EDICIÓN 1054

Sesión Especial en Senadores

Moratoria y Ampliación del Presupuesto son nuevas leyes. Turismo va a Diputados     

 Nuevamente, el reposo parlamentario fue puesto en acción desde la Cámara de Senadores.

El llamado a sesión propuso dar sanción a un proyecto de ley sobre una de las industrias más castigadas por la Pandemia y la extensión de la cuarentena local, el turismo.

Con el mismo ímpetu, pero también el deseo de convertirlo en nueva ley, se suma el proyecto, con sanción anterior de la Cámara de Diputados, de moratoria, normativa que permitirá adherirse al sistema hasta fines de octubre y cuya primera cuota vencerá el 16 de noviembre próximo.

Así las cosas, con media hora de atraso respecto de la citación oficial y bastantes problemas técnicos en su desarrollo, partir de las 14.29 comenzó la sesión con los tradicionales pedidos de cuestiones de privilegio, esta vez sumaron ocho y una de ellas contra la presidenta del Senado, Cristina Fernández (ordenó cerrar el micrófono del senador Esteban Bullrich); luego comenzó el tratamiento del siguiente temario:

 

•       Designaciones de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y varias otras designaciones en distintos ámbitos. Traslados de distintos jueces (entre ellos los de Oscar Bruglia, del TOC 4 y Daniel Bertuzzi, designado al TOC 4, donde se cursan procesos a Cristina Fernández).

 

1.       Acuerdos varios

 

•       Proyecto de ley. Acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe. Orden del Día 55/20

 

•       Proyecto de ley. Sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional. Orden del Día 104/20

Entre otros puntos, prorroga por 180 días el vencimiento de impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, capitales, o las ganancias de las actividades alcanzadas por la presente ley, cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre del 2020. Faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar por igual término su vigencia.

El miembro informante anuncia modificaciones en los artículos 4°, 5°, 6°, 10, 13 y 20, sobre remisiones internas del texto, en todos ellos, donde dice “artículo 4°”, debe decir “artículo 3°”. Artículo 18: donde dice “artículo 18”, debe decir “artículo 17”. Se modifica el artículo 27, 28, 29 y 34.     

Finalizados los discursos, se llamó a la votación en general y en particular, con las modificaciones aceptadas. El tablero mostró 69 votos afirmativos, 0 negativos. UNANIMIDAD

Queda sancionado el proyecto; pasa en revisión a la Cámara de Diputados

•       Prórroga de la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta e incorporación a la provincia de Buenos Aires (O.D. 113/20.)
•        Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020 (O.D. 112/20.)

El tratamiento de ambos proyectos fue incluido sobre tablas por el presidente del bloque oficialista José Mayans. Quien en su pedido señala “pedimos sobre tablas también el tratamiento de la emergencia del sector cítrico y estamos pidiendo también el tratamiento sobre tablas que es la ampliación del presupuesto. Estos dos expedientes tienen despacho de comisión, pero lo que no tienen es la antigüedad. Habíamos hablado con el presidente del bloque para darle tratamiento tanto a la emergencia del sector cítrico como a la ampliación del presupuesto; y también en forma conjunta tratarlo con la moratoria. Son los temas económicos que habíamos reservado para la última parte del debate” Se somete a votación a mano alzada que resulta aprobada.

Posteriormente, se establece el procedimiento que es aprobado y comienza el desarrollo de las exposiciones donde cada orador elige el contenido de sus palabras al proyecto elegido.

En un tramo de los discursos, el senador Claudio Poggi, San Luis, manifestó “… Lo que queda pendiente es comenzar a reglar lo anterior al 25 de noviembre de 2015, que es lo que está incluyéndose en esta ley. Quiero recordar que la deuda que se está reclamando se generó entre el 2004 y el 2015. Quien le retenía el 15 por ciento de seguridad social a la provincia de San Luis fue quien gobernó el país –o gobernaron el país– entre 2004 y 2015. Digo esto para que tengamos claro de dónde viene la deuda. Celebro que este gobierno y este presupuesto comiencen a encaminar el arreglo de la deuda” finalizó.

En el cierre de las exposiciones, el jefe del bloque oficialista Mayans, expresó “Yo tengo mi visión. Los economistas dicen que hay que achicar el Estado. ¿Qué vas a achicar? ¿El sistema previsional, que es el 50 por ciento del gasto? No se puede achicar más eso. ¿El sistema de defensa y el sistema de seguridad, que representan el 15 por ciento? ¿La inversión en el sistema económico? No; lo que hay que hacer es crecer, porque el gasto que garantiza la paz social en la República Argentina. Por eso ahora, en cuanto al tema del IFE, por ejemplo, muchos dicen “10.000”. Es un ingreso básico. Sabemos que es para paliar la situación. O la ayuda, por ejemplo, a las empresas. Obviamente que hemos tenido desafíos distintos. Por eso esta ampliación del presupuesto, que es de 1.8 billones.

“Porque el presupuesto anterior era de 4 billones 172 mil. Y, obviamente, con la inflación, con el dólar que se disparó realmente, todo eso quedó prácticamente incierto.

“Entonces, esta ampliación presupuestaria es lo que está proponiendo el Ministerio de Economía para llegar a fin de año y después ver, en el presupuesto de 2020, cómo vamos a encarar nuestras políticas públicas una vez resuelto el tema del endeudamiento, o por lo menos de haber estirado los plazos, para poder cumplir con esta deuda feroz que tenemos; y cómo hacemos también para resolver el problema que tienen las provincias, que en algunos casos tienen un fuerte endeudamiento en dólares.

La presidenta del cuerpo, Ledesma Abdala propone “Vamos a hacer dos votaciones: primero la del Orden del Día 13/20, y luego vamos a proceder a la votación del Orden del Día 112/20. 

Para la Emergencia Cítrica, el tablero indica aprobado por unanimidad, 67 votos afirmativos.

Se comunica a la Cámara de Diputados, OD 113/20

Para Presupuesto 2020, OD. 112/20. El tablero indica 67 votos afirmativos, 1 negativo.

Sanción definitiva. ES LEY.

Se comunica al Poder Ejecutivo. 

•       Proyecto de ley, en revisión, con sanción de Diputados. Ampliación de la moratoria establecida por ley de Solidaridad Social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Orden del Día 101/20.

Abierta la lista de oradores (9 en total) se desarrollan sus intervenciones.

En su informe el senador Carlos Caserio, FdT, Córdoba, expresa: “en la moratoria original se sustituye el tema mipymes y queda para todo el mundo. Todo el mundo puede adherirse a esta moratoria.

“El período de deuda, que aquella vez estaba hecho para los contribuyentes que quisieran regularizar su situación tributaria al 30 de noviembre de 2019, se extiende acá al 31 de julio del año 2020.

“Cabe destacar que en esta moratoria ya no se excluyen las deudas de impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, establecidos en el Título III de la ley 23.966, del impuesto al gas natural, al gasoil, al gas licuado y al fondo de infraestructura. O sea que es muy abierta. Tampoco se excluyen las deudas por impuestos específicos. También los plazos de acogimiento.

“Aquella moratoria del año pasado tenía un plazo de vencimiento de acogimiento para los que desearan sumarse a ella del 30 de abril de 2020, y ahora pasa al 31 de octubre de 2020. En el artículo 8° se aplican, ahora diferenciadamente, los beneficios según el tipo de sujetos; porque antes eran nada más que para pequeños contribuyentes. Hoy está dividida en dos capítulos: los pequeños contribuyentes, mipymes y entidades sin fines de lucro, y las grandes empresas.

“A las mipymes y entidades sin fines de lucro se les da 60 cuotas para poder beneficiarse de la moratoria. Y a las otras empresas, o personas humanas que también sean grandes contribuyentes, 48 cuotas.

“Esto es para los aportes patronales.  Para las restantes obligaciones –impuestos, derechos, etcétera–, los pequeños contribuyentes van a tener 120 cuotas y los grandes, 90 cuotas

Las tasas de interés se cambian. Antes, era del 3 por ciento mensual por 12 meses y luego Badlar. “Ahora, en la nueva moratoria es 2 por ciento mensual durante las primeras 6 cuotas, y luego la misma tasa Badlar que estaba establecida en la moratoria original.

A su turno el senador Esteban Bullrich, Cambiemos, expresa: Lamentablemente, no podemos acompañar el proyecto, esta media sanción, y vamos a presentar un dictamen de minoría, diría, en términos generales, por dos razones: la primera es que creemos que la moratoria se queda a mitad de camino en algunas cosas; pero, sobre todo, porque en esta ley hay, en realidad, dos proyectos de ley.

“Está la moratoria planteada en los términos que muy bien describía el senador Caserio, en la situación actual de nuestro país; pero también hay una amnistía clara y concreta contra un grupo de accionistas, de empresarios argentinos, que generaron la mayor estafa al fisco y, por ende, a todos los argentinos en los últimos años.

“Esa estafa está descripta y diseñada a medida en el artículo 11 de este proyecto de ley con media sanción”.

Al respecto, en otro tramo de su exposición detalló: “La deuda de 8.000 millones de pesos de 2013 y 2014 que tiene el grupo Oil Combustibles, cuyo accionista principal es Cristóbal López -que hoy, tranquilamente, a valor actual, se duplica-, se la estamos perdonando.

En vez de pagarla -como podrían hacerlo, con los recursos de los accionistas que hoy están embargados- y pagarles a los argentinos la plata que le pagamos cada vez que cargamos un litro de nafta, esos 16.000 o 17.000 millones de pesos son los que le estamos sacando a las universidades. Esa es la prioridad; esa es la prioridad”.

La presidenta de la sesión, Ledesma Abdala propuso entonces votar en general y en particular en una sola votación, por medios electrónicos, Moratoria, Orden del Día N° 101/20.

Se llamó a la votación en general. Ha resultado aprobado con 41 votos afirmativos, 28 negativos, cero abstenciones. Resulta aprobado.

Recibe sanción definitiva. ES LEY.  Se comunicará al Poder Ejecutivo       

No habiendo más temas se levanta la sesión, son las 23.44

Cuestionamientos y ponderaciones al diseño de la Reforma Judicial Penal     

 El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, expuso ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Advirtió que “se propone crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”. Si bien se marca como eje de la reforma la implementación eficaz del sistema acusatorio, que pone la investigación en manos de los fiscales, “el texto se refiere casi en su totalidad a la unificación de fueros, creación de juzgados y tribunales orales y desdoblamiento de tribunales de primera instancia hasta llegar a 46”.

“Dispone la creación de 94 juzgados penales con asiento en las provincias, así como 23 fiscalías y esto último carece de un espacio donde funcionar y de una dotación de personal” cuando en realidad, con el nuevo sistema, en los fiscales recae la mayor carga de trabajo. Se propone crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”, expuso.

Advirtió que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional, donde “se registran actualmente 75 vacantes, por lo que la ocupación de 23 jueces del fuero en mayores labores ha de resentir notablemente la administración de Justicia”.

Gallo Tagle también observó que “desde el punto de vista edilicio, la Justicia Federal se encuentra en un estado crítico y de emergencia, y no se advierte que se haya tenido en cuenta esta situación”, que tiene que ver con “un trabajo en condiciones de hacinamiento y carencia de elementos indispensables”.

Marina Sánchez Herrero consideró que la reforma del Gobierno “no está enfocada en resolver los temas de fondo de la Justicia”; la representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura cuestionó el proyecto de reforma judicial presentado por el presidente Alberto Fernández al “no estar enfocado en resolver los temas de fondo de la Justicia”. 

“En mi opinión es una reforma alejada de los verdaderos problemas de la Justicia. En el caso de los juzgados del interior es donde se ve claramente. Van a crear una nueva estructura, pero sin explicitar cuál es el mapa judicial que están mirando. Fuera de los juzgados federales de la Capital, la estructura actual está en emergencia de infraestructura, en emergencia tecnológica y, en muchas jurisdicciones no pueden resolver el funcionamiento pleno en el contexto de la pandemia porque carece de recursos para hacerlo”, remarcó Sánchez Herrero. 

La consejera llamó la atención que el proyecto “no tiene una mirada nacional, sino que apunta directamente a Comodoro Py. Tan es así que en esta reforma de la Justicia federal no se está escuchando a los actores de la Justicia federal.

“Tampoco a los abogados y abogadas, que tenemos mucho que aportar por nuestra mirada integral del sistema. No hay un diálogo amplio en este proyecto del Gobierno. Yo no veo que tampoco tenga en cuenta a los ciudadanos, que son los usuarios finales del sistema judicial. No contempla las preocupaciones de los justiciables, que requieren mayor credibilidad, confianza y celeridad de la Justicia; que piensan que, muchas veces, están desamparados. Este proyecto se centra en la política judicial, y no en mejorar a la Justicia”, agregó la consejera. 

Finalmente, Sánchez Herrero sostuvo que “necesitamos una reforma judicial; es un tema importante y necesario. “Pero hay que alinear prioridades: hoy la Justicia federal sólo tiene recursos para pagar sueldos y gastos hasta este mes de agosto, luego necesitará el auxilio del Poder Ejecutivo para poder seguir funcionando.

Esto, sumado al contexto económico crítico producto de la situación sanitaria, y a la manera en la que está delineado el proyecto, hace que ésta no sea la discusión que realmente merece la cuestión”. 

Desde otro escenario, la reunión de comisiones de Senadores, reunieron especialistas en busca de opiniones. El abogado especialista en asuntos penales, Marcos Salt, se mostró a favor de una reforma judicial, pero planteó que “este texto normativo no colabora con este proceso de reforma, sino que antes bien, atrasa, es antiguo. Si esta ley es sancionada tal cual está, esta organización habrá nacido vieja y caduca, subrayó.

“En la iniciativa no hay números, no hay costos, no hay análisis multidisciplinario. Si Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta?

Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?”, se preguntó.

Expuso también  el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, quien advirtió que el proyecto podría “dejar a jueces sin materia a tratar”. Destacó que con esta ley “el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces” que actualmente conforman la dotación del fuero.

Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, destacó que “toda reforma tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollar el diseño constitucional del proceso penal, que no hemos alcanzado. La mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente, es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional”. declaró.

Por su parte, Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), expresó que “el proyecto no contribuye a solucionar los problemas que aquejan a la Justicia en nuestro país”.

Muy duro contra la iniciativa oficial, opinó que el Poder Ejecutivo “propone una reforma en el aire”, ya que en el mensaje que acompaña al proyecto “no hay referencias a estudios empíricos o estadísticas que justifiquen las propuestas que se formulan.

“Toda reforma judicial requiere un debate participativo tendiente a buscar consensos que le otorguen a esa reforma estabilidad en el tiempo. Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral”, manifestó, y consideró qué de lo contrario, será “una reforma sometida al volátil vaivén del humor electoral”. Además, observó: “Para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto sólo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”.

Por su parte y, a favor del proyecto, el abogado Emanuel Desojo consideró que esta norma “va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior”.

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el “deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo que, a través de actos de intimidación y presiones, socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho”.

“La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas”, agregó.

En Senadores

La Cámara alta, que es cabecera del proyecto, continuó analizando el proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Entre otros oradores, estuvo la presidenta de Justicia Legítima, María Laura de Régori quien expresó que "nuestro sistema judicial federal es el más atrasado de Latinoamérica" y que "hubo 5 intentos fallidos de reforma. Los sistemas procesales van junto con los sistemas políticos. Nos merecemos un sistema acusatorio en el sistema federal de justicia", agregó.

Sostuvo que "originalmente el fuero contencioso administrativo y el fuero civil y comercial federal -que el proyecto unifica-, eran un solo fuero. Nacieron juntos, tienen el mismo código de fondo. Tampoco quita recursos de un fuero en perjuicio de otro. Hasta que no se sancione la ley no se puede hablar de equipamientos, eso es poner el carro delante del caballo. Sin embargo no estamos evaluando esto como un gasto, ya contamos con todos los recursos".

El titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariz manifestó que "queremos que en este proceso se tome en cuenta cómo impacta la relación de la competencia federal en las justicias ordinarias de todas las provincias".

"No es posible que haya asimetrías como las que hoy se verifican, donde un magistrado de una jurisdicción tiene grandes diferencias con los recursos de otro en otra región", apuntó.

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, lamentó "no haber sido convocados a participar de la discusión previa".

Consideró que "es necesaria una reforma judicial integral que convoque a todos los sectores de la comunidad organizada judicial" y que "no es prioritario en medio de una pandemia tratar la reforma judicial, en ningún lugar del mundo un Parlamento está discutiendo esto en un momento así". Aseguró que "hace falta un plan estratégico" y explicó que "el sistema acusatorio requiere más personal en fiscalías y unidades de trabajo que hoy están colapsadas. La Magistratura no cumple las sentencias que favorecen a los trabajadores, y se van a ver afectados los que están con sobrecarga de trabajo".

El constitucionalista, Daniel Sabsay, cuestionó el proyecto de reforma judicial al sostener que "el Consejo que se propone es monocolor, no tiene especialistas en cuestiones de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toque decidir y por otro lado, encuentro conflicto de interés en el caso de Beraldi y Arslanián".

El camarista Omar Florencio Minatta, consideró que "en el tema de la transferencia de la justicia ordinaria nacional a la órbita del poder judicial de la CABA existe un claro mandato constitucional".

Por último, brindó su perspectiva el abogado Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Sostuvo que "una reforma judicial es necesaria" y que el "primer desafío es la necesidad de romper las relaciones promiscuas entre jueces, poderes políticos, empresarios y servicios de inteligencia".

Sobre el tema, el presidente Alberto Fernández, se refirió al proyecto de reforma judicial enviado al Congreso y enfatizó: “Dicen ‘esto beneficia a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)’. No tengo la menor idea en qué la beneficia. Leo y releo y recontra leo y no encuentro en qué la beneficia”.

Para el cierre una reflexión de Milagro Sala, en nota de Clarín de esta semana “…si no hay reforma judicial nunca vamos a recuperar la libertad”.

  

Desde el Poder Legislativo piden al Ejecutivo    

  Ø  CAMPOS, JAVIER y otros: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN LA REPUBLICA ARGENTINA Y SUS CONDICIONES DE RESIDENTES FISCALES. 

 

Ø  ASSEFF, ALBERTO: DECISION DE LOS EJECUTIVOS MUNICIPALES QUE, BAJO EL ARGUMENTO DE EVITAR LA CIRCULACION DEL VIRUS COVID-19, IMPIDEN QUE LOS PROPIETARIOS NO RESIDENTES INGRESEN A LAS LOCALIDADES PARA HACER USO DE SUS PROPIEDADES

 

Ø  ASSEFF, ALBERTO y otros: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE AEREO DONDE MURIO EL PILOTO DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA, CAPITAN GONZALO BRITOS VENTURINI.

 

Las sesiones virtuales en Diputados. Continúa endureciéndose la relación entre oficialismo y el principal sector opositor. Juntos por el Cambio advirtió que no renovará el protocolo para sesiones virtuales, si no surge un acuerdo que establezca que los temas conflictivos propuestos por el oficialismo, no sean incluidos en el temario hasta tanto las reuniones puedan ser presenciales.

 

Receta digital fue promulgada. Ya está vigente la ley 27.553 de recetas electrónicas o digitales,  que legaliza la prescripción y asistencia a distancia en salud en todas las actuaciones relacionadas con la generación de prescripciones y entrega de medicamentos.  

 

Silobolsa al Código Penal. El diputado nacional Atilio Benedetti, UCR presentó un proyecto de ley para que los delitos contra los silobolsas y otras producciones sean incorporados al Código Penal a los que calificó como “nuevas modalidades delictivas”, que afectan la propiedad privada, la seguridad jurídica, el movimiento comercial, la producción nacional y la recaudación impositiva.