Tarea para después de las vacaciones
La semana próxima finaliza el período de vacaciones invernales en el Congreso de la Nación que se da juntamente con las de los tribunales capitalinos.
El clima de alto voltaje político seguramente deparará sorpresas en cuanto al normal inicio y desarrollo de, por ejemplo, la labor en las comisiones que tienen a su cargo el estudio y la producción de los respectivos dictámenes sobre los proyectos legislativos ingresados en Diputados y Senado.
Al momento de cerrar este informe, muchas de las fuentes consultadas no dudaron en estimar el mes de agosto como la fecha de inicio de tareas con la efectiva presencia de los legisladores en las comisiones.
En las últimas jornadas de actividad “normal” hubo muchos temas que quedaron inconclusos. Planteamos entonces un ejercicio virtual y recorrimos las comisiones en busca de aquellos que habiendo estado en las respectivas agendas, quedaron postergados por la política electoral.
Nos encontramos con el siguiente panorama:
• La reestatización de TANDANOR. El proyecto, originario del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, obtuvo dictamen y cuando todo indicaba su proximidad al tratamiento en el recinto hubo algunas resistencias tanto en el oficialismo como en la oposición que están demorando su progreso. Hasta se comentó que desde el gobierno se habían dado señales para restar interés al tema.
A esto habrá que sumar ahora, y no solo en este caso, la situación en que quedará el autor del proyecto y los correspondientes apoyos vista la lucha entablada en el seno del justicialismo por las elecciones y los consecuentes encolumnamientos.
• Los tickets de comida y una ley de alimentación para los trabajadores. En la de Legislación del Trabajo de Diputados que preside Saúl Ubaldini, (PJ-Buenos Aires) -intentará renovar su mandato desde la lista de Chiche Duhalde-, continúa en espera el pre dictamen que unificó los proyectos de Pascual Capelleri, (UCR-Buenos Aires) y el de Marta Maffei, (ARI; Buenos Aires). La propuesta es la eliminación progresiva de los tickets e incorporar su monto a la masa salarial.
Su texto fue compatibilizado por los asesores de los diputados integrantes de la comisión pero a la hora de concretar, estos últimos no lograron ponerse de acuerdo.
Concurrieron luego las autoridades de la cámara que agrupa a las entidades emisoras de los tickets que informaron a los diputados sobre la magnitud del servicio.
Posteriormente, la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra y el receso invernal en las cámaras provocaron un largo paréntesis que, seguramente, verá su fin en los primeros días de agosto. Sería entonces cuando nuevamente se incorpore a la agenda el predictamen citado o alguna otra variante que hasta ahora no se conoce.
En otro orden, hace pocos días ingresó para el tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Acción Social y Salud Publica de Diputados un proyecto que propone un régimen de alimentación para los trabajadores.
La iniciativa de María Teresa Ferrín, (UCR-Jujuy) acompañada por un nutrido grupo de legisladores propone que los establecimientos con más 30 trabajadores y con jornadas superiores a las 8 horas de labor, otorguen una dieta equilibrada durante la jornada de trabajo.
Para su realización propone comedores o tickets de comida. Establece un novedoso régimen de sanciones para los casos de canjes indebidos de tickets o compra de artículos expresamente prohibidos.
• El rol de las farmacias. Un proyecto del justicialista Guillermo Amstutz, (Mendoza) está en camino de llegar al recinto de los Diputados. De las cuatro comisiones a las que fue girado podría tener dificultades sólo en una para obtener las firmas necesarias para la aprobación del respectivo dictamen.
En la comisión cabecera fue aprobado por unanimidad y ya fue elaborado un predictamen que entre otras disposiciones establece con el objeto de garantizar la distribución racional de las farmacias y la accesibilidad geográfica de sus servicios, que “la autorización y habilitación de instalación de nuevas farmacias, sólo puede otorgarse cuando exista una distancia no inferior a los trescientos metros respecto de otra u otras farmacias ya autorizadas o habilitadas, medidos de puerta a puerta por camino peatonal”.
En otro orden señala que “una vez otorgada la habilitación de la autoridad jurisdiccional competente, en las farmacias no se puede introducir modificación alguna en su denominación y/o razón social, ni en su composición societaria, ni en su funcionamiento, sin previa autorización de la autoridad habilitante”.
Desde la vereda empresaria, el proyecto obtuvo la aprobación de la Federación Argentina de Cámaras Farmacéuticas y de la Confederación Farmacéutica Argentina.
• Planes en medicina prepaga. La comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados tiene en estudio desde agosto del año pasado un proyecto sobre las entidades de medicina prepaga. Ya tiene sanción del Senado y si no consiguiera aprobación durante el presente período perdería vigencia al vencer su estado parlamentario.
Quizás el inconveniente sea que figuran en el temario de la comisión cabecera varias iniciativas que podrían obligar a introducir modificaciones en el sancionado y consecuentemente la vuelta del proyecto a la cámara de origen.
Los restantes proyectos en agenda proponen el régimen de contratos entre las personas físicas y las entidades; la modificación del artículo. 3º de la ley 25.415, por el cual se establece que las prestaciones de las obras sociales y sus asociaciones y entidades de medicina prepaga, quedaran incorporadas al Programa Médico Obligatorio; el régimen para las instituciones de medicina prepaga y la creación del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga –RENAEMP- en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud; la derogación de la ley 24.754 y derechos de los usuarios de las empresas de medicina prepaga –ley 24.754- la modificación del artículo 2º, sobre afiliación
Los proyectos relacionados con esta actividad suman 33.
• Comisiones de tarjetas de crédito. El pasado 20 de mayo el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley modificando la ley 25.065 de tarjetas de crédito.
En el mensaje del Ejecutivo se expresa que “los profundos cambios ocurridos en la economía del país” dejan al descubierto que la ley “no contiene previsiones que sean lo suficientemente flexibles como para permitir dar solución a situaciones que se generan en el mercado del crédito”.
La iniciativa que no fue tratada siquiera por los asesores de los diputados de la comisión cabecera, propone que se brinde detalle de los cargos administrativos con especificación de monto; comisiones por retiro de dinero en efectivo; tope de interés compensatorio o financiero; determina que el BCRA dicte las normas que regulen un procedimiento abreviado y de sanción para las entidades que no informen o no exhiban las disposiciones relativas a las tasas a aplicar; tasa límite de interés punitorio y las sanciones y multas por infracción a las disposiciones.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Finanzas, Comercio y Defensa del Consumidor.
Junto al citado existen una decena de proyectos similares propuestos por Rodolfo Frigeri, PJ; José Díaz Bancalari, (PJ, Buenos Aires); Aída Maldonado, (Fte. Cívico, Catamarca); Gerónimo Vargas Aignasse y Stella Maris Córdoba, (ambos PJ, Tucumán).
Otros legisladores abordan temas tales como resúmenes (Hugo Storero, UCR, Santa Fe); prórroga automática de los contratos entre emisor y titular, (Marta Osorio, PJ, La Pampa) ; verificación de identidad (Rodolfo Frigeri, (PJ, Buenos Aires), entre otros.
Como dato ilustrativo de la importancia que se otorga al sistema de tarjetas de crédito informamos que existen más de 100 proyectos legislativos.
• Los grandes comercios y la jornada dominical. Dos son los temas dominantes. El primero la habilitación de los denominados “grandes establecimientos comerciales”. Al respecto, desde el año pasado la comisión de Comercio de Diputados tiene en estudio el proyecto de Margarita Stolbizer, (UCR- Buenos Aires) , que no pasó de la situación “en estudio”
En tanto el otro punto que pone los pelos de punta a los empresarios del sector, entre ellos a los de shopping y supermercados, es la posibilidad de que se implemente el descanso dominical.
Uno de los proyectos propone la modificación de los artículos 204 y 207 de la ley 20.744 de contrato de trabajo sobre descanso dominical.
Al respecto, directivos de la Asociación de Supermercados Unidos se mostraron preocupados y sostuvieron ante los miembros de la comisión de Comercio que “se pueden perder hasta 20.000 puestos de trabajo”.
Existen varias iniciativas al respecto que con matices diversos abordan el tema que ocupa a legisladores de las comisiones de Trabajo, Comercio, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda donde están radicadas las iniciativas.
Son 64 las propuestas sobre aspectos de la actividad supermercadista.
• Las preferencias para el recinto de Diputados. Ya en el capítulo de los temas con preferencia para su tratamiento en el recinto y que cuentan con dictamen de comisión encontramos el proyecto de ley tendiente a establecer nuevas herramientas para disminuir la morosidad y la evasión en materia de seguridad social. En este caso coexisten un dictamen de mayoría que presenta disidencias y tres dictámenes de minoría que aseguran un largo debate y un final incierto.
Otro de los proyectos en condiciones similares es la modificación de la ley 25.509 de regulación del derecho real de superficie para el desarrollo forestal.
lunes, julio 18, 2005
martes, junio 14, 2005
Los acuerdos por las empresas portuarias pueden terminar en la Justicia
Luego de la ratificación ficta, no se consiguió la sanción de los diputados, los acuerdos por los que quedarán dolarizadas las tasas que cobran las empresas TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A., TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS S.A., TERMINAL 4 S.A. y BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICES S.A. todo indica que terminen en los ámbitos de la justicia.
Así lo anunció durante la reunión en minoría frente a los 54 diputados que el pasado jueves se presentaron a la sesión especial en el recinto legislativo.
“Vamos a iniciar acciones judiciales en virtud de la dudosa constitucionalidad de una maniobra que viola el artículo 82 de la Constitución, ya que siempre el Congreso debe manifestarse por la aprobación o el rechazo”. Sostuvo Silvina Leonelli (UCR-Córdoba) presidente de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PE, que es necesario dejar claro que “constituye un antecedente gravísimo para los intereses del país en las acciones de las empresas ante el CIADI”.
OCURRIDO EN LAS COMISIONES
Cancelación de deudas y difusión para la protección de datos.
En Finanzas de Diputados se emitió dictamen sobre el proyecto de ley presentado por Luis Borsani (UCR-Mendoza). La iniciativa propicia un mecanismo de cancelación y refinanciación de obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco Nación para la adquisición de maquinarias y productos agropecuarios. Fija la tasa de refinanciación de la deuda contraída por el productor en un monto que no podrá superar un dígito. En cuanto a los honorarios de los abogados que puedan intervenir, en algún caso, cuando un productor enfrenta un litigio por morosidad en el pago de la deuda, los mismos se considerarán en forma financiada dentro de la cuota que deba abonar el productor endeudado, la que no podrá superar el 25 % del ingreso del productor o el 12,5 % del valor de la producción.
Por otra parte, la comisión aprobó sin modificaciones el dictamen de Asuntos Constitucionales sobre un proyecto de ley de régimen de protección de datos personales.
Las negociaciones agrícolas internacionales.
Los legisladores miembros de las Comisiones Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales y Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR coincidieron en destacar la necesidad de una “política de Estado, de una visión estratégica” para concretar la exitosa inserción en el mundo del complejo agroalimentario argentino.
En una reunión conjunta, senadores y diputados que integran dichas comisiones coincidieron en subrayar que “las negociaciones agrícolas de Argentina en el mundo necesitan de una política de Estado, que les aporte una dimensión estratégica, porque representan un instrumento esencial para el desarrollo sustentable del país”.
El presidente de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba), destacó “la necesidad de una política de Estado para que el complejo agroalimentario argentino consiga una inserción genuina, exitosa y sustentable en el mundo. La misma no sólo deberá atender las necesidades de los productos de la Pampa Húmeda sino de también de las demás economías regionales”.
Su par de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires), subrayó la conveniencia de consensuar ese tipo de políticas con los demás países miembros del bloque, a los fines de reunir “una mayor masa crítica, una mayor capacidad de negociación, para atender intereses y necesidades que son comunes”.
Digesto Jurídico para la provincia de San Luis.
El vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli resaltó hoy la importancia del flamante Digesto Jurídico de San Luis por considerar que se trata de un ordenamiento de normas que “tiende al progreso” del país y exhortó a que ese conjunto de leyes se constituya en “modelo y fuente de información” para el resto de las provincias.
Scioli vertió estos conceptos durante la ceremonia de presentación del Digesto de leyes, con la presencia del gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saa, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y el presidente de la Cámara de Diputados puntana, Carlos Sargnese, entre otros.
“Esperamos que este trabajo también sirva como modelo y fuente de información para otras provincias. Es un ordenamiento de normas jurídicas que tienden al progreso de nuestro país”, afirmó el titular de la Cámara alta.
Negre de Alonso agradeció a las autoridades del Senado la apertura para llevar adelante los distintos emprendimientos parlamentarios y expresó su reconocimiento a quienes intervinieron en la elaboración del compendio normativo.
Dos senadoras muy disgustadas.
Se trata de Mirian Curletti, vicepresidente del Senado y Alicia Mastandrea, presidente de la comisión de Industria y Comercio quienes se sintieron maltratadas al no permitírseles el acceso al despacho de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Las legisladoras acompañaban a una delegación de intendentes de la región del Impenetrable a efectos de colaborar en la gestión de distintos reclamos de la región.
Día del Periodista.
Con motivo de su celebración, Leyes y Empresas agradece las atenciones y saludos por parte de Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Gómez Diez, vicepresidente del Senado; senador Gerardo Morales; diputados Alberto Natale, Guillermo Alchouron, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Miguel Bonasso, Carlos Macchi. Biblioteca del Congreso de la Nación. Pedro Chaloupka de Estudio De las Carreras y Chaloupka; José Agudín, presidente GMAC; Javier Vernengo, Fiat Argentina; Eduardo Gagliano presidente de la Asociación de Marketing Bancario, Alfredo Vicens y Roberto Laterza de Veraz S.A.; Repsol YPF, Aerolíneas Argentinas, José Olivero de Aeropuertos Argentina 2000; Augusto Rodríguez Larreta de Banco Hipotecario; Viviana Ochiuzzi, asesora de la diputada Stela Peso, entre otros.
Así lo anunció durante la reunión en minoría frente a los 54 diputados que el pasado jueves se presentaron a la sesión especial en el recinto legislativo.
“Vamos a iniciar acciones judiciales en virtud de la dudosa constitucionalidad de una maniobra que viola el artículo 82 de la Constitución, ya que siempre el Congreso debe manifestarse por la aprobación o el rechazo”. Sostuvo Silvina Leonelli (UCR-Córdoba) presidente de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PE, que es necesario dejar claro que “constituye un antecedente gravísimo para los intereses del país en las acciones de las empresas ante el CIADI”.
OCURRIDO EN LAS COMISIONES
Cancelación de deudas y difusión para la protección de datos.
En Finanzas de Diputados se emitió dictamen sobre el proyecto de ley presentado por Luis Borsani (UCR-Mendoza). La iniciativa propicia un mecanismo de cancelación y refinanciación de obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco Nación para la adquisición de maquinarias y productos agropecuarios. Fija la tasa de refinanciación de la deuda contraída por el productor en un monto que no podrá superar un dígito. En cuanto a los honorarios de los abogados que puedan intervenir, en algún caso, cuando un productor enfrenta un litigio por morosidad en el pago de la deuda, los mismos se considerarán en forma financiada dentro de la cuota que deba abonar el productor endeudado, la que no podrá superar el 25 % del ingreso del productor o el 12,5 % del valor de la producción.
Por otra parte, la comisión aprobó sin modificaciones el dictamen de Asuntos Constitucionales sobre un proyecto de ley de régimen de protección de datos personales.
Las negociaciones agrícolas internacionales.
Los legisladores miembros de las Comisiones Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales y Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR coincidieron en destacar la necesidad de una “política de Estado, de una visión estratégica” para concretar la exitosa inserción en el mundo del complejo agroalimentario argentino.
En una reunión conjunta, senadores y diputados que integran dichas comisiones coincidieron en subrayar que “las negociaciones agrícolas de Argentina en el mundo necesitan de una política de Estado, que les aporte una dimensión estratégica, porque representan un instrumento esencial para el desarrollo sustentable del país”.
El presidente de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba), destacó “la necesidad de una política de Estado para que el complejo agroalimentario argentino consiga una inserción genuina, exitosa y sustentable en el mundo. La misma no sólo deberá atender las necesidades de los productos de la Pampa Húmeda sino de también de las demás economías regionales”.
Su par de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires), subrayó la conveniencia de consensuar ese tipo de políticas con los demás países miembros del bloque, a los fines de reunir “una mayor masa crítica, una mayor capacidad de negociación, para atender intereses y necesidades que son comunes”.
Digesto Jurídico para la provincia de San Luis.
El vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli resaltó hoy la importancia del flamante Digesto Jurídico de San Luis por considerar que se trata de un ordenamiento de normas que “tiende al progreso” del país y exhortó a que ese conjunto de leyes se constituya en “modelo y fuente de información” para el resto de las provincias.
Scioli vertió estos conceptos durante la ceremonia de presentación del Digesto de leyes, con la presencia del gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saa, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y el presidente de la Cámara de Diputados puntana, Carlos Sargnese, entre otros.
“Esperamos que este trabajo también sirva como modelo y fuente de información para otras provincias. Es un ordenamiento de normas jurídicas que tienden al progreso de nuestro país”, afirmó el titular de la Cámara alta.
Negre de Alonso agradeció a las autoridades del Senado la apertura para llevar adelante los distintos emprendimientos parlamentarios y expresó su reconocimiento a quienes intervinieron en la elaboración del compendio normativo.
Dos senadoras muy disgustadas.
Se trata de Mirian Curletti, vicepresidente del Senado y Alicia Mastandrea, presidente de la comisión de Industria y Comercio quienes se sintieron maltratadas al no permitírseles el acceso al despacho de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Las legisladoras acompañaban a una delegación de intendentes de la región del Impenetrable a efectos de colaborar en la gestión de distintos reclamos de la región.
Día del Periodista.
Con motivo de su celebración, Leyes y Empresas agradece las atenciones y saludos por parte de Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Gómez Diez, vicepresidente del Senado; senador Gerardo Morales; diputados Alberto Natale, Guillermo Alchouron, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Miguel Bonasso, Carlos Macchi. Biblioteca del Congreso de la Nación. Pedro Chaloupka de Estudio De las Carreras y Chaloupka; José Agudín, presidente GMAC; Javier Vernengo, Fiat Argentina; Eduardo Gagliano presidente de la Asociación de Marketing Bancario, Alfredo Vicens y Roberto Laterza de Veraz S.A.; Repsol YPF, Aerolíneas Argentinas, José Olivero de Aeropuertos Argentina 2000; Augusto Rodríguez Larreta de Banco Hipotecario; Viviana Ochiuzzi, asesora de la diputada Stela Peso, entre otros.
lunes, junio 06, 2005
OCURRIDO EN LA COMISIONES
RÉGIMEN LEGAL DE
CORREO ELECTRÓNICO.
En la comisión de Comercio se analizaron los resultados de las Jornadas sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Se realizará una Audiencia Pública en 4 meses.
Posteriormente, se aprobaron proyectos sobre servicio público, un pedido de informes de los motivos por los cuales no se ha aplicado la disminución de las tarifas en el servicio básico telefónico. También, por qué no se aplicó la rebaja del 6.75 en las tarifas de servicio básico; y un último sobre cuestiones vinculadas a la facturación enviada por las empresas Telefónica S.A. y Telecom Argentina France a sus usuarios.
LOS TICKETS CANASTA
CON NUEVA PROPUESTA
Los proyectos que plantean la eliminación de los tickets canasta como beneficio social y su reconocimiento como integrante del salario, fueron discutidos por los diputados y las autoridades de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares.
Los empresarios sostuvieron que en caso que los vales sean incluidos al salario “se caerá la red de comercios adheridos que aceptan los tickets y las empresas no tendrían razón para existir”.
Legisladores oficialistas manifestaron que “hacer este cambio en este momento con la desocupación que hay no es lo mas correcto”. También manifestaron su disconformidad con los proyectos Guillermo Alchouron, Raúl Merino y hasta el sindicalista Alberto Piccinini propuso buscar nuevas alternativas “que no perjudiquen a nadie y contribuyan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador”.
Desde la Cámara empresaria se dijo que “sacar este tipo de beneficios es perjudicial para todos”, en tanto que diputados de la oposición manifestaron que esos vales “se utilizaron durante la década del 90 para evadir y el sistema previsión y seguridad social fue el más perjudicado”. Los empresarios contraatacaron y señalaron que “son 1.250.000 asalariados los que reciben los vales y esto significa cinco millones de personas las que se ven beneficiadas y afirmaron que los aportes a la seguridad social que realizan las empresas de tickets son del 14 % lo que significa 1000 millones de pesos anuales que van a parar a las arcas del Estado, (se propuso que se distribuya ese dinero entre las obras sociales y seguridad social).
En virtud de las nuevas propuestas surgidas del dialogo entre diputados y empresarios, el presidente de la comisión de Legislación General propuso un nuevo encuentro para confeccionar un texto que contenga esas modificaciones. Sin embargo al día siguiente informaciones periodísticas difundían versiones en el sentido de la continuidad de los proyectos originales.
CANCELACIÓN DE DEUDAS.
EXPORTACIONES DE ALGODON
La comisión de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto de ley del diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza) de Régimen de cancelación de deudas y obligaciones otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.
También se aprobó un proyecto de ley de la diputada Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) que elimina de las retenciones a las exportaciones del algodón.
MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO
PONE LOS PELOS DE PUNTA A LABORATORIOS
Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su desacuerdo con el artículo 46 de dicho Código que prohíbe la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación resultase que se trate de mercadería con marca de fábrica o comercio falsificado, En los casos en que la situación no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Los empresarios dijeron que “la inclusión de la propiedad intelectual en este artículo perjudicará a la industria nacional de medicamentos y podrá atentar contra la política de genéricos ya que se podrían frenar la entrada de complejos activos que sirvan para esos medicamentos”.
Respecto de la aseveración por parte de la Cámara de Laboratorios sobre la existencia de una “mano negra” en la redacción del artículo, el diputado Roberto Iglesias (UCR Mendoza), autor del proyecto rechazó enfáticamente lo vertido y destacó que “es una falta de respeto que se diga eso. Acá no hay ninguna mano negra. La ley pretende evitar actividades ilícitas de exportación e importación”.
Los representantes de CILFA indicaron que el perjuicio podrá ocasionarse a aquellos que importen legalmente y tengan que litigar contra alguien que realice una acción judicial para evitar competir. Desde la UIA se remarcó la sorpresa por el desplazamiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el análisis de la mercadería en pos de la participación de la Aduana.
La UIA y CILFA coincidieron y propusieron la eliminación de las restricciones a las exportaciones que propone el artículo en discusión.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA
NUEVA LEY DEL CONSUMIDOR
El director nacional de Desregulación Económica a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Rodrigo Giordano Lerena, junto al director nacional de Defensa del Consumidor, Carlos Vanella, analizaron las modificaciones que los legisladores pretenden incorporar a la ley de Defensa del Consumidor.
“A partir de la modificación del año ’94 se incorporaron los derechos que son parte de la defensa del consumidor pero creemos que ahora el consumidor necesita una defensa mayor”, analizó Giordano Lerena. Según los invitados, las modificaciones analizadas en la Comisión fueron logradas en el Consejo Federal del Consumo que reúne autoridades, tanto de provincias como de la Nación. El Director Nacional de Defensa del Consumidor sostuvo que “a diez años de vigencia de la ley se fueron vertiendo los temas más importantes que se detectaron con el paso del tiempo”.
Los funcionarios mencionaron que quedaron excluidos de la ley vigente los comerciantes que adquieren insumos para incorporarlos a la cadena productiva. Por ejemplo, un panadero que compra harina para hacer pan. En estos casos se acordó mantener la situación de la misma manera ya que se supone que el panadero no se toma como consumidor porque se entiende que tiene los conocimientos necesarios para no ser perjudicado.
Los legisladores estudian la posibilidad de establecer una indemnización por daño directo a los consumidores en sede administrativa por un monto hasta $3000 y evitar así que por pequeños montos tengan que recurrir a la justicia luego del fracaso de la mediación.
AUTOPISTAS Y TERMINALES PORTUARIAS
YA TIENEN DICTAMEN
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN, que preside la diputada Silvina Leonelli (UCR Córdoba) firmaron dictámenes en ambos temas.
En la renegociación de contratos de concesión de las autopistas del Sol y del Oeste, el PJ firmó un dictamen aprobatorio pero con la disidencia parcial del senador Marcelo López Arias.
Por su parte, la UCR suscribió un dictamen rechazando el acta-acuerdo del PEN con laS concesionarias, el senador Sanz (UCR Mendoza) justificó que no hubo una renegociación total y definitiva de los contratos.
El tercer dictamen por la minoría, rechazando la renegociación, fue del ARI argumentando la violación de la Ley de Emergencia Económica y Social.
Con respecto al tema de terminales portuarias, hubo cinco dictámenes: el de la mayoría, con disidencia parcial de los diputados oficialistas Graciela Camaño y Toledo y del senador López Arias. La UCR presentó un dictamen argumentando su rechazo; igual posición tomó la senadora del PJ Mabel Müller.
DEMASIADAS ATRIBUCIONES
PARA LA AFIP
En la última sesion del Senado, Gerardo Morales durante el debate del Paquete Antievasión II hizo una advertencia sobre las sanciones a la omisión de presentación de las declaraciones informativas pensadas para los pequeños contribuyentes. Sostuvo que “en el inciso XIII, que modifica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Tributario incluida en el Antievasión II, donde plantea la cuestión de la omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanciones que será de 5.000 pesos y, en los casos de sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, de 10.000 pesos. Esta es una súper facultad para la AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, estos son los que más débiles están para afrontar una estructura administrativa de información que enfrente las situaciones que produce la AFIP.” sostuvo.
CORREO ELECTRÓNICO.
En la comisión de Comercio se analizaron los resultados de las Jornadas sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Se realizará una Audiencia Pública en 4 meses.
Posteriormente, se aprobaron proyectos sobre servicio público, un pedido de informes de los motivos por los cuales no se ha aplicado la disminución de las tarifas en el servicio básico telefónico. También, por qué no se aplicó la rebaja del 6.75 en las tarifas de servicio básico; y un último sobre cuestiones vinculadas a la facturación enviada por las empresas Telefónica S.A. y Telecom Argentina France a sus usuarios.
LOS TICKETS CANASTA
CON NUEVA PROPUESTA
Los proyectos que plantean la eliminación de los tickets canasta como beneficio social y su reconocimiento como integrante del salario, fueron discutidos por los diputados y las autoridades de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares.
Los empresarios sostuvieron que en caso que los vales sean incluidos al salario “se caerá la red de comercios adheridos que aceptan los tickets y las empresas no tendrían razón para existir”.
Legisladores oficialistas manifestaron que “hacer este cambio en este momento con la desocupación que hay no es lo mas correcto”. También manifestaron su disconformidad con los proyectos Guillermo Alchouron, Raúl Merino y hasta el sindicalista Alberto Piccinini propuso buscar nuevas alternativas “que no perjudiquen a nadie y contribuyan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador”.
Desde la Cámara empresaria se dijo que “sacar este tipo de beneficios es perjudicial para todos”, en tanto que diputados de la oposición manifestaron que esos vales “se utilizaron durante la década del 90 para evadir y el sistema previsión y seguridad social fue el más perjudicado”. Los empresarios contraatacaron y señalaron que “son 1.250.000 asalariados los que reciben los vales y esto significa cinco millones de personas las que se ven beneficiadas y afirmaron que los aportes a la seguridad social que realizan las empresas de tickets son del 14 % lo que significa 1000 millones de pesos anuales que van a parar a las arcas del Estado, (se propuso que se distribuya ese dinero entre las obras sociales y seguridad social).
En virtud de las nuevas propuestas surgidas del dialogo entre diputados y empresarios, el presidente de la comisión de Legislación General propuso un nuevo encuentro para confeccionar un texto que contenga esas modificaciones. Sin embargo al día siguiente informaciones periodísticas difundían versiones en el sentido de la continuidad de los proyectos originales.
CANCELACIÓN DE DEUDAS.
EXPORTACIONES DE ALGODON
La comisión de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto de ley del diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza) de Régimen de cancelación de deudas y obligaciones otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.
También se aprobó un proyecto de ley de la diputada Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) que elimina de las retenciones a las exportaciones del algodón.
MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO
PONE LOS PELOS DE PUNTA A LABORATORIOS
Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su desacuerdo con el artículo 46 de dicho Código que prohíbe la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación resultase que se trate de mercadería con marca de fábrica o comercio falsificado, En los casos en que la situación no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Los empresarios dijeron que “la inclusión de la propiedad intelectual en este artículo perjudicará a la industria nacional de medicamentos y podrá atentar contra la política de genéricos ya que se podrían frenar la entrada de complejos activos que sirvan para esos medicamentos”.
Respecto de la aseveración por parte de la Cámara de Laboratorios sobre la existencia de una “mano negra” en la redacción del artículo, el diputado Roberto Iglesias (UCR Mendoza), autor del proyecto rechazó enfáticamente lo vertido y destacó que “es una falta de respeto que se diga eso. Acá no hay ninguna mano negra. La ley pretende evitar actividades ilícitas de exportación e importación”.
Los representantes de CILFA indicaron que el perjuicio podrá ocasionarse a aquellos que importen legalmente y tengan que litigar contra alguien que realice una acción judicial para evitar competir. Desde la UIA se remarcó la sorpresa por el desplazamiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el análisis de la mercadería en pos de la participación de la Aduana.
La UIA y CILFA coincidieron y propusieron la eliminación de las restricciones a las exportaciones que propone el artículo en discusión.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA
NUEVA LEY DEL CONSUMIDOR
El director nacional de Desregulación Económica a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Rodrigo Giordano Lerena, junto al director nacional de Defensa del Consumidor, Carlos Vanella, analizaron las modificaciones que los legisladores pretenden incorporar a la ley de Defensa del Consumidor.
“A partir de la modificación del año ’94 se incorporaron los derechos que son parte de la defensa del consumidor pero creemos que ahora el consumidor necesita una defensa mayor”, analizó Giordano Lerena. Según los invitados, las modificaciones analizadas en la Comisión fueron logradas en el Consejo Federal del Consumo que reúne autoridades, tanto de provincias como de la Nación. El Director Nacional de Defensa del Consumidor sostuvo que “a diez años de vigencia de la ley se fueron vertiendo los temas más importantes que se detectaron con el paso del tiempo”.
Los funcionarios mencionaron que quedaron excluidos de la ley vigente los comerciantes que adquieren insumos para incorporarlos a la cadena productiva. Por ejemplo, un panadero que compra harina para hacer pan. En estos casos se acordó mantener la situación de la misma manera ya que se supone que el panadero no se toma como consumidor porque se entiende que tiene los conocimientos necesarios para no ser perjudicado.
Los legisladores estudian la posibilidad de establecer una indemnización por daño directo a los consumidores en sede administrativa por un monto hasta $3000 y evitar así que por pequeños montos tengan que recurrir a la justicia luego del fracaso de la mediación.
AUTOPISTAS Y TERMINALES PORTUARIAS
YA TIENEN DICTAMEN
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN, que preside la diputada Silvina Leonelli (UCR Córdoba) firmaron dictámenes en ambos temas.
En la renegociación de contratos de concesión de las autopistas del Sol y del Oeste, el PJ firmó un dictamen aprobatorio pero con la disidencia parcial del senador Marcelo López Arias.
Por su parte, la UCR suscribió un dictamen rechazando el acta-acuerdo del PEN con laS concesionarias, el senador Sanz (UCR Mendoza) justificó que no hubo una renegociación total y definitiva de los contratos.
El tercer dictamen por la minoría, rechazando la renegociación, fue del ARI argumentando la violación de la Ley de Emergencia Económica y Social.
Con respecto al tema de terminales portuarias, hubo cinco dictámenes: el de la mayoría, con disidencia parcial de los diputados oficialistas Graciela Camaño y Toledo y del senador López Arias. La UCR presentó un dictamen argumentando su rechazo; igual posición tomó la senadora del PJ Mabel Müller.
DEMASIADAS ATRIBUCIONES
PARA LA AFIP
En la última sesion del Senado, Gerardo Morales durante el debate del Paquete Antievasión II hizo una advertencia sobre las sanciones a la omisión de presentación de las declaraciones informativas pensadas para los pequeños contribuyentes. Sostuvo que “en el inciso XIII, que modifica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Tributario incluida en el Antievasión II, donde plantea la cuestión de la omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanciones que será de 5.000 pesos y, en los casos de sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, de 10.000 pesos. Esta es una súper facultad para la AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, estos son los que más débiles están para afrontar una estructura administrativa de información que enfrente las situaciones que produce la AFIP.” sostuvo.
martes, mayo 31, 2005
TEMAS EMPRESARIALES EN DEBATE PARLAMENTARIO
Al cierre de esta edición se anotaba en la agenda de las comisiones la siguiente actividad:
HOY
Bicameral.
• En la de Seguimiento de las Facultades delegadas al PE, renegociaciones de Contratos de Concesión de Autopistas; Mensaje 528/05 comunicando el dictado del Decreto 527/05 por el cual se suspenden por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de Radiodifusión o sus prórrogas.
En Diputados
• La comisión de Comercio recibe a Rodrigo GIORDANO LERENA, director nacional de Desregulación Económica y a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior y a Carlos VANELLA, director nacional de Defensa del Consumidor, a efectos de escuchar sus opiniones sobre las modificaciones a la ley de Defensa del Consumidor -ley 24.240.
• En Recursos Naturales el mensaje 1159/04 comunicando el Decreto 1158/04 por el cual se observa parcialmente y se promulga el proyecto de ley registrado bajo el Nº 25.916, sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios; Presupuestos mínimos de protección ambiental para la utilización racional de los recursos naturales no renovables. Régimen. Concurrirán invitados integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a efectos de opinar sobre la instalación de una planta de pasta de celulosa en la Republica Oriental del Uruguay.
• En la comisión de Justicia, Consejo de la Magistratura. Facultades para modificar la competencia territorial de los Tribunales Federales y dictar los Reglamentos que habiliten a las Cámaras de Apelaciones Federales y Nacionales a la reasignación de competencias materiales; Inconstitucionalidad de normas en causas judiciales. Declaración de oficio por el juez interviniente que lo advirtiere; Talleres Navales Dársena Norte S.A. –TANDANOR S.A.- Se declara de utilidad publica y sujetos a expropiación los títulos representativos del capital social; Sistema de ejecución hipotecaria – ley 25.798 – Suspensión por 120 días de todas las ejecuciones de sentencia de remates de vivienda única y familiar.
• En la de Finanzas, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 25.730, de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto; Entidades Financieras – Ley 21.526. Modificaciones sobre Bancos Solidarios.
• En la de Agricultura y Ganadería, Régimen de cancelación de deudas y obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria; Eliminación de las retenciones a las exportaciones del algodón
En Senado
• En Industria y Comercio se tratarán los Acuerdos firmados con la República Popular de China, Política Industrial y otros temas de importancia para el país en el área de Industria y Comercio.
Fue invitado el Canciller Rafael Bielsa.
• La comisión de Legislación General tiene previsto analizar el proyecto de Ley que limita la jurisdicción de los juicios por renegociación de los contratos de servicios públicos y las observaciones presentadas por la senadora Vilma IBARRA.
• En la de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de Ley que solicita a la AFIP copia del acuerdo de cooperación suscripto con los Estados Unidos denominado "Declaración de Principios sobre la iniciativa de seguridad en contenedores".
MAÑANA
En Diputados
• En la comisión de Asuntos Constitucionales, Régimen de Protección de Datos Personales –Ley 25.326. Obligatoriedad de comunicar a los usuarios su situación financiera.
• A la comisión de Economía Concurrirán representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
* Solo se consignan los temas de interés manifiesto de nuestros suscriptores.
HOY
Bicameral.
• En la de Seguimiento de las Facultades delegadas al PE, renegociaciones de Contratos de Concesión de Autopistas; Mensaje 528/05 comunicando el dictado del Decreto 527/05 por el cual se suspenden por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de Radiodifusión o sus prórrogas.
En Diputados
• La comisión de Comercio recibe a Rodrigo GIORDANO LERENA, director nacional de Desregulación Económica y a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior y a Carlos VANELLA, director nacional de Defensa del Consumidor, a efectos de escuchar sus opiniones sobre las modificaciones a la ley de Defensa del Consumidor -ley 24.240.
• En Recursos Naturales el mensaje 1159/04 comunicando el Decreto 1158/04 por el cual se observa parcialmente y se promulga el proyecto de ley registrado bajo el Nº 25.916, sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios; Presupuestos mínimos de protección ambiental para la utilización racional de los recursos naturales no renovables. Régimen. Concurrirán invitados integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a efectos de opinar sobre la instalación de una planta de pasta de celulosa en la Republica Oriental del Uruguay.
• En la comisión de Justicia, Consejo de la Magistratura. Facultades para modificar la competencia territorial de los Tribunales Federales y dictar los Reglamentos que habiliten a las Cámaras de Apelaciones Federales y Nacionales a la reasignación de competencias materiales; Inconstitucionalidad de normas en causas judiciales. Declaración de oficio por el juez interviniente que lo advirtiere; Talleres Navales Dársena Norte S.A. –TANDANOR S.A.- Se declara de utilidad publica y sujetos a expropiación los títulos representativos del capital social; Sistema de ejecución hipotecaria – ley 25.798 – Suspensión por 120 días de todas las ejecuciones de sentencia de remates de vivienda única y familiar.
• En la de Finanzas, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 25.730, de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto; Entidades Financieras – Ley 21.526. Modificaciones sobre Bancos Solidarios.
• En la de Agricultura y Ganadería, Régimen de cancelación de deudas y obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria; Eliminación de las retenciones a las exportaciones del algodón
En Senado
• En Industria y Comercio se tratarán los Acuerdos firmados con la República Popular de China, Política Industrial y otros temas de importancia para el país en el área de Industria y Comercio.
Fue invitado el Canciller Rafael Bielsa.
• La comisión de Legislación General tiene previsto analizar el proyecto de Ley que limita la jurisdicción de los juicios por renegociación de los contratos de servicios públicos y las observaciones presentadas por la senadora Vilma IBARRA.
• En la de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de Ley que solicita a la AFIP copia del acuerdo de cooperación suscripto con los Estados Unidos denominado "Declaración de Principios sobre la iniciativa de seguridad en contenedores".
MAÑANA
En Diputados
• En la comisión de Asuntos Constitucionales, Régimen de Protección de Datos Personales –Ley 25.326. Obligatoriedad de comunicar a los usuarios su situación financiera.
• A la comisión de Economía Concurrirán representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
* Solo se consignan los temas de interés manifiesto de nuestros suscriptores.
martes, mayo 24, 2005
Actualidad Legislativa
La libertad de expresión por Internet.El Senado en su última sesión convirtió en ley un proyecto que garantiza la libertad de expresión en Internet al incluir a la red dentro de las garantías constitucionales, al igual que los demás medios de comunicación social.
La norma, aprobada por unanimidad y sin debate, considera al servicio de Internet "dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que los demás medios de comunicación".
Según la iniciativa, el "servicio de Internet es un medio moderno por el cual la sociedad en su conjunto puede expresarse libremente, como asimismo recabar información".
La libertad de expresión en Internet esta garantizada en el país, además, como consecuencia de los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica.
Los tickets canasta. La llegada de una nota de la cámara que agrupa a las empresas de vales alimentarios, así se denomina el servicio de tickets que las empresas dan a sus empleados para abonar consumos en restaurantes o supermercados, postergó el inminente dictamen para la eliminación de ese servicio.
Se acordó escuchar a los empresarios el 2 de junio próximo pero también se percibió que los legisladores que estaban presentes apoyan los proyectos que en ese sentido presentaron el radical Pascual Cappelleri y la arista Marta Maffei.
Promocionar la actividad. .El senador nacional Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley en el cual se impulsa la promoción de actividades económicas en distintas regiones del país entre las que se encuentran las ciudades de Palmira y Monte Comán de la provincia de Mendoza zonas donde el deterioro del empleo y la estructura socio-ocupacional esta comprometida luego del proceso de privatizaciones. “Luego de a privatización ferroviaria, prontamente aparecieron los problemas con el cierre de importantes talleres que pertenecían al área industrial del sistema del transporte ferroviario, al que le corresponde la gestión y ejecución del mantenimiento del material rodante, vagones y locomotoras”, explicó Sanz.
Internet y las denuncias por los servicios. Las empresas prestadoras vuelven a ser protagonistas de la mano de un proyecto presentado por Miguel Giubergia, UCR, Jujuy. Anteriormente fueron los intentos por terminar con la tarifa de banda ancha, ahora el proyecto de Giubergia sostiene que los términos de las promociones de los servidores no se cumplen.
El proyecto solicita que los organismos competentes den cuenta de la cantidad de denuncias de usuarios respecto de los servicios de conexión a Internet, cuales han sido el ítem en conflicto y la razón social de empresas responsables.
Giubergia sostiene que en general “este tipo de quejas tiene su origen en contratos de adhesión de poca monto, por lo que las empresas presumen que las quejas no van a finalizar en conflicto judicial. No tienen posibilidad de contratar una defensa legal y las empresas se aprovechan” aseguró el jujeño.
Negociaciones agrícolas. Legisladores nacionales y representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de otorgarle rango de “políticas de Estado” a las gestiones que realiza Argentina ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El resultado de dichas negociaciones tendrá especial incidencia en la proyección exterior de la producción agropecuaria nacional. La Argentina es uno de los principales productores mundiales de alimentos y de productos agro procesados. Son segmentos productivos en los que el país se ha convertido en un actor global competitivo e incisivo.
El presidente de la Comisión, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba) destacó la conveniencia de que “el Gobierno y el Congreso trabajen de manera mancomunada en esta materia. Las negociaciones para la defensa de los intereses argentinos ante la OMC tienen un carácter estratégico y deben abordarse con la mayor profesionalidad y determinación política” dijo.
La comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN recibió a los empleados de terminales portuarias que se acogieron al Programa Propiedad Participada quienes expusieron por medio de su letrado Roberto Severis (abogado de los 120 empleados), la preocupación porque en el acta de renegociación no se contempla la participación accionaria del 4% que tienen éstos trabajadores. “Son agentes transferidos de la Administración General de Puertos (AGP) a las empresas actuales que, en el mejor de los casos, proponen la propiedad participada de todos los trabajadores y no sólo de los trabajadores de la ex AGP”, sostuvo el abogado.
Lavado de dinero. En un plenario de comisiones, distintos bloques parlamentarios analizaron la posibilidad de emitir un dictamen único sobre las modificaciones a la Ley de Lavado de Dinero. El debate de las bancadas del PJ y de la UCR avanzó en la definición de los verdaderos alcances del secreto al que podrá acceder finalmente la Unidad de Información Financiera (UIF). El Bloque de diputados nacionales de la UCR plantea darle a la UIF un acceso irrestricto a la información reservada, mientras que el PJ prefiere precisar que sólo puede actuar de ese modo en el marco de una investigación sospechosa de lavado de dinero.
En tanto otro plenario, esta vez de Justicia, Legislación Penal y Finanzas logró emitir dictamen sobre un proyecto de reforma a la ley de lavado de dinero, que remueve las trabas del secreto bancario y bursátil, que los legisladores de la UCR suscribirán en disidencia, ante la no aceptación por parte del oficialismo para que también se levante el secreto fiscal. La pretensión fue rechazada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien fue convocado al encuentro a fin de fijar la posición del Poder Ejecutivo en torno de la iniciativa.
Infraestructura energética. Quedó aprobado en comisión el proyecto de ley porque el que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a crear cargos específicos, a fijar el valor de los mismos a fin de atender el repago de los Fondos Fiduciarios creados o a crearse para el desarrollo de determinadas obras de infraestructura de expansión del sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad.
El proyecto fue girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda para su tratamiento. En otro de los artículos, esta iniciativa señala que se faculta al PEN, por resolución fundada del área competente, a asignar los cargos específicos de los distintos Fondos Fiduciarios en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de las obras aludidas. Los cargos específicos serán de aplicabilidad una vez iniciada la construcción de la obra asociada al mismo.
Southern Winds. Como sistemáticamente ocurriera desde que se desencadenó el tema de las valijas voladoras ahora, en la comisión de Prevención de Adicciones, que preside la diputada María Teresa Ferrín (UCR-Jujuy), a partir de la mayoría de representantes del PJ, se volvió a trabar el tratamiento de los más de 30 proyectos.,
Algunos son de resolución y otros de declaración, impulsados por distintos legisladores en los que se solicita informes sobre distintas cuestiones relacionadas con el tráfico de droga originado en un cargamento de 60 kilos de cocaína que fue transportada desde el Aeropuerto de Ezeiza al de Barajas, en Madrid, España, a bordo de un vuelo de la compañía aérea Southern Winds.
En ese marco, se insistió en remarcar la falta de respuestas a las preguntas que se le elevaran en su oportunidad al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández sobre este tema y, en ese sentido, que tampoco el funcionario cumplió con su compromiso de remitir las mismas en cinco días hábiles.
Cigarrillos, cuidar la salud pero no tanto. Concurrieron a la Comisión de Comercio representantes de la Federación de Productores de
Tabaco de la Argentina, que nuclea a siete cámaras de las distintas provincias productoras de tabaco. Expusieron su posición en relación con los diversos proyectos de ley en tratamiento por los cuales se proponen restricciones a los avisos publicitarios y promociones del consumo de cigarrillo, con el objetivo de preservar la salud pública. José Urtubey, productor tabacalero de la provincia de Salta, explicó que vienen discutiendo desde hace tiempo los aspectos relacionados a la salud, y están de acuerdo en lograr determinado tipo de protecciones que tienen a mejorarla. Pero consideró que “se debería buscar el punto medio que hiciera que no se ponga en peligro una producción que es una de las economías regionales más importantes del país, y la cual, si se eliminara, provocaría una daño mucho mayor que el que se quiere evitar”.
Explicó que el tabaco es un cultivo altamente intensivo, lo que hace casi imposible su reconversión en el corto plazo. “Si hay un debate amplio y se protege la producción, toda medida que favorezca la salud es bienvenida”, afirmó Urtubey.
Se emitió también dictamen favorable sobre un proyecto de ley por el cual se crea un régimen de promoción comercial de las exportaciones.
La norma, aprobada por unanimidad y sin debate, considera al servicio de Internet "dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que los demás medios de comunicación".
Según la iniciativa, el "servicio de Internet es un medio moderno por el cual la sociedad en su conjunto puede expresarse libremente, como asimismo recabar información".
La libertad de expresión en Internet esta garantizada en el país, además, como consecuencia de los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica.
Los tickets canasta. La llegada de una nota de la cámara que agrupa a las empresas de vales alimentarios, así se denomina el servicio de tickets que las empresas dan a sus empleados para abonar consumos en restaurantes o supermercados, postergó el inminente dictamen para la eliminación de ese servicio.
Se acordó escuchar a los empresarios el 2 de junio próximo pero también se percibió que los legisladores que estaban presentes apoyan los proyectos que en ese sentido presentaron el radical Pascual Cappelleri y la arista Marta Maffei.
Promocionar la actividad. .El senador nacional Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley en el cual se impulsa la promoción de actividades económicas en distintas regiones del país entre las que se encuentran las ciudades de Palmira y Monte Comán de la provincia de Mendoza zonas donde el deterioro del empleo y la estructura socio-ocupacional esta comprometida luego del proceso de privatizaciones. “Luego de a privatización ferroviaria, prontamente aparecieron los problemas con el cierre de importantes talleres que pertenecían al área industrial del sistema del transporte ferroviario, al que le corresponde la gestión y ejecución del mantenimiento del material rodante, vagones y locomotoras”, explicó Sanz.
Internet y las denuncias por los servicios. Las empresas prestadoras vuelven a ser protagonistas de la mano de un proyecto presentado por Miguel Giubergia, UCR, Jujuy. Anteriormente fueron los intentos por terminar con la tarifa de banda ancha, ahora el proyecto de Giubergia sostiene que los términos de las promociones de los servidores no se cumplen.
El proyecto solicita que los organismos competentes den cuenta de la cantidad de denuncias de usuarios respecto de los servicios de conexión a Internet, cuales han sido el ítem en conflicto y la razón social de empresas responsables.
Giubergia sostiene que en general “este tipo de quejas tiene su origen en contratos de adhesión de poca monto, por lo que las empresas presumen que las quejas no van a finalizar en conflicto judicial. No tienen posibilidad de contratar una defensa legal y las empresas se aprovechan” aseguró el jujeño.
Negociaciones agrícolas. Legisladores nacionales y representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de otorgarle rango de “políticas de Estado” a las gestiones que realiza Argentina ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El resultado de dichas negociaciones tendrá especial incidencia en la proyección exterior de la producción agropecuaria nacional. La Argentina es uno de los principales productores mundiales de alimentos y de productos agro procesados. Son segmentos productivos en los que el país se ha convertido en un actor global competitivo e incisivo.
El presidente de la Comisión, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba) destacó la conveniencia de que “el Gobierno y el Congreso trabajen de manera mancomunada en esta materia. Las negociaciones para la defensa de los intereses argentinos ante la OMC tienen un carácter estratégico y deben abordarse con la mayor profesionalidad y determinación política” dijo.
La comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN recibió a los empleados de terminales portuarias que se acogieron al Programa Propiedad Participada quienes expusieron por medio de su letrado Roberto Severis (abogado de los 120 empleados), la preocupación porque en el acta de renegociación no se contempla la participación accionaria del 4% que tienen éstos trabajadores. “Son agentes transferidos de la Administración General de Puertos (AGP) a las empresas actuales que, en el mejor de los casos, proponen la propiedad participada de todos los trabajadores y no sólo de los trabajadores de la ex AGP”, sostuvo el abogado.
Lavado de dinero. En un plenario de comisiones, distintos bloques parlamentarios analizaron la posibilidad de emitir un dictamen único sobre las modificaciones a la Ley de Lavado de Dinero. El debate de las bancadas del PJ y de la UCR avanzó en la definición de los verdaderos alcances del secreto al que podrá acceder finalmente la Unidad de Información Financiera (UIF). El Bloque de diputados nacionales de la UCR plantea darle a la UIF un acceso irrestricto a la información reservada, mientras que el PJ prefiere precisar que sólo puede actuar de ese modo en el marco de una investigación sospechosa de lavado de dinero.
En tanto otro plenario, esta vez de Justicia, Legislación Penal y Finanzas logró emitir dictamen sobre un proyecto de reforma a la ley de lavado de dinero, que remueve las trabas del secreto bancario y bursátil, que los legisladores de la UCR suscribirán en disidencia, ante la no aceptación por parte del oficialismo para que también se levante el secreto fiscal. La pretensión fue rechazada por el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien fue convocado al encuentro a fin de fijar la posición del Poder Ejecutivo en torno de la iniciativa.
Infraestructura energética. Quedó aprobado en comisión el proyecto de ley porque el que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a crear cargos específicos, a fijar el valor de los mismos a fin de atender el repago de los Fondos Fiduciarios creados o a crearse para el desarrollo de determinadas obras de infraestructura de expansión del sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad.
El proyecto fue girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda para su tratamiento. En otro de los artículos, esta iniciativa señala que se faculta al PEN, por resolución fundada del área competente, a asignar los cargos específicos de los distintos Fondos Fiduciarios en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de las obras aludidas. Los cargos específicos serán de aplicabilidad una vez iniciada la construcción de la obra asociada al mismo.
Southern Winds. Como sistemáticamente ocurriera desde que se desencadenó el tema de las valijas voladoras ahora, en la comisión de Prevención de Adicciones, que preside la diputada María Teresa Ferrín (UCR-Jujuy), a partir de la mayoría de representantes del PJ, se volvió a trabar el tratamiento de los más de 30 proyectos.,
Algunos son de resolución y otros de declaración, impulsados por distintos legisladores en los que se solicita informes sobre distintas cuestiones relacionadas con el tráfico de droga originado en un cargamento de 60 kilos de cocaína que fue transportada desde el Aeropuerto de Ezeiza al de Barajas, en Madrid, España, a bordo de un vuelo de la compañía aérea Southern Winds.
En ese marco, se insistió en remarcar la falta de respuestas a las preguntas que se le elevaran en su oportunidad al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández sobre este tema y, en ese sentido, que tampoco el funcionario cumplió con su compromiso de remitir las mismas en cinco días hábiles.
Cigarrillos, cuidar la salud pero no tanto. Concurrieron a la Comisión de Comercio representantes de la Federación de Productores de
Tabaco de la Argentina, que nuclea a siete cámaras de las distintas provincias productoras de tabaco. Expusieron su posición en relación con los diversos proyectos de ley en tratamiento por los cuales se proponen restricciones a los avisos publicitarios y promociones del consumo de cigarrillo, con el objetivo de preservar la salud pública. José Urtubey, productor tabacalero de la provincia de Salta, explicó que vienen discutiendo desde hace tiempo los aspectos relacionados a la salud, y están de acuerdo en lograr determinado tipo de protecciones que tienen a mejorarla. Pero consideró que “se debería buscar el punto medio que hiciera que no se ponga en peligro una producción que es una de las economías regionales más importantes del país, y la cual, si se eliminara, provocaría una daño mucho mayor que el que se quiere evitar”.
Explicó que el tabaco es un cultivo altamente intensivo, lo que hace casi imposible su reconversión en el corto plazo. “Si hay un debate amplio y se protege la producción, toda medida que favorezca la salud es bienvenida”, afirmó Urtubey.
Se emitió también dictamen favorable sobre un proyecto de ley por el cual se crea un régimen de promoción comercial de las exportaciones.
martes, mayo 17, 2005
Noticias Parlamentarias de la Argentina
LEYES Y EMPRESAS de Argentina Informa
“Se cierra de lista de oradores” anunció la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Kirchner y paso seguido se dio lectura al dictamen –preparado con llamativa anticipación- que dejó vía libre a la suspensión del senador Raúl Ochoa, PJ, San Luis.
El sancionado fue originariamente denunciado por haber votado en dos oportunidades en las elecciones del 14 de septiembre de 2001. Fue sentenciado por el Tribunal Federal Oral de San Luis a una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso y a 9 años de suspensión para ejercer cargos públicos.
Al día siguiente el plenario suspendió al puntano por 41 votos a favor y 3 en contra. Estos últimos fueron de Eduardo Ménem, PJ, La Rioja (argumentó el principio de inocencia, toda vez que el fallo que condenó a Ochoa no está firme); Pedro Salvatori, MPN, Neuquén y Ricardo Bussi, F.R., Tucumán.
El cargo fue “desorden en la conducta” y se hizo referencia en el artículo 66 de la Constitución Nacional que menciona la inhabilidad moral sobreviniente.
EDELAP con acuerdo.. Con las mismas formas que fueron aprobadas por el Senado, en su última sesión la Cámara de Diputados sancionó y quedó convertido en ley el acuerdo transitorio de renegociación entre el gobierno y la empresa distribuidora de energía del área La Plata.
Edelap podrá introducir aumentos de hasta 23% en sus tarifas a grandes comercios y empresas. Quedaron ratificadas la suspensión del juicio iniciado por la empresa ante el CIADI y la condonación de multas por incumplimiento a cambio de nuevas inversiones. Al respecto, la radical Silvina Leonelli, presidente de la comisión bicameral que tuvo a su cargo el estudio del expediente, se quejó porque el acuerdo temporal con Edelap permitirá que la empresa no cancele sus multas por incumplimiento del servicio sino que destine ese dinero a la inversión.
El debate, tal como estaba previsto, fue duro y los partidos de la oposición volvieron a presentar toda clase de argumentos para impedir que quedara sancionada con fuerza de ley el primer aumento en el esquema de facultades delegadas.
Régimen legal del correo electrónico. Se realizó la jornada organizada por la comisión de Comercio de Diputados sobre Régimen Legal del Correo Electrónico, que tuvo como objetivo conocer los argumentos de los tres proyectos de ley que regulan el marco legal del Correo Electrónico. Una de las iniciativas señala que “se declara que el correo electrónico o cualquier tipo de medio utilizado para el envío y recepción de información y datos personales a través de la red Internet queda equiparado a la ‘correspondencia’ en los términos definidos en los Códigos Penal y Civil de la Nación, y al amparo de las garantías constitucionales”. En el mismo texto se sostiene que ”serán de aplicación las penas previstas en los artículos 153 a 155 del Código Penal, a todas aquellas personas físicas que revistan el carácter de responsable legal de entidades prestadoras, o empresas proveedoras de servicios de Internet, por los actos u omisiones realizados desde la empresa, bajo la órbita de su dependencia o usando instrumentos requeridos para la prestación del servicio que supriman, interrumpan o desvíen de su destino tanto el correo electrónico; protocolo simple de transferencia de correo; o cualquier tipo de envío y recepción de información. Igual pena se aplicará si el delito se consuma por sí, o a través de otras proveedoras o prestadoras”.
Otro de los proyectos que fueron presentados en la jornada que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, fue el de “Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico”. La ley regirá las comunicaciones publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia de defensa del consumidor. “Todo correo electrónico publicitario deberá contener a) la leyenda PUBLICIDAD en el campo del asunto de cada mensaje b) la leyenda PUBLICIDAD ADULTO en el campo del asunto de cada mensaje si el contenido del mismo se encuentra en relación con la venta o distribución de bienes, servicios o productos que sólo puedan ser vistos o adquiridos por mayores de 18 años”. “El correo electrónico será considerado ilegal cuando contempla el nombre, nombre de fantasía o nombre de dominio de un tercero, en el campo de la dirección de respuesta sin autorización de ese tercero, o cuando contenga información que imposibilite identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión del correo electrónico”. La Comisión Nacional de Comunicaciones creada por Decreto 1185/1990, será a la autoridad de aplicación; o en su defecto el organismo que en el futuro la reemplace.
El Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, señaló que ”el auge de Internet en nuestra sociedad, y su accesibilidad cada vez mayor a diversos ámbitos, importan una serie de beneficios que hace muy poco tiempo atrás no imaginábamos. El uso de nuevas tecnologías ha generado una serie de planteos, desde el punto de vista jurídico, que aún no han tenido respuesta, y estos proyectos de ley presentados en las jornadas viene a encontrar una respuesta satisfactoria a esos reclamos, para garantizar el normal funcionamiento de Internet”.
El tercer proyecto de ley que se analizó en la Jornada fue el de “Ley contra el envío de correos electrónicos comerciales o sexualmente orientados no deseados. Prevención del fraude en actividades relacionadas con correos electrónicos y servicios de mensajes escritos en telefonía móvil (LEY ANTI SPAM)”. “La ley regirá las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor y las disposiciones sobre telecomunicaciones aplicables a transacciones electrónicas mediante Internet y otras redes públicas”. La presente ley es dictada a los efectos de proteger a consumidores y usuarios de los servicios de Correo Electrónico y de Internet de las consecuencias derivadas de la recepción de Correos Electrónicos no deseados, y a los fines de garantizar mejores servicios y mayor eficiencia en el funcionamiento de las redes públicas de telecomunicaciones”.
En el proyecto presentado se consideran Delitos Informáticos las siguientes conductas: “Acceder a computadoras protegidas sin autorización, e intencionalmente iniciar la transmisión de mensajes múltiples de correo electrónico comerciales desde, o a través, de dichas computadoras; Utilizar una computadora protegida para reenviar o retransmitir múltiples mensajes de correos electrónicos con la intención de engañar a los receptores o cualquier acceso al servicio de Internet como procedencia de tal mensaje”.
El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, Alejandro Fargosi, sostuvo que “Internet llegó para romper la estructura habitual de comunicación de los sectores más poderosos y reemplazarlos por formas más democráticas e independientes. Cualquiera sea el ángulo de regulación nacional como internacional que se busque para fundamentar el envío y recepción de información, sólo nos debe conducir a un mismo lugar, que el servicio de Internet y la correspondencia electrónica comprendida dentro del mismo, debería ser entendida como forma de comunicación social y enmarcada conforme a los principios de fondo, contemplados en nuestras normas civiles y penales”.
Tickets de comida en la cuerda floja. Después de una impasse de más de tres semanas, las autoridades de la comisión de Legislación del Trabajo que encabeza Saúl Ubaldini retoman el tema de la eliminación de los tickets canasta.
La modificación del artículo 103 de la ley de Contrato de Trabajo figura en los proyectos del radical Pascual Cappelleri y de la arista Marta Mafei. Ambas propuestas fueron unificadas y pasado mañana se someterá a votación el nuevo texto del proyecto. En la última fecha de tratamiento se consideró la posibilidad de que el monto total de lo adjudicado en tickets a cada empleado sea integrado a la masa salarial a razón de un 10 porciento mensual.
Autoridades del Banco Central y del Banco Nación estuvieron en Diputados. La comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, y ONG’s recibió a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quienes brindaron información acerca de los cambios en estudio que el organismo incorporaría a la reglamentación de la ley 25.782, de Cajas de Crédito Cooperativas.
El radical y presidente de la comisión Héctor Romero sostuvo que las propuestas escuchadas “no conforman” porque “no llegan al fondo” de la cuestión, ya que “es necesario una reglamentación más flexible que permita que las cajas de crédito de cooperativas, funcionen como herramienta de acceso más rápido a los préstamos, sobre todo en las regiones donde no llegan los controles formales del Banco Central. No se ha cambiado la filosofía de la década del ’90. Tal vez, se haya morigerado en parte”, agregó Romero, pero “hay que compatibilizar la filosofía económica de los países del primer mundo con la filosofía económica de los países del Tercer Mundo”.
Mientras tanto, en la comisión de Finanzas se recibió al director del BCRA, Zenón Biagosch, y la gerente principal, Delia Corteletti. Informaron que la Argentina está siendo observada por organismos internacionales por el financiamiento del terrorismo y por el tipo de legislación de lavado de dinero. Sostuvieron que desde el Banco Central están trabajando en alternativas legislativas ya que es tema prioritario para ellos y que se adecuaron las normas en materia de lavado de dinero y dictaron una específica sobre el financiamiento del terrorismo.
Por su parte, la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Felisa Micelli, fue recibida por los miembros de la comisión de Industria a quienes informó sobre la actualidad de la entidad y destacó que según el resultado del balance al 31 de diciembre de 2004 “la ganancia del banco ascendió a 55.5 millones de pesos, de los cuales casi 30 millones corresponden a actividades dentro del país”.
Según la presidenta del banco se dio un aumento en el crédito personal que “va directo al consumo y a la producción”. Destacó que los ingresos por servicios subieron solamente con el aumento en la cantidad de clientes. Además, la situación del banco se acerca a la banca privada y “la liquidez fue lo primero que se recuperó”, señaló Micelli.
Por otro lado, se indicó que la cartera morosa asciende a 47 mil clientes, de los cuales 11.920 corresponden a productores agropecuarios, y sólo 2935 aún no han refinanciado sus deudas. “En algunas provincias los productores agropecuarios no pueden ni siquiera pagar en un plazo de 40 años, por eso en varias ocasiones se trabaja con los gobiernos provinciales”, indicó Michelle, quien luego que algunos legisladores expresaran desfavorables aspectos en cada provincia, se preguntó “cuál es la responsabilidad de la secretaría de Agricultura y de los ministerios de producción de las provincias en la falta de políticas para el campo. El BNA no puede encargarse de diseñar políticas regionales”. Michelle expresó
Que conciente de los inconvenientes económicos y financieros “las ejecuciones están postergadas” pero también señaló que “mucha gente que debe desde los 90 jamás pagó un peso hasta la fecha”.
Sobre el particular, el diputado Luis Borsani (UCR Mendoza) manifestó que “se requieren políticas de Estado de modo que es necesario hacer un esfuerzo adicional en el sector agropecuario, sobre todo para los tres mil productores que no entraron y de los que sólo llenaron la solicitud muchos no llegarán a reprogramar su deuda”.
Por último, Felisa Micelli comentó que “comenzaron a cambiarse normas para flexibilizar la posibilidad que los empresarios puedan acceder al crédito a pesar de sus deudas”. Y destacó el cumplimiento de las PyMes con relación a los créditos nuevos. “Actualmente, el banco tiene ochenta y ocho líneas de crédito, de las cuales sesenta son para la producción y veintidós para el consumo. No hay restricciones ni para uno ni para otro”, concluyó Micelli.
El Canciller concurrirá al Senado. Será el próximo martes 24 de mayo donde el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael BIELSA, expondrá sobre tema de Malvinas.
Concesiones portuarias. Citación urgente. Los diputados de la comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN resolvieron citar para hoy al encargado de la Unidad Renegociadora de Contratos, Gustavo Simeonoff, para que responda las dudas que surgieron sobre el contrato de concesión de puertos en las distintas reuniones que se hicieron con los diferentes sectores.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli (UCR Córdoba), señaló que “si se acepta esta renegociación, podría acarrear perjuicios contra el Estado debido a que a las empresas que protestaron ante el CIADI se les pesificaron sus contratos y ahora este acta de acuerdo viene dolarizado.
El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla, destacó que “el hecho de aceptar la dolarización de estos servicios complicaría las renegociaciones de los futuros contratos”. Además, los representantes de la Cámara señalaron que las terminales portuarias tienen un 40% de costos en moneda dura (dólares) y el sesenta restante en pesos, por lo tanto “no se puede tomar como una exportación de servicios, sino que son servicios prestados en Argentina”. Para Mantilla “la decisión de aprobar este contrato” no sólo afectará al costo de exportación sino también el de vida.
El secretario general del Sindicato Único de Administración Portuaria, Adolfo Barja, expresó que “al salir de la convertibilidad las empresas multiplicaron sus ganancias, en tanto que no hubo modificaciones en el salario de los trabajadores”. Luego de aclarar que se necesitan políticas que contengan a todos los sectores, Barja dijo que “los que sugieren las políticas son los empresarios, y los funcionarios cumplen”.
El economista del sindicato, Javier Rodríguez, aclaró además que “se trata de un servicio público, por lo tanto, es inadecuado dolarizar las tarifas”. Y recalcó que el Estado ya tendría que haber rescindido los contratos con varias empresas portuarias porque, según los mismos, si una empresa se atrasa en tres cuotas consecutivas del canon es motivo justificado para la anulación, y eso sucedió en 2002. “No sólo no se respetaron los intereses que planteaban el contrato sino, también, se condonaron deudas al aplicar sólo un 1% de interés resarcitorio”, detalló Rodríguez
“Se cierra de lista de oradores” anunció la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Kirchner y paso seguido se dio lectura al dictamen –preparado con llamativa anticipación- que dejó vía libre a la suspensión del senador Raúl Ochoa, PJ, San Luis.
El sancionado fue originariamente denunciado por haber votado en dos oportunidades en las elecciones del 14 de septiembre de 2001. Fue sentenciado por el Tribunal Federal Oral de San Luis a una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso y a 9 años de suspensión para ejercer cargos públicos.
Al día siguiente el plenario suspendió al puntano por 41 votos a favor y 3 en contra. Estos últimos fueron de Eduardo Ménem, PJ, La Rioja (argumentó el principio de inocencia, toda vez que el fallo que condenó a Ochoa no está firme); Pedro Salvatori, MPN, Neuquén y Ricardo Bussi, F.R., Tucumán.
El cargo fue “desorden en la conducta” y se hizo referencia en el artículo 66 de la Constitución Nacional que menciona la inhabilidad moral sobreviniente.
EDELAP con acuerdo.. Con las mismas formas que fueron aprobadas por el Senado, en su última sesión la Cámara de Diputados sancionó y quedó convertido en ley el acuerdo transitorio de renegociación entre el gobierno y la empresa distribuidora de energía del área La Plata.
Edelap podrá introducir aumentos de hasta 23% en sus tarifas a grandes comercios y empresas. Quedaron ratificadas la suspensión del juicio iniciado por la empresa ante el CIADI y la condonación de multas por incumplimiento a cambio de nuevas inversiones. Al respecto, la radical Silvina Leonelli, presidente de la comisión bicameral que tuvo a su cargo el estudio del expediente, se quejó porque el acuerdo temporal con Edelap permitirá que la empresa no cancele sus multas por incumplimiento del servicio sino que destine ese dinero a la inversión.
El debate, tal como estaba previsto, fue duro y los partidos de la oposición volvieron a presentar toda clase de argumentos para impedir que quedara sancionada con fuerza de ley el primer aumento en el esquema de facultades delegadas.
Régimen legal del correo electrónico. Se realizó la jornada organizada por la comisión de Comercio de Diputados sobre Régimen Legal del Correo Electrónico, que tuvo como objetivo conocer los argumentos de los tres proyectos de ley que regulan el marco legal del Correo Electrónico. Una de las iniciativas señala que “se declara que el correo electrónico o cualquier tipo de medio utilizado para el envío y recepción de información y datos personales a través de la red Internet queda equiparado a la ‘correspondencia’ en los términos definidos en los Códigos Penal y Civil de la Nación, y al amparo de las garantías constitucionales”. En el mismo texto se sostiene que ”serán de aplicación las penas previstas en los artículos 153 a 155 del Código Penal, a todas aquellas personas físicas que revistan el carácter de responsable legal de entidades prestadoras, o empresas proveedoras de servicios de Internet, por los actos u omisiones realizados desde la empresa, bajo la órbita de su dependencia o usando instrumentos requeridos para la prestación del servicio que supriman, interrumpan o desvíen de su destino tanto el correo electrónico; protocolo simple de transferencia de correo; o cualquier tipo de envío y recepción de información. Igual pena se aplicará si el delito se consuma por sí, o a través de otras proveedoras o prestadoras”.
Otro de los proyectos que fueron presentados en la jornada que se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, fue el de “Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo Electrónico”. La ley regirá las comunicaciones publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia de defensa del consumidor. “Todo correo electrónico publicitario deberá contener a) la leyenda PUBLICIDAD en el campo del asunto de cada mensaje b) la leyenda PUBLICIDAD ADULTO en el campo del asunto de cada mensaje si el contenido del mismo se encuentra en relación con la venta o distribución de bienes, servicios o productos que sólo puedan ser vistos o adquiridos por mayores de 18 años”. “El correo electrónico será considerado ilegal cuando contempla el nombre, nombre de fantasía o nombre de dominio de un tercero, en el campo de la dirección de respuesta sin autorización de ese tercero, o cuando contenga información que imposibilite identificar el punto de origen del recorrido de la transmisión del correo electrónico”. La Comisión Nacional de Comunicaciones creada por Decreto 1185/1990, será a la autoridad de aplicación; o en su defecto el organismo que en el futuro la reemplace.
El Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, señaló que ”el auge de Internet en nuestra sociedad, y su accesibilidad cada vez mayor a diversos ámbitos, importan una serie de beneficios que hace muy poco tiempo atrás no imaginábamos. El uso de nuevas tecnologías ha generado una serie de planteos, desde el punto de vista jurídico, que aún no han tenido respuesta, y estos proyectos de ley presentados en las jornadas viene a encontrar una respuesta satisfactoria a esos reclamos, para garantizar el normal funcionamiento de Internet”.
El tercer proyecto de ley que se analizó en la Jornada fue el de “Ley contra el envío de correos electrónicos comerciales o sexualmente orientados no deseados. Prevención del fraude en actividades relacionadas con correos electrónicos y servicios de mensajes escritos en telefonía móvil (LEY ANTI SPAM)”. “La ley regirá las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor y las disposiciones sobre telecomunicaciones aplicables a transacciones electrónicas mediante Internet y otras redes públicas”. La presente ley es dictada a los efectos de proteger a consumidores y usuarios de los servicios de Correo Electrónico y de Internet de las consecuencias derivadas de la recepción de Correos Electrónicos no deseados, y a los fines de garantizar mejores servicios y mayor eficiencia en el funcionamiento de las redes públicas de telecomunicaciones”.
En el proyecto presentado se consideran Delitos Informáticos las siguientes conductas: “Acceder a computadoras protegidas sin autorización, e intencionalmente iniciar la transmisión de mensajes múltiples de correo electrónico comerciales desde, o a través, de dichas computadoras; Utilizar una computadora protegida para reenviar o retransmitir múltiples mensajes de correos electrónicos con la intención de engañar a los receptores o cualquier acceso al servicio de Internet como procedencia de tal mensaje”.
El presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, Alejandro Fargosi, sostuvo que “Internet llegó para romper la estructura habitual de comunicación de los sectores más poderosos y reemplazarlos por formas más democráticas e independientes. Cualquiera sea el ángulo de regulación nacional como internacional que se busque para fundamentar el envío y recepción de información, sólo nos debe conducir a un mismo lugar, que el servicio de Internet y la correspondencia electrónica comprendida dentro del mismo, debería ser entendida como forma de comunicación social y enmarcada conforme a los principios de fondo, contemplados en nuestras normas civiles y penales”.
Tickets de comida en la cuerda floja. Después de una impasse de más de tres semanas, las autoridades de la comisión de Legislación del Trabajo que encabeza Saúl Ubaldini retoman el tema de la eliminación de los tickets canasta.
La modificación del artículo 103 de la ley de Contrato de Trabajo figura en los proyectos del radical Pascual Cappelleri y de la arista Marta Mafei. Ambas propuestas fueron unificadas y pasado mañana se someterá a votación el nuevo texto del proyecto. En la última fecha de tratamiento se consideró la posibilidad de que el monto total de lo adjudicado en tickets a cada empleado sea integrado a la masa salarial a razón de un 10 porciento mensual.
Autoridades del Banco Central y del Banco Nación estuvieron en Diputados. La comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, y ONG’s recibió a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quienes brindaron información acerca de los cambios en estudio que el organismo incorporaría a la reglamentación de la ley 25.782, de Cajas de Crédito Cooperativas.
El radical y presidente de la comisión Héctor Romero sostuvo que las propuestas escuchadas “no conforman” porque “no llegan al fondo” de la cuestión, ya que “es necesario una reglamentación más flexible que permita que las cajas de crédito de cooperativas, funcionen como herramienta de acceso más rápido a los préstamos, sobre todo en las regiones donde no llegan los controles formales del Banco Central. No se ha cambiado la filosofía de la década del ’90. Tal vez, se haya morigerado en parte”, agregó Romero, pero “hay que compatibilizar la filosofía económica de los países del primer mundo con la filosofía económica de los países del Tercer Mundo”.
Mientras tanto, en la comisión de Finanzas se recibió al director del BCRA, Zenón Biagosch, y la gerente principal, Delia Corteletti. Informaron que la Argentina está siendo observada por organismos internacionales por el financiamiento del terrorismo y por el tipo de legislación de lavado de dinero. Sostuvieron que desde el Banco Central están trabajando en alternativas legislativas ya que es tema prioritario para ellos y que se adecuaron las normas en materia de lavado de dinero y dictaron una específica sobre el financiamiento del terrorismo.
Por su parte, la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Felisa Micelli, fue recibida por los miembros de la comisión de Industria a quienes informó sobre la actualidad de la entidad y destacó que según el resultado del balance al 31 de diciembre de 2004 “la ganancia del banco ascendió a 55.5 millones de pesos, de los cuales casi 30 millones corresponden a actividades dentro del país”.
Según la presidenta del banco se dio un aumento en el crédito personal que “va directo al consumo y a la producción”. Destacó que los ingresos por servicios subieron solamente con el aumento en la cantidad de clientes. Además, la situación del banco se acerca a la banca privada y “la liquidez fue lo primero que se recuperó”, señaló Micelli.
Por otro lado, se indicó que la cartera morosa asciende a 47 mil clientes, de los cuales 11.920 corresponden a productores agropecuarios, y sólo 2935 aún no han refinanciado sus deudas. “En algunas provincias los productores agropecuarios no pueden ni siquiera pagar en un plazo de 40 años, por eso en varias ocasiones se trabaja con los gobiernos provinciales”, indicó Michelle, quien luego que algunos legisladores expresaran desfavorables aspectos en cada provincia, se preguntó “cuál es la responsabilidad de la secretaría de Agricultura y de los ministerios de producción de las provincias en la falta de políticas para el campo. El BNA no puede encargarse de diseñar políticas regionales”. Michelle expresó
Que conciente de los inconvenientes económicos y financieros “las ejecuciones están postergadas” pero también señaló que “mucha gente que debe desde los 90 jamás pagó un peso hasta la fecha”.
Sobre el particular, el diputado Luis Borsani (UCR Mendoza) manifestó que “se requieren políticas de Estado de modo que es necesario hacer un esfuerzo adicional en el sector agropecuario, sobre todo para los tres mil productores que no entraron y de los que sólo llenaron la solicitud muchos no llegarán a reprogramar su deuda”.
Por último, Felisa Micelli comentó que “comenzaron a cambiarse normas para flexibilizar la posibilidad que los empresarios puedan acceder al crédito a pesar de sus deudas”. Y destacó el cumplimiento de las PyMes con relación a los créditos nuevos. “Actualmente, el banco tiene ochenta y ocho líneas de crédito, de las cuales sesenta son para la producción y veintidós para el consumo. No hay restricciones ni para uno ni para otro”, concluyó Micelli.
El Canciller concurrirá al Senado. Será el próximo martes 24 de mayo donde el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael BIELSA, expondrá sobre tema de Malvinas.
Concesiones portuarias. Citación urgente. Los diputados de la comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN resolvieron citar para hoy al encargado de la Unidad Renegociadora de Contratos, Gustavo Simeonoff, para que responda las dudas que surgieron sobre el contrato de concesión de puertos en las distintas reuniones que se hicieron con los diferentes sectores.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli (UCR Córdoba), señaló que “si se acepta esta renegociación, podría acarrear perjuicios contra el Estado debido a que a las empresas que protestaron ante el CIADI se les pesificaron sus contratos y ahora este acta de acuerdo viene dolarizado.
El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique Mantilla, destacó que “el hecho de aceptar la dolarización de estos servicios complicaría las renegociaciones de los futuros contratos”. Además, los representantes de la Cámara señalaron que las terminales portuarias tienen un 40% de costos en moneda dura (dólares) y el sesenta restante en pesos, por lo tanto “no se puede tomar como una exportación de servicios, sino que son servicios prestados en Argentina”. Para Mantilla “la decisión de aprobar este contrato” no sólo afectará al costo de exportación sino también el de vida.
El secretario general del Sindicato Único de Administración Portuaria, Adolfo Barja, expresó que “al salir de la convertibilidad las empresas multiplicaron sus ganancias, en tanto que no hubo modificaciones en el salario de los trabajadores”. Luego de aclarar que se necesitan políticas que contengan a todos los sectores, Barja dijo que “los que sugieren las políticas son los empresarios, y los funcionarios cumplen”.
El economista del sindicato, Javier Rodríguez, aclaró además que “se trata de un servicio público, por lo tanto, es inadecuado dolarizar las tarifas”. Y recalcó que el Estado ya tendría que haber rescindido los contratos con varias empresas portuarias porque, según los mismos, si una empresa se atrasa en tres cuotas consecutivas del canon es motivo justificado para la anulación, y eso sucedió en 2002. “No sólo no se respetaron los intereses que planteaban el contrato sino, también, se condonaron deudas al aplicar sólo un 1% de interés resarcitorio”, detalló Rodríguez
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