EDICION 1005

En la Cámara de Senadores

Demoran los cambios 

por sucesión

de Miguel Angel Pichetto quien renunció al 

Consejo de la Magistratura  

El pase de Miguel Angel Pichetto de senador de la Nación a candidato a vicepresidente de la Nación trae algunos contratiempos en el seno del bloque justicialista de la Cámara de Senadores.

Sus integrantes aseguran que no ocurrirán grandes cambios.  

En relación con los lugares que ocupa Pichetto en las distintas comisiones habría intención de efectuar su reemplazo en todas las comisiones que integra. 

En otro orden, en nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, el senador Pichetto expresó “Me dirijo a usted a los efectos de presentar, por medio de la presente y a partir del día de la fecha, mi renuncia al cargo de consejero de este Consejo de la Magistratura”, fue el escueto mensaje que Pichetto le envió a Ricardo Recondo.

En su lugar deberá asumir quien fuera su suplente, Mario Pais, el senador chubutense que en agosto de 2017 ocupó el cargo de consejero, en reemplazo del exsenador kirchnerista Ruperto Godoy, quien fue desplazado por la justicia por no contar con título de abogado. El exjefe de la bancada del PJ había sido elegido en representación de la primera minoría de la Cámara alta, el interbloque Argentina Federal.

La última reunión del bloque Justicialista terminó con el cartel de Sin Quorum por lo que se debió postergar hasta mañana a las 16 para intentar definir cuál será el designado para ocupar la presidencia vacante.  

El candidato más firme a suceder a Pichetto en la jefatura del bloque es Carlos Caserio, por Córdoba que responde al cordobés triunfante en las últimas elecciones, Juan Schiaretti, de buen diálogo con el presidente Macri ya determinó listas cortas (solo diputados y senadores nacionales) en su provincia. Idéntico proceder tomarían un par de provincias. 

La ausencia en la última reunión del bloque justicialista fue significativa pues de los 21 integrantes de la bancada sólo asistieron 10. Ello dejó explícito un mensaje de los senadores justicialistas hacia Alberto Fernández quien viene operando para conformar un interbloque que reúna la bancada justicialista con la del Frente para la Victoria. Fernández no esperaba encontrar semejante resistencia de los senadores justicialista a la intención de los sectores cristinistas para unirse en un interbloque.

Sostienen y así se lo habrían transmitido al candidato presidencial del Frente de Todos, que planteada así la operación “no nos sirve”. El senador por Chubut, Alfredo Luenzo sostuvo que primero deberán ordenarse y luego “se verá como sigue. No tiene que haber cambios; se ha ido uno de los integrantes, no menor que merece el mayor de los respetos, pero nosotros tenemos que seguir como bloque” afirmó.

Así las cosas, faltan pocas horas para vislumbrar que nuevos aportes pueden ocurrir.       

               

Proyecto de ley de Ética Pública

convocó la atención de especialistas   

En reunión informativa, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados continuó el debate acerca de una nueva ley de ética pública y recibió a especialistas en la temática.
El diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión, recordó que coexisten un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, impulsado desde la Oficina Anticorrupción a la par diversas iniciativas presentadas por diputados.
Diego Alonso, del Colegio de Abogados de la CABA, consideró que se trata de “una norma positiva, que reúne cuestiones dispersas y muy valiosas como nepotismo, conflicto de interés y régimen de obsequios”. Alonso dijo que la iniciativa “tiene los incentivos para que sea eficaz, porque se prevén mecanismos para poner en ejecución la norma” y la comparó con otros hitos legislativos como la ley de responsabilidad penal de las empresas y el acceso a la información pública. Propuso algunos cambios.
Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, la calificó como “un avance importante y necesario. En términos de resultados creo que podemos darle más profundidad a la norma actual y a la responsabilidad del funcionario público”, agregó.

Destacó “el principio rector de la transparencia” del proyecto y reclamó “un buen nivel de seguimiento para los tres poderes del Estado”.
Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, coincidió que “si bien nuestra ley actual fue celebrada, es necesario modificarla y en eso hay un consenso elevado”. También señaló avances de la iniciativa como la regulación de conflictos de intereses, la aplicación a los tres poderes y los cambios en declaraciones patrimoniales. No obstante, consideró que le falta “un sistema de sanciones eficaces y requiere una autoridad fuerte”.
Alejandra Freire, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, consideró que “es un problema a la hora de las declaraciones juradas” el crecimiento de contrataciones a partir del monotributo en el Estado.

Sobre la autoridad de aplicación, cuestionó “dónde se va a ubicar el organismo” y reclamó que debe establecerse la paridad de género en su conformación.
Dalma Parisi, líder del grupo de integridad de IDEA, concordó en que se trata de una ley “superadora”, aunque remarcó que “tiene algunos defectos en lo que hace a definiciones, para evitar la sub-aplicación”.
Mercedes de los Santos, de la Fundación Directorio Legislativo, dijo que “es muy importante que estemos discutiendo esta norma, dado que la ley vigente es de 1999”.

Realizó críticas a la redacción de algunos artículos y pidió por la ley de lobby. “Es muy rico en términos de obligaciones, pero queda vacío en cómo se va a cumplir la ley y cómo se va a sancionar a los funcionarios”, resumió.
Guillermo Grela, del Instituto Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, consideró que una nueva ley “es necesaria para los compromisos del país a nivel internacional e indispensable para un marco que regule la transparencia en la función pública, la seguridad jurídica y promueva la inversión privada”.
La doctora Ana Castelani, del Observatorio de Elites Argentinas de la UNSAM, analizó la llegada de ejecutivos de empresas al Estado, en lugares estratégicos relacionados a comunicaciones o energía, que “aumentan la posibilidad de conflictos de interés”.
Daniel García, de FLACSO, pidió “pensar una ética pública para los vulnerables. ¿Qué ética pública señala una concepción donde no hay piedad para los más débiles?”, cuestionó.

Al cierre del debate, la diputada Silvia Lospennato, PRO, remarcó la participación de la sociedad civil en la elaboración del proyecto junto a la Oficina Anticorrupción. “Estamos celebrando esta reunión el día que un funcionario –José López- fue condenado a seis años de prisión y la buena noticia es que esos 9 millones de dólares robados serán dados a hospitales públicos”, recordó Lospennato. Reclamó el avance del proyecto de ley de ficha limpia, para que no puedan ser candidatos aquellas personas condenadas por delitos de corrupción.
La diputada Karina Banfi, UCR, celebró el debate y pidió “comprender a la corrupción como un virus en el sistema democrático, el antivirus es la transparencia y la integridad”.
La diputada Nilda Garré, del Frente para la Victoria, agradeció el análisis del Observatorio de Elites Argentinas de la UNSAM.

Desde el mismo bloque, el diputado Guillermo Carmona pidió ampliar el análisis hacia el resto de los proyectos y consideró que el texto oficial “está por debajo de los estándares internacionales”.

Reuniones de comisiones: tratamiento de proyectos de interés empresario

Cámara de Diputados

Submarino ARA San Juan. En la comisión bicameral Investigadora de la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan: Reunión reservada. Asistirán Diputados y Senadores integrantes de la Comisión y el Comité de Expertos.

Víctimas de Trata. En reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda: Proyecto de Ley en revisión por el cual se crea el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata -Ley 26.364.

Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur. En la comisión de Mercosur: proyecto de Ley en revisión por el cual se aprueba el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril de 2017. Fueron invitadas autoridades del Poder Ejecutivo.

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