EDICION 1094
En la previa al receso
parlamentario
Hubo sanciones y
nuevas leyes que fueron aprobadas en la Cámara de Senadores
La Cámara de Diputados vive horas
contradictorias.
Después de haberse anunciado dos sesiones,
sólo quedó la correspondiente al informe de gestión del jefe de Gabinete de
Ministros. La cancelación de la correspondiente al tratamiento de proyectos
quedó postergada ante la ausencia de diputados atareados por el cierre de la
presentación de lista de alianzas.
En estos días, es el motivo que mueve a
los representantes legislativos.
Inmediatamente después se producirá el
receso invernal que se prolongará, Senadores, desde el próximo 19 hasta el 30
de julio. En tanto Diputados no hizo anuncio al respecto.
En la cuenta legislativa en Diputados
muestra en primer lugar los proyectos que tienen dictamen que son la nueva Ley Ovina; la
creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y
Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay y una ley sobre violencia
institucional y otra para garantizar derechos de las personas en situación de
calle, Estas dos últimas impulsadas por el oficialismo pero por reclamos
recibidos desde Juntos por el Cambio, el Frente de Todos prometió incorporar
modificaciones para lograr respaldo mayoritario.
Otras
iniciativas que guardan el momento de ingresar al recinto de Diputados son el régimen
previsional diferencial para trabajadores y contratistas de viñas; la prórroga
del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda. Se sumó
al paquete la ley de etiquetado frontal de alimentos, debatida en comisiones y
que obtuvo cuatro dictámenes, pero el de mayoría se impuso con 91 firmas y
avala la media sanción de la Cámara alta.
La sesión en
Senadores
Así
las cosas, damos a continuación los detalles de la sesión realizada ayer en la
Cámara de Senadores.
Correspondió a la sesión pública especial número 10 –con 64 senadores presentes- se inició pasados unos minutos de las 14, se inició con discursos de homenaje al recientemente fallecido Carlos “Lole” Reutemann. Previamente había prestado juramento la designada reemplazante Alejandra Vucasovich. La agenda definitiva incluyó, entre otros, los siguientes temas:
O.D 214, 201 y 200 de ratificación de Decretos de Necesidad y Urgencia
dictados sobre planes de vacunación, medidas de prevención y otros relacionados
con la pandemia.
Finalizado
el tramo correspondiente a las exposiciones se produjo la votación. 60 votos afirmativos, 1 voto negativo para el
primero de ellos y los siguientes 39 votos afirmativos y 23 negativos.
-
O.D. 216. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se
modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias y la de Impuesto sobre los Bienes
Personales. Incluye incentivar el ahorro en pesos.
-
O.D. 217. Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal
para Pequeños Contribuyentes. (C.D.- 19/21)
Ambos
proyectos fueron tratados y votados en conjunto.
Finalizado
el tramo correspondiente a las exposiciones se produjo la votación. 60 votos
afirmativos, 0 voto negativo. UNANIMIDAD
Reciben sanción definitiva. SON LEYES
-
O.D. 219. Dictamen en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se establece el Marco Regulatorio
de Biocombustibles. (C.D.- 17 y 20/21)
Establece un nuevo marco regulatorio del
régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio
de biodiesel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con
bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña
de azúcar y 6% para el maíz.
Recibe
sanción definitiva. ES LEY
Sin más temas que tratar, se levanta la
sesión a la 1.39 del viernes 16 de julio.
Las tasas de
interés por mora
en la mira de
senadores oficialistas
Dos proyectos del senador del Frente de Todos Oscar Parrilli,
(de los que damos cuenta en la sección correspondiente) tienen por objeto limitar
las tasas de interés que se cobran por atrasos en los pagos, tanto de servicios
públicos como de privados; la ronda de deliberaciones se efectúa en las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
En reunión conjunta se inició el análisis con la presencia de
representantes de los sectores quienes expusieron las características de las
respectivas actividades.
A la plenaria asistieron buen número de representantes de sectores involucrados en los proyectos; pero hubo ausencia de grandes proveedores de servicios públicos de energía.
Rubén Morcecian, especialista en contratos, opinó que “hay
situaciones de emergencia, de excepción, que hay que atender” y que el fenómeno
mayor del sobre endeudamiento es el de las
personas humanas viene desde la crisis del 2008. “No hemos podido
obtener todavía un instrumento legal que le permita a los ciudadanos endeudados
resolver razonablemente su situación, que no sea anunciar su propia quiebra;
hoy tenemos la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, del policía,
en el interior del país, del empleado público”, graficó.
Gonzalo Rodríguez, especialista en derecho del
consumidor, explicó que el endeudamiento del consumidor para acceder a los
bienes y servicios se debe a una falta de regulación en el mundo. “Estos
proyectos reconocen que el sistema de protección jurídica de consumidores y
usuarios es mucho más que la mera protección del sujeto individual consumidor
destinatario final; los proyectos vienen a regular un mercado”, consideró.
El director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito, César Bastien, destacó que el sector está muy regulado; “desde el año 1999 tiene tasas máximas y aranceles”.
Estimó que avanzar con el proyecto incrementará la pérdida de las empresas a partir de una tasa menor al costo de los fondos; se desincentivará el pago de los usuarios; el cambio en la fecha de cobro generaría pérdida económica y problemas operativos sin mejorar la posibilidad de pagos de los usuarios; y se generará menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más vulnerables.
Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina
de Salud, advirtió que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación
vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y
esos costos los vamos a tener que distribuir” entre los usuarios no morosos.
Cuando finalizó su
exposición, el senador Parrilli catalogó al expositor como un experto
en reclamos que trata de mostrar que el Estado no sirve. A su turno el
ejecutivo de la empresa de medicina prepaga más grande del país aseguró que “el
senador debiera sentir orgullo
de un empresario que ha creado cantidad de puestos de trabajo”.
Alejandro José Pérez, gerente general de la Asociación
de Bancos Argentinos sostuvo que “la Argentina es uno de los países con menor
grado de bancarización del continente y con tendencia bajista”. “El proyecto
bajo análisis regula el mercado de créditos y por ello es necesario tomar los
recaudos para evitar que se deteriore aún más el grado de bancarización. El
sistema financiero actualmente tiene problemas de rentabilidad”, al tiempo que
precisó que respecto a la mora del sistema financiero, el índice asciende a
solo al 4,2% de morosidad en abril.
Hugo Bruzone, asesor de la Asociación de Bancos de la
Argentina advirtió que el proyecto engloba dos universos que totalmente
distintos: por un lado están los préstamos en dinero y por otro lado están los
servicios públicos”, diferenció. “El proyecto habla de interés moratorio y
prohíbe los punitorios y hay muchos contratos escritos que pueden haber usado
distinto lenguaje, entonces creo conveniente que lo que se regule comprenda
tanto a intereses compensatorios o punitorios”,
Al término de la
primera reunión se acordó reanudarla hoy viernes, hacer un pre despacho y
aceptar realizar algunas modificaciones propuestas
Respecto de la
iniciativa, el autor citó que “tampoco podrán imponer cargos extras a las ya
elevadas tasas de interés como cargos de reconexión, gastos administrativos,
etc”.
El proyecto impone “el
plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez”, porque “la
gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el
día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios
después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago fuera de
fecha”.
En los textos de las
iniciativas, se indica que deben adecuarse las tarifas mensuales “a un promedio
anual”. Son muchas las provincias en las cuales en épocas invernales (o a la
inversa en las más calurosas) las temperaturas son muy bajas, lo que provoca
indefectiblemente un incremento en el consumo de gas de los usuarios. A efectos
de paliar estos desequilibrios las empresas prestadoras deberán adecuar su
facturación mensual para que las mismas sean similares durante todo el año sin
perjuicio de las oscilaciones en el consumo y sin ningún tipo de recargo y/o
interés.
Parrilli argumentó que
“la pandemia producida por el Covid-19 profundizó y acentuó el daño provocado
por la gestión macrista y sus políticas neoliberales, aumentando los índices de
desocupación, pobreza e indigencia”, razón por la cual sostiene que “brindarle
a la comunidad todo el acceso a tarifas con precios razonables y servicios de
calidad mejoraría sustancialmente la calidad de vida”.
Consideró que “el
acceso a los servicios públicos como parte del contenido de los derechos
humanos se encuentra reconocido de forma directa por la ONU en distintas
resoluciones en donde se establece que deben estar al alcance de todos, con un
costo razonable, que su acceso no debe limitar la capacidad de pagar por otras
necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud”.
Sin embargo, Parrilli
entiende que las empresas prestatarias de servicios públicos direccionan sus
esfuerzos a priorizar la obtención del mayor rédito económico posible a costo
de la calidad y la universalización del servicio como derecho humano,
provocando serias situaciones de exclusión y marginación económica en el acceso
a los servicios esenciales de calidad.
Se notó intención de
parte del oficialismo darle fuerte impulso al tema y potenciar su pronta
llegada al recinto. En ese sentido obra la entrada en receso por vacaciones de
invierno del Congreso Nacional.
Vacunas: Ley,
DNU, reuniones de comisión, pero nada ayuda a saber que pasó ni qué pasará con
Pfizer y otros laboratorios
Haciendo historia ocurrió primero la
sanción de la ley original en 2020, posteriormente se sancionó en este año la ley 27.573, casi en forma
concurrente el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia que
corregía la última ley y ahora llegó su tratamiento de aprobación en la
comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo.
La crónica indica que asistieron la
secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación y la ministra de salud
en el orden nacional. Las funcionarias y los legisladores del Frente de Todos
justificaron, pese a que uno y otro trámite tuvo escasas hora de diferencia, la
utilización del decreto para incorporar cambios a la norma parlamentaria;
mientras la oposición cuestionó que se haya salteado el trámite legislativo e
ignorado al Parlamento.
Sobre los cambios realizados por el
Ejecutivo, la secretaria Legal y Técnica sostuvo
que en la Ley de Vacunas recientemente sancionada la palabra negligencia
no fue el único reclamo de algunos laboratorios. Si ocurrió que esa palabra cobró
dimensión por trascender que la autora fue la diputada y presidenta de la
comisión de Legislación General, Cecilia Moreau
El oficialismo
se dispuso entonces a avalar el nuevo documento que, estiman, es “la
demostración que el Gobierno nacional desea que en esta situación de necesidad
y urgencia, los niños menores de 18 años que tengan necesidad puedan
vacunarse”.
De las declaraciones oídas no se logró concluir nada definitivo.
Sólo que hubo un final imprevisto cuando la trasmisión se cayó por un
“inconveniente técnico” y la sesión de comisión también.
Sólo se pudo saber que el senador José Mayans, que no forma parte
de la comisión, vaticinó que “Si quieren, a este DNU
pueden tratarlo en el recinto y aprobarlo.
Ojalá que ustedes nos ganen”, chicaneó, y
anunció que igualmente el cuerpo presidido por Cristina Kirchner votará la
validez del decreto.
Al respecto, el jefe del interbloque
Juntos por el Cambio en Senadores, Luis Naidenoff, lamentó que “nunca
vamos a saber el trasfondo de la negociación. No se puede aceptar que el
Gobierno decida unilateralmente, a más de un año de la pandemia, imponer por decretos
de necesidad y urgencia un criterio de contratación“.
“Hemos perdido mucho tiempo como país por esta idea de ideologizar
todo”, opinó el formoseño, al tiempo que cuestionó falta de respuesta sobre las
donaciones de vacunas no recibidas, o “no cerrar un contrato de ampliación con
COVAX”, o “sobre las vacunas de AstraZeneca, se contrataron 22,4 millones de
dosis, se pagaron 57 millones de dólares y no llegaron en tiempo y forma”.
Sobre este interrogante, absolutamente nadie expresa una opinión.
El presidente de la bancada opositora en Senadores indicó que “el
decreto es un combo cerrado, lo aceptas o rechazas. En cambio, una ley te
permite introducir modificaciones, ir al hueso”.
Lo concreto es que, a casi dos años de iniciada la pandemia en nuestro
país, absolutamente nadie
se anima a trazar un futuro de acciones que aseguren la llegada y
aplicación de la segunda dosis a un parque de más de 4 millones de personas, concretar
una planificación que logre la masificación de la vacunación y buscar evitar
siga la suba del indicador de muertes diarias que nos pone a la cabeza del
mundo.
En oportunidad
de haber superado nuestro país la cifra de 100.000 muertos, El gobierno dispuso
desde ayer jueves cinco días de duelo nacional según el decreto 459/2021 publicado en el Boletín
Oficial.
De esta manera,
hasta el lunes inclusive, la Argentina permanecerá de duelo por las víctimas del COVID-19 desde el inició de la pandemia en marzo de
2020.
La Hidrovía y su
nueva política de gestión
son motivo de
cuestionamiento
Más
adelante sostuvo que “la toma de control de la Hidrovía por el Frente de
Todos es otro avasallamiento más a la Argentina productiva con el solo
objetivo de hacerse con la caja millonaria por el cobro de peajes, poniendo en
riesgo la principal salida de nuestras exportaciones”.
García
presentó un proyecto acompañada por diputados de Juntos por el Cambio, para que
el Gobierno informe la política de gestión sobre el tema,
El
tema ganó la atención de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial
Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y otras entidades como el Centro
Exportador de Cereales, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones
Rurales Argentinas.
Según
se pudo saber en círculos afines, la estatización de la Hidrovía no resuelve
ninguno de los problemas existentes, sino que generará nuevos y mayores costos
para los productores y mayores cargas para todos los contribuyentes, sin
garantizar a ciencia cierta el mantenimiento de esta vía navegable, que sin un
cuidado constante se vuelve intransitable más aún con la bajante histórica que
atraviesa el Río Paraná.
Consultadas empresas ligadas al tráfico
fluvial destacaron que el corredor es el principal medio de transporte que
utilizan productores y empresarios de los más variados sectores.
“Necesitamos un eficaz y mayor control
sobre este aspecto y ningún indicio ha dado el Gobierno, por el contrario,
pretende hacer frente a esta problemática mediante la estatización que solo
aumentará los problemas”.
“Generaremos
otro organismo ineficiente, como Yacimientos Carboníferos Fiscales o Aerolíneas
Argentinas, empresas emblemáticas pésimamente administradas”, finalizó García.
Seguro verde. Un
nuevo cargo
para los seguros
del automotor
La Superintendencia de Seguros de la Nación crearía un programa de
sustentabilidad ambiental y seguros conocido como PROSAS.
Esta norma institucionaliza el denominado “Seguro Verde”.
La Cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados el Programa de
Sustentabilidad Ambiental y Seguros que crea en el ámbito de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros
(PROSAS), con el objeto de promover las inversiones en
nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de
los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto
por la Ley 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados.
Un corto debate y tras él Senadores aprobó el proyecto de ley por 51
votos a favor, 1 negativo y 10 abstenciones.
El artículo 2, modificado en el recinto, sostiene que: “El PROSAS se
integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del
ramo automotor en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada
trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“.
Asimismo, la iniciativa propuesta por el senador misionero Maurice
Closs, FdT, prevé que el Prosas destinará el 10 por ciento de los
aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo
Forestal Industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la
implementación de las acciones asignadas en la Ley 25.080, modificada por sus
similares 26.432 y 27.487.
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