La Cámara de Diputados dejó convertido en ley la reforma que establece sanciones al lavado de dinero y permite a la Unidad de Información Financiera, (UIF) acceder sin trámite judicial previo a datos que están protegidos bajo secreto bancario o bursátil.
El miembro informante del oficialismo, Jorge Argüello, celebró que las estrategias tendientes a legislar para reprimir el lavado de dinero sean "política de estado en la Argentina" y destacó la "coherencia" con la que vienen actuando los distintos sectores involucrados en los últimos años.
La sanción permitirá al Gobierno cumplir con el compromiso asumido ante el Grupo de Acción Financiero Internacional, (GAFI) de adecuar las leyes para que la UIF tenga herramientas que ayuden a la justicia a detectar con eficacia los fondos provenientes de ilícitos. Los diputados aceleraron la sanción de la norma teniendo en cuenta el arribo al país una delegación del organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero.
La norma establece que los sujetos con obligación de informar no podrán oponer los secretos bancario o bursátil ante un requerimiento de información por parte de la UIF. Esto implica un cambio central, ya que en la actualidad, ante la mencionada objeción, la UIF debe requerir la información judicialmente. De acuerdo con la ley, los escribanos, contadores y bancos deben denunciar cuando una operación financiera puede resultar sospechosa.
Respecto del secreto fiscal, el proyecto sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo podrá revelarlo "en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con relación a los involucrados directamente en la operación reportada". Por otra parte, se baja lo que se denomina "umbral de certidumbre" para la investigación de un delito de lavado, y establece que cuando la UIF "haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal" para que establezca si corresponde iniciar acciones legales.
Se complica la creación de una nueva empresa de aguas.
En reunión conjunta, los diputados de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda debatieron el proyecto de creación de la empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA) que reemplazará a la rescindida Aguas Argentinas.
Los diputados radicalismo reclamaron la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que informe acerca de la iniciativa del gobierno de crear la empresa AySA tras la rescisión aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado del contrato de esta última dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el diputado Oscar Aguad, planteó objeciones respecto de la iniciativa del gobierno al señalar que lo que se propicia es que los ciudadanos de cada una de las provincias tengan que solventar el servicio que prestará la nueva compañía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas comunas de la provincia de Buenos Aires. Aguad dijo a Leyes y Empresas que en los últimos tiempos están obligando al Parlamento a resolver en 48 horas, temas de gran significación para el país: “No dan tiempo a los legisladores a estudiar los temas, y nosotros no estamos en condiciones de acompañarlo al Gobierno en cuestiones que los legisladores no tienen conocimiento acabado para tomar una decisión”.
Al plenario también asistieron los intendentes de San Isidro, Gustavo Posse, y de Tigre, Ricardo Ubietto, quienes dieron su apoyo a la creación de la nueva empresa. Al ser consultado sobre la designación de Carlos Ben como director de AYSA, Posse sostuvo que “no es incumbencia de los intendentes la designación de Ben. Nosotros debemos lograr que el área de concesión llegue a todos ya que mueren chicos en el conurbano por la falta de obras que la empresa dejo de realizar”. Además, el intendente de San Isidro, explicó que “la diferencia de salubridad entre la gente que tienen cloacas y las que no, es muy grande”. El intendente de Tigre señaló que “mientras la empresa vegetó nosotros realizábamos proyectos y esto sucedió en el período de seis años”.
Cambio de las condiciones de trabajo.
El miércoles pasado Diputados convirtió en ley una modificación a la ley de contrato de trabajo que permitirá a los trabajadores exigir judicialmente regresar a las condiciones de trabajo alteradas unilateralmente por la empresa empleadora.
El proyecto del senador radical jujeño Gerardo Morales modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo habilitando a los trabajadores a reclamar que se retorne a la situación anterior, cuando se produzca una alteración de las condiciones de trabajo. El trabajador tiene la opción de considerarse despedido y reclamar la indemnización correspondiente, pero si optara por permanecer en su puesto de trabajo, la empresa debe mantenerlo en las condiciones pactadas originalmente hasta tanto se expida la Justicia.
Desde la óptica empresaria se asegura que esa modificación aumentará los conflictos judiciales y desalentará la inversión. De ahora en más un trabajador se podrá considerar despedido sin causa o exigir que se mantengan las condiciones laborales si el empleador toma decisiones tales como la baja de salarios, la modificación del horario laboral o un cambio en el lugar donde él desarrolla habitualmente sus tareas
Nuevas autoridades en comisiones de Diputados. Tal como lo anunciáramos se concretaron la elecciones de autoridades en diversas comisiones de Diputados.
Finanzas (telef. Interno 2105) será presidida por Aníbal Jesús Stella, Peronismo Federal; vice 1 Jorge Georgetti, Frente Victoria; vice 2 Federico Pinedo, PRO; secretario Ana del Riccio, Frente Victoria.
Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de normas Tributarias y Previsionales (telef. Interno 2343), presidente Stella Maris Cittadini, Frente Victoria; vice 1 Luis Alberto Galvalissi, PRO; vice 2 Claudio Lozano, Emancipación y Justicia; secretario Emilio Kakubur, Frente Victoria.
Topes indemnizatorios. La Comisión de Legislación del Trabajo aprobó un proyecto de ley por el cual se derogan los topes indemnizatorios. El diputado Alejandro Nieva se manifestó a favor de su eliminación y de su rápido tratamiento en el recinto. Destacó que la decisión esta precedida por numerosos fallos judiciales que han declarado inconstitucionales los topes indemnizatorios.
Ley de Radiodifusión. La comisión de Comunicaciones de Diputados realizará audiencias públicas en más de diez provincias, con el fin de escuchar a los diferentes actores interesados en el tema de la modificación de la Ley de Radiodifusión. Los legisladores tienen como objetivo promover el debate sobre el tema para efectivizar un trabajo eficiente en la reformulación de dicha Ley.
Temas empresarios en las comisiones
HOY
DIPUTADOS
• La comisión de Comercio elegirá sus autoridades.
• La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano elegirá sus autoridades.
• La comisión de Defensa del Consumidor recibirá al presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Lic. José Alberto SBATTELL, para exponer acerca de la situación del mercado de la carne.
• La comisión de Previsión y Seguridad Social analizará el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos sobre la exportación recíproca de prestaciones de la Seguridad Social, suscripto en Buenos Aires el 16 de diciembre de 2002; el mensaje 1278 del 19 de octubre de 2005 y proyecto de ley por el cual se derogan diversos artículo de la ley 24.463 y sus modificatorias, Administración Nacional de la Seguridad Social, sobre sentencias en contra del ANSeS.
SENADO
• En la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, pproyecto de Ley estableciendo que en las facturas emitidas por empresas prestatarias de Servicios Públicos se deba consignar la existencia de deudas anteriores al período facturado.
• La comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con las de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte y Derechos y Garantías analizarán el proyecto de Ley en revisión por el que se dispone la creación de cargos específicos a integrar a los Fondos Fiduciarios que se organicen con el objeto de asegurar el repago de obras del sector energético propiciadas por el Poder Ejecutivo nacional.
• La comisión de Legislación General en conjunto con la Justicia y Asuntos Penales tiene previsto el siguiente temario: Proyecto de Ley en revisión prorrogando el plazo previsto en el Art.30 de la Ley 24.573 -Mediación en todos los procesos de contenido patrimonial. Proyecto de Ley prorrogando por tres años el vencimiento del plazo a que alude el Art. 1° de la Ley 25.287 -Mediación y Conciliación Previa a todo Juicio. Proyecto de Ley modificando la Ley 25.287 -Obligatoriedad de mediación previa a todo juicio, por el término de cinco años.
Para el tratamiento de este tema, asistirá la señora ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Elena Higthon de Nolasco.
Finalizada esta reunión se tratará el proyecto de ley por el que se prohíbe la venta a menores de 18 años de las bebidas energizantes. Asistirán el ministro de Salud y Ambiente, Ginés GONZALEZ GARCIA y el secretario de Estado de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Narcotráfico - SECRONAR-, Dr. José Ramón GRANERO
MAÑANA
DIPUTADOS
• En forma conjunta las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda analizarán el mensaje 0305 del 21/03/06, comunicando el decreto 304/06, por el cual se dispone la constitución de la Sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
• La comisión de PyMES recibirá al secretario de Industria, Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Nación, Lic. Miguel PEIRANO, y al subsecretario de Pequeñas y Medianas Empresas y funcionarios del área, con el fin de exponer sobre los lineamientos estratégicos para las Pequeñas y Medianas Empresas que se están diseñando y formulando desde esa Secretaría.
JUEVES
SENADO
• Los asesores de la comision de Derechos y Garantías analizarán el proyecto de ley estableciendo que las empresas de telefonía fija, móvil o de otra naturaleza deberán habilitar oficinas para atender en forma personalizada el reclamo de los usuarios.
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