EDICIÓN 1106
Aprontes legislativos
Sin posibilidad
aún de una sesión en lo inmediato, conspiran dificultades en vuelos y pocos
días hábiles de una semana no habitual, en la Cámara de Diputados en el orden
nacional, luego del más importante fracaso para conseguir el quórum respectivo,
se suceden las reuniones en busca de coordinar acciones que permitan allanar
diferendos entre los principales sectores en pugna teniendo, cada vez más cerca,
la jornada electoral que renueva parcialmente los actores de los sectores
políticos que conforman el elenco de ambas Cámaras.
Así las cosas,
se pudo saber que luego del almuerzo de las autoridades de la Cámara de
Diputados
y los jefes de
los bloques mayoritarios, buscan lograr una agenda que surja del consenso,
tanto en los temas legislativos como en los procedimientos para formalizar la
convocatoria.
Por un lado, se
encuentra la postura del oficialismo de mantener la estructura del temario
presentado en la sesión fracasada a la que podría agregarse alguna variante
propuesta por la oposición.
En cuanto a las
formas de la convocatoria, proponen que debería ser solicitada a la Presidencia
a través de un pedido de sesión especial, suscripto por todos los bloques mientras
aún no tiene fecha de realización.
En tanto, los
temas anotados y propuestos desde sectores de la oposición serían la ley Ovina,
derogación de la ley de Alquileres y proyecto de ley sobre
protección de la diversidad marina creando un Área Marina Protegida Bentónica
en la zona conocida como Agujero Azul.
La conversación continúa.
En tanto aparece en un cono de sombra el eventual tratamiento de la “ley de leyes”. El Presupuesto Nacional de Gastos de 2022 sólo tuvo presentación formal para cumplir el requisito constitucional.
Desde algunos sectores de Diputados
pidieron la inmediata presencia del ministro del área que no fue posible porque
se encuentra ausente por gestiones en el exterior; mientras que se levantan
voces que aseguran que el proyecto presentado recibirá muchas modificaciones.
Cosa que no sorprende a nadie puesto que la noticia sería que fuera aprobado
sin recibir modificación alguna.
En tanto, en la Cámara de Senadores la
temática se presenta un tanto más serena y desde el oficialismo se pronostica
que, antes de las próximas elecciones parlamentarias, podría ser realizadas dos
convocatorias que aún no tienen temario en el pensamiento ni en la
intención.
Auto eléctrico. Nueva
propuesta oficial para impulsar crecimiento desde la industria.
Gane o pierda las próximas elecciones legislativas el Ejecutivo se ve
en la imperiosa necesidad de impulsar medidas que intenten al menos paliar la
situación que atraviesan los distintos sectores que integran nuestra
sociedad.
Luego de la visita que el presidente de la Nación realizara a la planta
de la empresa automotriz Toyota Argentina, fue presentada una iniciativa que
impulsa la promoción de la
movilidad sustentable, que tiene como objetivo estimular la utilización
creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no
convencionales, de producción nacional.
El anuncio estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo
Béliz, junto a integrantes del Consejo Económico y Social, y empresarios y
sindicatos del sector.
De la plena ejecución de la norma legislativa propuesta al Parlamento, se estiman que para el año 2030, entre
otros beneficios, se crearán 12.500 puestos de trabajo en terminales
automotrices y otros 6.000 empleos en sectores autopartistas; inversiones
estimadas en USD 5.000 millones por lo que se espera obtener un ahorro
acumulado de 10,7 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Según los datos de la Asociación de
Fabricantes de Automotores, ADEFA, el sector automotriz experimenta un
crecimiento tanto en cantidades producidas como en exportaciones.
En septiembre se produjeron 45.535
unidades, lo que representa un incremento del 13,5 por ciento con respecto al
mes anterior y del 35,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2020.
El titular de la Asociación de Fábricas de Automotores, Adefa y presidente
de Toyota Argentina, Daniel Herrero, indicó que “la industria
automotriz genera más de medio millón de empleos en la Argentina y no puede
perder el tren de la movilidad sustentable”, al tiempo que celebró la
iniciativa oficial”, y enfatizó: “Estoy seguro que lo vamos a trabajar juntos,
como lo hemos hecho para salir de la pandemia y para duplicar este año las
exportaciones”.
El proyecto
Plantea un régimen de beneficios, quienes compren vehículos eléctricos
tendrán un bono verde que podrán descontar de manera directa del precio del
vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base
imponible de bienes personales a dichos vehículos.
“Asimismo, prevé beneficios para la oferta, que incluye terminales,
autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, serían temporales, con una
duración de 20 años, y decrecientes en el tiempo para acelerar las
inversiones”, agregó Kulfas.
Kulfas precisó que el proyecto propone “la creación de la Agencia Nacional
de Movilidad Sustentable, que sería el primer régimen productivo argentino con
una institución de I+D (Investigación y Desarrollo) con programas promocionales
específicos, que buscarán promover el desarrollo científico, tecnológico y
volcarlo al sistema productivo del sector”.
“Desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de
combustión interna nuevos en el territorio nacional, y cubre toda la movilidad
terrestre, ya sean móviles livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga,
la micro movilidad, o los experimentales, entre otros”, aclaró.
“También impulsa un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantice la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el régimen a lo largo de sus 20 años, que tomaría fondos de diversas fuentes y los aplicaría a la inversión necesaria para la reconversión”.
Cuando “un puente al empleo” inicia la ruta
legislativa, IDESA muestra pesimismo por su efectiva ejecución
Han pasado sólo pocos días de su presentación en sociedad y el proyecto ingresado en Diputados bajo el nombre de Un puente al Empleo” (se publica en la sección correspondiente) recibió el condicionamiento del influyente Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
La
entidad se enuncia como un centro de estudios, independiente, sin
fines de lucro, especializado en la temática del mercado laboral;
el sistema educativo y de capacitación laboral;
la seguridad social; el sistema de salud y la asistencia
social. Sus investigaciones están centradas en las políticas públicas
vinculadas con el desarrollo social de la República Argentina y el resto de los
países latinoamericanos.
En un
informe publicado recuerda
que el antecedente más reciente fue el plan “Empalme” propuesto en 2017 por el
gobierno anterior.
Objetivos
y diseño son parecidos. “Esta iniciativa del gobierno de Mauricio
Macri fue un rotundo fracaso”, afirma la nota.
Se
pregunta entonces si la nueva propuesta podrá lograr mejores resultados. Y
formula “suponiendo un empleador que toma un beneficiario de plan asistencial
por 2 años (lo que dura la exención) a un sueldo de 2 salarios mínimos
($64.000). Su situación sería la siguiente, expresa IDESA: El trabajador le genera
un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización
por despido de $2,8 millones a precios actuales.
El beneficio del “Un Puente al Empleo” de 1 año de subsidio al salario
(con el plan) y la exención de contribuciones por 2 años ascendería a $360 mil
a precios actuales.
Esto implica que el incentivo para el empleador que contrate un
beneficiario de plan asistencial sería un ahorro del 13% del costo laboral
total.
El informe de IDESA sostiene que “el
programa, además de voluntarista, usa una frase sensible (convertir los planes
en empleos) para seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones
piqueteras”.
En ese sentido indica que el artículo 5°
del proyecto de ley se establece que para utilizar 1 año de plan como parte del
salario el beneficiario tiene que participar en cursos de capacitación y
formación suministrados por estas organizaciones.
Advierte que “este es el método tradicional que se utiliza para transferir recursos públicos a las organizaciones piqueteras. El artilugio para desviar fondos públicos hacia las organizaciones piqueteras pasa por alto que, como lo demuestran las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa, no una organización piquetera”.
Concluye que “las evidencias acumuladas
en 3 décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre
convertir planes en empleos. Al contrario, su ‘éxito’ estará en seguir
transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. Por eso, es
fundamental que en el debate parlamentario se transparenten los objetivos. El
proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las
organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que
modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales
y los riesgos de contratar un trabajador”.
Pedidos del
Poder Legislativo al Ejecutivo
BREVES
Piden juicio político
para Aníbal Fernández. El senador fueguino Pablo
Blanco, JxC, presentó un proyecto solicitando a la Cámara de Diputados
que promueva el juicio político del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal
Fernández, ante el acto de intimidación perpetrado contra el humorista gráfico Nik.
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