EDICION 1168
El Litio llega al Parlamento
La iniciativa
de Alderete propone declarar de Interés Público Nacional la producción,
exploración y explotación de las
reservas minerales de litio junto a todos sus derivados, y precisa
que todas las concesiones vigentes en caso de sancionarse la normativa serian alcanzadas
por el proyecto oficialista. Declara al litio como recurso natural
estratégico, prevé que, a diferencia de lo que ocurre, el Estado
nacional sea el gestor mayoritario en la explotación del mineral,
permitiendo “acceder a divisas importantes logrando que ese dinero vaya a la
gente a los trabajadores”.
“Esto permitiría dar un giro a nuestra
economía, así como también, recuperar soberanía, si no se impulsa es porque hay
intereses creados desde la misma política. Las empresas tecnológicas de países
imperialistas y corporaciones automotrices se encuentran en una carrera
frenética por abastecerse de la materia prima”, sostuvo Alderete.
Las salmueras de litio más
importantes, en términos de calidad y volumen, se encuentran en el norte de
nuestro país, en la zona de la Puna, así como también, en Chile, y el sur
de Bolivia, zona identificada como el “Triángulo del litio”.
La Argentina cuenta con el 22% de los
recursos a nivel global, ubicado principalmente en las provincias
de Salta, Jujuy y Catamarca que, en la actualidad, ya
exportan cloruro y carbonato de litio. Sin embargo, de industrializarse,
el precio de exportación, podría ser hasta 10 veces mayor.
En la investigación previa realizada por
un equipo de profesionales y técnicos reveló que 4 de los mayores fondos de
inversión del mundo son los dueños de las empresas que
producen litio en la Argentina.
La producción
de litio obtuvo una importancia clave en el mundo al tratarse
de un mineral no renovable capaz de almacenar energía limpia no contaminante y
en medio de una creciente crisis ambiental donde las potencias mundiales
proponen para 2030 aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas.
Sociedades por Acciones
Simplificadas y la opinión de un juez de la Corte de Santa Fe
El trámite era en la Comisión de
Legislación General de Diputados. El juez de la Corte Suprema santafesina
sugirió imponer más controles y fiscalización. Por su parte, representantes de
emprendedores reclamaron “no arruinar” esta herramienta.
Una vez más hubo diferencias entre oficialismo y oposición.
En torno de una norma sancionada durante
la gestión macrista, arrancó en comisión el debate en torno a las Sociedades
por Acciones Simplificadas (SAS), figura creada mediante la Ley 27.349 -de
Apoyo al Capital Emprendedor-.
Daniel Erbetta, presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe, aclaró que las SAS “no son un problema en sí
mismo, son una herramienta verdaderamente apta con mucha idoneidad e importante
para el desarrollo del capital emprendedor; el problema no es el instrumento.
No es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como
una actividad ilícita”, pero requieren de “un régimen de transparencia”.
“Hay un problema más de fondo que tiene
que ver con algunos vicios de nuestra Ley de Sociedades”, observó y sugirió que
“en algún momento habrá que repensarla”.
Sobre la investigación llevada a cabo en
Santa Fe, el magistrado apuntó que “se comprobó que en una actividad
vinculada al narcotráfico, que involucraba a personas vinculadas a la
organización conocida como ‘Los Monos’, tenían constituidas cerca de 40 SAS en
la Ciudad de Buenos Aires, cuando todas las personas pertenecían a una
organización con domicilio en la ciudad de Rosario”. Para Erbetta, esta
situación “tiene que ver con el problema de falta de fiscalización que tenemos
en nuestro país”.
El presidente del máximo tribunal
santafesino consideró que “hay un problema metodológico” en las SAS y es que
“fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades. Son un tipo societario
que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y tiene la
facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A., tiene lo
mejor de las dos cosas”, pero “todo, en este mundo que vivimos, se tiende a
simplificar, a desregular, pero nosotros precisamente por desregular el mercado
interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8
cada 100 mil habitantes”, ejemplificó.
Sobre las SAS investigadas, explicó que es posible que “se hayan constituido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Fe porque en Santa Fe la Inspección General de las Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS”.
Seguidamente, Walter Rodríguez,
titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, quien llevó a cabo la
investigación relató cómo nació la causa, en febrero de 2020, a partir de una
avioneta que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe, y a partir de ese hecho
se descubrió “la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban
interrelacionadas entre sí”. “Las características más sobresalientes es que
todas estaban inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.
“Habían formado parte y casi
exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto
llegaron a facturar más de 700 mil millones de pesos”, precisó y agregó que “se
emitieron falsamente más de 8.500 facturas”. Estas SAS, no duraban más de entre
tres y cuatro meses, porque “las personas que integraban esta asociación
ilícita tributaria lo que hacían era trabajar, trabajar entre comillas,
fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los tres o cuatro
meses, cuando percibían un contralor por parte de la AFIP abandonaban el
funcionamiento de estas sociedades y constituían una nueva”.
A favor de modificar la ley, estuvo Ricardo
Nissen, quien aseguró: “La IGJ quiere que las sociedades se constituyan, quiere
que la gente se asocie para ganar dinero, dentro del concepto de lo que es el
derecho societario”, pero “todas las sociedades tienen que tener un sistema de
control”. En ese sentido, cuestionó que las SAS nacieron “como una sociedad sin
controles” y particularmente hizo hincapié en la fecha de sanción de la ley, en
marzo de 2017, luego que en 2016 hubiera estallado el escándalo de los panamá papers.
“El emprendedor tiene que ser apoyado en
sus iniciativas, pero con determinado límite. No se apoya al emprendedor
diciéndole que puede hacer una sociedad para cualquier cosa, no se apoya al
emprendedor diciéndole que puede empezar su actividad con patrimonio neto
negativo, no se lo protege diciéndole que no debe presentar sus estados
contables ante la IGJ”, sostuvo.
Al afirmar que hay que sostener las SAS
dentro de la legislación, apuntó que lo que tiene que haber es “control
estatal”. “Creo que debió salir la ley, y es buena en muchas partes la
27.349, pero ese capítulo de sociedades peca de un error garrafal, que es que
no les da transparencia”, continuó para luego decir que entre “2017 a 2020 se
inscribieron 20.004 SAS sin control ninguno” y “prácticamente ninguna tenía
domicilio real”. “No tienen nada de emprendedores los que hacen las SAS”,
lanzó.
Desde la Unidad de Información
Financiera, el jefe de Gabinete de Asesores, Nicolás Vergara, presentó un
documento elaborado entre 2020 y 2022, en el que se evalúa los riesgos de
lavado de activos, con el fin de identificar y minimizar los mismos. A la hora
de analizar las vulnerabilidades de los vehículos legales de mayor riesgo, las
principales resultaron ser las empresas extranjeras y las SAS, indicó.
“Las sociedades anónimas, mutuales y
cooperativas, SRL y fideicomisos, tienen un riesgo medio respecto de
actividades delictivas”, aseguró. “¿Esto quiere decir que hay que eliminar
las SAS?”, se preguntó, aclarando que “no” pero “tienen un riesgo alto de
lavado de activos”, ante lo cual reclamó “mayores controles”.
Participó también el subdirector general
de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, quien dio una serie de números
según datos del organismo recaudador. Habló de 53.800 sociedades inscriptas, de
las cuales 8.900 no pueden operar como tales. “No tienen una explicación”,
manifestó. Precisó que la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia
de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene: 15.000.
Hizo hincapié en el tema de las maniobras
de facturación apócrifas, y al respecto abundó: “La persistente magnitud de
este delito tributario se vio incrementada significativamente durante los años
previos a la pandemia, como consecuencia de la creación en 2017 de la
figura Sociedad por Acciones Simplificada, nuevo tipo societario que se
transformó en el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios. ”
Formaron parte de la reunión, Manuel
Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de
Argentina), destacó la investigación del fiscal Rodríguez, pero remarcó: es
imposible ejercer el poder de policía a todas las sociedades. La mayoría de las
PyMEs y de los emprendedores que constituyeron SAS tienen negocios reales y
están generando empleo, versus el resto de los tipos societarios”, defendió y
explicó que las SAS, por su sistema digital, “no permiten adulterar los
libros.” Además, reclamó que todos los tipos societarios deben ser digitales,
ya que “el papel es adulterable”. Y, en contra de las resoluciones que dictó la
IGJ, sobre las que ASEA presentó un amparo, aseveró que “estas sociedades ya
están muertas en la Ciudad”.
“Vamos a seguir defendiendo este vehículo porque es el vehículo que usan hoy los emprendedores y lo eligen”, afirmó Tanoira, que desafió que le hubiera gustado “escuchar la voz del gobernador Omar Perotti”, quien votó como senador a favor de ley y “dijo esta es una ley peronista”.
Alejandro Ramírez, abogado en Derecho
Societario, arrancó: “Yo lo que siento es un deja vú, yo vine seis veces por
esta ley al Congreso y lo más gracioso es que con diputados que están acá nos
juntamos 500 emprendedores en el Salón de los Pasos Perdidos a festejar esta
ley”.
Para el expositor, las modificaciones que
se proponen darían “inseguridad jurídica”. Asimismo, resaltó que “en Naciones
Unidas se aprobó el proyecto modelo de ley de SAS, no es algo inventado por
Argentina o el gobierno anterior”. Y, al hablar del “impacto positivo” que
tienen las SAS en Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia, sobre éste
último país relató: “Me decían Pablo Escobar nunca necesitó las SAS
para lavar dinero. Existió 10 años antes de las SAS y lavó todo el dinero del
mundo”.
También al valorar la investigación
contra el narcotráfico del fiscal santafesino, Ramírez subrayó que esas 40 SAS
dedicadas al lavado del narco, “representan el 0,08% de las 50 mil SAS que
existen, ¿Vamos a prohibir todas las SAS por esto?”, se preguntó. Sobre el
proyecto oficialista, criticó que “se mete con facultades no delegadas de las
provincias” y “es retroactivo”. “Estamos atacando a todas las PyMEs del país”,
se quejó.
Desde la IGJ, Darío De
León salió al cruce de los abogados que plantearon colocar en igualdad a
todos los tipos societarios: “¿De qué sirve tener un sistema de blockchain si
después no se cumple?”. Al respaldar la obligatoriedad impuesta a las SAS de
presentar su documentación, señaló que “si los tienen, ¿qué tan grave es que
los presenten?”. No obstante, admitió que hay otras composiciones societarias
que necesitan ser transparentadas.
El último orador de la jornada
fue José Pablo Sala Mercado, un abogado especialista en Derecho
Societario, que manifestó de entrada su desacuerdo con el proyecto oficialista
que se debatía. Fue muy enfático en remarcar que “se está nacionalizando una
cuestión jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires”, advirtiendo que por
ejemplo en su provincia, Córdoba, no existía el problema porteño. Allí, más de
7.000 sociedades se habían constituido, “de las cuales 6.300 han sido SAS y
funcionan. En su gran mayoría son sociedades absolutamente legítimas”.
Aclaró que no quería valerse de
prejuicios con el proyecto, pero arrancó advirtiendo que debía cambiársele el
título, pues las SRL están dentro de la iniciativa, arrastradas por las SAS, y
no se las menciona. “Este proyecto, en efecto, no suprime las SAS, pero las
desalienta totalmente”, aseguró, remarcando que “más regulación no es más
seguridad”, e ironizó: “Argentina es un país inflacionario en muchos aspectos,
pero sobre todo legislativos”.
“Se legisla desde la patología, y no
debemos legislar nada así”, enfatizó el abogado, convencido de que “tenemos
demasiados problemas como para crearnos un problema nuevo. El sistema del
Derecho resuelve todos los problemas planteados”. Y concluyó advirtiendo
que “acá se está desfederalizando por un problema que tiene la Ciudad de Buenos
Aires; Córdoba, Mendoza, Corrientes, no los tienen. No nos traigan un problema
que no tenemos”.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano
Ferraro planteó sus reparos respecto de que esta iniciativa
constituyera “una nueva embestida contra los pequeños emprendedores”, pero
puntualmente pidió que no hubiera durante el debate “intimidación u
obstáculos”, por cuanto en el debate anterior del proyecto proveniente del
Senado, y que terminó perdiendo estado parlamentario, él recibió una demanda
por daños y perjuicios que afectaba directamente lo que eran sus fueros
parlamentarios. Aclaró que la justicia en primera instancia había rechazado la
intención del inspector general de Justicia, que le había iniciado la demanda.
En el inicio del debate, pidió
“garantizar la libertad del debate”.
Por eso pidió “que podamos garantizar la
libertad del debate, para tener una deliberación pública lógica y acorde a lo
que es el debate y la sanción de leyes en este Parlamento”.
El presidente de la comisión, Lucas Godoy, respondió que estaba “sumamente garantizada la libertad de expresión de cada expositor”, y también la de quienes pudieran llegar a sentirse afectados y desearan accionar.
Por su parte, el presidente del bloque
oficialista, Germán Martínez, expresó “Venimos con la mejor
predisposición al debate. Cada uno de nosotros somos libres de decir lo que
queramos”, tras lo cual adelantó que no sería esta la única reunión
informativa, sino que habría al menos otra.
Piden que sea de orden
nacional el ordenamiento de los vendedores de APPS.
Se complica el tratamiento en
Diputados
Desde la CGT apoyan el proyecto; agregó
Pablo Moyano que “a través de los diputados nacionales vamos a impulsar una Ley
para que el proyecto también tenga un alcance nacional”.
Aportaron precisiones sobre el proyecto
aprobado en el Senado y que está paralizado en Diputados, crea un Registro de
Trabajadores y Trabajadoras de aplicaciones.
“Las plataformas también generan un
derecho laboral que no se reconoce”, explicó el senador Omar
Plaini, coautor del proyecto que ya recibió media sanción en la Cámara
de Senadores y fue girado a Diputados.
Hay entre 80 mil y 100 mil trabajadores
que ponen el músculo y no se les reconocen sus derechos, no se encuentran
registrados y son monotributistas.”
La titular del bloque de senadores
oficialista Teresa García, señaló que “hubo una reacción
muy fuerte de la derecha, yo le pongo nombre y apellido: de (Javier) Milei y
de Patricia
Bullrich, alentando tanto en redes como en noticias en los
medios de comunicación a que no se acompañara esto porque iba a haber muchos
pibes que iban a quedar en la calle y otros tantos que les encantaba ser
emprendedores o dueños de su propio destino, cuando todos sabemos que no es
cierto”.
Ya en el ámbito de la Cámara de Diputados
bonaerenses se convocó a una reunión de los trabajadores con legisladores
opositores al proyecto; en ella los trabajadores expresaron su negativa a ser sindicalizados y el rechazo a
la propuesta. Algunos presentes contaron cómo la flexibilidad de horarios que
les dan las aplicaciones para trabajar le permitieron avanzar económicamente y
permitirles continuar con sus estudios.
Los
asistentes sostuvieron que cuando el proyecto llegue a las comisiones se van a
movilizar desde toda la provincia para que los escuchen y ponerle un freno a la
embestida sindical.
El
diputado Nahuel Sotelo concluyó que “lo que tiene que hacer la política
es escuchar a los que están en la calle, a los que trabajan. No a los
sindigarcas que siguen hundiendo al país e impidiendo que las empresas puedan
trabajar en paz”.
La diputada del Frente de Grande Susana González se encargó de aclarar que el proyecto para regular las app de delivery a partir de la creación de un registro provincial único y obligatorio, “no regula la relación laboral porque no tenemos esa potestad. Lo digo para correr el lobby y los intereses, aunque concuerdo que el proyecto quede en comisiones para analizar más”, sostuvo.
Desde el Pro, también apoyaron la idea de postergar el tratamiento
aunque sugirieron darle continuidad al análisis de la propuesta. “Soy autor de
un proyecto para avanzar en este sentido, porque comparto la preocupación por
generar una regulación sobre el tema”, aportó el diputado Sergio
Siciliano.
Otras opiniones
Desde la óptica de los diputados
libertarios, Guillermo Castello calificó el proyecto de absurdo,
inconstitucional y contraproducente. Crea un Registro de
‘trabajadores’ de aplicaciones, pero afecta a mucha más gente. En realidad, son
prestadores de servicios, con lo cual solo se logrará que haya menos
contratados por los costos adicionales y por el riesgo de la industria del
juicio laboral. Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse
ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria”.
En tanto, la legisladora de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin,
también anticipó su rechazo al afirmar que la iniciativa significa “un brutal
desincentivo para la inversión y la creación de trabajo en el país”.
En las últimas horas trascendió que
legisladores bonaerenses de primera línea del Frente Renovador de Sergio
Massa siguieron con atención la evolución del proyecto de ley. Incluso,
cuando la propuesta ingresó formalmente a la Cámara baja
bonaerense hubo llamados de aviso a representantes de las empresas de
delivery.
Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø BROUWER DE KONING, GABRIELA;
TETAZ, MARTIN ALBERTO; MAQUIEYRA, MARTIN; SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR; POGGI,
CLAUDIO JAVIER; TORELLO, PABLO; VARA, JORGE; FIGUEROA CASAS, GERMANA Y POLINI,
JUAN CARLOS: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL PRESIDENTE DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, MIGUEL ANGEL PESCE, ANTE LAS
COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE FINANZAS DE ESTA H. CAMARA, SOBRE LA
DECISION DE PRORROGAR LA TASA DIFERENCIAL DE FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
AGRICOLA.
Ø LACIAR, SUSANA ALICIA: CUESTIONES RELACIONADAS CON EL LLAMADO A
LICITACION PARA LA IMPRESIÓN Y TRASLADO DE BILLETES DE DISTINTOS VALORES
Ø SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR; VARA, JORGE; KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA; ARJOL, MARTIN; BRAMBILLA, SOFIA; ZAPATA, CARLOS RAUL; BACHEY, KARINA ETHEL; TORELLO, PABLO; EL SUKARIA, SOHER; NUÑEZ, JOSE CARLOS; AGUIRRE, MANUEL IGNACIO Y LENA, GABRIELA: DISPONGA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INCLUIR A LA YERBA MATE EN EL LLAMADO “PLAN SOJA 3”
Ø ANGELINI, FEDERICO; LASPINA, LUCIANO ANDRES;
LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO Y FIGUEROA CASAS, GERMANA: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES
VERBALES AL SR. MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION, SERGIO MASSA, Y AL SR.
PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, D. MIGUEL ANGEL PESCE,
ANTE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y FINANZAS SOBRE LAS OPERACIONES
REALIZADAS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA.
Breves
Tarjetas de crédito. Horacio Rodríguez Larreta jefe de Gobierno porteño anunció que las devoluciones serán por las
compras efectuadas entre el 22 de diciembre y el 10 de marzo. El proyecto
ingresará en la Legislatura de la ciudad en las próximas horas a fin de
reintegrar casi 11 mil millones de pesos.
“Quiero
anunciarles que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolverle a
cada persona lo que pagó por este impuesto desde el 22 de diciembre pasado, día
en que la Corte falló a favor de la Ciudad, hasta el día en que lo eliminamos,
que fue el 10 de marzo”.
“Nadie
merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se
cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que
sufrimos los argentinos”, continuó.
Proyectos presentados durante 2022. Según un informe del sitio Dequesetrata durante el período pasado se presentaron un total de 3.009 proyectos de ley en ambas cámaras legislativas. De ellos, 2108 fueron en Diputados y 901 en el Senado, Graciela Caselles fue la más laboriosa, seguida por Graciela Camaño con uno menos. En Senadores, la riojana María Clara del Valle Vega lideró con 58 iniciativas, seguida por la rionegrina Silvina García Larraburu, con 53.
Javier Milei prescinde de candidatos provinciales. A través de un comunicado, La Libertad Avanza informó que el candidato a la presidencia no prestará sus imágenes y símbolos para ninguna elección más allá de las nacionales. “Nuestro objetivo son las elecciones presidenciales 2023.
"Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización y comunicación estarán destinados a ese fin".
"Todos aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán
participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas
o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios",
agrega el comunicado y agrega: "No así los símbolos e imágenes de Javier
Milei 2023 que se reservan exclusivamente para las elecciones nacionales".
