EDICIÓN 1182
Alquileres en Senadores.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, presentó un escrito donde exige a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, la “urgente” constitución de la comisión de Legislación General para tratar de “manera inmediata” la modificación de la Ley de Alquileres que obtuviera sanción en el recinto de la Cámara de Diputados.
Como plena prueba de la lentitud de las movidas en esa Cámara, Legislación
General no ratificó o nombró a sus miembros, que no se reúnen desde el 29 de
noviembre del 2022. En lo legislativo, JxC tuvo en su norte la derogación total
de la ley, pero fracasaron al no reunir los dos tercios necesarios, al no
contar con despacho de comisiones y los diputados debieron contentarse con
darle sanción a importantes formas.
Al
respecto, el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos
Rio Negro) votó los cambios en la Ley de Alquileres y expresó que “la
modificación es mejor que seguir con la ley como venimos. La intención fue proteger
a los inquilinos porque no se requería una intervención del Estado, sino una
facilitación para las familias”, señaló.
Desde la
vereda oficialista, Mónica Litza (FdT) cuestionó el dictamen y sostuvo que la oposición “votó a pedido del mercado inmobiliario”. Sin embargo,
destacó la incorporación de beneficios fiscales para los propietarios tomados
del proyecto de su autoría que busca garantizar el derecho de los inquilinos. expresó: “Entendemos que un camino razonable
pasa por registrar los contratos y dar incentivos a los propietarios para que
aumenten la oferta de inmuebles en alquiler. También estamos trabajando sobre
la posibilidad de dejar a las provincias la facultad de legislar sobre la
materia, ya que no es lo mismo la situación en Jujuy que en el AMBA”.
Mientras tanto arriba diferente información. Si
bien existe información sobre la constitución de la comisión de Legislación
General, la única oficial es la actividad en Presupuesto y Hacienda pero la
agenda oficial no cita información sobre tratamiento de alquileres.
Al respecto, su presidente, el senador Guerra,
ya adelantó que desmenuzará (textual) el proyecto aprobado por Diputados y
aprovechará para incorporar proyectos que fueran presentados por los
senadores.
La comedia de enredos preparada por el
oficialismo se inició el martes pasado con una reunión donde el que habló fue
el presidente de la comisión no cabecera sino de Presupuesto y Hacienda que
anticipó y así ocurrió que “desmenuzarían el proyecto llegado de Diputados”.
Luego de una acalorada reunión de Legislación
General y la de Presupuesto se dispuso postergar el debate hasta el jueves 31
de agosto.
En su transcurso se dijeron cosas fuertes desde ambos lados, pero todo quedó postergado porque el oficialismo no tiene todas las fichas revisadas y dispuestas para jugar y ganar.
La cuestión es que no solo el Frente de Todo muestra reparos hacia la media sanción. El interbloque Unidad Federal tampoco acepta el proyecto tal cual llegó. Y ahí se derrumban las expectativas de que el proyecto pueda avanzar rápido.
Creemos conveniente tener presente estas observaciones a la hora de
hilvanar el escenario futuro ya en el armado de los senadores.
Se sumó a Senadores un
proyecto de ley para alquileres temporarios que logró dictamen
De acuerdo a la propuesta, de Ianni, estarán alcanzados “los propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”. Para que un inmueble sea considerado de alquiler temporario, deberá rentarse entre 1 a 90 días. Además, el proyecto dispone la creación, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación o quien en el futuro lo reemplace, del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario”.
En uno de sus artículos también define que “las plataformas digitales
que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con
fines turísticos, deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que
el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada
unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no
posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente
al propietario o administrador de la unidad en alquiler”.
Tratamiento en comisión
A las demoras en las comisiones del
Senado respecto del tratamiento en tiempo y forma de la sanción ocurrida en
Diputados sobre Alquileres, oficialismo y oposición coincidieron en acordar un proyecto para regular los alquileres
temporarios, una modalidad que ha crecido de manera exponencial provocando no
sólo menor oferta de viviendas para uso permanente, sino también competencia
desigual con el sector hotelero.
Un plenario de las comisiones de Legislación
General y de Turismo, realizado el ayer jueves fue firmado un dictamen unificado a través de proyectos presentadas por Ana
María Ianni (UC-FdT) -en marzo pasado- y Mariana Juri (UCR-JxC)
-el 25 de agosto último-.
Ianni señaló que “es un problema a nivel mundial” y celebró que “todos
identificamos que el problema lo tenemos”. “Voy a poner en valor al Estado como
promotor, fiscalizador, habilitante y sobre todo como un socio estratégico de
aquellos que invierten y dan trabajo”, ponderó al defender la implementación de
un marco regulatorio.
“Hace meses venimos conversando y
pensando cómo frenamos esta situación en el buen sentido, dándole un marco
regulatorio, no es algo prohibitivo. Nosotros no buscamos ni desestimar este
tipo de oferta, ni tampoco a las que quizás son hoy las vedette de este
mercado, que son las plataformas digitales, que son las que están ofreciendo y
comercializando este tipo de alojamientos”, dijo.
La oficialista expresó que se trata de “poder dar fin a una competencia
desleal que se ocasiona porque no hay normativa” y “proteger a aquel que
invierte y da trabajo”, ya que esta modalidad “perjudica mucho” al sector
hotelero; a la vez que “no sólo en la competencia de formación de precios, sino
sacando del mercado viviendas para el alquiler permanente”.
Juri sostuvo que “el turismo crece y va a seguir creciendo y hoy nuestro
desafío no es solamente hacer crecer la cantidad de turistas y empleo, sino que
sean sustentables los destinos. Y los destinos no son sustentables solamente
cuando cuidamos lo ambiental, sino cuando los convertimos en seguros y haciendo
que no empiece a colisionar el interés de los turistas con el de los
residentes.
No pretendemos con este proyecto ser tan intervencionistas que
dificultemos el mercado, al contrario, creo que con esto estamos dando
beneficios a todas las partes”, manifestó la opositora y añadió que “no podemos
ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a
lo que es el alquiler tradicional de las viviendas”.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel
Bensusán (FNyP-FdT), destacó: “Es importante demostrar que podemos
trabajar en conjunto y sacar la mejor normativa. Este tema está enmarcado en la
problemática que tenemos con la Ley de Alquileres. Esta es la manera en que
debemos seguir trabajando para avanzar en una problemática que hoy tienen todos
los argentinos”.
Ya en el cierre, el senador Mariano Recalde (UC-FdT)
expresó: “es un gran proyecto, que ataca distintas situaciones. Desde el punto
de vista del turismo, fundamental regular. Pero fundamentalmente tiene una
importancia en lo que respecta en el acceso a la vivienda, en aquellos millones
de argentinos que no tienen todavía su casa propia”.
Qué prevé el proyecto consensuado
Entiende por contrato de alquiler temporario turístico al “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”.
“En el caso en que un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal
se destine más de un 60% de las unidades funcionales con destino habitacional a
la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se
encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no
será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación,
registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional
de Hotelería) o la que en el futuro la reemplace”, se establece.
Dispone la creación en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario”
y establece una serie de funciones que tendrá la autoridad de aplicación, entre
ellas podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con municipios y
provincias.
Las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o
celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, éstas
deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el
propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad;
proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el
número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al
propietario o administrador de la unidad en alquiler; y utilizar la moneda
nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades
habitacionales que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el
territorio nacional; y para el procesamiento de pagos.
En cuanto a las obligaciones del propietario o el administrador, éste
deberá “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos
pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso
turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad
civil por daños contra terceros”, entre otras obligaciones.
Respecto a las sanciones para propietarios y administradores se contempla el apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas, las mismas serán pasibles de: apercibimiento; multas a determinar por la autoridad competente; suspensión de operar en el país; y cese definitivo de actividades en el país.
Deudores morosos recibió
tratamiento en comisión de Senadores
La iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago
de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial
o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma.
Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o
tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los
cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán
“notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en
el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de
ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén
inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos
no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación
de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros
de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento
o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los
derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte;
solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la
apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios
profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo
matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o
tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede
autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el
presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de
ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o
mediando razón suficiente”.
También, en el texto, consta de 20 artículos, se prevé que las personas
inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a
eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular
con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de
sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria;
la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías
de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en
materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia
económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las
obligaciones alimentarias.
Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador
fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del
Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre
y apellido con y sin intervención judicial.
La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial
para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad
sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes
hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad
sexual o la vida de terceros.
Nuevas medidas económicas se
anunciaron
La modalidad de no incluir comunicados oficiales parece imperar en estos tiempos.
Así, el ministro de Economía de la Nación, candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, acudió a diversos medios sociales para difundir nuevas medidas económicas.
El domingo pasado se lanzó una batería de medidas destinadas a mantener
el consumo y compensar el impacto de la devaluación aplicada el día después de
las PASO.
Entre ellas hay una suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas, en
septiembre y octubre, para los trabajadores privados y estatales; beneficios
para micopymes, como devolución de contribuciones patronales; un bono para
monotributistas; un bono para jubilados; y créditos para trabajadores, entre
otras cosas.
Al respecto, el presidente del bloque oficialista de la Cámara
baja, Germán Martínez, celebró los anuncios y en sus redes
sociales tuiteó: “Milei y Bullrich ofrecen como solución
destruir, derogar, recortar, y cerrar. Mientras tanto, Sergio Massa toma
medidas concretas en favor de trabajadores, jubilados, monotributistas, pymes y
argentinos con Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar”.
“Gestionar siempre en beneficio de los que más necesitan”, cerró el
titular de la bancada FdT.
La diputada del Frente Renovador Micaela Morán también
destacó al líder de su espacio “Siempre con el mismo objetivo, Sergio Massa:
sostener el nivel de actividad productiva, los ingresos y el empleo”.
También desde el FR, el diputado Carlos Selva señaló
que “no nos detendremos hasta que las y los argentinos puedan crecer juntos y
de la mano de un estado presente y productivo”, y posteó las medidas
anunciadas para los monotributistas.
Desde la Legislatura porteña, la diputada Claudia Neira señaló:
“La garantía con Massa es que gestiona. Sin frases rimbombantes en tik tok, sin
tanto marketing. Hace lo que hay que hacer para mejorar la vida de la gente”.
A su vez, el diputado provincial bonaerense Rubén Eslaiman señaló
sobre la suma fija anunciada: “Una gran noticia para los trabajadores y
trabajadoras. Un esfuerzo del gobierno que, con el impulso de Sergio Massa,
brinda un importante alivio económico para los argentinos y argentinas”.
El candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA) y diputado
de ese mismo espacio, Ramiro Marra, cuestionó con suma dureza los
últimos anuncios del ministro de Economía de la Nación. El libertario se mostró
“indignado” ante las medidas que buscan contrarrestar los efectos de la
devaluación post PASO, entre las que se incluye sumas fijas para empleados
privados y del sector público, bonos para jubilados, pensionados y ciertos
poseedores de asistencia social como la Tarjeta Alimentar. “Esto es parte de un
fraude electoral. Le quieren mentir a la gente para que los voten porque se dan
cuentan que están perdidos. Te meten plata en el bolsillo, pero la sacan del
otro”, sostuvo.
Los pagos con tarjetas de
crédito y débito
incorporan por ley “norma de pago
seguro”
La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado pasó a la firma un
proyecto de ley que busca evitar delitos informáticos cuando se utilizan para
el pago de compras con tarjetas de crédito o débito.
La iniciativa es de la senadora riojana Clara Vega quien señaló que se trata de un proyecto sencillo que "necesita una ley que respalde a los consumidores; lo que queremos visibilizar es la necesidad de que, a la hora del pago con tarjeta de crédito o débito, no deban separarse nunca del plástico. El phishing es cada vez más frecuente, se hizo más intenso después de la pandemia”, advirtió y detalló que se registran “2050 denuncias por semana” sobre estafas de este tipo, lo que representa un aumento del 22% respecto del año pasado.
Al respecto, el senador radical Martín Lousteau sostuvo
que es el proyecto apunta a evitar la clonación de tarjetas y hoy las tarjetas
de crédito están obligadas a tener chip.
Conceptualmente de acuerdo con Lousteau, Juliana Di Tullio aclaró que “la realidad es que en el resto del país no se cumple tan a rajatabla” lo del chip y que “a no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless.
El delito se puede prevenir cuando alguien se separa de su plástico y evita la clonación de tarjeta en un lector de banda; al tener chip ya no se puede clonar”, insistió Lousteau.
Vega indicó que se busca evitar que alguien pueda “quedarse con la información (de la tarjeta) y hacer otro tipo de compras.
Es correcto el espíritu del proyecto, lo que está haciendo ruido es la palabra phishing”, resumió Di Tullio, pero respaldó que “el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular. Si tiene chip no se puede clonar; pero sí se puede hacer otra compra. Nada que beneficie a una porción de la población me parece ‘poquito’, así que quiero reiterar mi absoluto acompañamiento a este proyecto”.
Proponen en la legislatura
bonaerense incorporar la figura de sobreendeudamiento
Dicha figura considera que un consumidor está “sobreendeudado” cuando se
ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de
consumo y, el hecho de pagarlos dificultaría el acceso a bienes esenciales,
afectando salud y economía familiar.
Dispone que aquellos ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán
presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del
Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes e iniciar un
proceso.
En caso de acreditarse la condición de sobreendeudado, el ente iniciaría
un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las
partes y la elaboración de un acuerdo. Este podrá comprometer quitas de
capital, plazos de gracia y planes de pago. Establecerá el mecanismo de
cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la
relación de consumo.
El acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser
oponible judicialmente.
Llegada la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia
administrativa, pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales quedan
suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o
inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
El proyecto también establece el refuerzo de aspectos de la defensa del consumidor relacionados
con la información; es decir que la
persona deberá ser informada claramente al momento de contratar acerca de las
condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva
anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro
aspecto relacionado con la transacción.
La iniciativa del diputado oficialista extiende su alcance a
definiciones tales como “lealtad comercial”, y establece que “el proveedor
deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá
emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá
de sus posibilidades, provocando situaciones de sobreendeudamiento”.
Respecto del préstamo responsable” consigna que el proveedor deberá
evaluar “certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial
del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el
otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada
al consumidor de modo fehaciente”.
Por último, insta a brindar “educación financiera” para el público en
general y a través del “sistema educativo provincial para contribuir a una
gestión razonable de una economía doméstica y de la planificación familiar a
fin de prevenir el endeudamiento excesivo”.
