EDICION 1122
En el inicio de
la “guerra a la inflación”
El anuncio presidencial fue el viernes
pasado, ya entrada la noche; los acontecimientos de peso comenzaron a llegar el
sábado por la madrugada, pero no fueron noticias que repercutieran rápidamente
en favor de los involucrados.
Como es habitual, hicimos consultas con
los expertos analistas del Instituto para el Desarrollo Social Argentino quienes
diagnosticaron que la estrategia oficial es más de lo mismo.
Señalaron que en los dos primeros meses del año, la
inflación se ubicó en el 4% mensual, lo cual significa un 60% anual. Un
indicador sensible, como son los alimentos, vienen creciendo al 6% mensual lo
que implica un 100% anual. La luz de alarma que mayor inquietud debe haber
causado es que los precios de los alimentos en el Gran Buenos Aires están
creciendo por encima del promedio nacional.
La guerra
contra la inflación, anunció el Presidente, se va a afrontar con controles de
precios, ley de abastecimiento, aumento de los derechos de exportación de la
harina y aceite de soja en un 2% para financiar un fondo de estabilización del
precio del trigo Así también la convocatoria a representantes empresariales,
sindicales y de organizaciones piqueteras.
Desde el ámbito
parlamentario la oposición se manifestó crítica, toda vez
que el trámite debe pasar por el Congreso. “Es inconstitucional. Como es un
decreto de necesidad y urgencia (DNU) debe ser tratado primero por la Bicameral
de Trámite Legislativo y luego por las cámaras”, advirtió el presidente del
bloque radical de Diputados, Mario Negri.
Volviendo al
tema, se trata de las mismas medidas que se vienen anunciando y aplicando hasta
hoy.
Dado que la
inflación se mantiene creciendo, la decisión de ir a la guerra con las mismas
armas con las que se viene perdiendo todas las batallas, sugiere que la
estrategia oficial es usarlas con más intensidad.
La pregunta es
si más de lo mismo aplicado con más intensidad, podrá apaciguar la inflación.
Para
responderla vale observar la evolución de tres datos básicos en la última
década.
Según el
Ministerio de Economía, entre el 2011 y el 2021 se observa
que:
·
La emisión
monetaria acumulada en la década aumentó un 2.200%.
·
La inflación en
el mismo período fue de 2.000%.
Los datos
muestran que mientras la cantidad de bienes y servicios (PBI) es la misma que
hace una década atrás, la cantidad de billetes emitidos por el Banco Central
creció en 22 veces.
En este marco,
querer bajar la inflación con controles de precios, ley de abastecimiento (el diputado Omar De
Marchi pidió eliminar dado que a su juicio contiene disposiciones
manifiestamente inconstitucionales), retenciones y acuerdos con dirigentes
empresariales, sindicales y piqueteros, es voluntarismo.
La tesitura de
que la inflación es un fenómeno multicausal es cierta.
Pero cada
factor causal tiene una importancia diferente según el contexto.
En la
actualidad, el déficit fiscal obliga al Banco Central a emitir más dinero
del que la gente quiere aceptar. El Banco Central recupera parte del exceso de
emisión con Leliq y pases. Pero como este instrumento está saturado hay un
exceso de emisión que presiona sobre los precios.
Una guerra
contra la inflación con la máquina de imprimir billetes funcionando a pleno es
guerra perdida.
Lo más
contradictorio de la guerra contra la inflación es que para el gobierno es
vital que la inflación siga siendo alta.
En el acuerdo
con el FMI se dejó claro que la decisión del gobierno es no reducir el gasto
público. Incluso se seguirán expandiendo los subsidios económicos ya que las
tarifas se actualizarán por debajo de la inflación.
Esto es lo que
permite hacer la ostentación de que es el “primer acuerdo que firma el FMI sin
ajuste”.
Pero para que
esto sea posible se necesita seguir aplicando el ajuste inflacionario, como se
viene haciendo hasta ahora.
Es decir,
apelar a que la recaudación aumente al ritmo de los precios, mientras el gasto
público (en especial, las jubilaciones) lo hace a un ritmo inferior. Así
entonces, la inflación es el único instrumento que juega a favor de moderar el
déficit fiscal. Por eso, guerrear contra la inflación es dispararse a los
pies.
La manera de
evitar el ajuste y bajar la inflación es ordenando el Estado.
Pero mientras
siga prevaleciendo el desorden (previsional, tributario, funcional, etc.) es
inevitable el ajuste.
El ajuste puede
ser explícito (aumentando impuestos o recortando gastos) u oculto (apelando a
que la inflación logre el mismo resultado licuando gasto). Lo que no es posible
es el planteo del gobierno que pretende: no ordenar el Estado, no aplicar
ningún ajuste fiscal explícito y reprimir la inflación impidiéndole que haga el
ajuste licuando el gasto público.
Plato fuerte en Senadores: debate sobre el
Consejo de la Magistratura
Tan es así que de no estar dispuesta para
esa fecha una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura
serán nulos.
A
última hora el interbloque de Juntos por el Cambio presentó el lunes pasado un
proyecto de ley para la modificación en la integración del Consejo de la
Magistratura.
El
documento es producto de las iniciativas presentadas por legisladores de la
coalición tanto en la Cámara alta como en la baja.
Por
otra parte, el jefe de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, consideró
“inaceptable” la composición que propone la iniciativa oficial y advirtió que
en esta reforma “se pone en juego la agenda de impunidad
El proyecto de
reforma que envió el Poder Ejecutivo, difiere de la composición original que la
propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque este proyecto no
contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.
Dicha
iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La
iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla
también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos
deberán ser ocupados por mujeres.
Por el
contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de
Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces,
ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría
y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos
miembros del sector académico.
Por ser un tema
de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora.
Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentaría un contraproyecto
unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político
respecto del tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de
Justica.
Las reuniones en el
Plenario de Comisiones
A las 16.08 comenzó la reunión de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que tuvo la presencia del
ministro del área, Martín Soria y del presidente del
Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
El ministro inició su exposición lamentando el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de diciembre del año pasado al que calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país. Este fallo pone en jaque la división de poderes. No es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano. De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial. Según el fallo que declara inconstitucional una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios. No solamente eso, sino que lo que es más grave que al declarar la inconstitucionalidad”
El ministro sostuvo que el proyecto
oficial busca facilitar los consensos parlamentarios y aseguró que “no difiere
mucho” del presentado por el gobierno anterior, en 2017, suscripto por el
ministro Germán Garavano.
El nuevo organismo tendría 4 jueces o
juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de
la justicia del interior; seis legisladores, dos del bloque mayoritario y uno
por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de
matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por
el estamento académico científico: dos
representantes de ese estamento.
“Creemos que es una composición
inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional”, sentenció.
Para que no quedaran dudas sobre sus
conceptos cerró su relato expresando que “el Congreso no puede permitir que la
Corte los obligue a legislar, como tampoco se arrogue facultades legislativas
que están reservadas solamente al Congreso de la Nación. Y de la misma manera,
frente a esta disyuntiva, o buscamos una salida responsable, o dejamos que esta
Corte Suprema nos condene a todos a la parálisis del Poder Judicial de la
Nación”, planteó, para concluir diciendo que “confiamos que este Congreso va a
tener la responsabilidad que esta Corte Suprema no tuvo”.
Al día siguiente, continuó por la mañana,
la reunión de las comisiones.
Abrió el capítulo el rector de la
Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó del proyecto
oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos. Destacó
la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). sostuvo que ese
organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”,
señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal
de este miembro.
Por su parte, Daniel Sabsay, criticó al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.
Se manifestó en contra de la presencia de
legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no
deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el
Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de
representantes no legislador
Es un problema de separación de poderes
-expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es
monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la
presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez,
no es un legislador, no ejerce dos poderes”.
A continuación, el abogado constitucionalista Alberto Spota sostuvo que “tiene que haber un representante de la Corte en el Consejo” y consideró que “el Poder Ejecutivo sí tiene que estar en el Consejo”. Luego se refirió al Poder Legislativo y sostuvo que “para mi tiene que haber cuatro representantes de cada una de las Cámaras: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría”. “No necesariamente tienen por qué ser abogados”, continuó al tiempo que consideró que “cada uno de los bloques decida si quiere enviar o no al Consejo a un diputado o a un senador o si pretende mandar, cada bloque, a un representante”. Por último, en relación a las universidades manifestó que “tienen que ser elegidos y electores profesores por concurso, de universidades públicas o privadas, siempre y cuando las privadas estén acreditadas por la CONEAU”.
Expuso luego Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, “no lo tengo del todo zanjado”, pero la posibilidad de que sea así “presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas”.
Consultado por la senadora oficialista Anabel
Fernández Sagasti sobre “los fondos reservados de la Corte”, Marías informó
que “la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60
mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan
estupendos dividendos todos los meses”.
Al término de las exposiciones se puso a
la firma el texto del dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el
Consejo de la Magistratura. Fuel el senador Oscar
Parrilli quien anunció el pase a la firma del despacho y el
respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la semana
próxima en el recinto.
La iniciativa oficial no cuenta con el
respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y la
diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema
dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida.
El apoyo de los aliados resulta
fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la
cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.
Para el final dejamos las palabras del presidente
de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillerno Snopek en el
sentido de que “muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir
sancionado”, y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo
que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no fueron
mencionadas.
Al finalizar la
reunión el presidente del plenario, informó que cada bloque puede emitir su
dictamen y que “va a ir al debate final”.
Pedidos del
Poder Legislativo al Ejecutivo
Ø
ROMERO, ANA CLARA Y TACCETTA, MATIAS: MEDIDAS
ADOPTADAS POR CANCILLERIA ARGENTINA PARA SUBSANAR EL CONFLICTO ENTRE LOS
PRODUCTORES VITIVINICOLAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA JUNTO A LA CAMARA QUE LOS
NUCLEA, Y EMPRESAS PRIVADAS POR LA UTILIZACION DE LA MARCA
COMERCIAL “PATAGONIA”.
Ø
CAMAÑO, GRACIELA: DIVERSAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL CONTRATO FIRMADO CON LA CORPORACION NUCLEAR CHINA - CNNC -
PARA LA CONSTRUCCION DE UN PLANTA NUCLEAR EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Ø
ESPERT, JOSE LUIS; CACACE, ALEJANDRO;
LASPINA, LUCIANO ANDRES; LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO; MILMAN, GERARDO;
NEGRI, MARIO RAUL; PIPARO, CAROLINA; RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; SANCHEZ,
FRANCISCO; SANTILLI, DIEGO; TETAZ, MARTIN ALBERTO Y VIDAL, MARIA EUGENIA:
CONDICIONES QUE HACEN AL ENTENDIMIENTO ENTRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
(FMI) Y LA REPUBLICA ARGENTINA
Ø
GODOY, LUCAS JAVIER: DE
DECLARACION. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA QUE EL PRESTADOR DE
SERVICIOS DE TELEFONIA CECULAR SE ABSTENGA UTILIZAR LOS DATOS PERSONALES DEL
USUARIO CUANDO EFECTUE LA PORTABILIDAD NUMERICA A OTRA COMPAÑÍA
Ø
LOPEZ, JUAN MANUEL: DE RESOLUCION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS
CON LA SITUACION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
(EDENOR) Y OTRAS, EN EL MARCO DEL REGIMEN LEGAL DE LA ENERGIA ELECTRICA
Breves
Anunció que el interbloque Juntos por el
Cambio convocará a una sesión especial para tratar la derogación de la Ley
de Alquileres.
“Aunque no tengamos número vamos por la
convocatoria; nos hemos cansado de insistir. La vamos a convocar para que se
ponga en evidencia a ver quién va y quién no va”, desafió.
Por su parte, el bloque Frente de Todos
también se evalúan iniciativas. En una de ellas estaría trabajando el
sanjuanino José Luis Gioja.
Si bien la
semana pasada el Frente de Todos hizo un intento por sesionar, varios
desacuerdos con la oposición postergaron el trámite administrativo. Uno de
ellos, fue la adhesión al Consenso Fiscal 2022, que terminó quedando
por fuera del orden del día. “No estaba maduro para la primera sesión del año”,
reconoció uno de los legisladores de Juntos.
Entidades agropecuarias en Diputados. José Luis
Espert, Carolina Píparo, y Javier Milei,
de Avanza Libertad recibieron a representantes de la Comisión de Enlace de
Entidades Agropecuarias (CEEA), que buscan ayuda del Congreso para torcer
algunas de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno nacional en
materia de política agropecuaria, como el aumento de retenciones a los subproductos de la soja o
la intervención del mercado de trigo.
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