miércoles, octubre 26, 2022

 EDICION 1150

El tratamiento del Presupuesto 2023 en el recinto

 

En jornada histórica, plena de situaciones de tensión, se logró la sanción del Presupuesto. Quedaron rechazados polémicos proyectos. La sanción definitiva pasa a Senadores          

 



La sesión especial solicitada por el presidente de la bancada oficialista Germán Martínez fue fijada para las 12.30 a efectos de considerar el único punto del día. Comenzó una hora después.

La agenda estableció un único tema:

 

  • *      Expediente 0038-JGM-2022 sobre Mensaje Nro. 0035/22 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2022 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

Resultó aprobado en general; obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. 

Pasa en revisión a la Cámara de Senadores

Previamente se desarrolló en el Salón Delia Parodi y con la exclusiva presencia de los presidentes de bloques, la sesión de Labor Parlamentaria para definir detalles de último momento.

No hubo conflictos, se acordaron diversas cuestiones de privilegio y otras situaciones menores.

La sesión se abrió a las 13.44.  

Hubo medido apoyo opositor para lograr el quórum reglamentario. El Frente de Todos contó con habituales aliados del interbloque Provincias Unidas: los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y los misioneros Diego Sartori y Eduardo Fernández. No se presentó al quórum el diputado Máximo Kirchner.

El oficialismo no llegó a completar los 129 requeridos.  

Se sumaron dos miembros del bloque SER: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.

A las 13.41 comenzaron a normalizarse las pulsaciones en el bloque oficialista.

Los primeros que arribaron fueron de la bancada Evolución Radical.

No dio quórum el titular de ese bloque, Rodrigo de Loredo, ni tampoco Martín Tetaz o Alejandro Cacace, quien apareció en medio de la ejecución del Himno Nacional.

Llegarían luego los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; minutos después los diputados de la UCR Jorge Rizzoti, Jujuy, Víctor Hugo Romero, Córdoba, Miguel Bazze, Buenos Aires y Martín Arjol, Misiones.

Gran parte del interbloque Juntos por el Cambio no aportó al quórum; así como tampoco Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, ambos del interbloque Federal, mientras que desde el Pro en un comunicado expresaron su posición de abstenerse en la votación.

La bancada que conduce Cristian Ritondo argumentó: “Esta posición se fundamenta en que si bien el Gobierno ha aceptado incorporar algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en particular”.

Recordaron que “el Gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se convierta en la oportunidad para aumentar la planta del Estado y de las empresas públicas. Aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto 2023. Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, adelantaron.

Señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplina del Poder Judicial. Defendemos la legalidad. Nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias.

Si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.

 

El debate

Posteriormente se inició el debate en general, el miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller advirtió, en virtud de lo ocurrido el año pasado, “no se puede volver dejar al país, no al Gobierno, sin esa herramienta que es el Presupuesto”. Falto expresar que los faltantes fueron en parte representantes del oficialismo.

Consideró que la iniciativa, recibió 30 modificaciones, es “realista” y “de cumplimiento posible”. “No es cierto que este sea un Presupuesto de ajuste”, enfatizó en tres oportunidades, al tiempo que resaltó que “está orientado en cinco pilares”: infraestructura, salud, educación, ciencia e innovación, e inclusión social activa con perspectiva de género. valoró que el proyecto “es producto de sostenidos debates, es una versión mejorada de la enviada por el Poder Ejecutivo. 

“Somos absolutamente conscientes que es muy grande el vaso vacío, que son muchísimas las cosas que tenemos por delante y es necesario resolver, y que por eso hay que trabajar mucho para ir avanzando en esa dirección, y entendemos que el proyecto va en esa dirección”, afirmó. 

Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos, señaló que “se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, al referirse que el proyecto plantea una inflación del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.

“El Gobierno le brinda un seguro de cambio gratuito a los inversores para que ganen con la inflación o con la devaluación, nunca se hizo algo así”, advirtió y añadió que “ese bono genérico es de imposible colocación con una magnitud de realización inexistente”. Manifestó que “el tipo de cambio se ha venido atrasando sistemáticamente” y sostuvo que “el BCRA es un gigante Papá Noel que derrocha la plata: toma crédito a tasas extravagantes y presta a tasas bajas; compra dólares caros y los vende baratos; y encima, se endeuda en dólares para generar reservas y las pone en moneda devaluada”.

“El Estado pierde 600.000 millones de dólares en imprenta por seguir emitiendo billetes de bajas denominación. Las monedas se venden como metal porque no tienen valor fiduciario y, además, nadie en el BCRA controla el ingreso y salida de ‘dólar soja’, que encima se compra más de lo que se vende”, remarcó el legislador.

López Murphy declaró oponerse a la aprobación del Presupuesto y lo consideró “ley botica” porque “hay de todo en este Presupuesto: se inventan artículos el día anterior, se dejan de hacer inversiones en temas razonables y se achican los gastos en sectores como Defensa”.

En el cierre, criticó que “no haya un proyecto para poner un orden en la dinámica de la seguridad social”, y concluyó: “Hay una presión del Estado sobre la sociedad civil al aumentar el gasto público del 25 al 45 por ciento”. El Presupuesto es tan impresentable como el Gobierno

Alejandro Rodríguez, presidente del interbloque Federal, adelantó su apoyo al proyecto del Presupuesto 2023.

“Se trató en tiempo y forma, de manera responsable”, y señaló que acompañarán, en general, lo establecido en el proyecto de ley del Presupuesto 2023”, pero planteó dos observaciones: una para saber “porqué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones”, y la segunda es que cree que “hay una cuestión institucional con algún motivo extrapresupuestario para distraer los esfuerzos con lo que trabajaron en el presupuesto nacional”.

Respecto a las cuestiones del Presupuesto que generan diferencias, sostuvo que “hay partidas que se escriben con la izquierda, pero se ejecutan con la derecha”, con relación a que lo consideró como “un presupuesto que no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.

José Luis Espert , Avanza Libertad, ratificó su rechazo al proyecto.

Puntualmente enfocó dos ítems: energía y situación fiscal.El artículo 16°, referido a las deudas que va a asumir el Tesoro con Yacyretá, Salto Grande, que hará que “todos los argentinos paguemos con más impuestos, con más inflación, con más pobreza, las barbaridades que han hecho este y otros gobiernos congelando tarifas, para alimentar la mentira de un populismo inconducente”.

Como contracara los subsidios que “este año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde 2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”.

Espert se refirió luego a los artículos 23 y 24, referidos a energías renovables. Al respecto recordó aquel dicho que “los números no mienten, los que mienten son los que los hacen”. Apuntó en ese sentido que “la Secretaría de Energía nos miente desde hace años”. Citó los artículos que incluyen a la empresa Enarsa, a la que definió como “un monstruo creado solamente para robar, que debería ser cerrado en forma urgente”.

 Itai Hagman, defendió los cambios que se dieron al proyecto de modo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y cargó contra la oposición al decir que el programa de “de ajuste drástico de la inversión pública ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.

Javier Milei, La Libertad Avanza, ratificó el rechazo de su bloque al proyecto.

Definió la “inconsistencia técnica más grosera es el supuesto de inflación del 60%”. Calificó al proyecto de “mamarracho nefasto. Por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”, abrió su discurso el liberal, adelantando la postura de su espacio a la hora de la votación.

“Hay que entender que el déficit fiscal es inmoral porque hay que financiarlo. Lo puede financiar, por ejemplo, tomando deuda, una verdadera atrocidad porque es cargarle la fiesta de las generaciones presentes a todas las generaciones futuras, algo verdaderamente aberrante”.

“No solo eso, porque si no lo financia con deuda lo financia con emisión monetaria.

Además, genera inflación. Una inflación que genera una redistribución del ingreso castigando a los más vulnerables”, precisó y chicaneó: “Justamente un Gobierno que se autoproclama progresista, redistribuye el ingreso en contra de los más vulnerables”.

Graciela Camaño basó su discurso al tema del pago de Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial, señalando que “no vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, y concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias. 

Martin Tetaz, “Este Presupuesto no me gusta.  Este Presupuesto es menos malo” fueron definiciones del economista.

Detalló que gastan más y construyen menos. Somos el único país de la región que se queda sin dólares. Es como quedarse sin vacunas en medio de la pandemia”.

La mejor forma de controlar esto es votar en contra.      

Citó el artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…la igualdad es la base del impuesto y de la carga pública. Hay gente en bancos públicos, en el Consejo de la magistratura. En la justicia.

Que bajen los impuestos y se terminen los privilegios

Por una vez en la vida sumemos esfuerzos y que los que siempre pagan impuestos, esta vez paguen menos”.   

 Las votaciones

El proyecto del Poder Ejecutivo, tuvo una treintena de modificaciones y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. El hecho ocurrió a las 5.12 de hoy miércoles.

Pasada la sanción en general, llegó el segundo momento de mayor tensión: la votación en particular de cada artículo.

·         Tasa aeroportuaria fijada por el artículo 121 resultó aprobada. Quedó aprobada por un voto.

·         El oficialismo retiró el artículo 95 del dictamen que delegaba facultades para aumentar retenciones y que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación.  

·         Cerca de las 7 de la mañana del miércoles, cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaba establecer que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento. 

La propuesta resultó rechazada con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 102, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones. 

·         Quedó aprobado el artículo que establece exenciones en Ganancias para el gremio de Camioneros.

·         Zonas aduaneras. Quedó aprobado el artículo 126 por 128 afirmativos y 118 negativos.

·         Fue incorporado una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.

 

 

Opiniones antes del debate del Presupuesto    

 Citamos a continuación algunas reflexiones surgidas desde los distintos sectores parlamentarios llegadas antes del inicio del debate.

El senador nacional Alfredo Cornejo, de viaja en España, al ser consultado por la cadena CNN sobre el Presupuesto, advirtió que “hay cosas que son imposibles de votar, por ejemplo, que el retraso tarifario que tuvieron Edenor, Edesur y demás lo paguen las provincias.

“Es increíble. Si el gobierno nacional, que fue el que retrasó las tarifas, hace cargo a los gobiernos provinciales, es imposible que los usuarios se hagan cargo de eso”.

“No puedo hablar por todo el radicalismo, pero coincido que tal y como está no debería votarse el Presupuesto”, sostuvo el senador Cornejo.

“Hay varios artículos que no deberían votarse”, concluyó.

Si un camionero paga ganancias, ¿por qué no lo haría un juez?” fue la manifestación del legislador Marcelo Casaretto, Frente de Todos, al defender la propuesta impulsada por él que fue incorporada al Presupuesto 2023 y que afecta a magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Al respecto, en círculos judiciales las repercusiones son varadas.

La Corte se reunió de urgencia y articuló la respuesta con los distintos sectores judiciales.

Piumato anunció un paro.

El Poder Judicial rechazó en bloque la iniciativa del Gobierno para que los judiciales paguen Ganancias y prevén un conflicto entre los tres poderes del Estado.

La Corte Suprema se reunió de urgencia luego de que el oficialismo incorporara en el Presupuesto 2023 un artículo que obliga a jueces, fiscales y empleados judiciales a pagar Ganancias. El Máximo Tribunal estuvo en diálogo permanente durante todo el día con todos los sectores, e incluso se especula con un pronunciamiento público, aunque se descarta que la respuesta final será un fallo por inconstitucionalidad.

Mientras, el PRO se inclina por no aprobar Ganancias y en la UCR se eleva la ´tensión.  

Las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron el lunes a los representantes de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional. Los magistrados hicieron hincapié en que “no” están en contra de pagar Ganancias, pero quieren que “se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”.

El titular de la Comisión, Carlos Heller, indicó: “Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto incluido en el dictamen se saca o se posterga y, en ese escenario, tener en cuenta la referencia que los jueces nos están haciendo de convocar a una mesa de diálogo para encontrar un consenso”. Dejó en claro: “Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más”.

Por su parte, el diputado del Pro Pablo Tonelli anticipó su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.

“Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces” implicaría” una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110″, señaló.

En otro orden, los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca fustigaron a las principales bancadas.

Los diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda Unidad rechazaron el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Myriam Bregman cargó contra los distintos bloques que se aprestan a aprobar el proyecto. Señaló que “nadie que se diga de izquierda o progresista puede convalidar semejante ajuste. Solo el bloque de la izquierda levantó su voz y lo va a rechazar: habrá que mirar bien quienes acompañan a Juntos y el Frente de Todos en su sociedad”.

Por su parte, Nicolás del Caño, observó que “queda claro que el relato liberal de que los aumentos de salarios y jubilaciones causan inflación no explica al menos lo que sucede en la Argentina. Por el contrario, un motor clave de la inflación es el aumento de los precios que ordenan los grandes empresarios con el objetivo de aumentar sus márgenes de ganancias. Esto que padece cualquier laburante cuando va al supermercado o cuando tiene que pagar el alquiler tiene como contracara la fiesta del gran empresariado, fiesta que convalidarán a cuatro manos los bloques del oficialismo y la oposición”.

El bloque Córdoba Federal, presidido por Carlos Gutiérrez, anticipó su enfático rechazo al artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para poder tocar las alícuotas en retenciones,

Respecto del régimen de promoción fueguino se anunció la decisión de no modificar el propósito y aplicar una suba de impuestos compensatoria. Hubo renovado interés a partir del pedido de la Coalición Cívica de derogar la Ley 19.640, cosa que provocó la reacción de los legisladores fueguinos, incluidos -y sobre todo- los de los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio, que reprocharon a sus socios por esa medida “inconsulta”.

La discusión subió un escalón más al trascender las fronteras fueguinas y pronunciarse el Comité Nacional de la UCR, que rechazó “de forma tajante” el proyecto de ley presentado por los legisladores de la Coalición Cívica.

En este marco trascendió que el ministro de Economía, no vería con malos ojos esa medida, al punto tal que el senador nacional Pablo Daniel Blanco llegó a hablar de “una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

La realidad es que desde Economía plantearon la posibilidad de compensar la erogación de ese fondo aplicando un aumento de impuestos, que fue confirmado durante el debate en comisión del Presupuesto.

Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) refiriéndose a las modificaciones al proyecto cuestionó que “no es realista porque plantea cosas absurdas”.

Consideró que “el presupuesto fue diseñado macroeconómicamente, pero no enfrenta ningún problema”, y explicó: “El principal problema fiscal es el Banco Central que compra divisas a un precio más alto de lo que vende y, además, se endeuda en dólares y genera reservas en pesos”.

Principales puntos de la Ley de Leyes

Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio.

Se incorporó un artículo que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago de Impuestos a las Ganancias. Modifica el esquema de deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de ese sector y aliviará la carga tributaria sobre sus salarios.

Sobre los pedidos para la incorporación de obras que ingresan día tras día a Diputados,  se introdujeron cambios en la redacción del artículo 11 en el que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a “incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios en la medida en que ellas se financien con cargo a las facultades previstas”, y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.

El artículo 13 sufrió modificaciones; establece la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función, formal y no formal, de la educación”.

Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior, se fija en el artículo 81  una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.

Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.

Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.

El artículo 83 también fue modificado, el cual trata sobre las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que será de “47 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”, y explica que “el 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”.

Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 89, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones. A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.

“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.

Otro de los cambios fue sobre el artículo 96 que crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.

Por otra parte, se agregó al artículo 61 el Fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos, ya que solamente contemplaba al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos para la exención de derechos de importación, tasas por servicios portuarios, de impuestos internos y del IVA para las “importaciones para consumo de bienes de capital, material aeroportuario y de los repuestos relacionados destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento del sistema nacional de aeropuertos”. Los beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive.

A su vez, se suprimió el artículo 129 que había sido pedido por el diputado oficialista Sergio Palazzo que derogaba una exención que encarecía el costo de la medicina prepaga.

Se modificó el artículo 115 que deroga el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo que trata sobre “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas.

A su vez, los artículos 71 incorpora que “podrá destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia”.

El artículo 72 agrega la creación de un Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina “mediante el cual las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.

Por otro lado, el artículo 95 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las facultades del Poder Ejecutivo sobre retenciones.

Se anunciaron incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.

También se aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación.

El oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.

El nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones”.

Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Por otra parte, se anunciaron incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.

También se aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación.

Todos los puntos citados, son 142 artículos en 49 folios, serán puestos en debate y dependerá del número de votos que consiga cada artículo para ingresar oficialmente a la sanción que luego será revisada por la Cámara de Senadores

 

 

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo   

 

 

Ø  MILMAN, GERARDO; RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; TORTORIELLO, ANIBAL; LOMBARDI, HERNAN; SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR; TORELLO, PABLO; ROMERO, ANA CLARA; BACHEY, KARINA ETHEL; SANCHEZ, FRANCISCO; STEFANI, HECTOR ANTONIO; RODRIGUEZ MACHADO, LAURA; CORNEJO, VIRGINIA; CIPOLINI, GERARDO; AJMECHET, SABRINA Y MORALES GORLERI, VICTORIA: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PLAN DESARROLLADO POR EL COMANDO UNIFICADO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESALOJO REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA MASCARDI, PROVINCIA DE RIO NEGRO.

 

Ø  ORREGO, HUMBERTO MARCELO Y LACIAR, SUSANA ALICIA: DE DECLARACION. EXPRESAR PREOCUPACION POR LA EXISTENCIA DE 14 DIFERENTES COTIZACIONES DEL DOLAR QUE SE MANEJAN EN EL MERCADO LOCAL

 

Breves

 

  

Resultados del Censo. Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, encabezados por el titular de la bancada Pro Cristian Ritondo, solicitaron al Poder Ejecutivo que el INDEC informe los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 realizado el pasado 18 de mayo.

Los resultados preliminares del censo se iban a dar a conocer a los 90 días de relevados los datos, sin embargo, a la fecha, eso no ocurrió.

En virtud de ello, desde JxC reclaman que se “especifique las razones de la demora en la publicación de los resultados preliminares, y las medidas o acciones que está arbitrando el INDEC para agilizar dicha publicación”.

“El Gobierno prometió celeridad en la difusión de los datos del censo, por los mecanismos tecnológicos que hoy se disponen, pero como viven postergando todo, seguimos esperando. A esta altura nos parece un acto de irresponsabilidad institucional que no se difundan los datos que son determinantes a la hora de asignar recursos”, aseveró Ritondo.

 

 

Según su hijo. Sin buscar enfatizar, Máximo Kirchner  sostuvo ,“Creo que Cristina no va a ser candidata”.  El diputado nacional y líder de La Cámpora, restó importancia a suspender las PASO y dijo que sería "extraño" que Alberto tenga competencia en las primarias si va por la reelección.

“El peronismo no tiene candidatos” presidenciales, hasta el momento, tuvo consideraciones respecto de la provincia de Buenos Aires. Si bien no fue tajante, puso sobre la mesa el nombre de Axel Kicillof, como candidato para volver a encabezar la “madre de las batallas”, donde se concentra cerca del 40% del padrón electoral. Para el escenario bonaerense, aunque también usó el potencial (“supongo”), no formuló una enumeración de posibles candidatos. Sólo postuló al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

 

Gabriela Cerruti única portavoz. Finalmente logró desplazar a su segundo en el área de Comunicación del Gobierno y ahora va por el manejo de la pauta publicitaria. La vocera mantenía tensa relación con Marcelo Martín, que acompañó a Alberto Fernández y estaba en el Gobierno desde que el presidente asumió en diciembre de 2019. Cerruti no lo dejaba trabajar como Martín quería y el fueguino había visto reducida su labor a un simple difusor de gacetillas. Con la salida de Martín no queda nadie del equipo inicial.


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