Los bancos Citi y HSBC      

Alerta: el sistema financiero local 

en la picota     

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os acciones políticas sacudieron la modorra por feriados, fines de semana largos y paro de transporte ocurridos en  marzo y primeros días de abril.

Si bien el principal escenario fue el Congreso nacional, el desarrollo conlleva a un accionar que parte desde el gobierno central. Nos referimos al obsesivo plan de supervisión de entidades financieras por parte de la entidad rectora.

Nada es tan meritorio como la correcta y permanente vigilancia de las entidades financieras y el cumplimiento de las normas y regulaciones que parten del Banco Central y aquellas emanadas de los Acuerdos de Basilea.

Si bien el comité no tiene autoridad para imponer sus recomendaciones, la mayor parte de los países así como algunos otros que no forman parte del mismo, tienden a implementar esas políticas.

Esto significa que las recomendaciones son aplicadas a través de leyes y regulaciones nacionales, antes que como resultado de una recomendación internacional del Comité, de modo que es preciso un cierto período de tiempo desde que se aprueba una recomendación hasta que esta es aplicable a nivel nacional.

Va de suyo que las recomendaciones de Basilea deberían tomarse en forma ordenada pues de lo contrario se producirían dificultades al desarrollo de las entidades financieras supervisadas por el Central. 

Por estos últimos tiempos, el BCRA viene aplicando severísimas penas, estableciendo sumarios a granel contra entidades y funcionarios que en contadas oportunidades toman estado público.

En casi todas los casos, terminada la instancia de descargo ante el BCRA, las entidades acuden a la justicia para suspender el pago de la multa hasta tanto se llegue a una decisión judicial definitiva.

En esos casos, el proceso lleva su tiempo y, consecuentemente, las multas quedan suspendidas.

A raíz del tiempo que lleva el proceso judicial, en enero pasado el BCRA dictó la Comunicación A 5689 por la que dispone que los montos de las multas aplicadas por sanciones administrativas, disciplinarias y penales sean previsionados por las respectivas entidades. Resultando esto un apartamiento a las normas contables profesionales que podrían producir grave daño a algunas entidades.

Es oportuno señalar que algunas sanciones son por cifras varias veces millonarias; una reciente rondó los 140 millones de pesos; por lo que la medida dispuesta afecta seriamente el movimiento de las entidades que componen el sistema financiero.

En círculos vinculados con la actividad, sostienen que pareciera una “conducta pensada exclusivamente para perjudicar a todo el sistema financiero”; a la vez que señalaron preocupación por el escaso profesionalismo de algunos funcionarios, que no guarda relación con las exigencias que establece el Central para con los funcionarios de las entidades.            

Las últimas investigaciones

Primero fue sobre cuentas del banco HSBC.

En relación con este tema el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista, Roberto Feletti llevó la voz cantante. Al respecto dijo que Gabriel Martino (CEO de HSBC) se negó a brindar alguna información; “él está obligado a brindarla ante el Congreso de la Nación. Se le pidió toda aquella que no estuviera alcanzada por el secreto bancario y se negó, amparándose en el secreto bancario. Fue una situación muy tensa. Se limitó a cubrir su propia responsabilidad penal y terminó admitiendo que tenía un backup de la información que se quemó en Iron Mountain”. (Depósito que ardió en su totalidad en un hecho que se investiga).

También sostuvo que la reunión con Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, fue productiva. Se afirmó que “en maniobras de  bancas privadas donde un banco extranjero como el HSBC utiliza sus sucursales a través de las cuales se vincula con ahorristas argentinos, con grandes agentes económicos de la Argentina y en lugar de facilitar negocios en la Argentina, los invita a sacar el dinero del país sin pagar los impuestos correspondientes. Hay una doble transgresión”. Sobre las acciones en la bicameral, el radical Ricardo Buryaile aportó su punto de vista. Sostuvo que el presidente del HSBC hizo algo que iba a ocurrir. Evitar que lo vayan a buscar con la fuerza pública y no aceptar preguntas. Consideró “previsible” su actitud. “No me pareció ni bien ni mal, me pareció lógica su actitud; si usted va a ir a declarar ante la justicia, no va a ir a desnudar su estrategia ante una bicameral”.

Sobre el comportamiento de la entidad cuestionada, el diputado radical consideró que “el HSBC tiene muchas explicaciones que dar; muchas cosas quedan picando en el aire.  Han negado que tengan banca privada, yo creo que hay muchas cosas que deberían explicar”.

Más adelante se preguntó si “estamos investigando al HSBC o al sistema financiero argentino, porque si nos quedamos con que solamente el HSBC puede hacer esto, quizás cometemos un error”.

El otro ingrediente no menor fue la suspensión del presidente de la sucursal del Citibank en la Argentina, Gabriel Juan Ribisich, ordenada por el BCRA.

Al cierre de esta edición se conoció que el Banco Central envió una inspección a la filial local de Citibank para supervisar las actividades de la entidad, dijo una fuente de la entidad monetaria, en medio de una extensa disputa por el pago de la deuda del país sudamericano. Se trata de "una inspección sobre Citibank para asegurar su funcionamiento", confirmó a Reuters la fuente del Banco Central, que prefirió no ser identificada.

Se pudo saber en fuentes parlamentarias que el proceso cuenta con la satisfacción del sector oficialista. "La decisión se fundamenta en la circunstancia que el señor Ribisich desconoció el marco legal vigente en la Argentina en lo referente a las normas de orden público sobre restructuración de deuda soberana y de ejecución de convenios celebrados en el extranjero en contravención a las leyes locales", afirmó el BCRA a través de un comunicado.

Al respecto, Roberto Feletti, también titular de la comisión bicameral investigadora de las cuentas suizas justificó la decisión del BCRA de suspender al titular de ese banco en la Argentina. “Tenía un contrato como agente pagador de la Argentina y tenía la obligación de cumplir ese contrato”.

Desde el sector empresario, la entidad que agrupa a los bancos de capital privado, ABA, sostuvo que la decisión no se ajusta a derecho habida cuenta que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que la misma se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente con lo que se ha vulnerado uno de los más elementales derechos y garantías que existen en el marco de una república democrática.

La Asociación de Bancos de la Argentina pidió que las autoridades competentes o en su caso la justicia, “arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo a lo que marca la Constitución y la ley”.

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina, (AEA) puso de manifiesto su preocupación por la decisión del BCRA de dejar sin efecto la autorización para que Gabriel J. Ribisich continúe actuando como representante legal en nuestro país de la sucursal del Citibank.

La cosa no quedó allí y horas más tarde se conoció la respuesta del BCRA. "El Banco Central de la República Argentina rechaza enfáticamente y en todos sus términos los comunicados difundidos por la Asociación de Bancos de la Argentina y la Asociación Empresaria Argentina respecto de la decisión adoptada por el BCRA respecto del representante legal de la sucursal argentina del Citibank, por cuanto sus argumentaciones son falaces y suponen una defensa corporativa del establishment  financiero y empresarial inadmisible en el marco del hostigamiento que sufre la Argentina por parte de los fondos buitre". Más adelante agregó que “es falso que el directivo en cuestión no cuente con la posibilidad de exponer sus argumentos para objetar la decisión adoptada por el Directorio del BCRA, dado que él o la entidad a la que pertenece, pueden recurrir la decisión ante el Banco Central, así como naturalmente tienen disponible la vía judicial.

Finalmente, el vicepresidente primero del Senado, Roberto Basualdo (San Juan), propuso “investigar todas las cuentas de argentinos en el exterior, sobre todo las que pertenecen a políticos y sus allegados”, y no limitarse solo el caso del banco HSBC.

La semana parlamentaria que se hoy inicia puede arrojar nuevos ingredientes y sumar protagonistas a este encontronazo del gobierno nacional con un importante sector de la actividad empresaria.