miércoles, septiembre 14, 2005
lunes, septiembre 12, 2005
Repercusiones por el proyecto de los teleoperadores. El proximo martes lo tratan
El adelanto en exclusiva de Leyes y Empresas sobre la presentación del proyecto de Miguel Bonasso y los detalles de su articulado comenzaron a preocupar a un amplio sector de empresariado.
Quizás lo que más inquieta a los empresarios no sean las condiciones que catalogan de insalubre al trabajo cuestionado y fijan distintas formas de reglamentación, sino el corte en forma horizontal que se está intentando imponer en los más diversos centros de producción de bienes y servicios.
De esta manera, sostuvieron las fuentes consultadas, cualquier empresa, de cualquier sector, tendrá más de un sindicato representando al total de la plantilla y esto generará nutridas controversias a la hora de celebrar nuevos convenios laborales
Más allá de la conocida disputa por los afiliados que se plantea entre sindicatos, en algunos círculos gremiales consultados se estima que en definitiva lo que constituye el objetivo de máxima (mencionan sectores del propio gobierno) es reducir el poder de los gremios más grandes en cantidad de afiliados y consecuentemente su poderío a la hora de definir estrategias políticas.
Al respecto recuerdan el enfrentamiento de los camioneros con los supermercados. Más reciente, el protagonizado por SMATA con las concesionarias de automotores a las que exigieron violentamente que sus empleados administrativos y comerciales pasaran a la condición de mecánicos. En ambos casos el perdidoso fue el gremio de los mercantiles que encabeza el legendario Armando Cavalieri.
En tanto, desde el plano legislativo, casi confirmando la supuesta intención del Gobierno, se estima que el polémico proyecto de ley tenga pronta incorporación al estudio de las comisiones a las que fue girado: Comunicaciones e Informática y de Legislación del Trabajo. En la primera, su presidente el kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, que integra la nueva mesa de conducción del bloque Justicialista, informó que el próximo martes 20 el proyecto será tratado en reunión de comisión. Por su parte, en la de Legislación del Trabajo, que preside el duhaldista Saúl Ubaldini estiman recibir el proyecto luego del resultado del estudio de la comisión cabecera.
Finalmente, el autor del proyecto espera que antes de diciembre quede convertido en ley.
Mientras tanto en algunos ámbitos recuerdan las palabras del ministro de Economía Roberto Lavagna quien, refiriéndose a la actividad del call center la definió como de gran potencialidad para el crecimiento de la Argentina.
• Ocurrido en las comisiones
Estudian nuevo proyecto sobre Defensa de la Competencia.
Comenzó en la comisión de Industria y Comercio del Senado el estudio del proyecto de reforma a la ley de Defensa de la Competencia, con la presencia del secretario Leonardo Madcur. El funcionario dijo que el proyecto en sí “solamente propone modificar 6 artículos de la actual ley” más la incorporación de un artículo de forma. Existen en el proyecto 2 grandes nuevos capítulos: La incorporación de una instancia intermedia en la etapa administrativa y la constitución inmediata de ese tribunal con los miembros actuales del órgano de defensa de la competencia.
El nuevo proyecto crea el tribunal previsto por la ley. Lo que decida este tribunal es definitivo en sede administrativa y por ende permite iniciar la acción judicial correspondiente, en este caso solo ante la Cámara de Apelaciones.
En cuanto a lo que se propone, en materia de conductas no hay ningún cambio, Lo que resuelve el tribunal es definitivo en vía administrativa. El cambio se da en lo referido a concentraciones y siempre que se den 2 recaudos: que esté en juego el interés general de la Nación y siempre que se trate de servicios públicos. Lo que resuelva el tribunal en estos supuestos, pasa al ministro de economía, quien podrá aceptar o rechazar la resolución.
Se reemplazaría la actuación del secretario de Coordinación Técnica por la del ministro de Economía. Permanecería igualmente intacta la posibilidad de revisión judicial. Se citaron antecedentes comparados de esta técnica (España, Francia, Inglaterra, Alemania). Para cumplir con esto se debe crear el tribunal automáticamente.
Medicina prepaga, “un proyecto confuso, impreciso y abarcativo”.
Contrariamente a lo anunciado por algunos medios de comunicación, el proyecto con sanción del Senado sobre regulación del sistema de medicina prepaga entró en colapso al inicio del estudio del expediente por la comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados.
La principal objeción fue que la iniciativa no sólo toma a las empresas del sector sino, también, a mutuales y otras organizaciones que no persiguen un fin de lucro. El diputado nacional Aldo Neri (UCR-Capital) señaló que la intención de un proyecto de ley sobre las empresas prepagas era tratar de regular un servicio de seguros voluntarios de salud lucrativos “por lo que el eje era y debiera seguir siendo regular los prepagos comerciales”.
Mas adelante se preguntó “si las cuotas de las prepagas serán perfiladas al riesgo de cada afiliado”, y destacó que “actualmente el riesgo se diluye y esto podría acarrear un seguro según el estado de las personas y esto es inaceptable”. Destacó que las prepagas son la gran laguna porque las obras sociales ya están reguladas, y “ningún gobierno ha marcado una actitud de modificación de fondo del sistema de salud argentino desde los ’90 hasta estos años.
Desde otro sector de la oposición se sostuvo que la iniciativa “surgió con los cimientos de una carencia que es la ausencia del Estado y las políticas que no lleva adelante”.
El proyecto sancionado por el Senado fue calificado como “confuso, impreciso y abarcativo por lo que debemos definir a quien va dirigida esta ley, además, tenemos la obligación de resguardar al usuario y esta ley no le sirve a la gente”.
Finalmente, los diputados acordaron tratar en la próxima reunión de comisión las iniciativas propuestas por ellos y las modificaciones que se plantearon al proyecto del Senado.
Quizás lo que más inquieta a los empresarios no sean las condiciones que catalogan de insalubre al trabajo cuestionado y fijan distintas formas de reglamentación, sino el corte en forma horizontal que se está intentando imponer en los más diversos centros de producción de bienes y servicios.
De esta manera, sostuvieron las fuentes consultadas, cualquier empresa, de cualquier sector, tendrá más de un sindicato representando al total de la plantilla y esto generará nutridas controversias a la hora de celebrar nuevos convenios laborales
Más allá de la conocida disputa por los afiliados que se plantea entre sindicatos, en algunos círculos gremiales consultados se estima que en definitiva lo que constituye el objetivo de máxima (mencionan sectores del propio gobierno) es reducir el poder de los gremios más grandes en cantidad de afiliados y consecuentemente su poderío a la hora de definir estrategias políticas.
Al respecto recuerdan el enfrentamiento de los camioneros con los supermercados. Más reciente, el protagonizado por SMATA con las concesionarias de automotores a las que exigieron violentamente que sus empleados administrativos y comerciales pasaran a la condición de mecánicos. En ambos casos el perdidoso fue el gremio de los mercantiles que encabeza el legendario Armando Cavalieri.
En tanto, desde el plano legislativo, casi confirmando la supuesta intención del Gobierno, se estima que el polémico proyecto de ley tenga pronta incorporación al estudio de las comisiones a las que fue girado: Comunicaciones e Informática y de Legislación del Trabajo. En la primera, su presidente el kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, que integra la nueva mesa de conducción del bloque Justicialista, informó que el próximo martes 20 el proyecto será tratado en reunión de comisión. Por su parte, en la de Legislación del Trabajo, que preside el duhaldista Saúl Ubaldini estiman recibir el proyecto luego del resultado del estudio de la comisión cabecera.
Finalmente, el autor del proyecto espera que antes de diciembre quede convertido en ley.
Mientras tanto en algunos ámbitos recuerdan las palabras del ministro de Economía Roberto Lavagna quien, refiriéndose a la actividad del call center la definió como de gran potencialidad para el crecimiento de la Argentina.
• Ocurrido en las comisiones
Estudian nuevo proyecto sobre Defensa de la Competencia.
Comenzó en la comisión de Industria y Comercio del Senado el estudio del proyecto de reforma a la ley de Defensa de la Competencia, con la presencia del secretario Leonardo Madcur. El funcionario dijo que el proyecto en sí “solamente propone modificar 6 artículos de la actual ley” más la incorporación de un artículo de forma. Existen en el proyecto 2 grandes nuevos capítulos: La incorporación de una instancia intermedia en la etapa administrativa y la constitución inmediata de ese tribunal con los miembros actuales del órgano de defensa de la competencia.
El nuevo proyecto crea el tribunal previsto por la ley. Lo que decida este tribunal es definitivo en sede administrativa y por ende permite iniciar la acción judicial correspondiente, en este caso solo ante la Cámara de Apelaciones.
En cuanto a lo que se propone, en materia de conductas no hay ningún cambio, Lo que resuelve el tribunal es definitivo en vía administrativa. El cambio se da en lo referido a concentraciones y siempre que se den 2 recaudos: que esté en juego el interés general de la Nación y siempre que se trate de servicios públicos. Lo que resuelva el tribunal en estos supuestos, pasa al ministro de economía, quien podrá aceptar o rechazar la resolución.
Se reemplazaría la actuación del secretario de Coordinación Técnica por la del ministro de Economía. Permanecería igualmente intacta la posibilidad de revisión judicial. Se citaron antecedentes comparados de esta técnica (España, Francia, Inglaterra, Alemania). Para cumplir con esto se debe crear el tribunal automáticamente.
Medicina prepaga, “un proyecto confuso, impreciso y abarcativo”.
Contrariamente a lo anunciado por algunos medios de comunicación, el proyecto con sanción del Senado sobre regulación del sistema de medicina prepaga entró en colapso al inicio del estudio del expediente por la comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados.
La principal objeción fue que la iniciativa no sólo toma a las empresas del sector sino, también, a mutuales y otras organizaciones que no persiguen un fin de lucro. El diputado nacional Aldo Neri (UCR-Capital) señaló que la intención de un proyecto de ley sobre las empresas prepagas era tratar de regular un servicio de seguros voluntarios de salud lucrativos “por lo que el eje era y debiera seguir siendo regular los prepagos comerciales”.
Mas adelante se preguntó “si las cuotas de las prepagas serán perfiladas al riesgo de cada afiliado”, y destacó que “actualmente el riesgo se diluye y esto podría acarrear un seguro según el estado de las personas y esto es inaceptable”. Destacó que las prepagas son la gran laguna porque las obras sociales ya están reguladas, y “ningún gobierno ha marcado una actitud de modificación de fondo del sistema de salud argentino desde los ’90 hasta estos años.
Desde otro sector de la oposición se sostuvo que la iniciativa “surgió con los cimientos de una carencia que es la ausencia del Estado y las políticas que no lleva adelante”.
El proyecto sancionado por el Senado fue calificado como “confuso, impreciso y abarcativo por lo que debemos definir a quien va dirigida esta ley, además, tenemos la obligación de resguardar al usuario y esta ley no le sirve a la gente”.
Finalmente, los diputados acordaron tratar en la próxima reunión de comisión las iniciativas propuestas por ellos y las modificaciones que se plantearon al proyecto del Senado.
domingo, septiembre 04, 2005
Quedó modificada la ley Penal Tributaria
Aunque el trámite aún no concluyó y seguirá en la Cámara de Diputados, en la práctica ya cuenta con aprobación la modificación de los artículos 18 y 19 de la Ley 24.769.
Senado aprobó y giró en segunda revisión el proyecto que modifica la Ley Penal Tributaria y crea una Unidad Especial dentro de la Procuración del Tesoro que deberá controlar a la AFIP cuando el organismo recaudador decida no avanzar en denuncias penales contra algunos evasores.
La norma, que aprobó el cuerpo por 39 votos a favor y ninguno en contra, crea una unidad especial dentro de la Procuración del Tesoro que deberá analizar todos los casos sobre evasión en los cuales la AFIP decida no avanzar en una denuncia penal contra el investigado.
Aspectos políticos enturbiaron la sanción y de nada valieron las varias consultas con la AFIP, con la Procuración del Tesoro y con el Ministerio Público. Ocurre que el texto original establecía que el control a la AFIP lo debía realizar la Procuración General de la Nación -que maneja Esteban Righi- y no la Procuración del Tesoro, que preside Osvaldo Guglielmino. No obstante, al ser citado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Penales, Righi se opuso al proyecto y argumentó que dentro de las funciones de la Procuración General no estaban incluidas el control a la AFIP.
Ambas comisiones decidieron entonces modificar el proyecto y trasladarle la función de control a la Procuración del Tesoro. En esta dirección, para agilizar el mecanismo, el proyecto crea una Unidad Especial dentro de este ultimo organismo para que -con especialista en la materia- se aboque a controlar las decisiones de la AFIP.
Ahora, Diputados deberá decidir si insiste con el texto original o aprueba las modificaciones del Senado.
Régimen de Hidrogeno.
La comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de Víctor Fayad (UCR-Mendoza) sobre régimen de Hidrógeno. “Tiene por objeto regular el aprovechamiento y promover la investigación, el desarrollo, producción y uso de energía producida a través de hidrógeno y generada ésta mediante el uso de energías renovables “, afirmó Fayad. Según explica el proyecto, son consideradas en energías renovables la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía de la biomasa y de los residuos, la geotérmica y la mareomotriz, y toda aquella otra fuente de producción energética no contaminante con base en el aprovechamiento de recursos renovables no convencionales.
El proyecto establece que el Estado Nacional fijará la política en materia de energía del hidrógeno y ejercerá la función de investigación y desarrollo, generación, regulación y fiscalización.
El capítulo licencias de la ley de radiodifusión.
El Senado dejó convertido en ley la modificación que habilita a ser titulares de licencia de radio y televisión a las organizaciones sin fines de lucro.
La norma establece que “las licencias se adjudicarán a una persona física o jurídica regularmente constituida en el país. Cuando el solicitante sea una persona jurídica en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución”.
Como principio general quedó establecido que las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos no pueden ser radiodifusores.
La votación del Presupuesto Nacional.
“El Presupuesto para el año próximo no se vota hasta después del 10 de diciembre” (fecha en la que ingresan los nuevos legisladores) se pronunciaron algunos. Otros sostuvieron que “vamos a sancionar el Presupuesto sin interferencias políticas de ningún tipo. Es posible que lleguemos a aprobarlo (el Presupuesto) antes del 10 de diciembre”.
Lo cierto que las fundamentaciones en uno y otro sentido surgen de distintos integrantes del mismo partido, ya sea oficialista u opositor. A la parálisis producida por la campaña y los chispazos
Una nueva preocupación que suma otro inconveniente en las esferas del Ministerio de Economía.
• Ocurrido en las comisiones
Los tickets de comida.
En medio de un procedimiento no previsto por el reglamento, la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados dispuso analizar el jueves próximo una propuesta que llevará la cámara que agrupa a los emisores de tickets.
La usanza utilizada en épocas de Carlos Pierri, jefe la los Diputados en la administración de Carlos Menem, parece estar recobrando vida. Se trata de dar tratamiento a expedientes legislativos sin contar con la presencia de los diputados que componen el quorum establecido por el reglamento.
Así, después de un breve intercambio de opiniones y con muy pocos presentes, se “pone a la firma” el expediente que, en manos de los empleados de la comisión va recorriendo los despachos de los miembros hasta obtener el número necesario para la emisión del dictamen respectivo que lo habilitará para el tratamiento en el recinto. .
Esto fue lo ocurrido en la última reunión que contó con la presencia de sólo 8 de sus 31 integrantes. El sistema adoptado permitió, por ejemplo, que una propuesta para la modificación de la jornada de trabajo fuera aprobada por seis diputados y la negativa de otro. Camino similar siguió el expediente sobre acciones derivadas de la relación laboral que modifica la ley de contrato de trabajo.
Estos expedientes y otros más consiguieron, en absoluta minoría, iniciar la senda de la búsqueda de firmas que avalen lo actuado.
En la ocasión, el presidente Saúl Ubaldin PJ, Buenos Aires, ante la presencia espontánea de Santiago Lynch, secretario de la cámara empresaria, propuso que los dirigentes presentaran una alternativa a los proyectos en estudio. Lynch prometió que en las próximas 48 horas será presentada una alternativa para ser discutida junto a los expediente de Pascual Capelleri y Marta Maffei.
Habrá que esperar entonces hasta pasado mañana para conocer el final de esta historia que comenzó en 2004.
A esta altura de las actuaciones llama la atención que nadie reclame incorporar al tratamiento el proyecto de Maria Teresa Ferrin, UCR Jujuy y un nutrido grupo de legisladores que propone la creación de condiciones para la provisión de una dieta alimentaria para trabajadores que incluyen el funcionamiento de comedores en las empresas de mas de 30 trabajadores y en su defecto la provisión de tickets de comida.
Sobre estos últimos propone un régimen de sanciones que imposibilite la comercialización indebida de estos haciendo obligatoria la utilización de los vales en la provisión de alimentos para el trabajador.
Senado aprobó y giró en segunda revisión el proyecto que modifica la Ley Penal Tributaria y crea una Unidad Especial dentro de la Procuración del Tesoro que deberá controlar a la AFIP cuando el organismo recaudador decida no avanzar en denuncias penales contra algunos evasores.
La norma, que aprobó el cuerpo por 39 votos a favor y ninguno en contra, crea una unidad especial dentro de la Procuración del Tesoro que deberá analizar todos los casos sobre evasión en los cuales la AFIP decida no avanzar en una denuncia penal contra el investigado.
Aspectos políticos enturbiaron la sanción y de nada valieron las varias consultas con la AFIP, con la Procuración del Tesoro y con el Ministerio Público. Ocurre que el texto original establecía que el control a la AFIP lo debía realizar la Procuración General de la Nación -que maneja Esteban Righi- y no la Procuración del Tesoro, que preside Osvaldo Guglielmino. No obstante, al ser citado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Penales, Righi se opuso al proyecto y argumentó que dentro de las funciones de la Procuración General no estaban incluidas el control a la AFIP.
Ambas comisiones decidieron entonces modificar el proyecto y trasladarle la función de control a la Procuración del Tesoro. En esta dirección, para agilizar el mecanismo, el proyecto crea una Unidad Especial dentro de este ultimo organismo para que -con especialista en la materia- se aboque a controlar las decisiones de la AFIP.
Ahora, Diputados deberá decidir si insiste con el texto original o aprueba las modificaciones del Senado.
Régimen de Hidrogeno.
La comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de Víctor Fayad (UCR-Mendoza) sobre régimen de Hidrógeno. “Tiene por objeto regular el aprovechamiento y promover la investigación, el desarrollo, producción y uso de energía producida a través de hidrógeno y generada ésta mediante el uso de energías renovables “, afirmó Fayad. Según explica el proyecto, son consideradas en energías renovables la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía de la biomasa y de los residuos, la geotérmica y la mareomotriz, y toda aquella otra fuente de producción energética no contaminante con base en el aprovechamiento de recursos renovables no convencionales.
El proyecto establece que el Estado Nacional fijará la política en materia de energía del hidrógeno y ejercerá la función de investigación y desarrollo, generación, regulación y fiscalización.
El capítulo licencias de la ley de radiodifusión.
El Senado dejó convertido en ley la modificación que habilita a ser titulares de licencia de radio y televisión a las organizaciones sin fines de lucro.
La norma establece que “las licencias se adjudicarán a una persona física o jurídica regularmente constituida en el país. Cuando el solicitante sea una persona jurídica en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución”.
Como principio general quedó establecido que las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos no pueden ser radiodifusores.
La votación del Presupuesto Nacional.
“El Presupuesto para el año próximo no se vota hasta después del 10 de diciembre” (fecha en la que ingresan los nuevos legisladores) se pronunciaron algunos. Otros sostuvieron que “vamos a sancionar el Presupuesto sin interferencias políticas de ningún tipo. Es posible que lleguemos a aprobarlo (el Presupuesto) antes del 10 de diciembre”.
Lo cierto que las fundamentaciones en uno y otro sentido surgen de distintos integrantes del mismo partido, ya sea oficialista u opositor. A la parálisis producida por la campaña y los chispazos
Una nueva preocupación que suma otro inconveniente en las esferas del Ministerio de Economía.
• Ocurrido en las comisiones
Los tickets de comida.
En medio de un procedimiento no previsto por el reglamento, la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados dispuso analizar el jueves próximo una propuesta que llevará la cámara que agrupa a los emisores de tickets.
La usanza utilizada en épocas de Carlos Pierri, jefe la los Diputados en la administración de Carlos Menem, parece estar recobrando vida. Se trata de dar tratamiento a expedientes legislativos sin contar con la presencia de los diputados que componen el quorum establecido por el reglamento.
Así, después de un breve intercambio de opiniones y con muy pocos presentes, se “pone a la firma” el expediente que, en manos de los empleados de la comisión va recorriendo los despachos de los miembros hasta obtener el número necesario para la emisión del dictamen respectivo que lo habilitará para el tratamiento en el recinto. .
Esto fue lo ocurrido en la última reunión que contó con la presencia de sólo 8 de sus 31 integrantes. El sistema adoptado permitió, por ejemplo, que una propuesta para la modificación de la jornada de trabajo fuera aprobada por seis diputados y la negativa de otro. Camino similar siguió el expediente sobre acciones derivadas de la relación laboral que modifica la ley de contrato de trabajo.
Estos expedientes y otros más consiguieron, en absoluta minoría, iniciar la senda de la búsqueda de firmas que avalen lo actuado.
En la ocasión, el presidente Saúl Ubaldin PJ, Buenos Aires, ante la presencia espontánea de Santiago Lynch, secretario de la cámara empresaria, propuso que los dirigentes presentaran una alternativa a los proyectos en estudio. Lynch prometió que en las próximas 48 horas será presentada una alternativa para ser discutida junto a los expediente de Pascual Capelleri y Marta Maffei.
Habrá que esperar entonces hasta pasado mañana para conocer el final de esta historia que comenzó en 2004.
A esta altura de las actuaciones llama la atención que nadie reclame incorporar al tratamiento el proyecto de Maria Teresa Ferrin, UCR Jujuy y un nutrido grupo de legisladores que propone la creación de condiciones para la provisión de una dieta alimentaria para trabajadores que incluyen el funcionamiento de comedores en las empresas de mas de 30 trabajadores y en su defecto la provisión de tickets de comida.
Sobre estos últimos propone un régimen de sanciones que imposibilite la comercialización indebida de estos haciendo obligatoria la utilización de los vales en la provisión de alimentos para el trabajador.
ASPERO DEBATE ENTRE DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS DE LA ENERGIA ELECTICA
A efectos de informar a los miembros de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo concurrieron funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica.
Ricardo Martínez Leone, vicepresidente y los vocales Jorge Balanda y Marcelo Kiener informaron sobre las funciones que cumplen luego de la aprobación del acta acuerdo de Edelap.
Análisis de toda la información recibida, proceso de revisión integral de las tarifas, precomposición tarifaria, inversiones comprometidas, estudio de energía no suministrada fueron algunos de ítem mencionados. Sostuvieron que incluyen en los estudios a las empresas Edenor y Edesur.
También anunciaron una auditoría de bienes afectados a los servicios y que se esta efectuando la selección de la empresa consultora.
Sostuvieron que los estudios finalizarán con la fijación de parámetros para la verificación de las tarifas que persiguen un objetivo de equidad en su estructura. Luego vendrá una audiencia pública para posteriormente presentar el cuadro tarifario, hecho que calcularon ocurrirá en noviembre y cuya vigencia sería a partir de febrero del año próximo. .
Siguieron luego las preguntas de los diputados y allí los funcionarios se encontraron con una andanada de requerimientos que por momentos alcanzó fuerte tensión.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli, (UCR-Córdoba) dijo que “no se ha cumplido el plazo” fijado en el acta convenio correspondiente para conocer el resultado de esa revisión, que debía concretarse el 1 de julio pasado y que el informe suministrado “conforma relativamente” las expectativas.
Criticó, además, la demora en cuanto a la designación de las autoridades definitivas del ENRE luego del proceso de concurso de antecedentes y oposición, “que todavía está pendiente”, por lo que “por el momento se trata de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional”, ante esta situación expresó Leonelli “no queda garantizado un adecuado marco para el ejercicio de los controles dentro de un estado de derecho”.
Provocaron reacciones adversas la revelación por parte de los funcionarios del ENRE sobre la contratación de 250 personas "muchas de ellas para atender el call center que responde a las inquietudes de los usuarios" según la explicación de las autoridades.
Igual consecuencia tuvo la débil explicación por el no cobro de multas "ciertas y estimadas" según la definición que dieron. Suman 48 millones de pesos, no fueron cobradas y en muchos casos se otorgó plazo hasta febrero próximo para el cobro.
La cuerda se tensó al máximo cuando Maria América González, (ARI, Capital Federal) afirmó que los que actuaban de esa manera “son unos tránsfugas” (se refería a actitudes evasivas de los funcionarios, que en muchos momentos dejaron huecos inexplicables.
Ante el pedido de cuales son las empresas consultoras que tendrán a su cargo la auditoria, la respuesta fue que descocían su nombre. "Ustedes no lo saben? no les creemos, dijeron casi a coro los diputados.
Los funcionarios afirmaron a modo de cierre que "se volvió a la ley" dejando la sensación de que todo un capitulo anterior se completó fuera de la ley.
Afuera el temporal arreciaba, adentro de la Cámara de Diputados también.
El acuerdo DISTROCUYO quedará firme.
El acta acuerdo suscripta entre la UNIREM y la empresa de transporte de energía eléctrica Distribución Troncal de Cuyo S.A. (DISTROCUYO) quedó aprobada de hecho tras haber recibido solamente la aprobación del Senado.
Los vaivenes en los bloques partidarios de Diputados sumados al viaje a Rosario para acompañar el acto de lanzamiento de la campaña de la candidata Cristina Fernández de Kirchner cancelaron definitivamente cualquier intención de llevar el tema al recinto.
De esta manera, el de los cuyanos es el séptimo contrato que se aprueba sin contar con la sanción del Congreso.
• Ocurrido en las comisiones
CONCURSOS Y QUIEBRAS. En la comisión de Justicia de Diputados continúa en estudio el proyecto de ley 24.522 por el cual se reforman aspectos del Fuero de Atracción en los Concursos y Quiebras.
Además, se analizó el proyecto por el cual se crean diez juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal.
Para la próxima reunión quedó el estudio del proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 3 de la Ley 25.970, de Creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa María, Córdoba, ampliando de esa manera su competencia territorial y la iniciativa por la cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
LAS PAPELERAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO URUGUAY.
La Comisión de Recursos Naturales aprobó por unanimidad la redacción de una nota dirigida al Presidente de la Nación y al Canciller para que se tomen todas las medidas necesarias que eviten la construcción de dos plantas de pasta celulósica frente a las costas entrerrianas sobre el Río Uruguay, de soberanía compartidas. Mencionarán en la nota las denuncias contra las empresas papeleras a realizar las obras.
Además aprobaron entre otros los siguientes proyectos: de la diputada Lilia Puig de Stubrin (UCR, Santa Fe) sobre el régimen de Parques Tecnológicos e Incubadoras de empresas; declaración de interés parlamentario de las II Jornadas sobre medio ambiente a nivel Latinoamericano a realizarse del 11 al 13 de agosto; beneplácito por la obtención del premio otorgado por la organización conservacionista Británica Wehitley Found for Nature al biólogo argentino Andrés Novaro; solicitud de la reglamentación de la ley 25.675 sobre Política Ambiental; solicitud al PEN sobre régimen de eliminación y gestión de los PCB; solicitud al PEN sobre el impacto ambiental en cuenca concesionada por la empresa Hidrovía S.A.
DEUDORES HIPOTECARIOS.
La comisión de Vivienda recibió a más de 32 asociaciones de deudores hipotecarios de casi todas las provincias, quienes reclamaron la suspensión de las ejecuciones de viviendas únicas con créditos del Banco Hipotecario y criticaron al gobierno por no darles solución.
Las asociaciones señalaron que la situación es muy crítica, que existen desalojos, remates, y que la gente se queda en la calle. Además, criticaron el Fondo Fiduciario ya que no funciona y “lo peor de todo es que pasa todo lo contrario, nos perjudica”. Los representantes manifestaron su preocupación por no haber voluntad política del Poder Ejecutivo para tratar de buscar una solución. Algunos señalaron que están dispuestos a pagar la deuda original, pero que no pueden pagar las sumas que hoy se están pidiendo que, en algunos casos, es dos veces y media más que la original. También mostraron malestar por las marcadas ausencias de legisladores.
El presidente de la comisión, el radical Alfredo Martínez manifestó que “el primer paso es una ley que queremos plantear sobre tablas, con preferencia, en la primera sesión que tengamos, para declarar la emergencia habitacional y suspender ejecuciones con sentencia judiciales y extrajudiciales, y los desalojos de vivienda única, sea cual fuera el origen de la obligación.
Ricardo Martínez Leone, vicepresidente y los vocales Jorge Balanda y Marcelo Kiener informaron sobre las funciones que cumplen luego de la aprobación del acta acuerdo de Edelap.
Análisis de toda la información recibida, proceso de revisión integral de las tarifas, precomposición tarifaria, inversiones comprometidas, estudio de energía no suministrada fueron algunos de ítem mencionados. Sostuvieron que incluyen en los estudios a las empresas Edenor y Edesur.
También anunciaron una auditoría de bienes afectados a los servicios y que se esta efectuando la selección de la empresa consultora.
Sostuvieron que los estudios finalizarán con la fijación de parámetros para la verificación de las tarifas que persiguen un objetivo de equidad en su estructura. Luego vendrá una audiencia pública para posteriormente presentar el cuadro tarifario, hecho que calcularon ocurrirá en noviembre y cuya vigencia sería a partir de febrero del año próximo. .
Siguieron luego las preguntas de los diputados y allí los funcionarios se encontraron con una andanada de requerimientos que por momentos alcanzó fuerte tensión.
La presidenta de la comisión, Silvina Leonelli, (UCR-Córdoba) dijo que “no se ha cumplido el plazo” fijado en el acta convenio correspondiente para conocer el resultado de esa revisión, que debía concretarse el 1 de julio pasado y que el informe suministrado “conforma relativamente” las expectativas.
Criticó, además, la demora en cuanto a la designación de las autoridades definitivas del ENRE luego del proceso de concurso de antecedentes y oposición, “que todavía está pendiente”, por lo que “por el momento se trata de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional”, ante esta situación expresó Leonelli “no queda garantizado un adecuado marco para el ejercicio de los controles dentro de un estado de derecho”.
Provocaron reacciones adversas la revelación por parte de los funcionarios del ENRE sobre la contratación de 250 personas "muchas de ellas para atender el call center que responde a las inquietudes de los usuarios" según la explicación de las autoridades.
Igual consecuencia tuvo la débil explicación por el no cobro de multas "ciertas y estimadas" según la definición que dieron. Suman 48 millones de pesos, no fueron cobradas y en muchos casos se otorgó plazo hasta febrero próximo para el cobro.
La cuerda se tensó al máximo cuando Maria América González, (ARI, Capital Federal) afirmó que los que actuaban de esa manera “son unos tránsfugas” (se refería a actitudes evasivas de los funcionarios, que en muchos momentos dejaron huecos inexplicables.
Ante el pedido de cuales son las empresas consultoras que tendrán a su cargo la auditoria, la respuesta fue que descocían su nombre. "Ustedes no lo saben? no les creemos, dijeron casi a coro los diputados.
Los funcionarios afirmaron a modo de cierre que "se volvió a la ley" dejando la sensación de que todo un capitulo anterior se completó fuera de la ley.
Afuera el temporal arreciaba, adentro de la Cámara de Diputados también.
El acuerdo DISTROCUYO quedará firme.
El acta acuerdo suscripta entre la UNIREM y la empresa de transporte de energía eléctrica Distribución Troncal de Cuyo S.A. (DISTROCUYO) quedó aprobada de hecho tras haber recibido solamente la aprobación del Senado.
Los vaivenes en los bloques partidarios de Diputados sumados al viaje a Rosario para acompañar el acto de lanzamiento de la campaña de la candidata Cristina Fernández de Kirchner cancelaron definitivamente cualquier intención de llevar el tema al recinto.
De esta manera, el de los cuyanos es el séptimo contrato que se aprueba sin contar con la sanción del Congreso.
• Ocurrido en las comisiones
CONCURSOS Y QUIEBRAS. En la comisión de Justicia de Diputados continúa en estudio el proyecto de ley 24.522 por el cual se reforman aspectos del Fuero de Atracción en los Concursos y Quiebras.
Además, se analizó el proyecto por el cual se crean diez juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal.
Para la próxima reunión quedó el estudio del proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 3 de la Ley 25.970, de Creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa María, Córdoba, ampliando de esa manera su competencia territorial y la iniciativa por la cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
LAS PAPELERAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO URUGUAY.
La Comisión de Recursos Naturales aprobó por unanimidad la redacción de una nota dirigida al Presidente de la Nación y al Canciller para que se tomen todas las medidas necesarias que eviten la construcción de dos plantas de pasta celulósica frente a las costas entrerrianas sobre el Río Uruguay, de soberanía compartidas. Mencionarán en la nota las denuncias contra las empresas papeleras a realizar las obras.
Además aprobaron entre otros los siguientes proyectos: de la diputada Lilia Puig de Stubrin (UCR, Santa Fe) sobre el régimen de Parques Tecnológicos e Incubadoras de empresas; declaración de interés parlamentario de las II Jornadas sobre medio ambiente a nivel Latinoamericano a realizarse del 11 al 13 de agosto; beneplácito por la obtención del premio otorgado por la organización conservacionista Británica Wehitley Found for Nature al biólogo argentino Andrés Novaro; solicitud de la reglamentación de la ley 25.675 sobre Política Ambiental; solicitud al PEN sobre régimen de eliminación y gestión de los PCB; solicitud al PEN sobre el impacto ambiental en cuenca concesionada por la empresa Hidrovía S.A.
DEUDORES HIPOTECARIOS.
La comisión de Vivienda recibió a más de 32 asociaciones de deudores hipotecarios de casi todas las provincias, quienes reclamaron la suspensión de las ejecuciones de viviendas únicas con créditos del Banco Hipotecario y criticaron al gobierno por no darles solución.
Las asociaciones señalaron que la situación es muy crítica, que existen desalojos, remates, y que la gente se queda en la calle. Además, criticaron el Fondo Fiduciario ya que no funciona y “lo peor de todo es que pasa todo lo contrario, nos perjudica”. Los representantes manifestaron su preocupación por no haber voluntad política del Poder Ejecutivo para tratar de buscar una solución. Algunos señalaron que están dispuestos a pagar la deuda original, pero que no pueden pagar las sumas que hoy se están pidiendo que, en algunos casos, es dos veces y media más que la original. También mostraron malestar por las marcadas ausencias de legisladores.
El presidente de la comisión, el radical Alfredo Martínez manifestó que “el primer paso es una ley que queremos plantear sobre tablas, con preferencia, en la primera sesión que tengamos, para declarar la emergencia habitacional y suspender ejecuciones con sentencia judiciales y extrajudiciales, y los desalojos de vivienda única, sea cual fuera el origen de la obligación.
lunes, julio 18, 2005
Sin avances hasta agosto. Los proyectos de ley que vendrán
Tarea para después de las vacaciones
La semana próxima finaliza el período de vacaciones invernales en el Congreso de la Nación que se da juntamente con las de los tribunales capitalinos.
El clima de alto voltaje político seguramente deparará sorpresas en cuanto al normal inicio y desarrollo de, por ejemplo, la labor en las comisiones que tienen a su cargo el estudio y la producción de los respectivos dictámenes sobre los proyectos legislativos ingresados en Diputados y Senado.
Al momento de cerrar este informe, muchas de las fuentes consultadas no dudaron en estimar el mes de agosto como la fecha de inicio de tareas con la efectiva presencia de los legisladores en las comisiones.
En las últimas jornadas de actividad “normal” hubo muchos temas que quedaron inconclusos. Planteamos entonces un ejercicio virtual y recorrimos las comisiones en busca de aquellos que habiendo estado en las respectivas agendas, quedaron postergados por la política electoral.
Nos encontramos con el siguiente panorama:
• La reestatización de TANDANOR. El proyecto, originario del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, obtuvo dictamen y cuando todo indicaba su proximidad al tratamiento en el recinto hubo algunas resistencias tanto en el oficialismo como en la oposición que están demorando su progreso. Hasta se comentó que desde el gobierno se habían dado señales para restar interés al tema.
A esto habrá que sumar ahora, y no solo en este caso, la situación en que quedará el autor del proyecto y los correspondientes apoyos vista la lucha entablada en el seno del justicialismo por las elecciones y los consecuentes encolumnamientos.
• Los tickets de comida y una ley de alimentación para los trabajadores. En la de Legislación del Trabajo de Diputados que preside Saúl Ubaldini, (PJ-Buenos Aires) -intentará renovar su mandato desde la lista de Chiche Duhalde-, continúa en espera el pre dictamen que unificó los proyectos de Pascual Capelleri, (UCR-Buenos Aires) y el de Marta Maffei, (ARI; Buenos Aires). La propuesta es la eliminación progresiva de los tickets e incorporar su monto a la masa salarial.
Su texto fue compatibilizado por los asesores de los diputados integrantes de la comisión pero a la hora de concretar, estos últimos no lograron ponerse de acuerdo.
Concurrieron luego las autoridades de la cámara que agrupa a las entidades emisoras de los tickets que informaron a los diputados sobre la magnitud del servicio.
Posteriormente, la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra y el receso invernal en las cámaras provocaron un largo paréntesis que, seguramente, verá su fin en los primeros días de agosto. Sería entonces cuando nuevamente se incorpore a la agenda el predictamen citado o alguna otra variante que hasta ahora no se conoce.
En otro orden, hace pocos días ingresó para el tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Acción Social y Salud Publica de Diputados un proyecto que propone un régimen de alimentación para los trabajadores.
La iniciativa de María Teresa Ferrín, (UCR-Jujuy) acompañada por un nutrido grupo de legisladores propone que los establecimientos con más 30 trabajadores y con jornadas superiores a las 8 horas de labor, otorguen una dieta equilibrada durante la jornada de trabajo.
Para su realización propone comedores o tickets de comida. Establece un novedoso régimen de sanciones para los casos de canjes indebidos de tickets o compra de artículos expresamente prohibidos.
• El rol de las farmacias. Un proyecto del justicialista Guillermo Amstutz, (Mendoza) está en camino de llegar al recinto de los Diputados. De las cuatro comisiones a las que fue girado podría tener dificultades sólo en una para obtener las firmas necesarias para la aprobación del respectivo dictamen.
En la comisión cabecera fue aprobado por unanimidad y ya fue elaborado un predictamen que entre otras disposiciones establece con el objeto de garantizar la distribución racional de las farmacias y la accesibilidad geográfica de sus servicios, que “la autorización y habilitación de instalación de nuevas farmacias, sólo puede otorgarse cuando exista una distancia no inferior a los trescientos metros respecto de otra u otras farmacias ya autorizadas o habilitadas, medidos de puerta a puerta por camino peatonal”.
En otro orden señala que “una vez otorgada la habilitación de la autoridad jurisdiccional competente, en las farmacias no se puede introducir modificación alguna en su denominación y/o razón social, ni en su composición societaria, ni en su funcionamiento, sin previa autorización de la autoridad habilitante”.
Desde la vereda empresaria, el proyecto obtuvo la aprobación de la Federación Argentina de Cámaras Farmacéuticas y de la Confederación Farmacéutica Argentina.
• Planes en medicina prepaga. La comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados tiene en estudio desde agosto del año pasado un proyecto sobre las entidades de medicina prepaga. Ya tiene sanción del Senado y si no consiguiera aprobación durante el presente período perdería vigencia al vencer su estado parlamentario.
Quizás el inconveniente sea que figuran en el temario de la comisión cabecera varias iniciativas que podrían obligar a introducir modificaciones en el sancionado y consecuentemente la vuelta del proyecto a la cámara de origen.
Los restantes proyectos en agenda proponen el régimen de contratos entre las personas físicas y las entidades; la modificación del artículo. 3º de la ley 25.415, por el cual se establece que las prestaciones de las obras sociales y sus asociaciones y entidades de medicina prepaga, quedaran incorporadas al Programa Médico Obligatorio; el régimen para las instituciones de medicina prepaga y la creación del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga –RENAEMP- en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud; la derogación de la ley 24.754 y derechos de los usuarios de las empresas de medicina prepaga –ley 24.754- la modificación del artículo 2º, sobre afiliación
Los proyectos relacionados con esta actividad suman 33.
• Comisiones de tarjetas de crédito. El pasado 20 de mayo el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley modificando la ley 25.065 de tarjetas de crédito.
En el mensaje del Ejecutivo se expresa que “los profundos cambios ocurridos en la economía del país” dejan al descubierto que la ley “no contiene previsiones que sean lo suficientemente flexibles como para permitir dar solución a situaciones que se generan en el mercado del crédito”.
La iniciativa que no fue tratada siquiera por los asesores de los diputados de la comisión cabecera, propone que se brinde detalle de los cargos administrativos con especificación de monto; comisiones por retiro de dinero en efectivo; tope de interés compensatorio o financiero; determina que el BCRA dicte las normas que regulen un procedimiento abreviado y de sanción para las entidades que no informen o no exhiban las disposiciones relativas a las tasas a aplicar; tasa límite de interés punitorio y las sanciones y multas por infracción a las disposiciones.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Finanzas, Comercio y Defensa del Consumidor.
Junto al citado existen una decena de proyectos similares propuestos por Rodolfo Frigeri, PJ; José Díaz Bancalari, (PJ, Buenos Aires); Aída Maldonado, (Fte. Cívico, Catamarca); Gerónimo Vargas Aignasse y Stella Maris Córdoba, (ambos PJ, Tucumán).
Otros legisladores abordan temas tales como resúmenes (Hugo Storero, UCR, Santa Fe); prórroga automática de los contratos entre emisor y titular, (Marta Osorio, PJ, La Pampa) ; verificación de identidad (Rodolfo Frigeri, (PJ, Buenos Aires), entre otros.
Como dato ilustrativo de la importancia que se otorga al sistema de tarjetas de crédito informamos que existen más de 100 proyectos legislativos.
• Los grandes comercios y la jornada dominical. Dos son los temas dominantes. El primero la habilitación de los denominados “grandes establecimientos comerciales”. Al respecto, desde el año pasado la comisión de Comercio de Diputados tiene en estudio el proyecto de Margarita Stolbizer, (UCR- Buenos Aires) , que no pasó de la situación “en estudio”
En tanto el otro punto que pone los pelos de punta a los empresarios del sector, entre ellos a los de shopping y supermercados, es la posibilidad de que se implemente el descanso dominical.
Uno de los proyectos propone la modificación de los artículos 204 y 207 de la ley 20.744 de contrato de trabajo sobre descanso dominical.
Al respecto, directivos de la Asociación de Supermercados Unidos se mostraron preocupados y sostuvieron ante los miembros de la comisión de Comercio que “se pueden perder hasta 20.000 puestos de trabajo”.
Existen varias iniciativas al respecto que con matices diversos abordan el tema que ocupa a legisladores de las comisiones de Trabajo, Comercio, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda donde están radicadas las iniciativas.
Son 64 las propuestas sobre aspectos de la actividad supermercadista.
• Las preferencias para el recinto de Diputados. Ya en el capítulo de los temas con preferencia para su tratamiento en el recinto y que cuentan con dictamen de comisión encontramos el proyecto de ley tendiente a establecer nuevas herramientas para disminuir la morosidad y la evasión en materia de seguridad social. En este caso coexisten un dictamen de mayoría que presenta disidencias y tres dictámenes de minoría que aseguran un largo debate y un final incierto.
Otro de los proyectos en condiciones similares es la modificación de la ley 25.509 de regulación del derecho real de superficie para el desarrollo forestal.
La semana próxima finaliza el período de vacaciones invernales en el Congreso de la Nación que se da juntamente con las de los tribunales capitalinos.
El clima de alto voltaje político seguramente deparará sorpresas en cuanto al normal inicio y desarrollo de, por ejemplo, la labor en las comisiones que tienen a su cargo el estudio y la producción de los respectivos dictámenes sobre los proyectos legislativos ingresados en Diputados y Senado.
Al momento de cerrar este informe, muchas de las fuentes consultadas no dudaron en estimar el mes de agosto como la fecha de inicio de tareas con la efectiva presencia de los legisladores en las comisiones.
En las últimas jornadas de actividad “normal” hubo muchos temas que quedaron inconclusos. Planteamos entonces un ejercicio virtual y recorrimos las comisiones en busca de aquellos que habiendo estado en las respectivas agendas, quedaron postergados por la política electoral.
Nos encontramos con el siguiente panorama:
• La reestatización de TANDANOR. El proyecto, originario del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, obtuvo dictamen y cuando todo indicaba su proximidad al tratamiento en el recinto hubo algunas resistencias tanto en el oficialismo como en la oposición que están demorando su progreso. Hasta se comentó que desde el gobierno se habían dado señales para restar interés al tema.
A esto habrá que sumar ahora, y no solo en este caso, la situación en que quedará el autor del proyecto y los correspondientes apoyos vista la lucha entablada en el seno del justicialismo por las elecciones y los consecuentes encolumnamientos.
• Los tickets de comida y una ley de alimentación para los trabajadores. En la de Legislación del Trabajo de Diputados que preside Saúl Ubaldini, (PJ-Buenos Aires) -intentará renovar su mandato desde la lista de Chiche Duhalde-, continúa en espera el pre dictamen que unificó los proyectos de Pascual Capelleri, (UCR-Buenos Aires) y el de Marta Maffei, (ARI; Buenos Aires). La propuesta es la eliminación progresiva de los tickets e incorporar su monto a la masa salarial.
Su texto fue compatibilizado por los asesores de los diputados integrantes de la comisión pero a la hora de concretar, estos últimos no lograron ponerse de acuerdo.
Concurrieron luego las autoridades de la cámara que agrupa a las entidades emisoras de los tickets que informaron a los diputados sobre la magnitud del servicio.
Posteriormente, la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra y el receso invernal en las cámaras provocaron un largo paréntesis que, seguramente, verá su fin en los primeros días de agosto. Sería entonces cuando nuevamente se incorpore a la agenda el predictamen citado o alguna otra variante que hasta ahora no se conoce.
En otro orden, hace pocos días ingresó para el tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Acción Social y Salud Publica de Diputados un proyecto que propone un régimen de alimentación para los trabajadores.
La iniciativa de María Teresa Ferrín, (UCR-Jujuy) acompañada por un nutrido grupo de legisladores propone que los establecimientos con más 30 trabajadores y con jornadas superiores a las 8 horas de labor, otorguen una dieta equilibrada durante la jornada de trabajo.
Para su realización propone comedores o tickets de comida. Establece un novedoso régimen de sanciones para los casos de canjes indebidos de tickets o compra de artículos expresamente prohibidos.
• El rol de las farmacias. Un proyecto del justicialista Guillermo Amstutz, (Mendoza) está en camino de llegar al recinto de los Diputados. De las cuatro comisiones a las que fue girado podría tener dificultades sólo en una para obtener las firmas necesarias para la aprobación del respectivo dictamen.
En la comisión cabecera fue aprobado por unanimidad y ya fue elaborado un predictamen que entre otras disposiciones establece con el objeto de garantizar la distribución racional de las farmacias y la accesibilidad geográfica de sus servicios, que “la autorización y habilitación de instalación de nuevas farmacias, sólo puede otorgarse cuando exista una distancia no inferior a los trescientos metros respecto de otra u otras farmacias ya autorizadas o habilitadas, medidos de puerta a puerta por camino peatonal”.
En otro orden señala que “una vez otorgada la habilitación de la autoridad jurisdiccional competente, en las farmacias no se puede introducir modificación alguna en su denominación y/o razón social, ni en su composición societaria, ni en su funcionamiento, sin previa autorización de la autoridad habilitante”.
Desde la vereda empresaria, el proyecto obtuvo la aprobación de la Federación Argentina de Cámaras Farmacéuticas y de la Confederación Farmacéutica Argentina.
• Planes en medicina prepaga. La comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados tiene en estudio desde agosto del año pasado un proyecto sobre las entidades de medicina prepaga. Ya tiene sanción del Senado y si no consiguiera aprobación durante el presente período perdería vigencia al vencer su estado parlamentario.
Quizás el inconveniente sea que figuran en el temario de la comisión cabecera varias iniciativas que podrían obligar a introducir modificaciones en el sancionado y consecuentemente la vuelta del proyecto a la cámara de origen.
Los restantes proyectos en agenda proponen el régimen de contratos entre las personas físicas y las entidades; la modificación del artículo. 3º de la ley 25.415, por el cual se establece que las prestaciones de las obras sociales y sus asociaciones y entidades de medicina prepaga, quedaran incorporadas al Programa Médico Obligatorio; el régimen para las instituciones de medicina prepaga y la creación del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga –RENAEMP- en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud; la derogación de la ley 24.754 y derechos de los usuarios de las empresas de medicina prepaga –ley 24.754- la modificación del artículo 2º, sobre afiliación
Los proyectos relacionados con esta actividad suman 33.
• Comisiones de tarjetas de crédito. El pasado 20 de mayo el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley modificando la ley 25.065 de tarjetas de crédito.
En el mensaje del Ejecutivo se expresa que “los profundos cambios ocurridos en la economía del país” dejan al descubierto que la ley “no contiene previsiones que sean lo suficientemente flexibles como para permitir dar solución a situaciones que se generan en el mercado del crédito”.
La iniciativa que no fue tratada siquiera por los asesores de los diputados de la comisión cabecera, propone que se brinde detalle de los cargos administrativos con especificación de monto; comisiones por retiro de dinero en efectivo; tope de interés compensatorio o financiero; determina que el BCRA dicte las normas que regulen un procedimiento abreviado y de sanción para las entidades que no informen o no exhiban las disposiciones relativas a las tasas a aplicar; tasa límite de interés punitorio y las sanciones y multas por infracción a las disposiciones.
El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Finanzas, Comercio y Defensa del Consumidor.
Junto al citado existen una decena de proyectos similares propuestos por Rodolfo Frigeri, PJ; José Díaz Bancalari, (PJ, Buenos Aires); Aída Maldonado, (Fte. Cívico, Catamarca); Gerónimo Vargas Aignasse y Stella Maris Córdoba, (ambos PJ, Tucumán).
Otros legisladores abordan temas tales como resúmenes (Hugo Storero, UCR, Santa Fe); prórroga automática de los contratos entre emisor y titular, (Marta Osorio, PJ, La Pampa) ; verificación de identidad (Rodolfo Frigeri, (PJ, Buenos Aires), entre otros.
Como dato ilustrativo de la importancia que se otorga al sistema de tarjetas de crédito informamos que existen más de 100 proyectos legislativos.
• Los grandes comercios y la jornada dominical. Dos son los temas dominantes. El primero la habilitación de los denominados “grandes establecimientos comerciales”. Al respecto, desde el año pasado la comisión de Comercio de Diputados tiene en estudio el proyecto de Margarita Stolbizer, (UCR- Buenos Aires) , que no pasó de la situación “en estudio”
En tanto el otro punto que pone los pelos de punta a los empresarios del sector, entre ellos a los de shopping y supermercados, es la posibilidad de que se implemente el descanso dominical.
Uno de los proyectos propone la modificación de los artículos 204 y 207 de la ley 20.744 de contrato de trabajo sobre descanso dominical.
Al respecto, directivos de la Asociación de Supermercados Unidos se mostraron preocupados y sostuvieron ante los miembros de la comisión de Comercio que “se pueden perder hasta 20.000 puestos de trabajo”.
Existen varias iniciativas al respecto que con matices diversos abordan el tema que ocupa a legisladores de las comisiones de Trabajo, Comercio, Legislación General y de Presupuesto y Hacienda donde están radicadas las iniciativas.
Son 64 las propuestas sobre aspectos de la actividad supermercadista.
• Las preferencias para el recinto de Diputados. Ya en el capítulo de los temas con preferencia para su tratamiento en el recinto y que cuentan con dictamen de comisión encontramos el proyecto de ley tendiente a establecer nuevas herramientas para disminuir la morosidad y la evasión en materia de seguridad social. En este caso coexisten un dictamen de mayoría que presenta disidencias y tres dictámenes de minoría que aseguran un largo debate y un final incierto.
Otro de los proyectos en condiciones similares es la modificación de la ley 25.509 de regulación del derecho real de superficie para el desarrollo forestal.
martes, junio 14, 2005
Los acuerdos por las empresas portuarias pueden terminar en la Justicia
Luego de la ratificación ficta, no se consiguió la sanción de los diputados, los acuerdos por los que quedarán dolarizadas las tasas que cobran las empresas TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A., TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS S.A., TERMINAL 4 S.A. y BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICES S.A. todo indica que terminen en los ámbitos de la justicia.
Así lo anunció durante la reunión en minoría frente a los 54 diputados que el pasado jueves se presentaron a la sesión especial en el recinto legislativo.
“Vamos a iniciar acciones judiciales en virtud de la dudosa constitucionalidad de una maniobra que viola el artículo 82 de la Constitución, ya que siempre el Congreso debe manifestarse por la aprobación o el rechazo”. Sostuvo Silvina Leonelli (UCR-Córdoba) presidente de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PE, que es necesario dejar claro que “constituye un antecedente gravísimo para los intereses del país en las acciones de las empresas ante el CIADI”.
OCURRIDO EN LAS COMISIONES
Cancelación de deudas y difusión para la protección de datos.
En Finanzas de Diputados se emitió dictamen sobre el proyecto de ley presentado por Luis Borsani (UCR-Mendoza). La iniciativa propicia un mecanismo de cancelación y refinanciación de obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco Nación para la adquisición de maquinarias y productos agropecuarios. Fija la tasa de refinanciación de la deuda contraída por el productor en un monto que no podrá superar un dígito. En cuanto a los honorarios de los abogados que puedan intervenir, en algún caso, cuando un productor enfrenta un litigio por morosidad en el pago de la deuda, los mismos se considerarán en forma financiada dentro de la cuota que deba abonar el productor endeudado, la que no podrá superar el 25 % del ingreso del productor o el 12,5 % del valor de la producción.
Por otra parte, la comisión aprobó sin modificaciones el dictamen de Asuntos Constitucionales sobre un proyecto de ley de régimen de protección de datos personales.
Las negociaciones agrícolas internacionales.
Los legisladores miembros de las Comisiones Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales y Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR coincidieron en destacar la necesidad de una “política de Estado, de una visión estratégica” para concretar la exitosa inserción en el mundo del complejo agroalimentario argentino.
En una reunión conjunta, senadores y diputados que integran dichas comisiones coincidieron en subrayar que “las negociaciones agrícolas de Argentina en el mundo necesitan de una política de Estado, que les aporte una dimensión estratégica, porque representan un instrumento esencial para el desarrollo sustentable del país”.
El presidente de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba), destacó “la necesidad de una política de Estado para que el complejo agroalimentario argentino consiga una inserción genuina, exitosa y sustentable en el mundo. La misma no sólo deberá atender las necesidades de los productos de la Pampa Húmeda sino de también de las demás economías regionales”.
Su par de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires), subrayó la conveniencia de consensuar ese tipo de políticas con los demás países miembros del bloque, a los fines de reunir “una mayor masa crítica, una mayor capacidad de negociación, para atender intereses y necesidades que son comunes”.
Digesto Jurídico para la provincia de San Luis.
El vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli resaltó hoy la importancia del flamante Digesto Jurídico de San Luis por considerar que se trata de un ordenamiento de normas que “tiende al progreso” del país y exhortó a que ese conjunto de leyes se constituya en “modelo y fuente de información” para el resto de las provincias.
Scioli vertió estos conceptos durante la ceremonia de presentación del Digesto de leyes, con la presencia del gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saa, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y el presidente de la Cámara de Diputados puntana, Carlos Sargnese, entre otros.
“Esperamos que este trabajo también sirva como modelo y fuente de información para otras provincias. Es un ordenamiento de normas jurídicas que tienden al progreso de nuestro país”, afirmó el titular de la Cámara alta.
Negre de Alonso agradeció a las autoridades del Senado la apertura para llevar adelante los distintos emprendimientos parlamentarios y expresó su reconocimiento a quienes intervinieron en la elaboración del compendio normativo.
Dos senadoras muy disgustadas.
Se trata de Mirian Curletti, vicepresidente del Senado y Alicia Mastandrea, presidente de la comisión de Industria y Comercio quienes se sintieron maltratadas al no permitírseles el acceso al despacho de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Las legisladoras acompañaban a una delegación de intendentes de la región del Impenetrable a efectos de colaborar en la gestión de distintos reclamos de la región.
Día del Periodista.
Con motivo de su celebración, Leyes y Empresas agradece las atenciones y saludos por parte de Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Gómez Diez, vicepresidente del Senado; senador Gerardo Morales; diputados Alberto Natale, Guillermo Alchouron, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Miguel Bonasso, Carlos Macchi. Biblioteca del Congreso de la Nación. Pedro Chaloupka de Estudio De las Carreras y Chaloupka; José Agudín, presidente GMAC; Javier Vernengo, Fiat Argentina; Eduardo Gagliano presidente de la Asociación de Marketing Bancario, Alfredo Vicens y Roberto Laterza de Veraz S.A.; Repsol YPF, Aerolíneas Argentinas, José Olivero de Aeropuertos Argentina 2000; Augusto Rodríguez Larreta de Banco Hipotecario; Viviana Ochiuzzi, asesora de la diputada Stela Peso, entre otros.
Así lo anunció durante la reunión en minoría frente a los 54 diputados que el pasado jueves se presentaron a la sesión especial en el recinto legislativo.
“Vamos a iniciar acciones judiciales en virtud de la dudosa constitucionalidad de una maniobra que viola el artículo 82 de la Constitución, ya que siempre el Congreso debe manifestarse por la aprobación o el rechazo”. Sostuvo Silvina Leonelli (UCR-Córdoba) presidente de la comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PE, que es necesario dejar claro que “constituye un antecedente gravísimo para los intereses del país en las acciones de las empresas ante el CIADI”.
OCURRIDO EN LAS COMISIONES
Cancelación de deudas y difusión para la protección de datos.
En Finanzas de Diputados se emitió dictamen sobre el proyecto de ley presentado por Luis Borsani (UCR-Mendoza). La iniciativa propicia un mecanismo de cancelación y refinanciación de obligaciones originadas en mutuos otorgados por el Banco Nación para la adquisición de maquinarias y productos agropecuarios. Fija la tasa de refinanciación de la deuda contraída por el productor en un monto que no podrá superar un dígito. En cuanto a los honorarios de los abogados que puedan intervenir, en algún caso, cuando un productor enfrenta un litigio por morosidad en el pago de la deuda, los mismos se considerarán en forma financiada dentro de la cuota que deba abonar el productor endeudado, la que no podrá superar el 25 % del ingreso del productor o el 12,5 % del valor de la producción.
Por otra parte, la comisión aprobó sin modificaciones el dictamen de Asuntos Constitucionales sobre un proyecto de ley de régimen de protección de datos personales.
Las negociaciones agrícolas internacionales.
Los legisladores miembros de las Comisiones Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales y Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR coincidieron en destacar la necesidad de una “política de Estado, de una visión estratégica” para concretar la exitosa inserción en el mundo del complejo agroalimentario argentino.
En una reunión conjunta, senadores y diputados que integran dichas comisiones coincidieron en subrayar que “las negociaciones agrícolas de Argentina en el mundo necesitan de una política de Estado, que les aporte una dimensión estratégica, porque representan un instrumento esencial para el desarrollo sustentable del país”.
El presidente de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas Internacionales, el diputado Humberto Roggero (PJ-Córdoba), destacó “la necesidad de una política de Estado para que el complejo agroalimentario argentino consiga una inserción genuina, exitosa y sustentable en el mundo. La misma no sólo deberá atender las necesidades de los productos de la Pampa Húmeda sino de también de las demás economías regionales”.
Su par de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Alfredo Atanasof (PJ-Buenos Aires), subrayó la conveniencia de consensuar ese tipo de políticas con los demás países miembros del bloque, a los fines de reunir “una mayor masa crítica, una mayor capacidad de negociación, para atender intereses y necesidades que son comunes”.
Digesto Jurídico para la provincia de San Luis.
El vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli resaltó hoy la importancia del flamante Digesto Jurídico de San Luis por considerar que se trata de un ordenamiento de normas que “tiende al progreso” del país y exhortó a que ese conjunto de leyes se constituya en “modelo y fuente de información” para el resto de las provincias.
Scioli vertió estos conceptos durante la ceremonia de presentación del Digesto de leyes, con la presencia del gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saa, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y el presidente de la Cámara de Diputados puntana, Carlos Sargnese, entre otros.
“Esperamos que este trabajo también sirva como modelo y fuente de información para otras provincias. Es un ordenamiento de normas jurídicas que tienden al progreso de nuestro país”, afirmó el titular de la Cámara alta.
Negre de Alonso agradeció a las autoridades del Senado la apertura para llevar adelante los distintos emprendimientos parlamentarios y expresó su reconocimiento a quienes intervinieron en la elaboración del compendio normativo.
Dos senadoras muy disgustadas.
Se trata de Mirian Curletti, vicepresidente del Senado y Alicia Mastandrea, presidente de la comisión de Industria y Comercio quienes se sintieron maltratadas al no permitírseles el acceso al despacho de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Las legisladoras acompañaban a una delegación de intendentes de la región del Impenetrable a efectos de colaborar en la gestión de distintos reclamos de la región.
Día del Periodista.
Con motivo de su celebración, Leyes y Empresas agradece las atenciones y saludos por parte de Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Gómez Diez, vicepresidente del Senado; senador Gerardo Morales; diputados Alberto Natale, Guillermo Alchouron, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Miguel Bonasso, Carlos Macchi. Biblioteca del Congreso de la Nación. Pedro Chaloupka de Estudio De las Carreras y Chaloupka; José Agudín, presidente GMAC; Javier Vernengo, Fiat Argentina; Eduardo Gagliano presidente de la Asociación de Marketing Bancario, Alfredo Vicens y Roberto Laterza de Veraz S.A.; Repsol YPF, Aerolíneas Argentinas, José Olivero de Aeropuertos Argentina 2000; Augusto Rodríguez Larreta de Banco Hipotecario; Viviana Ochiuzzi, asesora de la diputada Stela Peso, entre otros.
lunes, junio 06, 2005
OCURRIDO EN LA COMISIONES
RÉGIMEN LEGAL DE
CORREO ELECTRÓNICO.
En la comisión de Comercio se analizaron los resultados de las Jornadas sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Se realizará una Audiencia Pública en 4 meses.
Posteriormente, se aprobaron proyectos sobre servicio público, un pedido de informes de los motivos por los cuales no se ha aplicado la disminución de las tarifas en el servicio básico telefónico. También, por qué no se aplicó la rebaja del 6.75 en las tarifas de servicio básico; y un último sobre cuestiones vinculadas a la facturación enviada por las empresas Telefónica S.A. y Telecom Argentina France a sus usuarios.
LOS TICKETS CANASTA
CON NUEVA PROPUESTA
Los proyectos que plantean la eliminación de los tickets canasta como beneficio social y su reconocimiento como integrante del salario, fueron discutidos por los diputados y las autoridades de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares.
Los empresarios sostuvieron que en caso que los vales sean incluidos al salario “se caerá la red de comercios adheridos que aceptan los tickets y las empresas no tendrían razón para existir”.
Legisladores oficialistas manifestaron que “hacer este cambio en este momento con la desocupación que hay no es lo mas correcto”. También manifestaron su disconformidad con los proyectos Guillermo Alchouron, Raúl Merino y hasta el sindicalista Alberto Piccinini propuso buscar nuevas alternativas “que no perjudiquen a nadie y contribuyan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador”.
Desde la Cámara empresaria se dijo que “sacar este tipo de beneficios es perjudicial para todos”, en tanto que diputados de la oposición manifestaron que esos vales “se utilizaron durante la década del 90 para evadir y el sistema previsión y seguridad social fue el más perjudicado”. Los empresarios contraatacaron y señalaron que “son 1.250.000 asalariados los que reciben los vales y esto significa cinco millones de personas las que se ven beneficiadas y afirmaron que los aportes a la seguridad social que realizan las empresas de tickets son del 14 % lo que significa 1000 millones de pesos anuales que van a parar a las arcas del Estado, (se propuso que se distribuya ese dinero entre las obras sociales y seguridad social).
En virtud de las nuevas propuestas surgidas del dialogo entre diputados y empresarios, el presidente de la comisión de Legislación General propuso un nuevo encuentro para confeccionar un texto que contenga esas modificaciones. Sin embargo al día siguiente informaciones periodísticas difundían versiones en el sentido de la continuidad de los proyectos originales.
CANCELACIÓN DE DEUDAS.
EXPORTACIONES DE ALGODON
La comisión de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto de ley del diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza) de Régimen de cancelación de deudas y obligaciones otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.
También se aprobó un proyecto de ley de la diputada Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) que elimina de las retenciones a las exportaciones del algodón.
MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO
PONE LOS PELOS DE PUNTA A LABORATORIOS
Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su desacuerdo con el artículo 46 de dicho Código que prohíbe la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación resultase que se trate de mercadería con marca de fábrica o comercio falsificado, En los casos en que la situación no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Los empresarios dijeron que “la inclusión de la propiedad intelectual en este artículo perjudicará a la industria nacional de medicamentos y podrá atentar contra la política de genéricos ya que se podrían frenar la entrada de complejos activos que sirvan para esos medicamentos”.
Respecto de la aseveración por parte de la Cámara de Laboratorios sobre la existencia de una “mano negra” en la redacción del artículo, el diputado Roberto Iglesias (UCR Mendoza), autor del proyecto rechazó enfáticamente lo vertido y destacó que “es una falta de respeto que se diga eso. Acá no hay ninguna mano negra. La ley pretende evitar actividades ilícitas de exportación e importación”.
Los representantes de CILFA indicaron que el perjuicio podrá ocasionarse a aquellos que importen legalmente y tengan que litigar contra alguien que realice una acción judicial para evitar competir. Desde la UIA se remarcó la sorpresa por el desplazamiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el análisis de la mercadería en pos de la participación de la Aduana.
La UIA y CILFA coincidieron y propusieron la eliminación de las restricciones a las exportaciones que propone el artículo en discusión.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA
NUEVA LEY DEL CONSUMIDOR
El director nacional de Desregulación Económica a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Rodrigo Giordano Lerena, junto al director nacional de Defensa del Consumidor, Carlos Vanella, analizaron las modificaciones que los legisladores pretenden incorporar a la ley de Defensa del Consumidor.
“A partir de la modificación del año ’94 se incorporaron los derechos que son parte de la defensa del consumidor pero creemos que ahora el consumidor necesita una defensa mayor”, analizó Giordano Lerena. Según los invitados, las modificaciones analizadas en la Comisión fueron logradas en el Consejo Federal del Consumo que reúne autoridades, tanto de provincias como de la Nación. El Director Nacional de Defensa del Consumidor sostuvo que “a diez años de vigencia de la ley se fueron vertiendo los temas más importantes que se detectaron con el paso del tiempo”.
Los funcionarios mencionaron que quedaron excluidos de la ley vigente los comerciantes que adquieren insumos para incorporarlos a la cadena productiva. Por ejemplo, un panadero que compra harina para hacer pan. En estos casos se acordó mantener la situación de la misma manera ya que se supone que el panadero no se toma como consumidor porque se entiende que tiene los conocimientos necesarios para no ser perjudicado.
Los legisladores estudian la posibilidad de establecer una indemnización por daño directo a los consumidores en sede administrativa por un monto hasta $3000 y evitar así que por pequeños montos tengan que recurrir a la justicia luego del fracaso de la mediación.
AUTOPISTAS Y TERMINALES PORTUARIAS
YA TIENEN DICTAMEN
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN, que preside la diputada Silvina Leonelli (UCR Córdoba) firmaron dictámenes en ambos temas.
En la renegociación de contratos de concesión de las autopistas del Sol y del Oeste, el PJ firmó un dictamen aprobatorio pero con la disidencia parcial del senador Marcelo López Arias.
Por su parte, la UCR suscribió un dictamen rechazando el acta-acuerdo del PEN con laS concesionarias, el senador Sanz (UCR Mendoza) justificó que no hubo una renegociación total y definitiva de los contratos.
El tercer dictamen por la minoría, rechazando la renegociación, fue del ARI argumentando la violación de la Ley de Emergencia Económica y Social.
Con respecto al tema de terminales portuarias, hubo cinco dictámenes: el de la mayoría, con disidencia parcial de los diputados oficialistas Graciela Camaño y Toledo y del senador López Arias. La UCR presentó un dictamen argumentando su rechazo; igual posición tomó la senadora del PJ Mabel Müller.
DEMASIADAS ATRIBUCIONES
PARA LA AFIP
En la última sesion del Senado, Gerardo Morales durante el debate del Paquete Antievasión II hizo una advertencia sobre las sanciones a la omisión de presentación de las declaraciones informativas pensadas para los pequeños contribuyentes. Sostuvo que “en el inciso XIII, que modifica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Tributario incluida en el Antievasión II, donde plantea la cuestión de la omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanciones que será de 5.000 pesos y, en los casos de sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, de 10.000 pesos. Esta es una súper facultad para la AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, estos son los que más débiles están para afrontar una estructura administrativa de información que enfrente las situaciones que produce la AFIP.” sostuvo.
CORREO ELECTRÓNICO.
En la comisión de Comercio se analizaron los resultados de las Jornadas sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Se realizará una Audiencia Pública en 4 meses.
Posteriormente, se aprobaron proyectos sobre servicio público, un pedido de informes de los motivos por los cuales no se ha aplicado la disminución de las tarifas en el servicio básico telefónico. También, por qué no se aplicó la rebaja del 6.75 en las tarifas de servicio básico; y un último sobre cuestiones vinculadas a la facturación enviada por las empresas Telefónica S.A. y Telecom Argentina France a sus usuarios.
LOS TICKETS CANASTA
CON NUEVA PROPUESTA
Los proyectos que plantean la eliminación de los tickets canasta como beneficio social y su reconocimiento como integrante del salario, fueron discutidos por los diputados y las autoridades de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares.
Los empresarios sostuvieron que en caso que los vales sean incluidos al salario “se caerá la red de comercios adheridos que aceptan los tickets y las empresas no tendrían razón para existir”.
Legisladores oficialistas manifestaron que “hacer este cambio en este momento con la desocupación que hay no es lo mas correcto”. También manifestaron su disconformidad con los proyectos Guillermo Alchouron, Raúl Merino y hasta el sindicalista Alberto Piccinini propuso buscar nuevas alternativas “que no perjudiquen a nadie y contribuyan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador”.
Desde la Cámara empresaria se dijo que “sacar este tipo de beneficios es perjudicial para todos”, en tanto que diputados de la oposición manifestaron que esos vales “se utilizaron durante la década del 90 para evadir y el sistema previsión y seguridad social fue el más perjudicado”. Los empresarios contraatacaron y señalaron que “son 1.250.000 asalariados los que reciben los vales y esto significa cinco millones de personas las que se ven beneficiadas y afirmaron que los aportes a la seguridad social que realizan las empresas de tickets son del 14 % lo que significa 1000 millones de pesos anuales que van a parar a las arcas del Estado, (se propuso que se distribuya ese dinero entre las obras sociales y seguridad social).
En virtud de las nuevas propuestas surgidas del dialogo entre diputados y empresarios, el presidente de la comisión de Legislación General propuso un nuevo encuentro para confeccionar un texto que contenga esas modificaciones. Sin embargo al día siguiente informaciones periodísticas difundían versiones en el sentido de la continuidad de los proyectos originales.
CANCELACIÓN DE DEUDAS.
EXPORTACIONES DE ALGODON
La comisión de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto de ley del diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza) de Régimen de cancelación de deudas y obligaciones otorgados por el Banco de la Nación Argentina, a pequeños y medianos productores agropecuarios, con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y en general, cualquier otro relacionado con la tecnificación, mejoramiento y aumento de la producción agropecuaria.
También se aprobó un proyecto de ley de la diputada Liliana Bayonzo (UCR-Chaco) que elimina de las retenciones a las exportaciones del algodón.
MODIFICACION AL CODIGO ADUANERO
PONE LOS PELOS DE PUNTA A LABORATORIOS
Representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su desacuerdo con el artículo 46 de dicho Código que prohíbe la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación resultase que se trate de mercadería con marca de fábrica o comercio falsificado, En los casos en que la situación no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Los empresarios dijeron que “la inclusión de la propiedad intelectual en este artículo perjudicará a la industria nacional de medicamentos y podrá atentar contra la política de genéricos ya que se podrían frenar la entrada de complejos activos que sirvan para esos medicamentos”.
Respecto de la aseveración por parte de la Cámara de Laboratorios sobre la existencia de una “mano negra” en la redacción del artículo, el diputado Roberto Iglesias (UCR Mendoza), autor del proyecto rechazó enfáticamente lo vertido y destacó que “es una falta de respeto que se diga eso. Acá no hay ninguna mano negra. La ley pretende evitar actividades ilícitas de exportación e importación”.
Los representantes de CILFA indicaron que el perjuicio podrá ocasionarse a aquellos que importen legalmente y tengan que litigar contra alguien que realice una acción judicial para evitar competir. Desde la UIA se remarcó la sorpresa por el desplazamiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en el análisis de la mercadería en pos de la participación de la Aduana.
La UIA y CILFA coincidieron y propusieron la eliminación de las restricciones a las exportaciones que propone el artículo en discusión.
LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA
NUEVA LEY DEL CONSUMIDOR
El director nacional de Desregulación Económica a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, Rodrigo Giordano Lerena, junto al director nacional de Defensa del Consumidor, Carlos Vanella, analizaron las modificaciones que los legisladores pretenden incorporar a la ley de Defensa del Consumidor.
“A partir de la modificación del año ’94 se incorporaron los derechos que son parte de la defensa del consumidor pero creemos que ahora el consumidor necesita una defensa mayor”, analizó Giordano Lerena. Según los invitados, las modificaciones analizadas en la Comisión fueron logradas en el Consejo Federal del Consumo que reúne autoridades, tanto de provincias como de la Nación. El Director Nacional de Defensa del Consumidor sostuvo que “a diez años de vigencia de la ley se fueron vertiendo los temas más importantes que se detectaron con el paso del tiempo”.
Los funcionarios mencionaron que quedaron excluidos de la ley vigente los comerciantes que adquieren insumos para incorporarlos a la cadena productiva. Por ejemplo, un panadero que compra harina para hacer pan. En estos casos se acordó mantener la situación de la misma manera ya que se supone que el panadero no se toma como consumidor porque se entiende que tiene los conocimientos necesarios para no ser perjudicado.
Los legisladores estudian la posibilidad de establecer una indemnización por daño directo a los consumidores en sede administrativa por un monto hasta $3000 y evitar así que por pequeños montos tengan que recurrir a la justicia luego del fracaso de la mediación.
AUTOPISTAS Y TERMINALES PORTUARIAS
YA TIENEN DICTAMEN
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN, que preside la diputada Silvina Leonelli (UCR Córdoba) firmaron dictámenes en ambos temas.
En la renegociación de contratos de concesión de las autopistas del Sol y del Oeste, el PJ firmó un dictamen aprobatorio pero con la disidencia parcial del senador Marcelo López Arias.
Por su parte, la UCR suscribió un dictamen rechazando el acta-acuerdo del PEN con laS concesionarias, el senador Sanz (UCR Mendoza) justificó que no hubo una renegociación total y definitiva de los contratos.
El tercer dictamen por la minoría, rechazando la renegociación, fue del ARI argumentando la violación de la Ley de Emergencia Económica y Social.
Con respecto al tema de terminales portuarias, hubo cinco dictámenes: el de la mayoría, con disidencia parcial de los diputados oficialistas Graciela Camaño y Toledo y del senador López Arias. La UCR presentó un dictamen argumentando su rechazo; igual posición tomó la senadora del PJ Mabel Müller.
DEMASIADAS ATRIBUCIONES
PARA LA AFIP
En la última sesion del Senado, Gerardo Morales durante el debate del Paquete Antievasión II hizo una advertencia sobre las sanciones a la omisión de presentación de las declaraciones informativas pensadas para los pequeños contribuyentes. Sostuvo que “en el inciso XIII, que modifica el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Tributario incluida en el Antievasión II, donde plantea la cuestión de la omisión de presentación de declaraciones juradas informativas, se establece un régimen de sanciones que será de 5.000 pesos y, en los casos de sociedades, empresas, fideicomisos, etcétera, de 10.000 pesos. Esta es una súper facultad para la AFIP que cae en cabeza de los pequeños contribuyentes. De hecho, estos son los que más débiles están para afrontar una estructura administrativa de información que enfrente las situaciones que produce la AFIP.” sostuvo.
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