Ya es ley

El nuevo Código Procesal Penal espera

su promulgación 

F

inalmente en la tarde y noche del miércoles pasado los diputados oficialista convirtieron en realidad una de los temas más esperados por la Presidente de la Nación. El debate fue largo, algo más de 10 horas, y desde el principio los alegatos de uno y otro lado político fueron fuertes.

En pleno tiempo electoral cualquier lugar es bueno para enfervorizarse y trocar lo legislativo por el discurso de barricada.

Todo comenzó con cuestiones de privilegio planteadas por Mario Negri, UCR, Córdoba; Mónica Gutiérrez, Córdoba; María Alonso, FpV, La Pampa; Manuel Garrido, UCR, CABA; Francisco de Narváez, FR, CABA; Julián Domínguez, FpV, Buenos Aires;    

 Siguió luego con la aprobación de la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2011 que tuvo la aprobación final ya que tenía el visto del Senado. Tuvo 129 afirmativos y 74 negativos.

Posteriormente, en forma conjunta, se debatieron los proyectos de designación de jueces subrogantes, Régimen de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; modificación sobre extinción de la acción penal y otras; Ley Orgánica de Ministerio Público Fiscal; Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. La voz oficialista estuvo a cargo de la diputada Graciela Giannettasio, FpV, Buenos Aires, quien expuso largamente sobre las condiciones del nuevo instrumento.

Sobre el final de exposición sostuvo que “lo que estamos buscando con esta reforma estructural es la posibilidad de que tenga vida, es decir, plena vigencia y aplicación, lo que en este Parlamento hemos diseñado como normas que regularán un proceso justo y rápido. Estoy refiriéndome al nuevo Código Procesal Penal.

“Por lo expuesto, consideramos que esta reforma es absolutamente necesaria y pertinente, al tiempo que posibilitará que a partir de marzo en el ámbito local y, posteriormente, en el federal se pueda implementar debidamente una reforma revolucionaria en materia procesal penal”.

Por el radicalismo expuso el ex fiscal Miguel Garrido quien expresó que   “en líneas generales estamos de acuerdo con la reforma, pero opinamos que no se justifica cómo se va a implementar ni cómo se va a regular el Ministerio Público. Entendemos que en las otras normas existen algunas deficiencias técnicas que debieron haberse corregido para que este proyecto que se va a implementar no fracase por las resistencias lógicas que toda implementación de este tipo trae aparejadas. 

Expusieron luego los representantes de todos los bloques que, en general, objetaron formas y fondo de los proyectos en discusión.

En un tramo del debate, la diputada Diana Conti sostuvo “seamos claros; es ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria que conjuntamente llevan adelante la oposición, el

diario La Nación y el monopolio mediático cuando afirman que queremos cooptar la Justicia y que pretendemos hacer esta reforma para buscar impunidad.

¡No necesitamos ninguna impunidad, señores!

“El pueblo requiere una Justicia penal rápida, juicios orales y transparentes, y fiscales que caminen de la mano de la víctima y procuren que el derecho penal se aplique. Estas normas para la implementación del Código Procesal Penal tienen como objetivo consagrar, ya que no pudimos modificar el Código Penal por idénticas mezquindades, un instrumento que pone a la Capital Federal de la República y a la justicia federal del país a la altura de veinte provincias que ya tienen sistema acusatorio.

“Sé que muchos no han transitado como consejeros en el Consejo de la Magistratura. En mi caso, lo integré en todas sus composiciones. El problema de por qué lo denuncian penalmente para ver si el doctor Fayt está en condiciones de idoneidad ‑quien viola la Constitución para continuar en su cargo‑ es el mismo por lo que se oponen a que estas leyes caminen.

Al respecto, sobre el cierre del debate, Mario Negri citaba diversos hechos producidos durante los últimos años. “Finalmente, y aquí no me voy a detener, porque es la obra más grotesca y motivo de nuestro primer debate, está el tema de Fayt. Eso va a ser memorable. ¿Qué dirá la presidenta del Tribunal Superior de Santa Cruz, que en buena hora está muy bien de salud a los ochenta y seis años y preside esa institución como si tuviese quince?    

Volviendo al debate, a su turno, Cornelia Schmidt Liermann, PRO, Buenos Aires, expresó que “me encantaría que en este recinto se diera respuesta tanto a las recomendaciones y reparos que hizo el colega Pablo Tonelli como a las propuestas concretas de la diputada Patricia Bullrich. Pero no creo que obtenga esas respuestas porque últimamente este recinto es un festival de unipersonales. Acá están todos mirando, ven a los diputados hablar, pero nadie realmente toma nota en serio de lo que estamos diciendo. Este recinto debería servir para debatir y no para unipersonales donde cada uno se pueda lucir.

Cerrado el debate, la votación se realizó por temas:

Designación de jueces subrogantes: sobre 219 presentes, 130 lo hicieron por la afirmativa y 88 por la negativa.

Organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. Por la afirmativa 130, negativa 88. Extinción de la acción penal, iniciación de oficio de la acción penal, acciones privadas y suspensión del juicio a prueba. 187 por la afirmativa y 29 por la negativa.

Régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal. 131 votos afirmativos y 88 por la negativa.

Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. 163 votos afirmativos y 55 negativos. Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. 133 afirmativos y 81 negativos.

Ante un pedido judicial

intervino Domínguez

Cuando se analizaban las cuestiones de privilegio, el presidente del cuerpo, Julián Domiguez solicitó una donde expuso, en relación con el pedido del juez Julián Ercolini en el caso del juez Carlos Fayt,  que “resulta muy difícil que un juez se anime a citar para prestar declaración indagatoria a un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal. Parece poco viable que eso suceda. En todo caso, podría serlo en otro espacio normativo o institucional en que dicho obrar, donde hay un claro mal desempeño, puede y debe ser investigado: la Cámara de Diputados de la Nación a través del procedimiento de juicio político. Como presidente de este cuerpo, entiendo que tal requerimiento comporta una inadmisible intromisión en las incumbencias que la Constitución le otorga en su artículo 53, donde se establece claramente que tal procedimiento está exclusivamente en cabeza de la Cámara de Diputados de la Nación. Los actos preparatorios en el ejercicio de las potestades que la Constitución Nacional confiere al Poder Legislativo no están sujetos a control alguno, pues de lo contrario implicaría que los jueces son sustituidos en el criterio de los legisladores, quebrándose así el principio basal del sistema y la doctrina del Estado de derecho en el que se funda la división de poderes. Esta intromisión es más criticable aun cuando forma parte de una ofensiva identificada como la judicialización de la política y que lleva a que el Poder Judicial, que es un poder contramayoritario y vitalicio, ajeno a los principios de representatividad popular y función republicana, intente apropiarse de las potestades que la Constitución Nacional pone en cabeza del Poder Legislativo, el que cuenta con el aval del voto popular, que es la expresión del principio de la soberanía del pueblo de la Nación. La situación se agrava mucho más aún si se tiene presente que este no es un obrar aislado, sino que profundiza el proceso de conversión del Poder Judicial de la Nación en legislador de última instancia. El Poder Judicial se está convirtiendo en legislador de última instancia, proceso en el que necesariamente debe hacerse referencia a los obstáculos que presentamos hoy, por ejemplo, para la aplicación de la ley de medios de comunicación audiovisual, para que ésta adquiera plena vigencia y efectividad; proceso que también desvertebró la propuesta de reforma y democratización del Poder Judicial.

“Solicito que la Comisión de Asuntos Constitucionales se expida sobre la cuestión de privilegio aquí planteada, para hacer saber al señor juez oficiante que los actos preparatorios producidos en el marco del facultamiento constitucional del artículo 53 no configuran materia justiciable, ni las potestades del Congreso de la Nación pueden ser apropiadas por ningún otro poder del gobierno federal; ello, en resguardo del Estado de derecho y de la división de poderes en la Argentina”. 

  

Dos provincias buscan gobernador

Santa Fe con triple resultado. En Río Negro la clara ventaja golpea la carrera política

de Miguel Angel Pichetto.

Fue

 un domingo infartante.  Al cierre de esta edición, habiéndose contado casi todas las mesas, en Santa Fe no podían llegar al resultado final. Habrá que recontar los votos uno por uno.

Entre el oficialista Frente Progresista Cívico y Social de Roberto Lifschitz y Unión Pro Federal de Miguel del Sel se contabilizaron 11 décimas que representan 2128 votos a favor del socialista.

El escrutinio provisional fue cerrado cuando se habían auditado el 95,45% de las mesas y ahora se pasará al definitivo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, Roberto Falistocco, adelantó que el escrutinio definitivo podría demorar hasta dos semanas.

 Por su parte, el postulante socialista rechazó las denuncias del Pro y afirmó: "No hay ninguna posibilidad de fraude, no hay forma con la boleta única". El macrismo sostiene que están en juego 140 mil votos, correspondientes a 500 mesas desestimadas y no cargadas por las autoridades electorales, que deberán ser analizadas en el escrutinio definitivo, que comenzará el mañana miércoles próximo.

"Hay 347 mesas no cargadas, que significan más de 100 mil votos. Y hay 304 telegramas desestimados. Nuestros fiscales nos decían que no entendían por qué se los desestimaban. Además, hubo un parate de tres horas cuando se llevaba escrutado el 93% de los votos. A esa hora había 188 telegramas desestimados. A las 5.21, cuando se cargó el 95,45 por ciento de las mesas, el rubro telegramas desestimados subió a 304", indicó el candidato a vicegobernador del Pro, Jorge Boasso.

En el sur la cosa fue más rápida y contundente.

No había llegado el escrutinio al 3% de las mesas cuando se vio al jefe de los senadores nacionales oficialistas y candidato a gobernador de la provincia de Río Negro, acercarse a un micrófono y con gesto adusto reconocer la derrota. “Ha tenido un digno triunfo y cabe reconocerlo”.  Y siguió con una frase que fue el título de la tarde “tal vez sea mi última elección como candidato; todo termina en la vida. Esperaba otra cosa pero la voluntad de los ciudadanos es la que manda. La tendencia, incluso ante las cifras oficiales, es irreversible”.

Por esas horas, los guarismos marcaban una diferencia entre el gobernador y el contrincante de más de 20 puntos. Situación que se mantuvo a lo largo de todo el conteo.

Termina así el apogeo del representante del Frente para la Victoria que brilló con resplandeciente luz durante muchos años. Miguel Angel Pichetto, fue el jefe indiscutido del bloque oficialista y el hacedor de más de un intrincado entendimiento cuando transitaron épocas complicadas entre la bancada oficialista y la Casa Rosada.

A veces, incluso, mostró algo de disgusto ante los pedidos –casi exigencias- que llegaban de Balcarce 50. Pero siempre logró encontrar el camino para llevar a sus representados hacia la obediencia presidencial.

Esta obediencia también quedó demostrada en ésta contienda por la gobernación de Rio Negro.

Allí se mostró con fuerte apoyo presidencial, hasta un importante acto al que asistió la Presidente y al que no fue invitado el gobernador Alberto Weretilneck que siempre se mantuvo distanciado del gobierno central.  

El hecho no cayó bien en las entrañas rionegrinas y algún observador puso el acento en ello a la hora de contar los votos. De todas formas, Pichetto conservará su banca pues tiene mandato hasta el 2019. 

La jornada del domingo pasado, aunque no se reconozca oficialmente, deja un sabor amargo. Dos provincias, una de ellas muy importante y otra un poco menos, dejan afuera al representante oficial.

  

Economía y Finanzas: 

inflación y costos futuros

Los precios minoristas aumentaron en mayo un 2,2% mensual y 26,7% interanual, de acuerdo al Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). Las principales estimaciones privadas -IPC Congreso- promediaron un incremento del 2% mensual y 28,7% anual. Este nuevo piso de la inflación, se da a pesar de la deliberada estrategia de atraso cambiario llevada adelante por el Banco Central.

Ya comenzaron a observarse presiones de costos derivadas del impacto de las subas salariales acordadas en las paritarias, buena parte de las cuales terminaron saltando la pauta oficial del 27% a través de adicionales y otros conceptos no remunerativos. Este efecto (que se sentirá con mayor intensidad en el segundo semestre) es más relevante en los bienes y servicios no transables, aunque también afecta a determinados sectores transables, dado que el virtual cierre de la economía permite trasladar a los precios finales las subas de los costos internos, sin perder las firmas locales porciones significativas de mercado, fruto de la acotada competencia externa.

En mayo sobresalieron las subas de los servicios (2,5%), aunque también volvieron a registrarse presiones en los precios de los bienes (1,9%), lideradas por los alimentos, pese a la persistente estabilidad cambiaria. Asimismo, desde otra óptica, los datos del IPCBA muestran una estabilización de la inflación núcleo por encima del 2% mensual (2,3% en mayo) y en torno al 27% interanual, lo cual da cuentas de una consolidación de la inflación subyacente, tras la corrección verificada entre fines de 2014 e inicios de 2015.

Las presiones inflacionarias se dan en un contexto en el cual la brecha de producto tiende a cerrarse, tras la ligera recomposición reciente del nivel de actividad, combinada con un retroceso del PIB potencial de Argentina, siendo la actual orientación de la política económica claramente inadecuada para tales circunstancias.

La frontera de producción argentina ha ido contrayéndose a lo largo de los últimos dos años. Sucede que la capacidad de producción de una economía depende, entre otros factores, de la inversión en bienes de capital, la dotación de recursos humanos y su calidad, además de la productividad total de los factores productivos (eficiencia), todos ellos elementos que vienen mostrando un franco retroceso.

La recuperación marginal del nivel de actividad que siguió a la fuerte baja verificada en 2014, ha llevado a que la economía opere hoy con limitados niveles de capacidad ociosa, sentando las bases para que cualquier presión de demanda se traslade a precios.

Ante este escenario, la respuesta típica de política económica debería ser evitar un recalentamiento del nivel de actividad aunque en un año electoral la respuesta oficial ha venido siendo la opuesta, apostando a incrementar la demanda y restringir la oferta agregada (a través de trabas a las importaciones), pese a sus consecuencias negativas en materia de estabilidad macroeconómica. Todo esto en una economía que se apresta a cumplir, en 2015, 11 años con subas de precios a tasas de dos dígitos y casi 9 consecutivos con una inflación superior al 20% (comportamiento que sólo se comparte a nivel global con Venezuela), quedando para la próxima administración la ardua tarea de comenzar a revertir esta tendencia, para lo cual deberá implementar una agenda de estabilización que contemple una verdadera política anti-inflacionaria.

Para el final queda una pregunta: Cuál será el nivel de morosidad cuando en los próximos meses lleguen los resúmenes de consumos con tarjeta, todas al ritmo de ¡¡¡cuota, cuota, cuota!!!.