EDICION 1055
Nueva ronda de
consultas sobre la
Reforma Judicial
Federal Penal
con texto de
final incierto
En la Cámara de Senadores, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside María de los Angeles Sacnum, FdT, y la de Justicia y Asuntos Penales, que preside Oscar Parrilli, FdT, Neuquén, tuvieron lugar -en dos jornadas- las exposiciones de los invitados y las respuestas a las consultas formuladas por los senadores.
Anabel Fernández Sagasti, ya en el final y a modo de resumen sobre lo actuado, expresó que “hemos recibido a más de 40 expositores de todo el país. Ha sido muy variado y federal. Todos han aportado modificaciones, inclusive superadoras en algunos casos del proyecto de ley y hoy vamos a firmar dictamen. “Si es posible lo trataremos la semana que viene en el recinto”, confirmó.
En las
últimas jornadas, los invitados a exponer fueron, entre otros, Javier de Luca,
fiscal general ante la cámara federal de casación penal; Lucía Larrandart, ex
jueza del tribunal oral en los criminal federal; Miguel Caminos, ex juez del Tribunal
oral en lo criminal 3; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Carlos Rozanski,
ex juez de cámara federal.
De Luca expresó: “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera
reforma comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”, y además la
iniciativa “no cambia la situación de las causas en trámite. Entiendo que se
trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder
absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión. Desde ese
punto de vista, no es inconstitucional”, observó, y agregó que “no alcanza con
sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que
genera esto”.
Larrandart consideró que “una de las
cuestiones fundamentales es el sistema de selección de los jueces y la doctrina
de las consecuencias”, por la cual “aquel que no aplicó la Constitución debe
ser removido”.
Miguel Caminos, dijo compartir el pronunciamiento de la Cámara del
Crimen y advirtió que “este proyecto debilita a una Justicia que ya está
mermada por la cantidad de vacantes”.
Sobre el polémico sistema de subrogancias, alertó que se aplicarían
“para cargos nuevos” cuando en realidad “subrogar significa suplantar, pero no
en un cargo que recién se inicia”.
Oscar Parrilli, FdT, coincidió en que “la verdadera reforma” es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo. “Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero en la gestión del presidente Mauricio Macri, por decreto, se suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada”, lamentó.
Máximo Fonrouge, consideró que “no
se puede descontextualizar este proyecto con el decreto que dispone un Consejo
Consultivo; las dos cosas al mismo tiempo no contribuyen a generar consensos”.
Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía; (el proyecto) no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos, sino que este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”. Denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.
Desde el espacio opositor, una de las más duras expresiones
contrarias a la iniciativa estuvo en la voz de la radical tucumana Silvia
Elías de Pérez, quien alertó “lo que la gente necesita no está plasmado en
este proyecto. No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo
va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió. Más adelante sostuvo
que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los
intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de
traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.
En el cierre expusieron los integrantes
de ambas comisiones y sin excepciones todos ponderaron la conducción de los encuentros a cargo la
presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Anabel Fernández
Sagasti.
El titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José
Mayans, FdT, señaló que a lo largo del debate se presentaron posiciones
diversas y que todos fueron escuchados. Destacó que en la campaña proselitista
el actual Presidente había adelantado que la reforma judicial era una necesidad
para la sociedad argentina. En este punto subrayó que "la reforma es
necesaria, oportuna y conveniente". Criticó a la oposición por su
crítica permanente a las iniciativas del oficialismo. Mayans rebatió luego algunos
cuestionamientos y subrayó que la iniciativa no contempla, en ninguno de sus
puntos, a la Corte Suprema de Justicia, ni al Consejo de la Magistratura. Dijo
que la reforma crea "más tribunales orales, más juzgados, más fiscalías,
más defensorías, en suma; un mayor servicio de justicia".
Concluyó que el proyecto "es una buena reforma" y que
"los cambios introducidos son muy importantes".
Con todo listo para comenzar a cosechar las firmas del documento que se convertirá en despacho de mayoría, llegaron las primeras quejas de los disidentes. No aparece el texto final del dictamen que están poniendo a la firma expresó Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta segunda del cuerpo, vicepresidenta de la comisión cabecera del proyecto, Asuntos Constitucionales, senadora por Córdoba y representante de Cambiemos expresó la necesidad de ver el texto del dictamen así como también los cambios que se hicieron en el proyecto original. “Hasta ahora, no sabemos nada”, sostuvieron desde varios sectores
A la queja le respondieron que cuando tuvieran las firmas sería presentado en Mesa de Entradas. Novedosa respuesta en la historia de la tramitación parlamentaria.
Más allá de preguntas y respuestas, desde
algún lugar con experiencia se aseguró que la redacción del despacho no estaba
finalizada y desde varios lugares seguían llegando aportes que surgían de
acuerdos con gobernadores, diputados y otros allegados.
En este estado, no sería arriesgado
suponer que desde algún sector de Senadores pueda llegar el pedido para impugnar
el trámite legislativo y sus derivaciones.
Modificaciones al texto original
No será unificado el fuero Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo. Se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, problema advertido por el Poder Ejecutivo. En pos de “avanzar en la transparencia” los sorteos de las causas, serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad y, en otro orden, en los concursos de selección se mantendrá el examen escrito, manteniendo anonimato, además de audiencias públicas.
Se indicó que las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.
Respecto de la implementación del sistema acusatorio, se aclaró que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.
Se informó en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en razón de la creación de nuevos cargos, la reforma
judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.
El cambio del
Procurador General no reúne los votos requeridos.
La posición de
Daniel Rafecas ante el intento de modificar el sistema
La
intranquilidad del oficialismo de Senadores está reflejada en que, pese a ser
mayoría, no alcanzan los votos que determina el reglamento. Esto es los dos
tercios los miembros presentes.
El
dolor de cabeza es mayor cuando ven que, transcurridos varios meses –en los que
pudieron imponer una mayoría engrosada para sancionar proyectos- no logran
consenso para incorporar nuevos miembros que permitan llegar al requerido
reglamentariamente.
Juntos por el Cambio y los aliados que se suman a la gestión en la
Cámara alta, ya han establecido que no darán apoyo y en consecuencia el
tema ha quedado en reposo.
En estas condiciones, en las últimas horas quedó ratificado el anticipo
que Leyes y Empresas envió a sus suscriptores. “En estas condiciones,
no cuenten conmigo; yo no acepto que se elija al Procurador con mayoría simple,
modificando el formato tradicional de elección”.
La reacción del titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal de CABA, propuesto por el presidente Alberto Fernández, está en línea
con los aprestos que estaría delineando la cúpula oficialista de la Cámara de
Senadores.
Semanas atrás surgió la versión de que el oficialismo podría tomar un
atajo que consistiría en cambiar la Ley de Ministerio Público, pero quedó
abortado en la respuesta de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que negó
asidero a la versión.
En las actuales condiciones y con la necesidad imperiosa de contar con la figura apta para ocupar esa función, un sector que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández está buscando el camino para, luego de forzar el desplazamiento del juez Eduardo Casal, se logre que asuma Víctor Abramovich, ubicado en la segunda posición en la línea sucesoria de la Procuradoría General.
La ingeniería política va un poco más
allá ante la posibilidad de entrar con el cuchillo a fondo y reformar el
reglamento y permitir que con la mayoría simple se logre colocar al candidato
que reúna las mejores condiciones de relación con el oficialismo.
Esta última posición encaja con el
criterio expuesto en más de una oportunidad por el jefe del oficialismo cuando
a viva voz expresó que se debe ir por el camino de las mayorías para salir
triunfantes. En este punto el juez
Rafecas sostiene que utilizar este sistema provocaría la segura reprobación de
un futuro gobierno.
El silencio sigue y también continúan las gestiones internas para lograr un camino que permita un nuevo procurador general que reúna las condiciones y que permanezca en el cargo tras un eventual pérdida electoral.
Después del
examen en Senadores; votos a favor y en contra de la reforma judicial Penal
En Senadores el proyecto de ley del oficialismo ingresó en el camino hacia el recinto. Si los tiempos políticos no se complican, todo indica que en poco tiempo más llegará la media sanción en virtud de la mayoría que el oficialismo tiene en esa Cámara.
En su segundo paso, el proyecto pasará en
revisión a la Cámara de Diputados.
Es tiempo entonces de comenzar a revisar
la baraja para poder determinar los tantos a favor y en contra que encontrará
la herramienta legislativa que pretende el oficialismo.
En el sector del interbloque integrantes de Juntos por el Cambio no hay dudas que sus 116 integrantes votarán por la negativa. Por su parte, el bloque de Consenso Federal,(3) que responde a Roberto Lavagna tampoco votará el proyecto del Poder Ejecutivo por considerar que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio, tales las palabras que expresó a través de un comunicado el diputado Alejandro Rodríguez, del que damos cuenta en otro lugar de esta edición.
Los diputados del Interbloque Federal,
los cordobeses Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio, Claudia Márquez
y Alejandra Vigo, (esposa del gobernador cordobés), ya destacaron que
votarán negativamente el proyecto. Un detalle no menor ayuda en el sentido
negativo de los cordobeses. En el consejo asesor del Presidente no figura
ningún representa de la escuela jurídica de La Docta.
Todos los ojos están puestos en los acuerdos
a favor o en contra que se logren con el Interbloque Federal (11 diputados) y
el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón (8
diputados).
Por la afirmativa debemos dejar constancia que está compuesta por 119 diputados pero en realidad sólo votan 117 ya que Sergio Massa, desde el sitial de presidencia no vota así como tampoco lo hace José de Mendiguren, que está en uso de licencia por haber sido designado presidente del Banco de Intercambio Comercial (BICE) y en caso de eventual renuncia, la plaza sería ocupada por un representante del GEN que preside Margarita Stolbizer. .
Por su parte, la diputada tucumana Beatriz Avila anticipó
que votará en negativo la reforma judicial. De hecho, ya
viene diferenciándose del resto del bloque, al igual que el santacruceño Antonio
Carambia. Tanto una como el otro formaban parte hasta el año pasado del
interbloque Cambiemos.
En resumen, al oficialismo le faltan entre uno y tres diputados para
lograr el quorum de 129. El dilema es saber cómo reaccionan los integrantes del
cuerpo ante el accionar del Frente de Todos.
No falta en ellos habilidad para lograr
acuerdos, pero habrá que medir cómo impactó la marcha del 17A y algunos
movimientos que impiden conocer en detalle el texto definitivo del proyecto que
se está poniendo a la firma. Hasta ahora secreto de Estado.
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