Sesiones especiales en ambas Cámaras
Moratoria impositiva,
aduanera y previsional
y ley de
quiebras recibieron sanción
Como recordando aquellas sesiones que ocurren sobre el final de los períodos
parlamentarios, se encontraron en la agenda de Labor Parlamentaria de la Cámara
de Diputados temas de tratamiento complejo y largo debate, todo incluido en una
sola sesión, la última.
En esta oportunidad, y no será la última,
el debate incluyó una amplia moratoria tributaria y la incorporación a último
momento, de una declaración de la emergencia para procesos de concursos
preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020 que guardaba reposa
desde principios de mayo último. Una muestra cabal fue que el expediente con
las modificaciones de la ley de quiebras tuvo tratamiento y dictamen de la
comisión sólo horas antes de celebrarse la sesión en el recinto.
Consecuentemente, en forma Imprevista quedó
fuera de tratamiento la ampliación del Presupuesto 2020, que en rigor no existe
pues se toma el consagrado en 2019, y que llevó mucho trabajo a presión a los
miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda a tal punto que las
deliberaciones que en origen estaban para una sesión se prolongara a través de
tres.
La gestión previa
Quedaron
fuera de la moratoria aquellas deudas vinculadas a obras sociales y a las ART.
La norma apunta a tener alcance universal, ya que alcanzará a todo el sector
privado.
Durante
el desarrollo del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el
presidente de la comisión Carlos Heller, expresó: “Hemos recogido una cantidad de
cosas que entendemos pueden tener consenso y han sido consultadas con el Poder
Ejecutivo. No todas las cosas que se plantearon fueron incorporadas, porque
tenemos diferencias concretas y profundas; pero hemos logrado un avance en
relación a lo que era el proyecto original”.
Al respecto, el radical Luis Pastori
señaló que había modificaciones sustantivas y “en muchos casos recogen pedidos
de la oposición”, pero insistió en desacuerdo con incluir a los quebrados sin
actividad, (se refería a la empresa en proceso de quiebra y liquidación de
bienes OIL Combustibles) e inmediatamente anunció que “este punto por si solo
amerita que presentemos dictamen de minoría”. Miembros de otros bloques
coincidieron en la crítica a la inclusión de la fallida Oil Combustibles de
propiedad del grupo de Cristóbal López.
Por iniciativa de la diputada Fernanda
Vallejos, se añadió como beneficiarias a las organizaciones
comunitarias que desarrollan programas de
promoción y protección de derechos sociales que permiten paliar las
consecuencias de la crisis. La propuesta recibió el respaldo de los diputados
de Juntos por el Cambio, Luis Pastori (UCR), y de Paula Oliveto (CC).
El debate en el Recinto
Con la presidencia de Sergio Massa, a
las 15.30 del viernes pasado, comenzó la sesión especial número 5, en la Cámara
de Diputados, en modo mixto (presencial y remota), para tratar el siguiente
temario.
Previamente, una nutrida cantidad de
cuestiones de privilegio que fueron desde la desaparición de Santiago Maldonado
hasta dos contra el presidente de la Cámara.
Concursos y Quiebras. Ley
24.522, modificaciones temporarias en el marco de la pandemia del COVID-19. Rige para los actos pendientes rigen hasta el 31 de marzo de 2021.
Sin Orden del Día
Se basa en dos proyectos (expediente: 1771-d-2020 fecha: 05/05/2020 Selva,
Carlos a. y otros (buenos aires - frente de todos) declárese la emergencia
para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de
2020, (justicia) expediente: 1855-d-2020 fecha: 08/05/2020 Garcia, Ximena
UCR - Santa Fe y otros. modif. temporarias en el marco en el marco de la
pandemia del covid-19.)
Propone una serie de procedimientos para
avanzar en la emergencia en el marco de la Pandemia, en procesos de Concursos Preventivos
y Quiebras.
El titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tahilade, agradeció a los bloques opositores la dedicación y voluntad para abocarse al tratamiento de este proyecto es producto de buena cantidad de propuestas legislativas.
Oficialismo y oposición consensuaron un
texto unificado que, tras un cuarto intermedio en el que se negociaron
modificaciones, obtuvo el aval de los integrantes de la comisión.
“Estos proyectos fueron de reciente
creación y se unificaron en pro de la magnitud del desastre económico que
produce la pandemia en los comercios y también en los consumidores, se sostuvo.
“El proyecto no es para las empresas es
para las personas” dijo el diputado José Luis Ramón.
Alma Sapag
expresó que situaciones anormales y extraordinarias necesitan este tipo de
medida, en materia fiscal, judicial y laboral. Debemos trabajar para reducir el
impacto en la Justicia por la cantidad de demandas y concursos.
Se procedió a la lectura del expediente -dado
que no tiene impreso oficial así como el correspondiente Orden del Día.
Se introdujeron modificaciones de último
momento en el Art. 2. Se prohíben nuevos embargos para cuentas bancarias y en
el Art. 3. La tasa de Justicia se modifica.
Después de escuchar una nutrida
exposición de motivos fue llamado a la votación en general y en particular.
El tablero indicó la presencia de 255
diputados: votos afirmativos 250 votos, 2 abstenciones.
Pasa en revisión a la Cámara de
Senadores
-
Ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
Modificación sobre ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la
pandemia. Orden del Día 76
Permitirá incluir deudas tributarias,
aduaneras y de la seguridad social vencidas y la primera cuota vencerá el 16 de
noviembre. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre.
Algunas actividades, excluidas luego quedaron habilitadas: son aquellas reguladas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, y el
servicio de telefonía fija, telefonía móvil y telecomunicación vía Internet. “Hacemos una ley que sirva para todos”, sostuvo el titular de la comisión.
Luis Pastori, UCR, Misiones, expresó que “esta moratoria en particular es en auxilio a los productores y trabajadores. 15.000 empresas dejaron de cumplir con la presentación ente la AFIP. “Sin embargo hemos presentado un despacho en minoría Artículo 8 punto 3 entre otros”.
Ratificó que en su opinión “es un traje a
medida salvo que se hagan las modificaciones correspondientes. “Oil
Combustibles (Cristóbal López), por ejemplo. Artículo 11 es un escándalo. 2, 8
y 11 son los artículos que objetamos”, sostuvo Pastori.
Jorge Sarghini, Consenso Federal, Buenos Aires, se preguntó “¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo, se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó el diputado. Insistió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”. Reconoció que “es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes”, pero pidió “no caer en la casuística” sino aplicar una ley justa y equitativa. “Nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, concluyó.
Pablo González, FdT, Tierra del Fuego, defendió los argumentos sobre Oil
Combustibles. Inició usando el término “traje a medida” utilizado por la oposición, y sostuvo: “yo
diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en
esta ley se llamen Cristóbal López. Parte de una mentira, que hay condena
cuando no la hay, porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa,
muchas de ellas atañen a Mauricio Macri. De ninguna manera entiendo que estemos en camino de ponerle nombre
propio. Esta ley no tiene nombre propio”, concluyó.
En la votación en particular, no cupo duda que más allá de algunos
detalles, la vedette de la tarde noche del viernes legislativo fue el artículo
11, por la presencia de la omisión, (Oil Combustibles o Cristóbal López).
La norma fue aprobada finalmente con 130 votos
afirmativos, 121 negativos y una abstención.
Acá va el detalle de los unos y los otros.
Por el voto afirmativo: el Frente de Todos con todos sus integrantes. Se
unieron el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón,
Pablo Ansaloni; Luis Di Giácomo, Juntos Somos Río Negro; Diego Sartori;
Flavia Morales; Ricardo Wellbach, Frente Renovador de la
Concordia. Desde el Interbloque Federal, Eduardo Bucca; Andrés Zottos
y los que responden al gobernador de Córdoba, Carlos Gutiérrez; Claudia
Márquez; Alejandra Vigo; Paulo
Cassinerio; Alma Sapag, Movimiento Popular Neuquino.
Por el NO lo hicieron todos los miembros de Juntos por el Cambio;
Graciela Camaño y Jorge Sarghini, Consenso Federal; Beatriz Ávila,
Partido de la Justicia Social; Antonio Carambia, Unidad y Equidad
Federal; Enrique Estévez, Socialista; Luis Contingiani, Fte.
Progresista Cívico y Social; Nicolás Del Caño, PTS; Romina Del Plá,
PO.
Pasa en revisión a la Cámara de Senadores
Una nueva ley sanciona la
Cámara de Senadores
En una nueva sesión especial, número 9,
la Cámara de Senadores se reunió para tratar el siguiente temario del que damos
cuenta más abajo.
Con la presencia de 70 miembros y la
presidencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández comenzó la
sesión a las 14.33.
Se escucharon cuatro pedidos de preferencia
sobre distintos temas a lo que el presidente del bloque oficialista José
Mayans, FdT, Formosa, respondió: Nuestro bloque no va a acompañar los
pedidos de preferencia. Consideramos que tenemos que ponernos de acuerdo con
los presidentes de bloque sobre el tratamiento de las próximas sesiones. Por
eso, vamos a votar negativamente. No aceptamos pedidos de preferencia,
presidenta.
Se pusieron a votación los pedidos
preferencia y el resultado fue negativo.
Inmediatamente se pasó al siguiente tema:
- Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. Proyecto de ley venido en revisión. Orden del Día 93/20.
Establece los presupuestos legales
mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas
actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.
Los aspectos específicos serán acordados por las partes, y en el marco de las
negociaciones colectivas.
En el momento que el miembro informante Daniel Lovera, FdT, presidente de la comisión, inició su exposición, la presidenta Cristina Fernández abandonó el sitial que fue ocupado por la vice Claudia Ledesma Abdala.
Lovera sostuvo que “ponemos el acento en
el acceso a los consumidores, al acceso a productos y servicios a bajos
precios, y eso no está mal, sin embargo, es necesario que entendamos, es
necesario que comprendamos, que el bienestar social también significa
garantizar salarios decentes y empleos de calidad. Todo ello siempre sostenido
en el tiempo, en el diálogo representativo y en la regulación estatal. Esta ley
que sancionamos hoy es un ejemplo de lo que digo. Por eso es que vamos a votar
esta media sanción y vamos a tratar de transformarla en ley, desde el Frente de
Todos a partir de esta sesión.
Luego expuso Gladys González,
Cambiemos, Buenos Aires; quien, entre otros conceptos, expresó: que se ha
perdido “la oportunidad de retener talentos, la oportunidad de generar empleo,
la oportunidad de fortalecer el federalismo, la oportunidad de proteger
derechos y de construir hogares más sanos y equilibrados a partir de la
conciliación familiar, personal y laboral, y, asimismo, de generar riqueza a
través de uno de los sectores exportadores más importantes de nuestra economía.
Hoy van a aprobar un proyecto de ley de teletrabajo que, estoy convencida,
muchos ustedes coinciden en que es un obstáculo y no promoción del empleo.
“Es decir que atrasa, que no aprovecha una de las oportunidades que nos está dando esta maldita pandemia: la oportunidad de aprender, la oportunidad de enfrentar, de una vez por todas, desafíos que nos vienen acechando hace años, pero que hoy se han acelerado. ¿Por qué votan así? La verdad es que no lo sé, no lo entiendo. Para mí es incomprensible –aún más frente a la crisis que estamos atravesando– que ustedes miren para otro lado y que destruyan, a través de esta ley, el potencial que tiene la modalidad de teletrabajo. Si bien en esta coyuntura el teletrabajo surge como una solución para cuidarnos del contagio del coronavirus, las características especiales y atípicas de esta situación no deben caracterizar la modalidad de teletrabajo.
Siguieron luego otras exposiciones
poniendo de relieve falencias y virtudes del proyecto hasta que se llamó a votar conjuntamente en general y
particular el proyecto en revisión, sin modificaciones.
El tablero mostró el resultado de 40
votos afirmativos, 30 votos negativos. Resultó aprobada.
Es LEY, se comunicará al Poder Ejecutivo
Continuó el debate con el tratamiento del siguiente proyecto de ley
-
Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en los Títulos emitidos bajo
ley de la República Argentina. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Orden del
Día 92/20
El dólar oficial hoy está a 76 y el blue
a 136. 2.400.000 personas compraron dólar solidario en el mes de mayo: el doble
que el mes anterior. La caída del PBI se proyecta por encima del 13 por ciento.
Yo quiero decirles, para terminar, en estos escasos minutos que tengo...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).
Le quedan tres minutos y medio; casi cuatro le quedan. Puede hablar, le quedan
cuatro.
Sr. Petcoff Naidenoff. ¡Gracias,
presidenta! Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).
¿Vio qué buena que soy?
Sr. Petcoff Naidenoff. Realmente, quería
decirles que estas contradicciones internas tienen un costo político. No es un
costo que se traduce, únicamente, en disputas de poder, porque para mí no está
en discusión el poder en la Argentina, la fuerza política que gobierna la
Argentina.
Reitero: en la fuerza política que
gobierna la Argentina, la cancha la marca la presidenta, la presidenta de esta
Cámara.
Ese liderazgo político se siente. Pero
cada vez que se marca la cancha, con un presidente débil, con un presidente
débil porque no tiene conducción política, genera zozobra e incertidumbre.
Entonces, esa tensión no es buena porque genera costos.
Estos siete meses de demora tienen que ver con esas marchas y contramarchas; con esa tensión en el seno del gobierno. Yo no sé si será porque la prioridad es la reforma judicial para algunos –de lo que no tengo dudas– pero, en lo económico, a la gente se le va la vida, presidenta; se le va la vida. Y así como nosotros tomamos deuda y, de cada 3 dólares, 2 fueron para pagar compromisos anteriores –sin PowerPoint; no hace falta mostrar un PowerPoint; la próxima nos vamos a preparar, pero yo no soy de la cultura del PowerPoint; tengo en claro eso; nada más–, yo les diría que hay que dejar de lado la incertidumbre. No profundicen la incertidumbre, porque la incertidumbre es la peor compañía para la gente en tiempos de crisis; es la peor compañía para esta sociedad en tiempos de crisis. Y el orden de prioridad se da incomprensible; porque mientras la política hoy discute o ayer discutía o presentaba, toda camuflada con tapabocas por la cuarentena, una reforma judicial, la gente está desesperada ¡desesperada!, porque la situación económica es asfixiante.
Entonces, yo les diría: ¡cuidado!, no
tensen la cuerda.
No pueden decir nada ni
responsabilizarnos de nada, porque estamos acompañando las dos
reestructuraciones; no tensen la cuerda.
No jueguen un juego chico de la política;
no es conveniente para la Argentina, finalizó.
Queda aprobada y será girado a la
Cámara de Diputados.
Habiéndose agotado los temas se levanta la sesión a las 21.23
Declaraciones
sobre Movilidad Previsional,
en
estudio, tendrán fuerte repercusión
La comisión bicameral de Movilidad Previsional que encabeza el diputado Marcelo
Casaretto, FdT, Entre Ríos, recibió al abogado previsional y docente Miguel
Ángel Fernández Pastor y a Gabriel De Vedia, fiscal federal de la Seguridad
Social y fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo.
El primero sostuvo que “si todos los recursos originarios estuvieran a
disposición de la ANSES, sería un sistema superavitario, que podría dar mejores
prestaciones”, explicó.
Sobre la denominada Reparación Histórica, sancionada en la gestión
anterior, dijo que “alteró muchísimo el sistema” porque “se le dio otro uso” a
los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Advirtió que “la fórmula no será la que vote el Parlamento sino lo que
la Justicia interprete que esa fórmula dice”.
“La definición final va a ser siempre judicial”, insistió, y puso
como ejemplo el fallo Badaro, que fue “a contrapelo de todas las decisiones
legales”, ocasionando una pérdida de “15.000 millones de dólares”.
Pidió una fórmula sencilla y simple “que permita la menor cantidad posible
de interpretaciones” y “que no motive la intervención judicial”.
Además, consideró que el cálculo “debería ser igual para todos”. Opinó
que la fórmula sancionada en 2008, basada en recaudación y salarios, “dio
buen resultado”. “Es una buena fórmula porque no pone en riesgo las arcas del
Estado”, destacó, aunque aclaró que “habría que agregarle un fondo anticíclico”
para “pagar la diferencia cuando los beneficiarios ganan menos que la
inflación, y que cuando haya crecimiento económico, una parte del excedente
arriba de la inflación sea devuelto por los jubilados para recapitalizar el FGS
o ese fondo anticíclico para cuando haya crisis económica, y así
sucesivamente”.
En tanto, De Vedia manifestó que “la sociedad argentina está expectante”
en torno del tema y recordó que el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social
estableció que la nueva fórmula debe garantizar “una adecuada participación de
los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de
acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”, con especial
atención en los sectores más bajos.
“No sería inconstitucional pensar que por un tiempo pueda haber una
fórmula diferenciada para los sectores más bajos, pero siempre que no sea en
detrimento de las jubilaciones más altas”, señaló. “Si queremos dar una movilidad diferenciada,
el pato no lo tiene que pagar ningún jubilado. Hay que buscar los recursos en
otro lado”.
Por último, propuso a los legisladores “ganar tiempo” y realizar un
“test de razonabilidad” sobre la fórmula propuesta para verificar si es
constitucional y “evitar los litigiosos”.
Reforma judicial llega al Congreso
No se puede dejar de señalar que la nota
fue la presencia de las ausencias.
Lo concreto fueron las presencias de Sergio
Massa, presidente de la Cámara de Diputados, la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y algunos jueces.
En la lista de
presentes quedaron registrados, por el oficialismo, las diputadas
del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez y Vanesa Siley y los
senadores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Martín Doñate.
Por la
oposición, los jefes de los interbloques Federal, Eduardo Bucca, y
Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.
Entre los ausentes
se destacaron los representantes de la primera minoría en Diputados que algunos
dejaron justificada por escrito el faltazo. También faltó, a pesar de estar
invitada, la vicepresidenta de la Nación.
El apuro por introducir el tema hizo que
estuvieran presentes los cacerolazos en distintos barrios de la citi porteña,
Recoleta incluida y así como también al frente de la residencia presidencial.
La presencia de manifestantes se hizo
notar en Almagro, Caballito, Belgrano, Palermo, Recoleta y Villa Devoto. También
se escuchó en algunos barrios del conurbano como Avellaneda, Acassuso y Tigre.
Entre otras disposiciones, prevé la
unificación y duplicación de los juzgados federales y fue presentada el
miércoles pasado en la Casa de Gobierno.
El expediente, al día siguiente del anuncio, ingresó a la Cámara de
Senadores habida cuenta que es allí donde el oficialismo tiene la certeza de
garantizar la aprobación. Se estima que el expediente será derivado a las comisiones de Asuntos
Constitucionales, que encabeza María de los Angeles Sacnun, y a la de
Justicia y Asuntos Penales, que preside Oscar Parrilli, ambos senadores
kirchneristas. En Diputados, en tanto, los jefes opositores anticiparon a su titular, Sergio
Massa, que no querían debate de manera remota.
En la redacción del proyecto participaron el secretario de Asuntos
Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Los miembros del
Consejo Consultivo, serán Carlos Beraldi (abogado de la ex presidenta), León
Arslanian, (abogado de Ricardo Echegaray, en la causa AFIP); Andrés Gil
Domínguez, (constitucionalista); Inés Weinberg de Roca, (especialista en derecho
internacional); Enrique Bacigalupo, (derecho penal); Omar Palermo, (integrante
de Justicia Legítima); Claudia Sbdar, (preside la Corte Suprema de Justicia);
Hilda Kogan, (Premio Konex); Gustavo Ferreyra, María del Carmen Battaini, y
Marisa Herrera, (investigadora del CONICET).
Crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y dispone la consolidación de los fueros Criminal y Correccional
Federal y Penal Económico.
Cada uno de esos tribunales, actuará con una de las dos Secretarías que
actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en secretaría de 23
nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
El objetivo es evitar que “el poder decisorio se concentre en un
reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen
el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia
institucional y consecuentemente mediática”, lo que provocó que este fuero “se
politizara”.
El Presidente argumentó que, en la CABA, a diferencia de lo que ocurre
en la Justicia Federal del resto del país, la competencia para investigar y
sancionar delitos entrelazados como el narcotráfico, el lavado de dinero, la
trata de personas o el contrabando “se encuentra dividida entre los fueros
Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico”, y por eso
consideró que “es hora de unificarlos”.
Para que el nuevo fuero “comience a funcionar cuanto antes”, se prevé un
sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación
transitoria de los magistrados, donde intervendrán la Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el
Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.
Este proceso “en nada afecta el principio del juez natural” ya
que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la
jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén
tramitando”.
El proyecto también contempla la unificación de las Cámaras de
Apelaciones y la creación de Tribunales Orales, de Fiscalías y Defensorías. Propone
transferir a la CABA “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de
los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo
el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra
pendiente”.
Podemos informar que, según fuentes consultadas, solamente por costos de
sueldos del personal –desde magistrado hasta auxiliar- sumarán $ 4.500.000 mensuales
por cada fiscalía; se presume que serán 23 los nuevos tribunales. En otro orden
establece la creación de 121 nuevos cargos y 94
juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
Opiniones
Graciela Ocaña, diputada de Confianza Pública, dijo que “está pensada para darle impunidad a Cristina
Fernández de Kirchner” y agregó que “se parece mucho a la llamada ‘democratización
de la Justicia de 2013, es un intento de colonización del Poder Judicial.
Para
la ministra de Justicia, Marcela Losardo,
“los delitos graves, de corrupción, trata de personas, lavado de dinero ya son
federales, pero la lista se va a ampliar. No es sólo corrupción” y señaló que “las causas
que ya existen seguirán en manos de los mismos jueces que las instruyen ahora”.
El diputado nacional Luis Petri
criticó la anunciada reforma judicial. “Hoy Alberto Fernández es el testaferro
político de su vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su
impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable su manejo de
la Justicia. Han gobernado el país 25 de los 37 años de democracia, desde el 83
tuvieron siempre mayoría en el Senado que nombra los jueces federales”, pero
culpan a la oposición de que “la justicia es una cloaca de la democracia”
Andrés Gil Domínguez, miembro del Consejo consultivo se manifestó a favor de 9 miembros
para la Corte; “no hay un número
mágico” dijo, pero consideró que “nueve es un buen número, da más circulación,
más necesidad de consensos”.
Posteriormente cuestionó la postura de la
oposición de restar apoyo a las reformas del sistema judicial. Al respecto, el
constitucionalista sostuvo que “la oposición diga lo que quiera decir y haga
las lecturas que quiera hacer. Entiendo una descalificación política a
priori, pero no dar el debate de alguna manera es inhibir lo que es el
diálogo y es seguir profundizando la grieta”.
Juntos por el Cambio en un comunicado sobre el número de miembros de la Corte expresó que
desde 2006, el número es de cinco y en esa oportunidad fue votado por casi
unanimidad. Concluye afirmando que “se oponen a la ampliación de la Corte
Suprema y también rechaza “la invitación a proponer candidatos y a facilitar
los 2/3 de los votos en el Senado de la Nación para su eventual integración”.
ANTICIPO: Se informa que el martes 4 de agosto a las 16, en reunión conjunta de las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de
Senadores, analizarán aspectos del Proyecto de ley 140 del Poder Ejecutivo
sobre organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias.
Asistirá la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
doctora Marcela Losardo.
Desde el Poder
Legislativo piden al Ejecutivo
Ø
ASSEFF, ALBERTO y otros: EXPRESAR PREOCUPACION POR UNA NUEVA PRORROGA DE LA FERIA JUDICIAL
EXTRAORDINARIA, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION EN
EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
Ø
SAPAG, ALMA LILIANA: EXPRESAR PREOCUPACION POR EL CESE DE
OPERACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA
LATAM AIRLINES EN LA ARGENTINA, LA PERDIDA DIRECTA DE MIL SETECIENTOS
QUINCE PUESTOS DE TRABAJO Y EL RETROCESO EN LA CONECTIVIDAD DEL PAIS.
Ø
ENRIQUEZ,
JORGE RICARDO: EXPRESAR
REPUDIO Y PREOCUPACION POR EL BLOQUEO A DEPOSITOS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DE
LA EMPRESA MERCADO LIBRE
POR PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES EL 16 DE JULIO DE 2020.
Ø
CACERES,
ADRIANA y otros: SOLICITAR AL
PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACION SOBRE LAS MODALIDADES DEL COMERCIO ELECTRONICO
DIRIGIDA A PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.
Ø REGIDOR BELLEDONE y otros: CONTROLES EFECTUADOS POR EL ENACOM A LAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE TELEFONIA MOVIL, FIJA E INTERNET.
*** ***
Presentación de Cafiero
en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, remitió a Diputados las respuestas a 1.651 preguntas
enviadas por legisladores. Posteriormente, Cafiero ofreció su primer informe de
gestión el pasado jueves.
En su
presentación en el recinto el funcionario, entre otros conceptos, expresó que “nosotros somos parte de una
generación que transita años de democracia sostenida. Al odio no se lo
combate con más odio; se lo combate con democracia”.
Para
Cafiero, el discurso del odio “es el que le dice a la gente que ya no hace
falta cuidarse, que es posible dividir provincias, que es posible incitar al
golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura”.
Dijo
que este tipo de discurso “inventa noticias falsas y contamina a una sociedad
que está asustada y conmovida y que todos los días pone el hombro para
salir adelante”, y a su vez “impide avanzar en transformaciones que son necesarias”.
Específicamente,
cuestionó las consignas como la del “aluvión zoológico” o la referencia al
cáncer, al advertir que eso “obtura la discusión política. No tenemos que
ser indiferentes frente al odio”, exhortó.
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