jueves, septiembre 10, 2020

 EDICIÓN 1059

Se renovó el Protocolo para sesionar en Diputados 

El trámite transitó en medio de fuertes episodios en la provincia de Buenos Aires    

 Una serie de incidentes de distinta conformación conmovieron la provincia más grande y poblada del país cuando la Cámara de Diputados logró renovar el protocolo ante la pandemia de COVID 19, por 30 días hábiles. Las sesiones, cuando deban tratarse temas que demanden debates fuertes, serán en forma presencial, siempre que sean solicitadas por un mínimo de 10 diputados. Aquellos que se manifiesten en contra y lo justifiquen, podrán participar en forma remota.

En la tramitación normal, el desarrollo será de componente mixto, es decir presencial y a distancia. En cuanto al trabajo en las comisiones, se acordó que desarrollarán su labor en forma virtual.     

 Los sucesos de la semana

1. Toma de tierras. Fue en el partido de Presidente Perón, en el conurbano bonaerense. En la localidad de Guernica fueron ocupadas cerca de 100 hectáreas que después de horas de deliberación, la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo” y la devolución de los terrenos a sus propietarios.

Se pudo saber que, según el fiscal interviniente, “ocuparon el lugar 1.776 personas mayores de edad, que se instalaron en carpas y construcciones precarias con la intención apropiarse por la fuerza de dichos terrenos”.

Al cierre de la presente edición se buscaba la forma para proceder a la desocupación en la que interviene el juzgado de Derechos y Garantías.

2. La libertad domiciliaria para Lázaro Báez. El Servicio Penitenciario Federal, antes de adherirse a la protesta policial, dio marco a un episodio inaudito. Al arribo de la comitiva integrada por dos camionetas y un auto de custodia al lugar determinado para establecer el arresto domiciliario de Báez, se encontraron con una concentración de vecinos del barrio privado Ayres del Pilar, en la localidad de Pilar, que repudiaba la presencia del detenido en el lugar.

Previamente habían intentado ingresar los abogados del procesado que obtuvo el beneficio de

 arresto domiciliario, sin abonar suma alguna; que luego de ver la resistencia de los pobladores optaron por retirarse. Después de tres intentos frustrados, la comitiva pudo trasponer el lugar de ingreso, pero nuevamente fue impedido el desplazamiento de los vehículos por una sentada de los pobladores.

No hubo más remedio que dar literalmente, marcha atrás y, con el parabrisas estallado, retomar el camino hacia el penal de Ezeiza. La escena fue trasmitida en directo por varios canales de televisión.

A la espera del nuevo lugar donde continuar la detención, Báez, seguramente encontrará entre    más de 440 propiedades que posee, el lugar que reúna condiciones y pueda ser adaptado a la actual circunstancia.

En otro orden, trascendió que el procesado Báez adeuda alrededor de un millón de pesos en concepto de expensas y éste constituye un motivo más de enojo para los vecinos que acusan al propietario -pese a su condición de moroso-  de contar con los servicios comunes del country,

 

3. Protesta Policial bonaerense en varios puntos del interior. Puente 12, Adrogué, Lanús, Mar del Plata, La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Junín, Bahía Blanca, Olavarría y Tres Arroyos, entre otras, son las localidades donde efectivos policiales bonaerenses desarrollaron fuertes manifestaciones.  Todo dio inicio a través de convocatorias realizada a través de redes sociales, dos días antes del martes pasado cuando estalló la vigilia en un intento por obtener nuevas condiciones para salarios, instrucción, provisión de elementos de seguridad y otros como reparación del parque automotor.

Patrulleros, motos, sirenas, balizas azules y banderas argentinas a las que se sumaron pancartas con fuertes expresiones de reclamo fueron la decoración imperante en los escenarios de la protesta. Más tarde se sumó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al reclamo de la Policía en la provincia. Tras observar las masivas protestas, los oficiales que trabajan dentro de las cárceles decidieron unirse, a la vez que un sector hizo circular un petitorio dirigido al ministro de Justicia provincial, Julio Alak, en el que solicitaron un aumento salarial del 56% y la convocatoria a una mesa de diálogo para resolver el conflicto.    

Lo dispuesto por la Cámara de Diputados en Labor Parlamentaria

Como era la pretensión de Juntos por el Cambio, las leyes que suscitan mayor discusión podrán tratarse de forma presencial, aunque no en el recinto, sino en un espacio más amplio que garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias. Al respecto fueron citados algunos establecimientos ubicados en la citi porteña  

El acuerdo logrado, tras un delicado transcurso, fue rubricado en clima de armonía por los jefes de bloque, tras una reunión de Labor Parlamentaria en el Salón de Honor encabezada por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

El resultado de la reunión, fue interpretado como un triunfo por el interbloque presidido por Mario Negri, que consiguió que temas como la reforma judicial, el Presupuesto 2021 o la ley de movilidad jubilatoria puedan ser abordados de modo presencial. Idéntico sentir llegó para Unidad Federal para el Desarrollo y en el Interbloque Federal, espacios encabezados por José Luis Ramón y Eduardo Bucca.

En el acta de la reunión, los jefes de bloque refrendaron la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto por 30 días hábiles, de modo que las comisiones podrán reunirse y dictaminar de manera virtual.

El recinto podrá funcionar, con un máximo de 45 diputados presentes y el resto, conectados desde sus hogares, oficinas o dependencias oficiales.

Para el tratamiento del proyecto de reforma judicial, tendrían lugar varias semanas de debate con especialistas, según expresiones de Massa. En tanto, desde Juntos por el Cambio destacaron que, con ese esquema, sería necesaria una nueva prórroga del protocolo en el medio, lo cual abriría una nueva ventana de negociaciones. Actualmente, el proyecto está en Diputados a la espera del giro formal a comisiones: serían las de Asuntos Constitucionales (cabecera), Justicia, y el oficialismo podría aceptar sumar la de Presupuesto y Hacienda.

Otro de los jueces apuntados por senadores oficialistas pide intervención de la Corte     

 En relación con la reciente sanción en la Cámara de Senadores, el juez del Tribunal Oral Federal 7, Germán Castelli, pidió que la Corte Suprema de Justicia intervenga de inmediato para que el Senado de la Nación no avance sobre su traslado operado en el año 2018.

Castelli, junto a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, es otro de los apuntados por los senadores kirchneristas pretenden su traslado del tribunal donde se encuentra.

Castelli no asistió el viernes pasado a la audiencia celebrada en la comisión de Acuerdos del Senado, que redactó un dictamen donde resuelven dejar sin efecto su traslado al Tribunal Oral Federal N° 7 de esta capital, donde se llevará a cabo el juicio en la causa por los cuadernos. Castelli siguió el camino adoptado por Bruglia y Bertuzzi de apelar a la Corte Suprema a través de un “per saltum”, argumentando la “notoria gravedad institucional” que ha rodeado a su juicio su caso.

Sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi, el senador oficialista Mario Pais dijo que “la Constitución prevé el acuerdo (de la Cámara alta) para la Corte Suprema y para los jueces federales inferiores. El Consejo de la Magistratura observó que estas designaciones estaban incompletas” y explicó que “los traslados tuvieron dictamen favorable del Consejo de la Magistratura y por decreto del Poder Ejecutivo, pero no tuvieron acuerdo del Senado”.

En ese sentido, el legislador del Frente de Todos señaló que una acordada de la Corte estableció que “en el cambio de jurisdicción y naturaleza de competencia de un magistrado, todo magistrado para acceder al cargo que tiene debe pasar por el sistema que prevé la Constitución”.

El juez Castelli había presentado en su momento, un amparo que fue desestimado por la justicia de primera instancia. 

Mientras tanto, en su última reunión la comisión de Asuntos Constitucionales de Senadores, que preside la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, FdT,  para tratar una cuestión de privilegio solicitada por el senador  por Río Negro, Martín Doñate, FdT, contra el procurador interino Eduardo Casal.

Según el senador el procurador incurrió “en un gravísimo incumplimiento”, al negarse a tomar juramento a los nuevos integrantes del Jury de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. “Estamos evaluando el rol de un fiscal que se arroga facultades supraconstitucionales, que viene a cuestionar la validez de las decisiones del Senado de la Nación. Yo me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno que puso por decreto a los representantes del Senado. No, no lo hizo”, 

La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Pro, pidió el retiro de la cuestión de privilegio al fundamentar que “no corresponde el tratamiento de dicha cuestión dado que deviene en abstracta, porque el Ministerio Público Fiscal se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa a Doñate, ya hay en 48 horas día y lugar”. Y en segundo lugar, consideró que “no hay reglamento de cómo se debe tratar una cuestión de privilegio. Nunca en la comisión se trató una cuestión de privilegio. Los senadores de la oposición estamos en absoluto desconocimiento sobre si se está comentando, si se va a votar o cuál será el procedimiento porque no hay un reglamento interno que lo explique”.

La presidenta de la Comisión respondió que “no es una cuestión abstracta porque, en el ámbito de la cuestión de privilegio, se está evaluando una denuncia penal contra el procurador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.

  

Los primeros datos del eventual cálculo

en la movilización jubilatoria     

 Marcelo Casaretto, titular de la comisión bicameral que estudia la movilización jubilatoria, sostuvo en declaraciones radiales que “la fórmula tendría básicamente tres componentes: por un lado, la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad; por otro, las actualizaciones de precios derivadas de la inflación; y el último sería la vinculación con la recaudación del sistema previsional”.

Estas serán las variables que se tomarán para el cálculo, y la comisión buscará cerrar el proyecto de ley en el transcurso de este mes enviarlo para su tratamiento antes de fin de año. Sostuvo que de la combinación de esas tres variables va a salir el índice de actualización que “estaría más cerca de la fórmula de 2008 que de la de 2017”.

Casaretto recordó que luego de suspender la fórmula dictada por el gobierno anterior, el actual otorgó aumentos por decreto en los meses de marzo, julio y septiembre, además de aumentos de sumas fijas. De esta forma “los jubilados que ganan la mínima y un poco más -alrededor del 94% de los jubilados- están recibiendo aumentos por encima de la inflación”. Se conoció que, en la nueva etapa de movilización, la actualización será semestral.    

En tanto, en la reunión número 16 de la comisión Bicameral Mixta de Movilidad Jubilatoria, los representantes de la Confederación General del Trabajo, de la Central de los Trabajadores de la Argentina y de la CTA Autónoma Nacional expusieron en la última reunión de la comisión.

En representación de la CGT, estuvieron presentes Federico West Ocampo y Marta Pujadas. El primero recordó el reclamo de la central obrera por un “aumento de emergencia para los jubilados” y argumentó que “aumentar la base permitiría mantener un ingreso distinto al que tienen los jubilados hoy, con cualquier fórmula que podamos acordar”.

El secretario general de la CTA y diputado nacional de Frente de Todos, Hugo Yasky, llamó a “garantizar que ningún jubilado quede en situación de pobreza, esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada”.

En tanto, por la CTA Autónoma Nacional, estuvieron presentes el secretario adjunto, Hugo Godoy, y Horacio González.  Godoy destacó que “los haberes están sumamente retrasados y la mayor parte de los jubilados tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Debemos pensar en un mecanismo que permita preservar y elevar los ingresos de los jubilados”, sostuvo.

 


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