EDICIÓN 1053
Sesión especial
en Diputados
Ampliación del Presupuesto
y otras importantes sanciones
El martes pasado a partir de las 14,21 la
Cámara de Diputados realizó su sexta sesión especial, donde debatió una abultada agenda que se
inició con el tratamiento del proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre ampliación del Presupuesto
Dicha ampliación del denominado Presupuesto
Nacional 2020 se puede leer como una concesión del Poder Ejecutivo hacia el
Parlamento, toda vez que oportunamente el jefe de Gabinete fue, facultado por
un DNU función que resultó reiteradamente cuestionada por la oposición, por
asignar partidas directamente por decreto.
Tal vez esté allí la
razón para la llegada de la norma que ahora pide recibir sostén legislativo.
Durante el tratamiento de
la ampliación del actual Presupuesto, (recompuesto sobre la base del dejado por
el gobierno anterior) una suerte de síntesis fueron las palabras del presidente
de la comisión el miércoles pasado, antes de pedir un nuevo cuarto intermedio;
“aspiro que tengamos un dictamen único” dijo Carlos Heller, presidente
de la comisión de Presupuesto y Hacienda y apostó a tratar de “ver qué
cosas de las que aquí se han planteado pueden tener solución o acuerdo, o
encontrar un punto intermedio”.
Finalmente, en la tercera
reanudación ocurrida el jueves pasado, se logró la firma del dictamen de
mayoría con 27 votos afirmativos y 22 negativos.
Es oportuno recordar que
el actual “Presupuesto” es la suma de modificaciones sobre el que fuera
sancionado durante el gobierno anterior más revisiones y ajustes para adaptarlo
a las necesidades. Habrá que agregar la incidencia y permanencia de la Pandemia
en medio de la cuarentena local más larga del mundo.
La sanción de la Ampliación llega en
coincidencia con la firma del acuerdo entre nuestro país y los bonistas.
Entre las variables a normalizar se encuentran el déficit
fiscal, la emisión monetaria, las distorsiones en el mercado cambiario y la
inflación. Además, el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá iniciar las
negociaciones con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Es en este
escenario, que la Cámara de Diputados propone:
Ampliación
del Presupuesto Nacional de gastos 2020 sobre el dictamen de mayoría. Orden del Día 77.
Se incorporan $9.500 millones adicionales que serán transferidos a las
provincias para compensar pérdidas en el transporte. Se mantiene el IVA del
10,5% a la leche y la dolarización de deuda en pesos.
La nota de color estuvo a cargo de Cristian
Ritondo; el titular del Pro logró colar al proyecto un
fondo de 5000 mil millones de pesos para invertir en infraestructura de los
municipios de la provincia
de
Buenos Aires. El artículo en cuestión se había presentado durante el debate.
Máximo
Kirchner prestó
apoyo y justificó el aporte a la provincia. Sabemos además que es una provincia
solidaria, a la que sólo le devuelven la mitad de lo que aporta como fondos
coparticipables", destacó el titular de la bancada oficialista
Volviendo al debate, antes de dar paso a las expresiones de 33 diputados
anotados, el diputado Heller informó que los pedidos del representante del
radicalismo Luis Pastori, fueron incorporados al tratamiento de la ley,
además de otras aclaraciones, entre ellas que es falso que la Procuraduría
General de la Nación dejaría de auditar a la empresa Aerolíneas Argentinas,
ratificado posteriormente con la lectura de una nota de la presidencia de la aerolínea.
Finaliza la exposición, y en virtud de haberse acordado la no locución de
cierre, se procedió al llamado para la votación en general sobre el dictamen de
mayoría.
Conforme al tablero electrónico, sobre 255 señores diputados
presentes, 228 han votado por la afirmativa y 9, por la negativa, registrándose
además 16 abstenciones.
Posteriormente, se procedió al complicado
proceso de votación artículo por artículo: 1, 2 y 3 sin modificaciones, 4 con
modificaciones, 5 y 6 sin modificaciones, 7 votación nominal: 129 afirmativos
125, negativos; artículo 8 votación nominal: 129 afirmativos, 123 negativos;
artículo 9 y 10 sin modificaciones, 11 voto nominal: 135 afirmativos, 119
negativos; artículos con modificaciones que serán renumerados 12 con
modificación, 13, 14, 15, 16, sin modificaciones, 17 (nueva redacción), 18 al
21 sin modificaciones.
Queda aprobada y es girada a la Cámara de Senadores
A continuación, se anunció el segundo tema en tratamiento
- Proyecto de ley en revisión sobre restructuración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo ley local. Orden del Día 78.
El proyecto propone dar el mismo tratamiento a los tenedores de la deuda en la Argentina y aquellos tenedores bajo legislación extranjera. Se ofrece a los tenedores de deuda en dólares nuevos bonos en dólares y en pesos ajustados por CER, así como 29 títulos elegibles a ser cambiados entre 15 bonos en dólares elegibles para ser cambiados entre 15 bonos en dólares. La deuda restructurada alcanza los 41.700 millones de dólares.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, destacó que la sanción sobre la restructuración de la deuda coincide con el acuerdo logrado con los bonistas “el perfil actual de la deuda, tal cual está estructurada, tiene intereses por un promedio del 7,58%; y en la propuesta que estamos considerando quedaría en 2,39%. La vida promedio de la deuda en dólares es de cinco años y se duplicaría, pasaría a ser de diez años”, afirmó, mientras que “los pagos que la Argentina tendría que hacer hoy serían 32.400 millones de pesos entre el 2020 y 2024, y ese número se vería reducido a 2.152 millones”.
El diputado del Pro Luciano
Laspina, consideró que “es bueno el proyecto en el sentido de darle un
trato igualitario a los bonos bajo legislación local, que han sido muy
maltratados. Hoy no es un día cualquiera, hay una gran noticia para los
argentinos”, manifestó y dijo que “quedará para los historiadores respecto a si
se negoció bien o mal”
Al momento de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, valoró que esta reestructuración “va a implicar un alivio de casi 20 mil millones de dólares hasta 2030”. “No hay que desaprovechar ese esfuerzo de cara hacia adelante”, opinó e indicó que este canje “equivale al 12,9% de la deuda total del país” y “el 12,5% del PBI actual”, lo que “quiere decir que todavía tenemos un camino que recorrer”.
“Hemos saludado la decisión a la que arribó el presidente y el ministro
(de Economía, Martín) Guzmán” con los acreedores externos, celebró, y manifestó
que este acuerdo “va a sentar las bases para mejorar el acceso al
financiamiento no sólo del Gobierno nacional y las provincias, sino esencialmente
del sector privado que está en una situación de enorme dificultad”.
Por el oficialismo lo hizo Itaí Hagman, quien, remarcando los números durante la gestión anterior, señaló que
“esa Argentina pre-pandemia explica la gravedad de esta crisis económica”. “Si
no asumimos ese diagnóstico corremos el riesgo de no resolver”.
A su momento, el diputado José Luis Ramón sostuvo “Voy a tratar de dar un mensaje en positivo y un mensaje político en relación con este proyecto de ley que viene del Senado y que luego de haberlo estudiado en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, creemos que le tenemos que dar un mensaje muy claro a toda la sociedad argentina, a los acreedores y a aquellos que confían en que nuestro país tiene todas las capacidades para recuperarse. “No han pasado cuatro años de aquel 2016, cuando se aprobó por última vez en este Congreso la reestructuración de la deuda pública de la Argentina. Si bien la situación no es la misma de aquel 2016, donde lo que estaba comprometido con la deuda pública era un 50 por ciento del PBI de la Argentina, hoy ‑habiendo transcurrido cuatro años de ese 2016 y de esa última reestructuración‑ estamos casi a la par del PBI en esta tremenda deuda que tiene el país.
“Considero que la propuesta que está haciendo el Estado nacional es superadora de la situación real de poder cumplir con estos acreedores. Me satisface enormemente el hecho de que hay un ahorro muy importante del porcentaje de los intereses, que ya no es del 7 por ciento, sino que pasará a ser del 2,4 por ciento. “De manera tal que hay 24.000 millones de dólares de ahorro en intereses que hubiéramos tenido que pagar de continuar con esa estructura de deuda en dólares con jurisdicción argentina. Es decir que, en promedio, vamos a disponer de aproximadamente 24.000 millones de dólares, que es la suma que nos ahorramos solo en concepto de intereses.
Volviendo al trámite legislativo sobre el tema en discusión, se propone la votación en general y en particular sobre un único dictamen. Producido el llamado, el tablero electrónico, sobre 253 señores diputados presentes, se han registrado 247 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y una abstención.
Queda
sancionado definitivamente. ES LEY. Se comunicará al Poder Ejecutivo-
El resto de la agenda dispuso el tratamiento de los siguientes proyectos:
- Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba la modificación del artículo 6 de la ley espacios marítimos -23968- sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Expte. 0056-S-2020.
Queda
definitivamente sancionado. ES LEY. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- Modificación del art. 44 de la ley 26.061. de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Orden del Día 59.
Pasa en revisión al Senado de la Nación.
- Solicitar al Poder Ejecutivo facilite el acceso de los jardines de primera infancia a los programas de asistencia en la emergencia en el actual contexto de la pandemia Covid-19. Expte. 3795-D-2020 de Resolución.
Se
procede a votar el proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo que facilite el acceso de los jardines de primera infancia a los
programas de asistencia en la emergencia, en el actual contexto de la pandemia
COVID-19 (expediente 3.795-D.-2020).
Resulta afirmativa.
Queda sancionado el proyecto de resolución. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.
Definiciones
políticas de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados
“En lo personal creo que no es necesario
modificar el número de miembros (del Tribunal Superior), porque inclusive sería
difícil alcanzar consensos con nueve integrantes. Si tenés que poner de acuerdo
a cinco, necesitás tres contra dos; imagínate si fueran nueve: seis contra
tres, cinco contra cuatro… Nosotros lo que necesitamos es, en todo caso, que
haya más celeridad de la Justicia, más celeridad de la Corte, y eso es lo que
pretende discutir la reforma judicial”, señaló el titular de Diputados.
En su vínculo
entre Seguridad y la eventual reforma judicial, Massa sostuvo “me encantaría
que en los temas de conmoción social podamos tener juicio por jurados, y para
eso necesitamos discutir la reforma del sistema de justicia”, estimó.
Celebró el acuerdo en el que se está avanzando en el tema
de la deuda, y contó que en la mañana habló con el presidente de la Nación, sobre
quien dijo que “estaba realmente satisfecho por la tarea encabezada por el
Ministerio de Economía”.
En lo
relacionado con la Pandemia y su correlato económico, Massa expresó que la
Argentina al igual que el mundo transita un momento de mucha turbulencia en
materia económica y en el caso de la Argentina, agravada por el fracaso
económico del anterior gobierno”. Al respecto señaló que el Gobierno “ha ido
construyendo diferentes balsas para ayudar a los argentinos a cruzar esta
turbulencia: la moratoria, el ATP, el IFE, el refuerzo alimentario; el refuerzo
a la tarjeta alimentaria; el refuerzo a la AUH, el refuerzo a las jubilaciones;
son todos instrumentos que parece increíble que los hayamos puesto en marcha en
el medio de la pandemia.
Manifestó
su desacuerdo con la idea de que detrás cada idea hay un mal objetivo. “Yo creo que esa
discusión no nos lleva a ningún lado a los argentinos”, señaló. Y agregó: “Yo
invitaría a la oposición a sentarse a dialogar, a ver qué hay que corregir, a
ver qué quiere proponer, no descalificar”.
Ya en el final, Massa expresó que “la
salida de la Argentina no es sobre la base de la discusión en el barro, sino
sobre la base del diálogo genuino para sacar a la Argentina adelante.
“En esa tarea está el presidente, el
Gobierno, y a esa mesa para poner de pie a los argentinos es a la que invitamos
a todos los sectores: políticos, económicos y sociales”, definió.
Capitales alternas se encamina al recinto
Presidida por la
senadora María de los Ángeles Sacnun, FdT, quien enfatizó que
"estas capitales alternas que surgieron, tienen que ver con las consultas
ya realizadas con los poderes ejecutivos de las provincias" y consideró
que "el haber mandado esta iniciativa legislativa al Senado de
la Nación como Cámara de origen es claramente un posicionamiento político, una
hoja de ruta, una directriz que está señalando el Gobierno nacional en torno de
cómo repensamos el federalismo del siglo XXI. Representantes del pueblo han
tenido mayor contacto con cada una de las comunidades, no solamente con los
funcionarios públicos de las provincias sino también con las organizaciones
libres del pueblo, entidades civiles, gremios; hace que tengamos una
democracia mucho más directa en la que el pueblo y sus gobernantes tengan esta
gimnasia de ida y vuelta que permita solucionar los problemas", agregó.
Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos
Caserio (FdT), subrayó que "el Estado nacional creo que tiene
expresión en la mayoría de las grandes ciudades del país" y que
"ahora se está buscando darle a esto un nivel institucional".
Al respecto apuntó que "lo importante es que el objetivo de la ley
se cumpla, que es acercar a cada una de las provincias argentinas al
puerto de Buenos Aires", y sostuvo "creo que el espíritu del gobierno
nacional no es cerrar ningún lugar para abrir otro. Esta es una ley que se va a
desarrollar con el tiempo y es una iniciativa política de acercamiento y
reconocimiento al interior profundo que se tiene que trasladar a la
historia futura".
"Cuando tenemos un dictamen, vemos que las diferencias no son
grandes, y tratamos de avanzarlo entonces yo digo que avancemos en la firma y
que las consideraciones las vamos analizando hasta el momento que tengamos una
sesión para aprobar esto.
“Creo que la senadora Sacnun puede estudiar estos temas,
hablar, discutir y ver si es necesario escribir un cambio o no",
resumió "deberíamos avanzar dejando abierto un camino de ver que, si
alguna es cosa necesaria, lo hagamos, pero no paremos el desenvolvimiento del
hecho porque en su gran mayoría el hecho está aceptado por nosotros".
La reforma
judicial genera controversias
Durante la reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Senadores, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, concurrió a través de videoconferencia al plenario para informar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.
Resumió que "este proyecto de ley consiste, contiene y somete a
discusión parlamentaria tres dimensiones de la justicia federal de nuestro
país: el fortalecimiento de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el fortalecimiento de la justicia civil comercial y contencioso
administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento
de la justicia federal con asiento en las provincias".
Sostuvo que "el proyecto también interviene en la justicia en la estructura de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa porque es indispensable para enfrentar la necesidad que va a presentar y presenta el nuevo fuero" y que "en lo que concierne a los ministerios públicos su dotación se robustece mediante la creación de cargos de fiscal y defensores ante juzgados federales de primera instancia. Asimismo, se extiende a toda la justicia federal las reglas de actuación previstas en la 27.146 en su artículo segundo", añadió.
También se refirió a la "transferencia total de las competencias
penales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la implementación del código
procesal penal federal".
La ministra detalló que "el proyecto fija una unificación del fuero
que pasará a denominarse comercial y contencioso administrativo federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y "avanza en el
fortalecimiento de la justicia federal penal con asiento en las provincias de
nuestro país dividiendo así la competencia penal de la no penal, con la
excepción de los delitos y faltas electorales que van a permanecer
asignadas a los juzgados que mantengan la secretaría electoral".
Además, informó que "esta nueva estructura con la fusión quedan 23
jueces penales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
dividirse las secretarias se crean 46 juzgados total, quedan 12
tribunales de juicio y se crean 5 nuevos tribunales de juicio, y queda una
nueva sala de apelaciones con 4 salas", que "las causas en trámite
ante las secretarías penales mantendrán su radicación en los respectivos
juzgados de origen" y que "estos nuevos juzgados se van a ir
habilitando cuando se cuente con las partidas presupuestarias".
Seguidamente, realizó un análisis de los cuatro títulos presentes en el
proyecto e informó que "la incitativa recoge el texto de un proyecto de la
ley impulsada por el programa justicia 2020" que "tuvo tratamiento
parlamentario durante la gestión pasada: ha sido recogido en su totalidad, solo
se corrigieron y se crearon plazos previstos para los magistrados.
“Lo que este proyecto de ley busca es la creación de 94 juzgados
federales de primera instancia en lo penal con asiento en las provincias
de la Argentina y sus respectivos cargos de juez y jueza", prosiguió al
tiempo que sostuvo que "se van a transferir a
las secretarías: esto significa que también se limita la erogación
presupuestaria" y que "la erogación va a ser escalonada".
La ministra explicó que la reforma “está
concebida en partes y etapas”, y no impactará de lleno en el próximo
Presupuesto, ya que primero deben efectivizarse las designaciones de los nuevos
jueces y que la unificación de fueros “no significa un costo”.
Apeló a la frase tan utilizada
que “la Justicia no es un gasto, es una inversión”, y se citó dos
lamentables casos de expedientes que continúan tardando años, “como la
investigación de la AMIA o de la Embajada de Israel.
“¿Cuál es el costo de esa Justicia ineficiente? No me hablen de costos
en un Presupuesto Nacional. Si a una persona que es víctima de trata, o lo que
se mueve ese dinero sucio, la plata de las offshore… ¿dónde está el costo?
¿Alguien evaluó el costo de los delitos de corrupción? La Justicia no es un
costo, esto es lo mismo que decir ‘no tengamos escuelas porque es un costo’.
Las plazas se llenan de gente pidiendo Justicia, ¿qué le decimos a la gente?”,
enfatizó.
Losardo dijo que “tenemos la plata, usémosla donde la tenemos que usar”,
aseguró, y tras reiterar que las cifras serán informadas; pidió al senador Bullrich: “Cuando
vea cuál es el número se va a dar cuenta que usted también va a querer
invertir”.
En respuesta al senador Pedro Braillard Poccard (Pro), Losardo defendió la oportunidad de la reforma y confesó que “este proyecto estaba pensado para ser presentado a los pocos meses de la asunción del presidente, pero vino la pandemia. Hubiera sido mucho mejor en febrero o marzo, pero la pandemia nos trastocó la agenda. Hoy por suerte podemos estar debatiendo y explicando”, manifestó, y agregó que “el momento de la Justicia es siempre”.
La ministra consideró que “esta es una oportunidad que tenemos para
fortalecer la democracia, para que los ciudadanos tengan Justicia, para salir
de las situaciones donde se opera judicialmente.
“Por suerte tenemos instituciones, instituciones que funcionan, y que si es necesario las vamos a mejorar. “Acá no hay jueces de servilleta ni jueces a dedo”, se defendió Losardo, y aprovechó para recordar el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto durante la gestión anterior.
Losardo negó que se vaya a intentar una modificación de la Ley del
Ministerio Público para eliminar el requisito de los dos tercios del Senado
para nombrar al procurador, en virtud que el oficialismo, en principio, no tiene
los votos para designar a Daniel Rafecas.
Sobre
el fondo del tema, el titular del bloque oficialista destacó que el 80% del
pueblo argentino no cree en la Justicia. Afirmó que el costo de la reforma
judicial no será un problema, y acusó a la oposición de anteponer esa “excusa”
para no acompañar el proyecto.
Según José Mayans, “se ha sentido el avasallamiento del artículo 18 de la Constitución Nacional” en relación al debido proceso y la presunción de inocencia”. El legislador se mostró quejoso del sector que antes de escuchar la propuesta de modificación salió a defenestrar la reforma.
Respecto de la incidencia de costos, acercó mayor información que la ofrecida por la ministra. El jefe del oficialismo expresó que el Presupuesto 2020 es de 6 billones (SIC) de pesos, y el monto asignado al Poder Judicial sólo alcanza al 1,5%; “no mueve la aguja”, sostuvo. Y aseguró que no afecta el Presupuesto. “Ahí no está el problema”, sostuvo el formoseño.
Sin
embargo, el representante de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich
(Pro), pidió una estimación del costo de la reforma que el informe de la
ministra Losardo no registró, solicitó el giro del proyecto a la comisión
de Presupuesto y Hacienda. “Un proyecto de este tipo, que va a tener
erogaciones presupuestarias, necesita pasar la comisión”, sostuvo.
En la misma vereda, Silvia Elías de Pérez, consideró que “claro que tiene que ver” el tema presupuestario, y advirtió que se crean “323 nuevos cargos de jueces fiscales y defensores” que demandarían “1.700 millones (de pesos) sólo por el sueldo”, mientras que la infraestructura demandaría “otros 1.000 millones de pesos. Este proyecto no es lo que la gente necesita de la Justicia; es un proyecto a medida para la política”, enfatizó la tucumana.
Su
par, Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió en que “una reforma judicial no es crear más cargos
sin solucionar el problema de la morosidad”, y también cuestionó la falta de
participación de la oposición en el consejo consultivo.
Desde
el sector oficialista, Mariano Recalde (Frente de Todos) expresó que “Tal vez no sea la mejor
oportunidad, pero creo que debió haberse hecho mucho antes, y se vio postergada
por la pandemia”.
En
respuesta a las objeciones sobre la presencia de Beraldi en el consejo
consultivo, minimizó el hecho y sostuvo que el abogado
de Cristina Fernández
“no va a tomar ninguna decisión más que aportar su conocimiento junto con otros
diez juristas”.
Dalmacio Mera, sobre la polémica levantada por la integración de un consejo asesor creado por el Ejecutivo, sostuvo que “nadie hace mención a que tengan méritos, (Leyes y Empresas lo destacó puntualmente) se hace una observación a uno en particular”, Carlos Beraldi, (abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner); “no he visto a ningún colegio de abogados defender el libre ejercicio de la profesión”.
Paso seguido criticó la valoración de la oposición en
función de “si tenemos recursos o no” para poner en marcha la reforma, que
consideró “oportuna y necesaria”.
Por su parte, la influyente oficialista Anabel Fernández Sagasti, denunció que “la oposición tiene una memoria muy selectiva: cuando les conviene hablar de republicanismo y que ni siquiera se evalúe la posibilidad de un mejor funcionamiento de la Corte, sacan comunicados antes de conocer absolutamente nada, pero cuando gobiernan en sus provincias amplían la Corte y van contra la institucionalidad”.
Para el final
dejamos una visita que no fue. El ex juez de la Corte Suprema, Eduardo Raúl Zaffaroni suspendió su visita y quedó en agendar una
nueva cita.
Moratoria en
Senadores: AFIP dio su
informe con
reveladoras cifras
“Esta es una moratoria universal, que incluye a todos los sujetos
económicos y sociales” subrayó la funcionaria, que participó del encuentro con
los integrantes de la comisión que preside el senador por Córdoba, Carlos
Caserio, FdT, realiza en la modalidad de videoconferencia.
La titular de la AFIP subrayó que “esta moratoria es una necesidad que
se inscribe en un conjunto de políticas que se están pensando para impulsar la
actividad económica y la sostenibilidad del empleo”.
Reveló que “la deuda con el fisco creció un 90 por ciento”, detallando
que “la deuda de las PyMEs desde noviembre aumentó un 60 por ciento y la deuda
de personas físicas y grandes empresas creció un 180 por ciento”.
“La deuda total exigible es de 540.762 millones de pesos, lo cual es muy
relevante”, precisó, antes de señalar que la moratoria “va a ser un canal muy
importante de oxígeno para que las empresas que están en situación complicada
puedan encarar un proceso de recuperación”.
Finalmente, Marcó del Pont consignó que “4.700 empresas están en
condiciones de pedir un advenimiento y ojalá todas ellas puedan seguir
funcionando”.
