sábado, mayo 15, 2021

 EDICIÓN 1087

SaSesionó Senadores

 

Se dio sanción a los DNU sobre la pandemia,

destino del giro del FMI y creación de la comisión para contralor de una Hidrovía  

 En sesión pública especial tuvo lugar ayer la reunión número 5, presidida por la vice Claudia Abdala de Zamora dado que la presidenta de la Cámara de Senadores se encuentra en ejercicio de presidencia de la Nación en razón de la gira por Europa del titular del Ejecutivo. La agenda parlamentaria, estuvo conformada, entre otros, por los siguientes temas:

 

  • *      O.D. 58/21. DNU 235 del Poder Ejecutivo sobre medidas de prevención para mitigar la propagación de la pandemia.
  • *      O.D. 59/21. DNU 241 del Poder Ejecutivo sobre medidas de prevención basadas en evidencia científica.
  • *      O.D.110/21. DNU 287/21 del Poder Ejecutivo sobre medidas de prevención entre el 1 de mayo hasta el 21 de mayo.

Fueron votados en forma conjunta. Se registraron 39 votos afirmativos, 27 votos negativos.

Pasa en revisión a la Cámara de Diputados


  • *      O.D. 120/21: Dictamen en el proyecto de resolución del senador Oscar Parrilli en la que solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el giro del FMI que la recibirá Argentina en agosto -estimado en 4350 millones de dólares- sea utilizado para los gastos de la pandemia y no para pagar deuda.

Puesto a votación, resultaron 37 votos afirmativos, 25 negativos y cero abstenciones, resulta aprobado.

 

Pronunciamientos a favor. El autor de la iniciativa, Oscar Parrilli, senador por Neuquén, entre muchos otros conceptos, expresó “lo que nosotros, en definitiva, le pedimos al Fondo Monetario Internacional es que las políticas que se están aplicando en Estados Unidos y en Europa sean las mismas que dejen aplicar en la Argentina y en los países deudores: primero, el rol del Estado, los planes de obras públicas fenomenales que está llevando adelante el gobierno de Estados Unidos –ya lo dije–, con el plan que Biden ha dicho que es el más importante de los últimos 50 a 100 años de Estados Unidos…

“…Nosotros hacemos esta exhortación, este pedido, esta ayuda a nuestro gobierno, porque estamos absolutamente convencidos de que las políticas económicas que no consideren el equilibrio social de un pueblo, de una nación, que no tiendan a mejorar las condiciones de vida, a darles expectativas, sobre todo a los jóvenes, no son políticas ni sanas, ni razonables ni sustentables en el tiempo.

A su turno, el senador Mauricio Closs expresó: se está diciendo que, si el Fondo Monetario quiere que estos recursos se apliquen a esto, la Argentina debe aplicarlo a esto. Ahora, para los otros países no haría falta decir esto porque no estarían en la disyuntiva en que está en estos días nuestro presidente, no el ministro, sino el presidente, de sentarse a conversar con la responsable del Fondo Monetario en la incomodísima situación de ser el presidente del país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario. ¡Esa es la realidad! No es chicana política, es un dato objetivo. No hay duda que a más de uno se le pasa por la cabeza, incluso a escribas, sofistas, economistas y opositores, que estaría bueno que se usen esos 4.300 millones para compensar deuda. En esa situación se sienta el presidente; es el país distinto, el que más débil se sienta a negociar.

“…Desde esta bancada, y en lo personal, no escuché nunca a nadie que le quiera marcar la cancha a nuestro presidente y a nuestro ministro. Simplemente, se le quiere pedir al Fondo Monetario que no condicione a este país, que lo endeudó el gobierno anterior. No le pidan uno solo de esos dólares, de esa liquidez, que no sea para cumplir con el objetivo que ha marcado el Fondo Monetario Internacional, que es darle liquidez al sistema para resolver los problemas enormes que ha traído esta pandemia.

A su turno el senador Jorge Taiana expresó: Acá lo que está haciendo el Senado es responder a una campaña de los sectores de poder vinculados al mundo financiero que están tratando de doblarle el codo al gobierno argentino, de doblarle el brazo al ministro de Economía y de lograr que, aquel destino que el propio Fondo dijo que tienen que esos derechos especiales de giro sea.

En el cierre del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans sostuvo que “el Fondo Monetario nos dio un crédito fuera de sus estatutos, violando la Constitución Nacional y nos cobra 1.000 millones de dólares más.

“Tres puentes… Ahí lo estoy viendo al senador por Mendoza, que sabe, porque es ingeniero civil, el senador Julio Cobos. El puente Rosario-Victoria salió 300 millones de dólares. Él es ingeniero civil y sabe lo que es esa obra, que es una obra magnífica. Tres puentes como ese nos cobra el Fondo Monetario Internacional por ser país de riesgo; y ellos nos dieron a nosotros la plata. ¿Pero puede haber semejante caradurez para tratar de esta forma, con esta falta de respeto a los países?.

“…Así que nosotros vamos a acompañar esta propuesta, nosotros acompañamos al senador Parrilli, en el entendimiento de que queremos realmente el crecimiento económico y no queremos que la plata vaya afuera para pagar el despilfarro que se armó con la bicicleta financiera. Queremos que el país crezca primero. Queremos que haya trabajo y que disminuya la indigencia y la pobreza en nuestra patria”

 

En contra. El senador Julio Martinez sostuvo que: “la única razón que tiene este proyecto es la de marcarle la cancha al ministro de Hacienda. De eso se trata. Porque ni en la parte resolutiva, ni en la parte de los fundamentos se le dice nada al Fondo Monetario. Nada de lo que el miembro informante acaba de decir que le dicen al Fondo Monetario: las políticas que tiene que hacer, lo que tiene que permitir, que Europa… Nada de eso. En realidad, dice: señor ministro Guzmán, usted puede hacer esto y esto con la plata, y no puede hacer otra cosa. Esa es la sugerencia dicha con puño y letra…

…Hay claramente un debate y una contradicción y un problema intestino dentro del gobierno. Hay dos proyectos que chocan y chocan y chocan a cada rato, y que traen consecuencias institucionales, políticas y hasta económicas, porque le marcan la cancha al ministro dos días antes de irse de gira. Y ahora se la seguimos marcando cuando están de gira, viendo de avanzar en las cuestiones económicas…

“…Cuando el presidente y el ministro quieren ejecutar ese presupuesto, la otra parte del gobierno dice “no señor, usted no va a aplicar eso. Lo que dice el presupuesto no importa. Pero usted, eso que quiere hacer con las tarifas, no lo va a hacer. Y Basualdo, no se va”. Esas son cosas que no podemos dejar pasar, que están pasando, y que terminan repercutiendo en la credibilidad, en la economía, en la inflación y en tantas otras cosas.

“…Dentro de la democracia, con muchas variantes: presidencialista, parlamentaria, las monarquías, gobiernos mixtos donde convive la monarquía con la democracia. Distintas variantes. Pero no he encontrado lo que acá se está formando en la República Argentina.

“Ustedes, con actitudes como éstas y parte del gobierno, con conductas que están llevando adelante, están acuñando una nueva forma de gobierno: el sistema de gobierno vicepresidencialista, que no existe en ningún lugar del mundo ni de la historia.

“Y con estas actitudes dejan sin efecto y sin valor bibliotecas enteras de derecho constitucional.  

A su turno, el senador Martín Losteau sostuvo “…Hay un problema con la herencia que recibió este gobierno. Sí, hay un problema con la herencia que recibió este gobierno y también lo hubo con la que recibió el gobierno de Cambiemos en 2015.

“Hay errores propios del gobierno nacional y, además, está la pandemia, con todos los impactos que tiene. Entonces, esto es una combinación más que desafiante para la política en un momento, como decía antes, de mucho temor.

“Y me parece que el estado de ánimo con el que deberíamos encararlo es con más humildad y reconociendo errores de ambos lados, porque eso es lo que permitiría mejorar…

"…Un ejemplo es lo del DNU: aprobar un DNU extemporáneo, ¿por qué? Porque no les gustó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de uno de los tres poderes del Estado y de la máxima autoridad en la interpretación de nuestra Constitución. No les gustó. Entonces, igual quieren aprobar el DNU aunque sea extemporáneo…

"…“Gastémoslo, no toquemos el balance del Banco Central, total, no le vamos a pagar al Club de París ni al Fondo Monetario”. Bueno, ahí coincido con el senador Julio Martínez: el ministro Guzmán, que está afuera, reuniéndose con el Club de París y con el Fondo Monetario, tendrá que explicar cuáles de estas alternativas está pretendiendo. Y, además, tendrá que explicar por qué un proyecto de ley declarativo –sin nada que ver, porque todavía no se aumentaron, no se ampliaron los derechos especiales de giro–, lo estamos tratando mientras él está afuera con el Presidente. “…miremos un poco qué está pasando.

“Estamos llegando –como dijo el senador Mayans– a los 70.000 muertos en la Argentina por COVID. Hay más de 3,2 millones de contagiados. Estamos en el top 10 por ciento de contagiados por cada millón de habitantes.

“Tenemos la misma cantidad de contagiados cada millón de habitantes que Brasil. Estamos en el lote del primer 14 por ciento de fallecidos cada 100.000 habitantes.

“…¿Qué pasó con la economía? Cayó casi 10 puntos del PBI; muy parecido a lo del 2002, ¿Cuál es el número de desempleo? Es 11, pero si uno lo ajusta por la gente que dejó de buscar es 15 por ciento. ¿De cuánto es la inflación? Hoy, la del mes pasado ya la sabemos: 4,1 por ciento. Y si uno mira el acumulado de los últimos seis meses y lo analiza es 58,3 por ciento la inflación.

“¿Por qué esto es importante? Porque la pobreza es de 42 por ciento. Y, cada vez, producto de que la inflación sube más que los ingresos y alguien pierde el 1 por ciento de su poder adquisitivo, hay 235.000 nuevos pobres en la Argentina”

A su turno, el senador y presidente del bloque Cambiemos, Luis Petcoff Naidenoff, sostuvo que “… son muy pocas las ocasiones en que, en el Senado de la Nación, prácticamente, dedica más de una hora, una hora y pico, de debates a un proyecto de declaración, porque todos sabemos que estos proyectos de declaración no son vinculantes; que, de alguna manera, no exigen, no obligan al Poder Ejecutivo.

 “…si se trata de marcar la cancha, hay roles de gobierno y de oposición.

“Pero a mí me parece que, en el marco del gobierno, del Frente que ustedes integran –y para eso son oficialismo–, existe un nivel de diferencias que van más allá de los matices, que tienen que ver con cuestiones profundas, de fondo y que las tienen que resolver.

“Porque hasta cuentan con el aval y el respaldo que una oposición que actuó con mucho sentido de responsabilidad cuando se trató de brindar respaldos en momentos críticos: de arranque, en el comienzo de la pandemia, o el aval que se brindó para la reestructuración de la deuda.

“…hay veces que el fuego amigo genera un daño que es irreparable en el marco de una situación compleja, difícil y en un proceso de restructuración de deuda donde el Presidente se encuentra, justamente, en una comitiva para renegociar la deuda con el Club de París y, seguramente, en los próximos días tendrá que reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional.

“…la gente necesita certezas. Ustedes, cada día, se alejan más de las certezas y de la previsibilidad que necesita la sociedad argentina.

“Entonces, podrán hallar en la oposición algún camino o cierto atisbo de encontrar denominadores comunes a ciertos acuerdos; pero, para encontrar acuerdos, primero, generen encuentro ustedes, porque este no es el camino; ni marcándole la cancha a un ministro. Si quieren resolver, resuelvan las cuestiones puertas adentro, pero me parece que están muy lejos de esto. En realidad, no sé cuál es el objetivo final. Reitero: cuidado con el fuego amigo.

“A veces, el fuego amigo termina destruyendo un propio gobierno.

 

 

  • *      O.D. 42/21. Dictamen sobre el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del Sistema de Navegación Troncal.

La Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Puesto a votación resulta aprobado por unanimidad.

Pasa en revisión a la Cámara de Diputados


                          Convocatoria a elecciones legislativas  

Tal como lo hemos anticipado a nuestros suscriptores, el sábado 8, el Boletín Oficial publicó el decreto 323/2021 que establece:

ARTÍCULO 1º.- Convócase al electorado de la NACIÓN ARGENTINA a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos y candidatas a SENADORES y DIPUTADOS NACIONALES y SENADORAS y DIPUTADAS NACIONALES el día 8 de agosto de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Convócase al electorado de la NACIÓN ARGENTINA para que el 24 de octubre de 2021 proceda a elegir SENADORES y DIPUTADOS NACIONALES y SENADORAS y DIPUTADAS NACIONALES según corresponda a cada distrito, conforme el detalle que, como ANEXO (IF-2021-39652842-APN-SAP#MI), forma parte integrante del presente acto.

ARTÍCULO 3º.- Las elecciones de SENADORES y DIPUTADOS NACIONALES y SENADORAS y

DIPUTADAS NACIONALES se realizarán de acuerdo con el sistema electoral establecido en el Título VII, Capítulos II y III del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios objeto de la presente convocatoria.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

Más allá de las modificaciones que ya se confirmaron harán en el cronograma electoral, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, el decreto que ingresará por la Cámara de Diputados.

En los considerandos del proyecto, el Ejecutivo señaló que “según informan instituciones especializadas como IDEA Internacional e IFES, desde el inicio de la pandemia, se han celebrado 88 elecciones nacionales” en el mundo; no obstante, “en muchos casos, la fecha de comicios debió modificar para evitar que coincidan con un momento de crecimiento de los contagios” de Covid-19.

La iniciativa, establece en el artículo 6 la reclamada “cláusula cerrojo” que había pedido Juntos por el Cambio para avalar la postergación de las elecciones, de modo que quede establecido que durante el año no se podrá modificar nuevamente el cronograma electoral ni habrá suspensión de las primarias.

 

 

La delegación de facultades al Ejecutivo

ingresó por la Cámara de Senadores  

Para dar el primer paso sobre el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Fernández y en pos de evitar enojosas modificaciones, el Poder Ejecutivo confió más en la mayoría partidaria que ostenta en la Cámara de Senadores.

El proyecto consta de 34 artículos y lleva las firmas de Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; de Educación, Nicolás Trotta; y de Seguridad, Sabina Frederic.

Establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por Covid-19. Busca que el Poder Ejecutivo, así como los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según el caso, “adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

Establece una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo, mediano o alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA). Dichos parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

De todos modos, el proyecto faculta al ministerio de Salud nacional a modificar esos parámetros “en forma fundada” de acuerdo a la evolución de la pandemia, y previa consulta con los ministros provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

En el artículo cuarto se indica que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “dictarán las medidas necesarias” para implementar la ley “como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional”, pero “sin perjuicio de las medidas que deban adoptar las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en ejercicio de sus competencias propias”.

Para el Ejecutivo, las bases de la delegación de facultades serán: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Respecto de los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a partir de las 19 horas.

Los gobernadores podrán aplicar medidas adicionales y focalizadas por un plazo máximo de 21 días corridos, y si no hay una evolución favorable de los parámetros, el Poder Ejecutivo nacional estará facultado para adoptar restricciones “adicionales, proporcionadas y razonables”, siempre de manera fundada y con previa consulta a los mandatarios provinciales.

Otro de los puntos del proyecto, el artículo 21, suspende las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en las zonas de “alarma epidemiológica”, tal como dispuso el Poder Ejecutivo nacional en el AMBA a través de dos DNU, de los cuales el primero fue objetado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto, se faculta al Ejecutivo, previa consulta con el gobernador correspondiente, a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión (de las clases presenciales) en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

A su paso por la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de Senadores, la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo nacional. La mayor intensidad se

presenta en situaciones de alto riesgo, luego que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”. 

Más adelante agregó que la norma también “plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta que es cuando hay cercanía de una saturación del sistema sanitario".

Luego del informe oficial, llegó la etapa de opinión de los constitucionalistas Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina y Daniel Sabsay, entre otros.

El primero se expresó en favor de la medida; “la relación en términos abiertos de los conceptos o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la inconstitucionalidad del proyecto, porque lejos de ser una carta en blanco a mayor amplitud a la redacción también va a ser más restrictiva la interpretación”.

Para Gargarella, “el texto de la Constitución en estas materias es extremadamente claro”. Por un lado, aseguró que “el primer criterio constitucional es de repudio a los DNU, pero no porque lo diga yo, es el texto claro de la Constitución que dice, en principio, que los DNU son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Y en ese sentido es muy extrema la Constitución.

Es el lenguaje de la Constitución”.

El abogado Alejandro Fargosi fue tajante en su crítica: “con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.

El constitucionalista Daniel Sabsay planteó que “esta iniciativa de ley es contraria al artículo 29 que habla de la prohibición de la suma de poder público” e insistió: “Este es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los artículos 76 y 29 de la Constitución Nacional”.

Ya en el final de la reunión que ocupó cuatro horas durante su primera parte y continuó por la tarde hasta definirse, en el final, en la resolución del oficialismo de no admitir modificaciones.

Paso seguido y en trámite expres el dictamen fue aprobado por la mayoría.     

En el plano legislativo, desde la oposición, surgieron las primeras repercusiones a la propuesta oficial. 

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, en su cuente de Tuitter adelantó que “no vamos a votar superpoderes para el presidente. Desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU. Los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional.    

“La estrategia sanitaria del Gobierno falló a pesar de tener el poder necesario. No le vamos a otorgar más poder a Alberto Fernández. “Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos”, expresó el radical Alfredo Cornejo.

El mendocino, Luis Petri, advirtió que “todo lo que suponga superpoderes o delegación de facultades no lo vamos a votar.

“Lo que el Gobierno no obtuvo en la Corte para avanzar contra el federalismo no debería lograrlo en el Congreso. La Corte fijo los límites del Gobierno y las facultades que retienen las provincias”.

No faltó la mirada sobre el comportamiento fáctico. Al respecto Luciano Laspina, Pro, sostuvo que “vamos a tratar de llevar este debate de una manera lo suficientemente contundente en los argumentos, de modo tal de poder quebrar las alianzas que el kirchnerismo necesita, al menos en la Cámara de Diputados, para llegar al quórum y a la mayoría simple”. Recordó que el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y una parte del Interbloque Federal -como son los diputados Eduardo Bucca y Andrés Zottos- suelen acompañar al oficialismo en las votaciones. 

En el plano internacional, párrafo aparte merece la definición de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, durante la visita del presidente argentino.

La sonrisa forzada de Alberto dejó al descubierto que las palabras elegidas por el líder del Partido Socialista no eran las que él esperaba. Para colmo, el anfitrión habló de "seguridad jurídica" y avanzó con el objetivo logrado por la vacunación en su país. "Seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución española. Esto es de primero de Derecho", sostuvo Sánchez; pero tejió un manto suave cuando avisó que viajará a la Argentina el mes próximo y lo hará junto con empresarios.

Así las cosas, promete un fuerte debate a nuestro parlamento.

 

 

La ley de Biocombustibles fue prorrogada

hasta la vigencia del nuevo marco         

 

Teniendo en cuenta las disidencias observadas en la última reunión de la comisión de Energía y Combustibles, el Poder Ejecutivo dispuso, a través del decreto 322/2021, publicado en el Boletín Oficial, la extensión del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles -Ley 26.093-, hasta el 12 de julio de 2021 o “hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

En los considerandos de la medida, menciona que “cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’ en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”.

La Ley actual establece para el gasoil el corte mínimo obligatorio con biodiesel en un 5%, aunque de acuerdo a distintas resoluciones ese porcentaje ha ido aumentando hacia un 10% a lo largo de los años.

Sin embargo, el proyecto del oficialismo lo lleva del 10% actual al 5%, un punto, tal como lo informáramos en nuestra edición anterior, fue fuertemente criticado por los expositores del sector que asistieron a la reunión informativa de la comisión de Energía y Combustibles.

Se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentual -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, el corte mínimo obligatorio con bioetanol se mantiene en 12%.

La información deja claro el resultado de la última reunión de la comisión que preside Omar Félix, FdT; lo cierto es que las empresas del sector, rechazan la nueva ley que intenta activar el oficialismo en Diputados, en tanto la prórroga anunciada no cambia porque –informaron- no activarán sus plantas sin una certeza jurídica a mediano plazo.

El debate queda ahora en manos de la comisión de Energía y Combustibles, donde se considera que, si siguen los cortes actuales, los precios en los surtidores se dispararían, ahora, por la suba de los precios de los granos. 

En la actualidad, la industria se extiende a 54 plantas productoras en 10 provincias del país.

   

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo  

 Ø  STILMAN, MARIANA; OLIVETO LAGO, PAULA MARIANA; MANZI, RUBEN; FLORES, HECTOR; MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; TERADA, ALICIA; CASTETS, LAURA CAROLINA Y CAMPAGNOLI, MARCELA: DISPONGA EXTENDER EL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACION Y PAGO DE LAS DECLARACIONES JURADAS ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES Y A LAS GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2020.

 

Ø  CISNEROS, CARLOS ANIBAL Y LEITO, MARIO: EXPRESAR RECHAZO A LOS ANUNCIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS TIC, SOBRE AUMENTO DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y CABLE. 

 

Ø ASSEFF, ALBERTO; PASTORI, LUIS MARIO; ASCARATE, LIDIA INES Y AYALA, AIDA BEATRIZ MAXIMA: EXPRESAR RECHAZO A LOS CONTROLES VEHICULARES ESTABLECIDOS EN LAS SALIDAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES HACIA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

 

Ø  RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES; MEDINA, MARTIN NICOLAS; REZINOVSKY, DINA; CRESCIMBENI, CAMILA; ASSEFF, ALBERTO; GARCIA, ALEJANDRO; TORELLO, PABLO; CACERES, ADRIANA; BERISSO, HERNAN Y ENRIQUEZ, JORGE RICARDO: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONCESION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA - EDESUR S.A -


BREVES

Salarios en marzo; Inflación en abril. El índice general de salarios registró en marzo un incremento del 5% respecto al mes anterior, dos décimas por encima de la evolución que marcó la inflación en el mismo período (4,8%), informó el Indec. Al cabo del primer trimestre del año, el índice de salarios total acumuló un aumento del 13,1%.  

La misma fuente informó que la inflación de abril fue del 4,1%; marcó una leve desaceleración respecto al pico de 4,8% de marzo, y de esta manera el índice de precios al consumidor acumula un alza del 17,6% en el primer cuatrimestre del año.

 

Se renovó el Protocolo en Diputados. Los jefes de bloques ratificaron el sistema remoto, con mayoría presencial en el recinto, hasta el próximo 23 de junio. Quedan así habilitadas las sesiones y los dictámenes en comisión.

Comunicado del PJ bonaerense. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que le advierte que "la Argentina de los tarifazos quedó atrás".

El partido  salió en contra del ministro de Economía, Martín Guzmán quien se encuentra en Europa de gira con Alberto Fernández.

El mensaje del peronismo bonaerense llega cuando el presidente y Guzmán buscan apoyo para cerrar un acuerdo con el FMI, negociación que entre sus puntos centrales, tiene a las tarifas y el déficit fiscal.


viernes, abril 30, 2021

 EDICIÓN 1086

A media marcha    

El Congreso Nacional sin sesiones, sólo se registra actividad en las comisiones

 En una suerte de acompañamiento a las resoluciones oficiales vertidas en el último DNU 241, ambas Cámaras bajaron un cambio y evitan provocar encuentros legislativos masivos.

En Senadores no se registra actividad alguna, si bien se cumple con la formalidad de dejar constituida o ratificada la constitución de cada una de las respectivas comisiones; y son muchos los legisladores que están en sus despachos.

Por el contrario, en Diputados la tarea en comisiones es bastante nutrida y en esta edición damos algunos concretos ejemplos de la preocupación que hay por el análisis de diversos temas que hacen al interés de grandes sectores.

En Presupuesto y Hacienda continúa el estudio de la modificación de la ley de Ganancias, esta vez para adecuar aranceles que pagarán las sociedades comerciales.

En la bicameral de Trámite Legislativo se dio aprobación a los términos del DNU 241 que contiene restricciones por la Pandemia y de esta manera cuenta ahora con el sustento legislativo requerido constitucionalmente.

También ocurren similares reuniones en otras comisiones para tratar temas específicos de los cuales damos mayores detalles más abajo.  


Etiquetado frontal de alimentos vuelve al ruedo parlamentario     

 

La historia reciente expresa que la iniciativa fue debatida en cuatro comisiones de Diputados -Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor e Industria- a lo largo de igual cantidad de jornadas por las que pasaron más de 40 expositores, entre funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas y hasta invitados internacionales.

Fuentes cercanas al desarrollo del tema sostienen que ya se está trabajando en la letra chica de la norma.

 Si vamos para atrás, el antecedente legislativo fue en Senadores en octubre del año pasado

cuando se dio sanción y pasó en revisión a la Cámara de Diputados con el agregado que el giro dispuesto fue a cuatro comisiones. Una antigua versión de pasillo asegura que cuando el envío se realiza a más de tres su destino final es incierto. Y, desde entonces y por motivos desconocidos transcurrió otra historia y el proyecto en trámite quedó varado en algún cajón de Diputados.

Después de algunos vaivenes, en la comisión de Legislación General desempolvaron el expediente   y ocurrieron algunas gestiones que dejaron nuevo saldo.

Pasadas las reuniones informativas, la última fue el 6 de abril, se convinieron ahora nuevos plenarios.

El lunes pasado, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, por momentos conteniendo su emoción por la recordación que hicieron sus colegas del ministro de Transporte recientemente fallecido en un accidente en ruta, afirmó que “el dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.

Para ello se tendrán a la vista otros cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-; también existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para que sean incluidos.

El oficialista Julio Ferreyra, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros. El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se moleste ver el por qué”.

El radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”.

A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.

En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.

Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar. Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.

El radical Atilio Benedetti aseguró apoyo rotundo a la ley; en tanto el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”.

Pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.

Para la oficialista Liliana Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque  “permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es una iniciativa de salud pública, “que tanta falta hace en este momento”.

Se espera ahora una nueva reunión donde se firmará el dictamen, cuya letra chica se define por estas horas.

Al cierre de esta nota se conocía que la diputada Cecilia Moreau o su par Facundo Moyano, estaban siendo considerados como eventuales candidatos a ser titular de la cartera de Transporte. 

 

Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales ya cuenta con dictamen   

 El oficialismo en la Cámara de Diputados había postergado la firma del dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Carlos Heller explicó que “en función de una serie de inquietudes que estamos trabajando y que no hemos terminado de congeniar como para convertirlas en parte del proyecto”.

La iniciativa fue defendida por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El nuevo texto establece alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.

Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

 En busca del dictamen

En reunión de comisión realizada ayer, el dictamen de mayoría, del Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.

Con los números a la vista se espera un duro debate en el recinto.

En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.

Con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.

“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.

Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.

Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve

de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.

Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.

Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la Oficina de Presupuesto del Congreso es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos. El proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es muy poco representativa de la realidad económica”.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.

 

Finalmente, el proyecto sobre Biocombustibles llegó a Diputados. Fuerte rechazo de los representantes empresarios y otros sectores    

 

Luego de muchas vueltas, sanción en Senadores incluida, muchas sin explicación alguna, el proyecto oficialista se encuentra en la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que comenzó el tratamiento del expediente sobre una ley de biocombustibles que reemplaza la sanción de Senadores y crea un nuevo marco regulatorio para una industria que incluye 54 plantas productoras en 10 provincias.

En la reunión informativa estuvieron presentes, entre otros, Patrick Adam, Cámara de Bioetanol de Maíz; Leandro Luqui, Pymes de productoras de biodiesel; Claudio Molina, Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrogeno; Juan Ignacio Facciano, Asociación Santefesina; Pablo Ares, Coninagro; Víctor Accastello, Asociación de Cooperativas Argentinas; Manuel Ron, Bioetanol, Rio Cuarto S.A. y Jorge Feijó, Centro Azucarero Argentino.

En líneas generales los expositores coincidieron en expresar su oposición al nuevo proyecto y reclamaron por la extensión de la norma aplicada por la ley 26.093.

Puntualmente cuestionaron que la iniciativa lleva a 5% el corte con biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo. También, varios de los invitados pusieron el acento en el retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentuales, al tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.

Los conceptos negativos sobre el proyecto fueron desde anticonstitucional y generadora de quiebre de la industria hasta retroceso ambiental por la suba de emisión de gases, corte expresado para el biodiesel, cierre de fábricas entre otras manifestaciones opositoras a la norma generada desde el oficialismo. Ponderaron lo normado oportunamente por la ley 26.093 

A favor del proyecto sólo se encontró la voz Federico Pucciarello, Cámara de Energía Renovables quien expresó que “continuar con los indicado por la 26.903 sería de destrucción de las pymes de Santa Fe”.

Concluida la ronda de expositores invitados, desde la Coalición Cívica, Juan López preguntó al presidente de la comisión (Félix) como seguía la reunión porque veía con preocupación las expresiones de los representantes de la industria.

Se sumaron al reclamo Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que en la voz de Graciela Camaño indicó que “le voy a pedir al oficialismo se atenga al reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros en este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”.

Se escucharon pedidos para que se presenten ministros de las áreas por lo que se informó que serían cursadas las invitaciones correspondientes.

Al cierre Omar Félix prometió nuevas rondas sobre la norma presentada.

Antecedentes

El nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093, la cual se buscaba prorrogar mediante una media sanción del Senado votada por unanimidad en octubre pasado, pero frenada por el Frente de Todos en Diputados.

Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”.

En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.

 

Despidos y suspensiones: la prohibición se extendió hasta el 31 de mayo   

 El Gobierno nacional oficializó una nueva prórroga hasta el 31 de mayo para la prohibición de despidos o suspensiones “sin justa causa” o por “fuerza mayor o disminución del trabajo”, una medida tomada el año pasado, a causa de la pandemia de Covid-19.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 266/21, publicado en el Boletín Oficial, indica que los despidos y las suspensiones “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Asimismo, se puntualiza que la prohibición “no” será aplicable “a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” del DNU ni “al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

“Quedan, asimismo, exceptuados de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley N° 22.250”, agrega la norma.

La prórroga rige también para los trabajadores “dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”.

  

El ministro de Justicia expuso ante los diputados. Los cambios que propone.  

 El ex diputado, hoy ministro de Justicia Martín Soria, expuso en la Cámara de Diputados en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales.

El visitante propuso modificaciones a la reforma del Ministerio Público, aprobada en noviembre en el Senado, que sumarían participación de los fiscales en los procesos disciplinarios y le asignarían a Alberto Fernández la última palabra en la definición del sucesor temporal del procurador interino Eduardo Casal.

Los retoques surgieron de las reuniones de Soria con el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo; y el de la de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Marcelo Gallo Tagle. 

Soria sorprendió a diputados kirchneristas como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, quienes advirtieron sobre el riesgo de empoderar a los fiscales o quitarle atribuciones a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público.

De todos modos, no se modifican dos aspectos centrales de la reforma con media sanción de Senadores: el final del interinato de Casal, la posibilidad de elegir a su sucesor con la mitad más uno de los miembros del Senado (mayoría absoluta), que ostenta el frente de Todos; y la eliminación de su rol vitalicio.  "Si el mandato del Procurador ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben ser distintas", sostuvo Soria y recordó que esa fue la propuesta del ex ministro Germán Garavano.

"Los únicos países que tienen procurador vitalicio en América Latina son Argentina y Cuba", destacó.

Me parece que si los fiscales tienen que sumar un lugar no deberían restárselo a los legisladores, sino a otros estamentos", sugirió Moreau.

Soria no estuvo de acuerdo. "En la composición actual el Congreso tiene un miembro, en el proyecto 3, con esta medida logramos mayor consenso", explicó.

La ausencia de los representantes de Cambiemos a la reunión, que se extendió por cuatro horas, estuvo cargada de críticas del ministro al procurador y a la oposición ausente. "Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención. Lamento que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando hoy no quieran participar de esta reunión", señaló. 

 Cambios propuestos

·         Tribunal de Enjuiciamiento: estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación; dos representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, uno por la mayoría y uno por la minoría; un representante del Consejo Universitario Nacional; un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, de los cuales uno tiene que ser mujer.

·         Funcionamiento: mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, cuatro integrantes, y modificar las mayorías para las tomas de decisiones.

Para dictar un apercibimiento o dictar una multa a un fiscal debería mantenerse la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Para remover a un fiscal se va a requerir el voto de una mayoría agravada, las dos terceras partes de los miembros de ese tribunal.

·         Presidencia: designación por sorteo, rotando cada seis meses.

·         Jurado de los concursos: volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público. La composición va a tener un jurado de número impar.

·         Procurador interino: el límite de interinato máximo e improrrogable de ese cargo será de seis meses.

·         Fiscal general: Duración no mayor a cinco años.

El interino sería designado por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una propuesta en terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Congreso Nacional.

  

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo  

 Ø  CARRIZO, MARIA SOLEDAD; ZAMARBIDE, FEDERICO RAUL; REGIDOR BELLEDONE, ESTELA MERCEDES; GARCIA, XIMENA; ARCE, MARIO HORACIO; BENEDETTI, ATILIO FRANCISCO SALVADOR; BERHONGARAY, MARTIN ANTONIO; BAZZE, MIGUEL ANGEL; VARA, JORGE; DE MARCHI, OMAR; MARTINEZ, DOLORES; RIZZOTTI, JORGE; MENNA, GUSTAVO; LENA, GABRIELA Y ASCARATE, LIDIA INES: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION DE DEFICIT HABITACIONAL EN EL PAIS,

 

Ø  MARTINEZ, DOLORES; CARRIZO, ANA CARLA; CANTARD, ALBOR ANGEL; QUETGLAS, FABIO JOSE; YACOBITTI, EMILIANO BENJAMIN; REGIDOR BELLEDONE, ESTELA MERCEDES; GARCIA, ALEJANDRO; CARRIZO, MARIA SOLEDAD; FERRARO, MAXIMILIANO; ARCE, MARIO HORACIO; FRADE, MONICA EDITH Y TERADA, ALICIA: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO DEL TELETRABAJO EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCION POR LA EMERGENCIA SANITARIA.

 

  

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 BREVES

 Moratoria previsional para escuelas provinciales. Los establecimientos educativos de gestión privada podrán refinanciar sus deudas con el IPS hasta en 48 meses.

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó un proyecto de ley que posibilita regularización de las deudas previsionales de los establecimientos educativos de gestión privada con asiento en la provincia de Buenos Aires.

 

Denuncia contra el vice de Santa Cruz. Luego de una denuncia, fue aprobado el pedido de licencia presentado por Eugenio Quiroga para “evitar que su cargo sea un obstáculo”, y que la Justicia resuelva una denuncia presentada en su contra.

 

Índice de Precios al Consumidor. Aumentó 4,8% en marzo, por encima del 3,6% febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en particular por la incidencia de los incrementos de los precios regulados y el movimiento que registraron los denominados estacionales. La suba ubica a la inflación en el valor más elevado de los últimos 18 meses.

 

Restricciones por Pandemia.  En reunión virtual de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialismo ratificó los DNU 235 y 241/21, que impusieron restricciones por la pandemia. Juntos por el Cambio impugnó el dictamen.