EDICIÓN 1086
A media marcha
El Congreso
Nacional sin sesiones, sólo se registra actividad en las comisiones
En Senadores no
se registra actividad alguna, si bien se cumple con la formalidad de dejar
constituida o ratificada la constitución de cada una de las respectivas
comisiones; y son muchos los legisladores que están en sus despachos.
Por el
contrario, en Diputados la tarea en comisiones es bastante nutrida y en esta
edición damos algunos concretos ejemplos de la preocupación que hay por el
análisis de diversos temas que hacen al interés de grandes sectores.
En Presupuesto
y Hacienda continúa el estudio de la modificación de la ley de Ganancias, esta
vez para adecuar aranceles que pagarán las sociedades comerciales.
En la bicameral
de Trámite Legislativo se dio aprobación a los términos del DNU 241 que
contiene restricciones por la Pandemia y de esta manera cuenta ahora con el
sustento legislativo requerido constitucionalmente.
También ocurren
similares reuniones en otras comisiones para tratar temas específicos de los
cuales damos mayores detalles más abajo.
Etiquetado frontal de alimentos vuelve al ruedo parlamentario
La historia reciente expresa que la iniciativa fue debatida en cuatro
comisiones de Diputados -Legislación General, Acción Social y Salud Pública,
Defensa del Consumidor e Industria- a lo largo de igual cantidad de jornadas
por las que pasaron más de 40 expositores, entre funcionarios, representantes
de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas y hasta invitados
internacionales.
Fuentes cercanas al desarrollo del tema sostienen que ya se está
trabajando en la letra chica de la norma.
cuando se dio sanción y pasó en revisión a la Cámara de Diputados con el
agregado que el giro dispuesto fue a cuatro comisiones. Una antigua versión de
pasillo asegura que cuando el envío se realiza a más de tres su destino final es
incierto. Y, desde entonces y por motivos desconocidos transcurrió otra
historia y el proyecto en trámite quedó varado en algún cajón de Diputados.
Después de algunos vaivenes, en la comisión de Legislación General
desempolvaron el expediente y ocurrieron algunas gestiones que dejaron nuevo
saldo.
Pasadas las reuniones informativas, la última fue el 6 de abril, se
convinieron ahora nuevos plenarios.
El
lunes pasado, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, por
momentos conteniendo su emoción por la recordación que hicieron sus colegas del
ministro de Transporte recientemente fallecido en un accidente en ruta, afirmó
que “el dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por
ningún espacio”, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los
bloques”.
Para
ello se tendrán a la vista otros cuatro proyectos, que tienen giro a las
cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-; también existen otras 19 iniciativas sobre la misma
temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para que sean incluidos.
El oficialista Julio Ferreyra, manifestó su posición a favor de
otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la
gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el
jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo
Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros. El
legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a
llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se moleste
ver el por qué”.
El radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de
mercado si no existen consumidores correctamente informados”.
A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó
que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su
intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro
de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son
alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.
En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela
Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a
“generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.
Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no
hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando
es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber
un mejor consumo”.
Desde Consenso Federal, Graciela Camaño expresó que el rotulado
actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de
informar. Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es
indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la
salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución
Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y
servicios”.
El radical Atilio Benedetti aseguró apoyo rotundo a la ley; en
tanto el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis
Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un
derecho constitucional”.
Pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se
altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo
trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.
Para la oficialista Liliana Schwindt, el proyecto “significa una
ventaja para la industria alimentaria también” porque “permite que se oriente hacia una producción
saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es una iniciativa de salud
pública, “que tanta falta hace en este momento”.
Se espera ahora una nueva reunión donde se firmará el dictamen, cuya
letra chica se define por estas horas.
Al cierre de esta nota se conocía que la diputada Cecilia Moreau o su par Facundo Moyano, estaban siendo considerados como eventuales candidatos a ser titular de la cartera de Transporte.
Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales ya cuenta con dictamen
Carlos Heller explicó que “en función de una serie de
inquietudes que estamos trabajando y que no hemos terminado de congeniar como
para convertirlas en parte del proyecto”.
La iniciativa fue defendida por el secretario de Política Tributaria,
Roberto Arias y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El nuevo texto establece alícuotas marginales escalonadas con tres
segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una
alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos,
pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos
pagarán el 35%.
Sobre la distribución de dividendos, en
tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.
En reunión de comisión realizada ayer, el dictamen de mayoría, del
Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-,
mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19
adhesiones.
Con los números a la vista se espera un duro debate en el recinto.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: se incluyeron
incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y
transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y se aclaró en la
redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini-
que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el
proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las
empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que
la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las
empresas”.
Con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por
esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación
generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más
de 1.200.000 trabajadores y jubilados.
“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias
aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”,
analizó el titular de la comisión.
Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a
“una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay
más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria
y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.
Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan
presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las
empresas grandes tienen que pagar más, que nueve
de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio
fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos
y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.
Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez
empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la
reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el
Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y
la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.
Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó
la Oficina de Presupuesto del Congreso es correcta porque tomó como base el
25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van
tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del
impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos,
entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo
del 35% va a impactar en 17.127 casos. El proyecto tiene “un claro objetivo
recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero
la progresividad que se plantea es muy poco representativa de la realidad
económica”.
A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque
desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión
tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del
33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de
una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un
marciano”.
Finalmente, el proyecto sobre Biocombustibles llegó a Diputados. Fuerte rechazo de los representantes empresarios y otros sectores
Luego de muchas vueltas, sanción en
Senadores incluida, muchas sin explicación alguna, el proyecto oficialista se
encuentra en la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que
comenzó el tratamiento del expediente sobre una ley de biocombustibles que reemplaza
la sanción de Senadores y crea un nuevo marco regulatorio para una industria que
incluye 54 plantas productoras en 10 provincias.
En la reunión informativa estuvieron
presentes, entre otros, Patrick Adam, Cámara de Bioetanol de Maíz; Leandro
Luqui, Pymes de productoras de biodiesel; Claudio Molina, Asociación Argentina
de Biocombustibles e Hidrogeno; Juan Ignacio Facciano, Asociación Santefesina; Pablo
Ares, Coninagro; Víctor Accastello, Asociación de Cooperativas Argentinas;
Manuel Ron, Bioetanol, Rio Cuarto S.A. y Jorge Feijó, Centro Azucarero
Argentino.
En líneas generales los expositores coincidieron en expresar su
oposición al nuevo proyecto y reclamaron por la extensión de la norma aplicada
por la ley 26.093.
Puntualmente cuestionaron que la iniciativa lleva a 5% el corte con
biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre
esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de
trabajo. También, varios de los invitados pusieron el acento en el
retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentuales, al
tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el
texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.
Los conceptos negativos sobre el proyecto fueron
desde anticonstitucional y generadora de quiebre de la industria hasta retroceso
ambiental por la suba de emisión de gases, corte expresado para el biodiesel,
cierre de fábricas entre otras manifestaciones opositoras a la norma generada
desde el oficialismo. Ponderaron lo normado oportunamente por la ley
26.093
A favor del proyecto sólo se encontró la voz Federico Pucciarello, Cámara de Energía Renovables quien expresó que “continuar con los indicado por la 26.903 sería de destrucción de las pymes de Santa Fe”.
Concluida la ronda de expositores invitados, desde la Coalición Cívica, Juan
López preguntó al presidente de la comisión (Félix) como seguía la reunión
porque veía con preocupación las expresiones de los representantes de la
industria.
Se sumaron al reclamo Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que en la
voz de Graciela Camaño indicó que “le voy a pedir al oficialismo se atenga al
reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias
sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros en este momento,
en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”.
Se escucharon pedidos para que se
presenten ministros de las áreas por lo que se informó que serían cursadas las
invitaciones correspondientes.
Al cierre Omar Félix prometió
nuevas rondas sobre la norma presentada.
Antecedentes
El nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y
entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la
Ley 26.093, la cual se buscaba prorrogar mediante una media sanción del Senado
votada por unanimidad en octubre pasado, pero frenada por el Frente de Todos en
Diputados.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o
diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá
contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen,
medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se
reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.
Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el
porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas
condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo
obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total
del producto final”.
En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.
Despidos y
suspensiones: la prohibición se extendió hasta el 31 de mayo
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 266/21, publicado en el Boletín
Oficial, indica que los despidos y las suspensiones “no producirán efecto
alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus
condiciones actuales”.
Asimismo, se puntualiza que la prohibición “no” será aplicable “a las
contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” del DNU
ni “al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley 24.156 y
sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre
sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que
lo integran”.
“Quedan, asimismo, exceptuados de las prohibiciones quienes se
encuentren comprendidos en el régimen legal de trabajo para el personal de la
industria de la construcción de la Ley N° 22.250”, agrega la norma.
La prórroga rige también para los trabajadores “dependientes incluidas e
incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley 24.557 sobre Riesgos
del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares
habituales, fuera de su domicilio particular”.
El ministro de
Justicia expuso ante los diputados. Los cambios que propone.
El visitante propuso modificaciones a la
reforma del Ministerio Público, aprobada en
noviembre en el Senado, que sumarían participación de
los fiscales en los procesos disciplinarios y le asignarían a Alberto
Fernández la última palabra en la definición del sucesor temporal del
procurador interino Eduardo Casal.
Los retoques surgieron de las reuniones
de Soria con el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo;
y el de la de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Marcelo Gallo
Tagle.
Soria sorprendió a diputados
kirchneristas como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade,
quienes advirtieron sobre el riesgo de empoderar a los fiscales o quitarle
atribuciones a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público.
De todos modos, no se modifican dos
aspectos centrales de la reforma con media sanción de Senadores: el final del
interinato de Casal, la posibilidad de elegir a su sucesor con la mitad más uno
de los miembros del Senado (mayoría absoluta), que ostenta el frente de Todos;
y la eliminación de su rol vitalicio. "Si el mandato del Procurador
ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben
ser distintas", sostuvo Soria y recordó que esa fue la propuesta del
ex ministro Germán Garavano.
"Los únicos países que tienen
procurador vitalicio en América Latina son Argentina y Cuba", destacó.
Me parece que si los fiscales tienen que
sumar un lugar no deberían restárselo a los legisladores, sino a otros
estamentos", sugirió Moreau.
Soria no estuvo de acuerdo. "En la
composición actual el Congreso tiene un miembro, en el proyecto 3, con esta
medida logramos mayor consenso", explicó.
La ausencia de los representantes de Cambiemos
a la reunión, que se extendió por cuatro horas, estuvo cargada de críticas del
ministro al procurador y a la oposición ausente. "Tal vez la solución
era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención. Lamento que los
mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando hoy no quieran
participar de esta reunión", señaló.
·
Tribunal de Enjuiciamiento: estaría integrado
por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación; dos representantes
de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno
por la mayoría y uno por la minoría; un representante del Consejo Universitario
Nacional; un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo
entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, de los cuales uno
tiene que ser mujer.
·
Funcionamiento: mantener el quórum en la mayoría de
sus miembros, cuatro integrantes, y modificar las mayorías para las tomas de
decisiones.
Para dictar un apercibimiento o dictar una multa a un fiscal debería
mantenerse la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Para remover a
un fiscal se va a requerir el voto de una mayoría agravada, las dos terceras
partes de los miembros de ese tribunal.
·
Presidencia: designación por sorteo, rotando cada
seis meses.
·
Jurado de los concursos: volver a la redacción
vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante
el sorteo público. La composición va a tener un jurado de número impar.
·
Procurador interino: el límite de interinato
máximo e improrrogable de ese cargo será de seis meses.
·
Fiscal general: Duración no mayor a cinco años.
El interino sería designado por el Poder Ejecutivo Nacional en base
a una propuesta en terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento y Control del Congreso Nacional.
Pedidos del
Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø MARTINEZ, DOLORES; CARRIZO, ANA CARLA; CANTARD, ALBOR ANGEL;
QUETGLAS, FABIO JOSE; YACOBITTI, EMILIANO BENJAMIN; REGIDOR BELLEDONE, ESTELA
MERCEDES; GARCIA, ALEJANDRO; CARRIZO, MARIA SOLEDAD; FERRARO, MAXIMILIANO;
ARCE, MARIO HORACIO; FRADE, MONICA EDITH Y TERADA, ALICIA: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO DEL TELETRABAJO EN
EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCION POR LA EMERGENCIA SANITARIA.
* * *
La Cámara de Senadores bonaerense sancionó un proyecto de ley que
posibilita regularización de las deudas previsionales de los establecimientos
educativos de gestión privada con asiento en la provincia de Buenos Aires.
Denuncia contra el vice de Santa Cruz. Luego de una denuncia,
fue aprobado el pedido de licencia presentado por Eugenio Quiroga para “evitar
que su cargo sea un obstáculo”, y que la Justicia resuelva una denuncia
presentada en su contra.
Índice de Precios al
Consumidor. Aumentó 4,8% en marzo, por encima del
3,6% febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en
particular por la incidencia de los incrementos de los precios regulados y el
movimiento que registraron los denominados estacionales. La suba ubica a la inflación
en el valor más elevado de los últimos 18 meses.
Restricciones por Pandemia. En reunión virtual de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialismo ratificó los DNU 235 y 241/21, que impusieron restricciones por la pandemia. Juntos por el Cambio impugnó el dictamen.
