad, sigue resultando clave que el próximo gobierno, que asuma en
diciembre de este año, logre una gradual normalización del funcionamiento de la
economía y ayude a erradicar las restricciones que hoy no permiten sentar las
bases de un crecimiento económico realmente duradero.
Proyectos de interés empresario,
en tratamiento por las comisiones
En Senadores
Corporación
Vitivinícola. En reunión plenaria de las comisiones de Economía Nacional e
Inversión; Economías Regionales; Economía Social y Micro y Pequeñas Empresas se
recibirá a miembros de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)
analizarán el "Impacto Económico y Social en el Mercado Argentino de Jugos
de Frutas ante Cambios Impositivos".
Licencias. En la
comisión de Trabajo y Previsión Social los asesores continúan con el análisis
de distintos proyectos sobre licencias de los trabajadores.
En Diputados
Autoridad Federal de Tecnologías de la
Informacion y las Comunicaciones. En la comisión Bicameral de las Comunicaciones
se continuará con la propuesta de los candidatos
para ser designados miembros del directorio de la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por parte de la segunda y
tercer minoría, en cumplimiento del inciso “b” del artículo 18 de la ley 26.522
y su modificatoria ley 27.078.
Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo




* * * *
Servicios
de telefonía celular. Preocupado ante el reclamo permanente
de los consumidores de telefónica celular, el diputado Julio Cobos, UCR, Mendoza, se reunió con Fernando Blanco
Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina; para trabajar sobre
un proyecto destinado a la defensa de los usuarios de telefonía celular.
“La mayoría de los reclamos en cualquier asociación
de consumidores pasa por la falta de un buen servicio en materia de telefonía
celular” manifestó y en razón del conocimiento expresado por Blanco Muiño, el exvicepresidente
de la Nación decidió presentar un proyecto de ley destinado a lograr mayor
protección a los usuarios y que se obligue a las empresas a tener un trato
digno con sus clientes".
Definiciones
de la jefa de los diputados oficialistas. Según
declaraciones, Juliana Di Tullio tuvo
una reflexión sobre la moral y la hipocresía de
la oposición, que en los pasillos o cuando se habla sobre el tema Fayt “dicen
que es una situación no sólo inusual, sino que no corresponde, con un juez de
la institución más importante del Poder Judicial. Lo dicen opinando lo mismo
que nosotros opinamos libremente hacia afuera, y después tienen una actitud
absolutamente contraria.
“La
política debe preocuparse por esta situación, y sobre todo las cámaras
legislativas. Según la Constitución nacional, a la Cámara de Diputados le toca
el rol de acusadora, y al Senado el rol para juzgar.
“No es
voluntad de este bloque ni de la Comisión de Juicio Político ni del Gobierno
nacional destituir a ningún juez. Nosotros nos hacemos cargo de esta situación,
que es única en Argentina y en el mundo. No hay antecedentes de que un hombre
ocupe tan alto cargo a la edad que (Fayt) tiene, sobre todo teniendo un
promedio de diez mil casos al año para resolver.
“Ya la
Corte no está completa, y una Corte incompleta es una deformación del buen
funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, porque está pensada para
estar formada por cinco miembros (una ley votada incluso por la oposición),
cinco pensamientos diferentes que devengan de diferentes variantes del derecho.
Hoy eso no existe en la Corte. Hay cuatro miembros, de los cuales uno acude muy
poco.” Sostuvo.
Seguridad en actos deportivos.
La senadora Laura Montero, UCR, Mendoza
presentó un proyecto solicitando que lo organismos involucrados informen
detalladamente como son los procedimientos de seguridad de los espectáculos
deportivos que organiza la AFA y la CONMEBOL en nuestro país.
La candidata a vicegobernadora por Mendoza, declaró que “lo ocurrido en el partido entre Boca y River Plate fue un episodio lamentable que podría haber terminado en una tragedia, pero quienes son los responsables de la seguridad nos dicen que el operativo fue un éxito. Necesitamos conocer cuáles son los procedimientos que utilizan en los partidos la Policía Federal y la seguridad privada, cómo se complementan entre ambas, qué tipos de controles se realizan dentro y fuera de los estadios, quién define la cantidad de agentes y como se destinan los mismos en cada tribuna”.
La candidata a vicegobernadora por Mendoza, declaró que “lo ocurrido en el partido entre Boca y River Plate fue un episodio lamentable que podría haber terminado en una tragedia, pero quienes son los responsables de la seguridad nos dicen que el operativo fue un éxito. Necesitamos conocer cuáles son los procedimientos que utilizan en los partidos la Policía Federal y la seguridad privada, cómo se complementan entre ambas, qué tipos de controles se realizan dentro y fuera de los estadios, quién define la cantidad de agentes y como se destinan los mismos en cada tribuna”.
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