EDICION 1056
Finalizó el
suspenso. Se aprobó la primera etapa de la reforma judicial penal.
Hubo aprobación
para cambios en la Justicia
Orden del Día 118/20. Mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza la entrada de
tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales
para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.
Producido el llamado a votación en
general y en particular, el tablero reflejó UNANIMIDAD.
Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados
- Orden del Día 115/20. Proyecto de resolución del senador Mayans y de la senadora Fernández Sagasti, por el que se deja sin efecto la designación del doctor Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y en la solicitud de designación de vocal titular en representación del Senado.
-
Orden del Día 116/20. Proyecto
de resolución del señor senador Mayans y de la señora senadora Fernández
Sagasti, por el que se deja sin efecto la designación del doctor Mario H.
Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
Público Fiscal y en la renuncia de Felipe Ricca como vocal suplente.
Producido el llamado a votación en
general de ambas resoluciones, el tablero reflejó 41 votos afirmativos y 27 negativos
-
Orden del Día 119. Mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de organización y competencia de la
Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
Provincias.
Se da lectura a una extensa lista de
modificaciones que no estaban en el despacho; se producen reclamos que pasan a Asuntos
Constitucionales. En las modificaciones cayó la cláusula Parrilli.
Producido
el llamado a votación en general, el tablero reflejó 40 afirmativos y 26
negativos.
Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados
No habiendo más temas se da por cerrada
la sesión a las 00.45 del viernes 28
Exposiciones
Las
primeras sanciones ocuparon una reducida participación. El motivo fueron las
designaciones efectuadas durante el gobierno anterior en el Tribunal de
Enjuiciamiento. En primer lugar fue para el senador Claudio Doñate, FpV, Rio Negro,
quien definió que “venimos a normalizar,
a enmendar una grave irregularidad que cometió la exvicepresidenta Gabriela
Michetti, al momento de definir, de una manera arbitraria, unilateral, ilegal e
ilegítima, a los representantes del Senado de la Nación, de este Senado, en el
Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, particularmente. Es
necesario ordenar, para que se entienda esta presentación y los fundamentos de
este dictamen, y hacer un breve repaso de cómo llegamos a esta decisión. Los tramos fueron extraídos de la versión taquigráfica oficial.
Luis Petcoff de
Cambiemos, expuso que “ambas designaciones fueron realizadas conforme al
“ordenamiento y en cumplimiento de los actos administrativos y procedimentales
que prevé la legislación de fondo. No existe ninguna norma que pueda obligar,
en este caso, a dar cumplimiento a los argumentos del oficialismo del artículo
129 del reglamento; es decir que todos los nombramientos deben darse por
resolución del cuerpo. En relación a estas designaciones, ninguno de los
senadores que impugnan el mecanismo de designación objetaron en 2017 ni en 2018
las designaciones que efectuara la exvicepresidenta de la República, Gabriela
Michetti. Ninguno.
¿Por
qué no lo objetaron? Porque estaban bien realizadas. Más adelante, respecto de
los actuales ataques del oficialismo contra el procurador Casal expresó: “Si
quieren elegir un procurador, ya habrá tiempo de discutirlo; y deben tener los
números, porque así lo dice la ley. Ahora, si les molesta porque no pueden
tener los números para la eventual propuesta de un procurador –que no lo
sabemos, porque no fue discutido–, no busquen el atajo de “sacar de la cancha”
a Casal porque les molesta, porque necesitan un procurador de otras
características. ¡Busquen los números! ¿O se olvidan de cuando nosotros
gobernábamos y propusimos a una procuradora, cuyo pliego ni siquiera se trató
porque no había voluntad política? No había acuerdo para su tratamiento. ¡No
había acuerdo! ¡No había números! Cuando no hay números, hay que encontrar los
mecanismos para que los números puedan imponerse y no este atajo, este
mamarracho de desplazar, de “apretar”, de intimidar, de que los que vencen en
octubre, los reemplazo ahora. ¡Esto es un mamarracho!
Juan
Pais, de FdT, no dudo en responder: “El mamarracho
son los dos decretos de la presidenta de los años 2017 y 2018.
Fundamentalmente, los únicos actos nulos de nulidad absoluta son esos dos
decretos de la entonces presidenta de la Cámara, la exvicepresidenta de la
Nación, Gabriela Michetti”.
Ya en
el tramo de la reforma judicial, un nutrido listado ocupó el espacio.
María
de los Angeles Sacnum, miembro informante del
despacho por la mayoría, comenzó afirmando que el “Poder Legislativo es el
poder más democrático del conjunto de poderes gubernamentales por estar
constituido por todas las fuerzas democráticas. La situación de la justicia
federal en la República Argentina es grave. Y es grave porque hemos asistido a
cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los cuales se instaló una mesa
judicial, como si se tratara de un órgano extrapoder creado por la Constitución
de la Nación argentina, mediante el cual se naturalizó esa mesa judicial.
En
otro tramo expresó: “me parece que claramente tenemos que plantear que una
Justicia que tiene jueces enemigos, que son parte de este montaje del lawfare,
también, necesita de jueces amigos. Y me parece que esos jueces amigos son los
que hacen que la oposición, en muchos casos, en la mayoría de los casos, se
sienta muy cómoda con esta Justicia federal y no quiera reformarla.
“Es un
proyecto que se basa, fundamentalmente, en cuanto a la mirada de las provincias
argentinas y al fortalecimiento de la Justicia federal en las provincias, en el
proyecto Justicia 2020 del anterior gobierno y en un proyecto legislativo que
había sido suscripto por varios legisladores de la oposición; muchos de ellos
hoy siguen ocupando sus bancas. Estoy hablando del senador Naidenoff, de
la senadora Elías de Pérez, del senador Martínez. Ellos fueron
algunos de los firmantes de este proyecto.
“Hemos
introducido una modificación al proyecto tal como venía redactado por el Poder
Ejecutivo nacional, dejando una parte de los exámenes, por escrito. Es decir
que se van a realizar las entrevistas orales, grabadas, tal como lo planteó el
Poder Ejecutivo, pero hemos incorporado una primera parte de un examen que va a
ser escrito y anónimo, para evitar cualquier tipo de favoritismo a la hora de
otorgar los puntajes, para que luego se pueda pasar a la entrevista oral.
También hemos incorporado esta famosa expresión, la de poder mediático, que yo
entiendo ya estaba incluida en el articulado que venía del Poder Ejecutivo
nacional, que hablaba del poder político y del poder económico a la hora de
generar presión sobre los jueces. Esta cláusula es, ni más ni menos, para
salvaguardar los intereses de la sociedad, del Estado de derecho; es para
salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no
solamente del poder político. Los jueces y las juezas deben ser también
independientes del poder económico y del poder mediático, que está incluido en
el poder económico. Porque no estamos hablando de las periodistas que puedan
hacer una nota de opinión. Acá estamos hablando del poder mediático, que es
poder económico.
Laura
Rodriguez Machado, Cambiamos, Córdoba VT. “Me toca
a mí fundamentar, en representación del interbloque de Juntos por el Cambio, el
motivo del rechazo total y absoluto del proyecto sometido a consideración en
este nuevo despacho, que ya sabemos que sufrió una demora en llegar al
conocimiento de todos los senadores, motivo –tal vez– de esta realidad virtual,
o motivo de otras cuestiones que pasaré a detallar, conforme vaya avanzando.
“Estamos tratando un proyecto que solamente trata una modificación de la Justicia Penal Federal; no es un tratamiento para acercar la Justicia a la gente en su día a día, a quien tiene por ahí que adoptar, o temas de alquileres, o de temas de daños y perjuicios. Eso es otra jurisdicción.
Estamos hablando de gastar 6.000
millones de pesos en la Justicia Penal Federal, que es la que atiende a los poderosos,
la que atiende a los que cometen delitos de corrupción y que es la Justicia que
va a delinear, prácticamente, si en este país va a haber o no impunidad, a
partir de que se sancione un proyecto como este.
“Recordemos que hace siete años el gobierno del que ustedes formaban parte enviaba al Congreso un paquete de leyes destinadas a formar parte de una modificación de la Justicia, llamado “democratización de la Justicia …enviaron un nuevo proyecto para generar más cargos. Un nuevo proyecto que se retiró para ser modificado; se modificaron tres o cuatro artículos. Pero hete aquí que, cuando aparece el despacho, en vez de esos aproximadamente 200 cargos, aparecen 908 cargos en la Justicia. cuando contó sobre el contenido del proyecto. ¿Cómo, milagrosamente, aparecen cinco veces más cargos a designar que los del proyecto? Seguramente −es lo que muchos creen−, han estado negociando cargos y postulados con algunos de los que después se espera que voten a favor, pero su voluntad todavía no está dicha en la Cámara de Diputados, a donde si se aprueba hoy pasará este proyecto”.
Esteban Bullrich, Cambiemos, Buenos Aires. “Cuando las leyes no tienen en su corazón a la sociedad a la cual quieren servir, son leyes vacías. Las leyes tienen que tener esas urgencias también planteadas en el corazón, porque son una solución a futuro de los problemas que enfrentamos. Digo esto porque seguimos teniendo u olvidando dos proyectos fundamentales que tienen media sanción de Diputados que venimos reclamando que se traten y lo vamos a seguir haciendo. Se trata de los expedientes 17 y 21/2020. Uno se refiere a la renovación de la Ley de Economía del Conocimiento, dado que está suspendido el régimen que promueve esa economía, esa industria, la industria más moderna, la del futuro, la que genera empleo de calidad. Sin embargo, hoy seguimos “pateando” y no resolviendo esa media sanción que pondría nuevamente en funcionamiento ese régimen de promoción de economía del conocimiento. El otro, el proyecto contenido en el expediente 21/20, es un proyecto que extiende los plazos de pago, que en la Cámara de Diputados acompañaba la moratoria que aquí ya sancionamos. Obviamente, aquí la sancionamos porque significaba la amnistía a Cristóbal López, pero no incluimos en el tratamiento de la moratoria la parte de las deudas privadas. Lo dijimos en ese debate, pero insistimos ahora. Hay muchísimos comercios, pymes y monotributistas que están esperando esta ley porque la situación económica de la Argentina, que acabo de describir, la demanda”
Ana Claudia Almirón, FpV, Corrientes, “La verdad es que yo no creo que este proyecto
sea la panacea o resuelva todos los problemas que tiene la Justicia, pero creo
que es un gran paso y un gran inicio. Han sido seis audiencias muy largas, muy
enriquecedoras, con muchos expositores y expositoras desplegando virtudes y
también críticas hacia el proyecto, pero la verdad es que todas han fortalecido
su tratamiento. La verdad es que yo no he escuchado a una sola persona, a un
solo exponente, que no manifieste la necesidad de un cambio en las estructuras
del Poder Judicial. Después podemos discutir si es necesario u oportuno o no su
tratamiento, si no es conveniente –como nos dicen hoy desde la oposición–, pero
lo cierto es, señora presidenta, que el gobierno de Cambiemos, desde los
primeros días del gobierno de Mauricio Macri, ha realizado muchos cambios de
facto en la Justicia para llevar adelante –obviamente– una Justicia a su
medida.
“…También, señora presidenta, he
escuchado muchas veces decir y atacar este proyecto…diciendo que este proyecto
solo sirve para generar mayor impunidad o que este proyecto representa
impunidad. La verdad es que la respuesta es muy contundente, presidenta. Para
quienes leyeron el proyecto, encuentra su respuesta en el artículo 13, cuando dice
que las causas van a seguir su trámite y su curso ante los mismos órganos hasta
su finalización. Y les digo a los miembros de la oposición, si no leyeron el
artículo 13 del proyecto, que lo escuchen de nuevo a su constitucionalista
estrella, Sabsay, cuando estuvo en la comisión y manifestó que no existe ningún
artículo que mencione esto.
Silvia Elias de Pérez, Cambiemos, Tucumán. “Lo primero que nos están proponiendo,
presidente –como lo ha dicho todo mi bloque–, es la creación gigantesca de más
de 900 cargos de una manera irracional, por donde usted quiera analizarlo: 310
magistrados y 598 cargos de funcionarios y empleados. ¿Y sabe una cosa?
Nosotros sí hicimos el presupuesto, pero no conseguimos que la ministra cuando
vino a presentar el proyecto nos dijese cuál era el presupuesto, porque nos
contestó que no lo tenía. Parece que ella es capaz de hacer este proyecto
monstruoso sin hacer un número de cuánto significa para el país.
“El presupuesto, tal cual lo han dicho mis compañeros de bancada, es de 6.000 millones de pesos. Porque en esos montos que nos han pasado ustedes desde el oficialismo se han olvidado de la infraestructura, se han olvidado de la tecnología, se han olvidado de los aportes previsionales de los cargos que están creando. Se han olvidado de todo esto. Por año vamos a necesitar 2.500 millones más de presupuesto para la justicia, presidente. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra mejora hay, si es que están proponiendo algo? Definen ahora la designación de los jueces de una manera sui géneris, con jueces interinos. Jueces del poder ya no son jueces de la ley. Son jueces interinos. Tienen la fascinación de poner jueces que estén al alcance de la lapicera, para que cuando no les guste como fallan, entonces podemos pasar a poner otro juez. ¿Qué otra cosa nos están proponiendo hoy acá? Una cláusula mordaza, para decirles a los medios de comunicación, para decirles a los periodistas, que se autocensuren, porque no les vamos a permitir que muestren las cosas que se están investigando en la Argentina. Mi papá solía decir: “Si hay pobreza, que no se note”. Bueno, acá es: “Si hay corrupción, que no se note”, parece que es lo que quieren decir, presidente.
Nancy González, FpV, Chubut. “…hoy, algunas senadoras muy sueltas de cuerpo, dicen que no les permitieron hacer modificaciones; pero en cada reunión de comisión –repito– nos pedían las modificaciones. “Una oportunidad perdida”, dicen también. Oportunidad perdida tiene la oposición, tienen ustedes, que no quieren debatir, que no quieren aportar reformas a este reordenamiento de la Justicia. “¿Saben qué? Les pido que sean responsables. Les pido que estén a la altura de las circunstancias. Fueron elegidos por su pueblo. Son senadores y senadoras de la Nación: no le mientan más al pueblo.
Martin Losteau, JxC, CABA, Fueron varios los expositores que dijeron que son las dos
cosas: es nombrar mejor gente y que el sistema funcione mejor. Es decir, tener
funcionarios idóneos, pero al mismo tiempo, dentro de un sistema que los haga
funcionar de acuerdo a la Constitución Nacional y a nuestras leyes. Las dos
cosas. ¿En lugar de qué? En lugar de tratar de modificar las leyes o sancionar
leyes o reinterpretar leyes para que favorezcan en la justicia a uno u otro
lado. Es cierto, todos tenemos compromiso para que esto ocurra; necesitamos que
esto ocurra. Todos, cuando el presidente dijo que esta era una de sus tareas,
celebramos que lo pusiera en sus discursos, pero la pregunta es cómo se
consigue. La verdad es que se consigue con un compromiso de todos. Si estamos
hablando de la Justicia que usa la política, tiene que ser un compromiso de
todos de crear el mejor sistema posible, con los mejores controles posibles, y
nombrar a la gente más idónea posible. Y la verdad es que en este contexto,
discutiéndolo de esta manera, con tanta belicosidad, es muy difícil que
lleguemos a eso.
“Datos para entender esto. En 2018, los
fueros Criminal y Correccional y Penal Económico tuvieron 28.198 casos; 11.571
de esos casos fueron por narcomenudeo; de los cuales, entonces, quedaron
16.627, porque eso se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires. Son 361 casos por
año para cada juzgado de los 46 que vamos a crear. Cuando uno mira qué pasó con
la implementación del Código Penal Procesal en Jujuy y en Salta advierte que el
59 por ciento de los casos no requirió la intervención de un juez. Si ajustamos
los 361 por eso da 148 casos por año por cada uno de los 46 juzgados. Juzgados
federales con asiento en provincias en promedio tiene 1.500. Criminal y
Correccional Nacional tienen 1.200 casos.
Anabel Fernández Sagasti, FpV, Mendoza: “…Ahora dicen que no es el tiempo oportuno porque
estamos en pandemia. Cuando usted presentó (la presidenta) la reforma para la
democratización de la Justicia en 2013 ya ni me acuerdo qué decían, pero tampoco
era la oportunidad. El año que viene, si la queremos tratar: “elecciones”. En
el 2022: “Ya le queda un año al presidente, así que no”. Y así, van a encontrar
cualquier excusa, porque la verdad es que son adictos al statu quo, y los
beneficia el statu quo de la Argentina. Y nosotros, el peronismo, fuimos
votados para cambiar las cosas. Venimos al gobierno a intentar una mejora en la
vida de la gente en todos sus aspectos. ¡Y que no me digan que el servicio de
justicia no es algo que está en la agenda de la gente, porque es mentira!
También quiero decirle que, si fueran honestos intelectualmente, podríamos
levantar el nivel de debate en este recinto. Todo lo contrario, lo que hacen es
intentar confundir obstinadamente a la sociedad para que nada cambie, porque
ese es su verdadero negocio.
“Creo que es muy triste el papel que hoy
está jugando la oposición en este recinto.
“Espero sinceramente que algún día
podamos poner primero los intereses de los ciudadanos a los que representamos
antes que los intereses de la cloaca que construyeron de facto con la reforma
judicial del macrismo
“… Y si en este Senado no se saldó
–porque vale mucho más imponer o redoblar–, que la Cámara de Diputados
encuentre ese equilibrio y ese sentido común que hoy nos está faltando a todos
los argentinos y, fundamentalmente, a un gobierno
José Mayans, jefe del oficialismo: El otro tema fue el Consejo de la
Magistratura. Ustedes no se olviden que estaba un senador por San Juan y la ley
establecía que no hacía falta que tenga título de abogado para ser miembro del
Consejo de la Magistratura. Hubo una discusión al respecto. Lo sacan al senador
por San Juan y cuando tiene que ingresar el senador Pais, que fue propuesto por
nuestro bloque, se negaron a tomarle juramento, para manipular obviamente la
acción del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tomó
decisiones sin hacer jurar al senador Pais. Ese solo hecho es un esquema de
manipulación abierta al Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de dos
estamentos superiores de la Justicia argentina: la Corte Suprema y el Consejo
de la Magistratura. Después están los tribunales inferiores, que es lo que
estamos tratando ahora.
“Otro caso de manipulación fue el tema de
Milagro Sala. Y eso lo hizo la Corte. Nosotros teníamos un tratado
internacional, que es el tratado del Mercosur. Uno de los estamentos básicos
para el tema de la integración es el Parlamento del Mercosur.
“El otro tema es el dólar futuro. Otra
abierta manipulación. Porque si tuviéramos que juzgar por el dólar futuro,
también caería el gobierno de Macri. Y si tuviéramos que juzgar el tema del
Banco Central, hoy estarían presos Sturzenegger y todos los que estuvieron en
el Banco Central de Macri. Estarían presos si tuviéramos una Justicia libre e
independiente. Esta manipulación existió.
“¿En qué consiste el proyecto? En el
fortalecimiento de todo el sistema de la Justicia Federal en la República
Argentina, con una inversión de la que hablan de 2.000 millones, 3.000
millones, 5.000 millones, 6.000 millones, sobre un “2020 - Año del General
Manuel Belgrano” 27 de agosto de 2020 Sesión especial Pág. 139 Dirección
General de Taquígrafos presupuesto de 7.000 billones. El presupuesto judicial
es el 1 por ciento del presupuesto nacional. Si nosotros le diésemos a la Justicia
el 50 por ciento sería el 0,5 por ciento del presupuesto, que no es el caso,
porque ni siquiera se está llegando al 20 por ciento del presupuesto judicial,
ni al 10 por ciento del presupuesto judicial. Esa es la realidad: ni al 10 por
ciento. O sea que estamos hablando del 0,1 por ciento del presupuesto.
“Y después la última parte; no creo en
las casualidades de las amenazas. ¿Cuál es la amenaza? Que si no hacemos lo que
ellos dicen, viene el golpe de Estado. Antes usaban al Ejército. Ahora utilizan
a la Justicia. Pero este es otro Ejército. Lo dijo el jefe del Estado Mayor
Conjunto. Romper el Estado de derecho. Perseguir. Desaparecer personas. Ultimar
personas. Violentar la Constitución. Ese es el mensaje.
“Aspiramos, realmente, a canalizar el esfuerzo del pueblo argentino para poder salir de esta crisis. Porque tenemos dos crisis: lo que dejó el gobierno de Macri y la pandemia. Tenemos ese desafío. Y el pueblo argentino sigue confiando en nosotros.
“Nosotros lo vamos a hacer”, finalizó y
cerró el debate el presidente del bloque oficialista.
En modo “vértigo” se aprobó DNU que declara esencial los servicios telefónicos
fijo y móvil,
internet y televisión paga
Previo al debate, se hizo referencia a la nota presentada por el interbloque
Juntos por el Cambio impugnando la reunión. “La citación del día de la fecha
fue formal y legal, con 48 horas corridas de antelación, siendo el mismo
procedimiento, e interpretación del reglamento, que utilizamos durante la
pandemia”, se explicó. No se hizo mención sobre que el flagelo mundial comenzó
en febrero pasado. El DNU 690/20, fue emitido el viernes último y publicado al
día siguiente sábado en el Boletín Oficial, modifica la ley 27.078. Deja clara
la velocidad impuesta, el hecho que sólo el miércoles pasado se publicó la
norma del Ejecutivo en la web de Diputados que registra el ingreso oficial de
los proyectos.
Pablo González, FdT, destacó que el DNU “propicia la libertad de expresión y el
acceso a la información”. Señaló que “hay mucha gente que no pueda acceder a la
educación ni a cuestiones relacionadas al conocimiento, en función de la
imposibilidad de contar con telefonía móvil e internet accesible, por estar el
mercado autorregulado. Con el argumento de la competencia han profundizado el
control de los monopolios”, fustigó.
José Luis Ramón, (no forma parte de la Bicameral), reivindicó el envío legislativo
que calificó como una “concepción política humanista a favor de los derechos de
los usuarios, quienes son los motores del desarrollo del país”.
Sobre el envío del DNU que declara
esenciales los servicios, el titular del Ejecutivo manifestó que el DNU era “definitivamente necesario”, y que “el único
interés que se tocó es el de los usuarios y los consumidores, porque además de
los que prestan servicios están los que consumen, que tienen tantos derechos
como los que prestan servicios”.
Seguidamente
fueron aprobados el DNU 634, del 29 de julio de 2020, que prorroga hasta el 31
de agosto de 2020 el Régimen de Regularización de Deudas establecido en la Ley
27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública; el DNU 643/20, del 4 de agosto pasado, por el cual modifica
el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar,
Pro.Cre.Ar y el DNU 157/20, del 3 de marzo pasado, por el cual se crea la
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Todo comenzó con el arribo a la Mesa de Entradas de Senadores del
mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaba al proyecto de ley sobre reforma
judicial.
Dispuesto el tratamiento, las comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Justicia y Asuntos Penales dieron aprobación, luego de varias reuniones con
nutrida asistencia de expertos en el tema, con un dictamen de mayoría (19
firmas) que no fue acompañado al momento de la firma y la ausencia de JxC para
el aludido proyecto.
El
presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans definía el proyecto
como muy bueno, y afirmó que por la comisión pasaron 50 expositores; argumentó
que la defensa de la propuesta “no estaba en la cancha del Poder Ejecutivo,
estaba en la cancha del Poder Legislativo”.
Para el legislador, “esto más que reforma es un fortalecimiento de
la justicia federal de todo el país, porque en definitiva se logra una mayor
inversión en el servicio, eso quiere decir crear más juzgados, crear más
cámaras de apelaciones, crear más tribunales orales y marchar hacia el sistema
acusatorio, que es un sistema mucho más transparente, todo lo contrario al
sistema inquisitivo”.
Días más tarde y ya con ambiente legislativo y social un tanto agitado,
que incluyeron las desafortunadas declaraciones del ex presidente Eduardo
Duhalde; tuvo lugar la sesión aprobatoria de Senadores que detallamos al inicio
de esta edición.
Pocas horas antes se conocieron dichos de Sergio Massa,
presidente de Diputados, en el sentido que el proyecto con media sanción no
tenía ningún apuro por ser sancionado en la Cámara baja.
Las conjeturas en amplios círculos fueron muchas pero la de mayor
asidero fue la cantidad de votos de uno y otro sector que se iluminarían en el
tablero del recinto.
Con el paso de los
días, análisis cruzados sobre los números que se obtendrían en la segunda
presentación legislativa, fueron mostrando enrarecimiento del clima sobre el
proyecto oficial luego de su triunfo en Senadores, se recibía la determinación no
oficial en la Cámara baja de demorar el tratamiento del proyecto de reforma judicial.
El tema se explica dado que de los 12 votos que necesitaría el Frente de Todos, sólo cuenta con el de Alma Sapag, dos del interbloque Federal y en el mejor de los casos otros siete del bloque de José Luis Ramón, si el mendocino reconsiderara la postura expresada oportunamente. No le alcanza al oficialismo con eso.
En línea aparte, horas antes se había conocido, a
través de varios medios, la posición del juez federal Daniel Rafecas, candidato
promovido por el presidente Fernández, que advertía que de haber modificaciones
reglamentarias en Senadores para facilitar su designación, él se abstendría de
participar
En tanto, Sergio Massa aguardaría “tiempos mejores”
para eventualmente negociar reacomodamientos que modifiquen voluntades. En otro
orden aseguró que “el Senado tiene tiempos distintos. Diputados siempre da
lugar a la opinión de asociaciones y colegios. Ya tenemos pedidos de 41
expositores”, señaló.
En orden coincidente, la asociación
civil FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia)
cuestionó el proyecto de reforma judicial al manifestar que “pareciera enfocada
en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso
judicial, adolece de falta de transparencia y participación de las
instituciones especializadas en Justicia y avanza en la persecución de la
disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de
los derechos individuales”.
Con ese fin se
constituyó un consejo consultivo que habrá de dictaminar sobre la
reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional. Sus integrantes analizarán,
“desde una perspectiva técnica y con total independencia”, los mismos temas
sobre los que trabaja la Comisión designada por el presidente de la
Nación.
A la convocatoria de
FORES se han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la
Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados
Bloque Constitucional y Será Justicia.
Simultáneamente, el
expresidente y ahora denunciante de golpes, Eduardo Duhalde, propuso cambiar los
tiempos dado que “el problema de la Argentina no es lo que
debe sino lo que no produce. No podemos anteponer nuestros intereses,
nuestras ideas a los intereses generales del país. Y eso requiere consenso
y diálogo.
“Por eso me puse en contra del proyecto Vicentín desde
el primer día, porque no correspondía y menos para este momento. No podemos
anteponer nuestros intereses, nuestras ideas a los intereses generales del
país. En crisis como la pandemia no se puede avanzar con el proyecto de
reforma judicial.
“Es bastante común la desunión de la sociedad. El tema es cómo
hacemos para que cambie. La historia muestra épocas muy largas de pensar
distinto, pero el tema de pensar distinto es que no termine en actos que
perjudiquen el presente y el futuro de la República”.
Coincidió con el ex
presidente, el jefe del Gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta quien afirmó
estar convencido que “debemos encarar
un debate profundo y maduro sobre nuestra Justicia.
“Así
vamos a poder avanzar hacia una sociedad más justa y unida”. Soy una persona
que siempre apuesta y apostará al diálogo y a la búsqueda de consenso. Lo
demostré en muchas oportunidades.
Sostuvo que “la discusión sobre un tema tan
trascendental para nuestro país como es reformar un poder del Estado exige un
amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los
partidos políticos, las organizaciones sociales, los expertos en el tema y a
toda la sociedad.
“Eso lleva tiempo. Una reforma que va a comprometer los derechos de varias generaciones necesita tener un nivel de consenso extraordinario, Hoy estamos viviendo una situación sanitaria excepcional e incomparable con cualquier otro momento, que impidió llevar adelante todos esos procesos. Sin embargo -lamentó-, en el Senado se decidió avanzar igual, apurando el tratamiento de esta ley. No es la forma dijo en apoyo de la posición de Massa. Se requiere más tiempo para debatirlo, sentenció.
En la
tarde del martes pasado, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por
el Cambio mantuvo una reunión virtual con las Asociaciones de Magistrados y de
Fiscales, en la que analizaron el proyecto de reforma judicial propuesto.
Tanto
jueces como fiscales coincidieron en destacar la falta de oportunidad del
proyecto del oficialismo e hicieron hincapié en la poca coherencia que exhibe
la idea de proponer una reforma que requiere un fuerte incremento
presupuestario, en medio de una pandemia que está generando angustias
económicas y sociales sin precedentes en la historia de nuestro país.
Marcelo
Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, señaló: “No queremos frenar este o cualquier proyecto de
reforma. Pero queremos que sea de forma seria, sin soslayar aspectos tan
centrales como está sucediendo ahora. Nos preocupa que este proyecto nazca con
tantas suspicacias y sospechas sobre sus verdaderas intencionalidades. Hay que
hacer un proyecto de reforma judicial como corresponde, mejorar la prestación
del sistema de justicia”. Agregó: “En Capital Federal genera intangibilidad de
la función judicial, que pasa a ser muy precaria y esto afecta a la prestación
del servicio de justicia”.
Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales sostuvo que “pedimos participar del debate con el fin de contribuir en la redacción de esta reforma desde el día que el Presidente hizo el anuncio. No nos parece que el Estado esté en condiciones para poder hacer frente al incremento presupuestario que esta reforma va a demandar. Desde su concepción, esta reforma nace antigua”, agregó. “No tiene sentido este intento de licuar el poder de Comodoro Py”, cerró Rívolo.
El
fiscal Raúl Pleé se ocupó de marcar el contexto de la reforma judicial: el
ataque al Procurador Casal, los intentos de anular los traslados de camaristas,
la persecución de fiscales. “El objetivo fundamental es que los jueces
federales que están en funciones no actúen por un año entero, ya que las causas
nuevas serán monopolizadas por los subrogantes”, sostuvo.
Participaron del
encuentro, además de los nombrados los fiscales Ricardo Toranzos, Fabiana León,
Ricardo Sáenz, Fernanda Poggi y Raúl Pleé; el defensor Benjamín Solá; los
camaristas Manuel Pizarro y Osvaldo Facciano; y Sergio Pinto, juez de Córdoba.
La situación de
la productora Polka y un proyecto que apoya la ley
de Economía del
Conocimiento
Guillermo Tello, coordinador general de la Multisectorial Audiovisual
DOAT, enfatizó que “estamos viviendo un tiempo de crisis en la producción
audiovisual en la Argentina” y sostuvo que “confiamos en el Senado para
rediscutir un modelo reindustrialista para el sector audiovisual”. El
secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, definió como “un
conflicto de proporciones” el que se registra en la productora Polka “de la que
el grupo Clarín es dueño del 55 por ciento del paquete empresario” al que “le
pedimos que tenga solidaridad empresaria y mantenga el empleo y los salarios de
los más de 300 empleados”,
Pablo Storino, secretario de Cultura y delegado gremial en Polka, reseñó
la situación salarial y advirtió que “todos los meses estamos en audiencia en
el ministerio de Trabajo para poder cobrar”. “Cobramos el 75 por ciento de
julio, no sabemos qué va a pasar con el pago de agosto. Nos adeudan el
aguinaldo y dicen que no tienen plata pero si alguien se quiere desvincular se
le paga una indemnización normal”.
Alejandra Darín, titular de la Asociación Argentina de Actores,
agradeció “poder visibilizar el atropello cometido por la empresa y exponer a
quienes no apuestan por el país y priorizan sus cosas”. Añadió que “Polka y el
grupo Clarín incumplen la ley y manifiestan indolencia hacia los trabajadores y
la sociedad”.
En tanto, Sergio Vainman, vicepresidente de ARGENTORES señaló que “el caso de Polka es un caso más de las empresas que son socios de los trabajadores en las pérdidas y los trabajadores somos espectadores en las ganancias” y puntualizó: “que desaparezca Polka es una situación trágica para los trabajadores pero para la industria audiovisual es una catástrofe. El destino de la industria audiovisual es muy incierto. La mayor parte de sus integrantes sufren la desocupación. Es una situación terminal. El cierre de Polka es la frutilla del postre pero viene a desnudar un hecho que viene de mucho antes.
“No existe posibilidad de reconstruir la industria si no aparecen leyes que permitan tener las herramientas necesarias. Necesitamos políticas públicas que se extiendan en el tiempo”. Destacó tener esperanzas “en la ley de Economía de Conocimiento y merece ser sancionada y reglamentada cuanto antes”.
Al respecto, el senador nacional Martín
Lousteau, UCR, consideró que hay "una enorme cantidad de temas"
que se deberían debatir para anticipar la pospandemia del coronavirus y, en esa
línea, reclamó que la Cámara alta sancione la ley de Economía del Conocimiento,
durante una reunión virtual de funcionarios y dirigentes del radicalismo
bonaerense.
En ese sentido, reclamó "que el
Senado sancione la ley de Economía del Conocimiento, porque es un sector
fundamental para la Argentina, porque genera divisas, aumenta la productividad
de los distintos sectores y es federal, y ahora está en un limbo
jurídico".
El legislador del bloque Juntos por el Cambio recordó que "es un proyecto clave, y que en Diputados fue votado por 246 votos y solo dos en contra, y en el Senado no lo quieren sancionar".Respecto de Economía del Conocimiento, se conoció que el expresidente de la Nación Eduardo Duhalde que desmintió haber desmentido su lamentable comentario en un programa de TV donde anunció un golpe de estado y que no habrá elecciones el año próximo. Su última intervención al respecto fue “se me escapó la tortuga”, no obstante, ratificó que cierto sector militar estaba en eso; manifestó su apoyo a una iniciativa que busca transformar la industria del software nacional.
Más allá de la anécdota, el proyecto impulsado por las empresas
desarrolladoras Unidigital e Itpatagonia, que cuenta con el apoyo de una gran
cantidad de pymes, se enmarca dentro de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento; y advierte que
se trata de uno de los sectores productivos de mayor crecimiento, en especial
durante esta crisis, y que hay “una oportunidad para su expansión, tanto local
como internacional, que se está
desaprovechando por una limitación que se arrastra año tras
año”.
La iniciativa busca fomentar el
desarrollo de mano de obra calificada, evitando además que, completada
su formación profesional, emigren fácilmente debido a la gran demanda a nivel
internacional.
Duhalde, como presidente del “Movimiento Productivo Argentino”,
manifestó su apoyo al proyecto, y aseguró que podría ser “la puerta para que la
industria del software nacional se convierta en una de las principales
exportadoras del país”. Y agregó que “si no se resuelve este problema
radicalmente, seguiremos sufriendo este déficit indefinidamente”.
Próxima vedette:
gravar grandes fortunas
Desde Olivos, un fin de semana de hace unos meses, dijo “la semana
próxima estará en el Congreso” y no pasó nada; después hubo otros anuncios de
parte de otros actores y tampoco pasó nada.
Esta vez pareciera que el oficialismo ve en esa herramienta una alzada
del protagonismo e iría por ella. Y el momento no es casual, es en el momento
de mayor impacto de la pandemia que llega la noticia que, afirman, podría proporcionar
a las alicaídas reservas algo así como 3000 millones de dólares.
El titular de Presupuesto y Hacienda, de él se trata, sostuvo
que “en los próximos días vamos a
darle entrada al proyecto de impuesto a las grandes fortunas”, una
iniciativa que estuvo guardada desde hace tiempo y que buscará lograr “la mejor
ecuación en cuanto a que sea la menor cantidad de gente la alcanzada y logre
captar el máximo beneficio posible”.
El distinguido y activo banquero del cooperativismo, Carlos Heller,
manifestó que el impuesto -que trae una catarata de malos
pronósticos- “será por única vez” y en tren de confesiones aseguró que será aplicado sólo a personas físicas
en base a declaraciones juradas y no a las empresas.
Esta
vez, el nombre que se le pondrá a la delicada operación, es Aporte
Solidario Extraordinario”, será el nombre y apellido del proyecto que
alcanzará, dijo Heller, a las personas que tengan más de 200 millones de pesos
declarados.
Con ánimo de tranquilizar muchos bolsillos, explicó que ese gravamen alcanzará al 3,5% de los que tienen máximo recurso y ratificó que el universo que pagarían ese impuesto estaría en el orden 12.150 personas.
Servicios
bancarios: expertos
informaron a senadores
La comisión de Economía Nacional e Inversión en reunión realizada en
forma remota y presidida por la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez,
UCR, tomó nota de la declaración presencial de los directivos Juan José Alegre,
(Banco Santander) y Alejandro Pérez, (ABA) quienes brindaron opinión sobre tres
proyectos de ley en tratamiento en la Comisión.
Se trata del S-704/20 de Dalmacio Mera, FdT, cajeros automáticos,
el S-599/20 de Juan Carlos Marino, UCR, Programa de Bancarización y
Acceso Simplificado para Adultos Mayores, y el S-2326/19 de Roberto Basualdo,
PyT, sobre incorporación de cajeros biométricos.
Juan José Alegre se refirió a la disponibilidad de cajeros y apuntó que
la "la cantidad de cajeros depende de la densidad poblacional del lugar,
de la necesidad económica de los usuarios y la actividad desarrollada en el
lugar" y que "tanto la Red Banelco como Link son
interoperables". Además de "otros medios como el extra cash, que
llega a más de 35.000 comercios" y "las corresponsalías bancarias, como
Rapipago o Pago Fácil para poder llegar a una cantidad mucho más grande de
personas a lo largo y lo ancho del país".
Respecto del retiro de efectivo consideró que "llevar el límite a
168.000 pesos como máximo de extracción está lejos de la realidad actual";
alegó que "tiene un problema técnico" y que "deberían hacerse
varias extracciones", al tiempo que señaló que "la cantidad de
billetes es importante también". Asimismo, detalló que hay "entre
18.000 y 20.000 cajeros en el mercado" y que "hoy tenemos una
disponibilidad del 95% que los cajeros puedan tener dinero suficiente que
requiere la comunidad. Poner un límite que en 24 horas debería arreglarse un
cajero automático nos parece algo un poco abusivo", afirmó.
Sobre la colocación de nuevos cajeros sostuvo que "hay que conocer cuál
es la disponibilidad del software y el hardware que tienen hoy estas dos
empresas grandes que se dedican a la provisión de estos equipos" así como
también señaló que "hay que tener en cuenta las leyes municipales" e
instó a una "motivación de la gente de usar un esquema digital que nos
permita descomprimir un poco el uso físico de la extracción del efectivo".
Afirmó que "poner una fecha de 120 días para hacer las biometrías o
adaptar todos los cajeros nos parece que es casi incumplible" y advirtió
que "no todos los bancos van a estar en condiciones de adaptarlo" ya
que "significa un costo muy grande".
Alejandro Pérez coincidió en que "dado el parque de cajeros existente,
es de imposible cumplimiento" y que "lo importante es canalizar los
esfuerzos hacia una legislación que incentive el dinero virtual tanto de la
demanda como de la oferta".
Consideró que "el tema extra cash y las corresponsalías coayudan a
que cualquiera de los usuarios financieros puedan acceder a sus billetes sin
necesidad de contar con un ATM o un cash dispenser" y destacó la
importancia de tener en cuenta "la capacidad de los cajeros y la
disponibilidad de billetes de alta denominación" al referirse al
incremento del monto de extracción sugerido.
Sobre el mantenimiento de los cajeros afirmó que "el tema de las 24
horas es 100% impracticable: como está redactado el artículo nos pone en una
situación de incumplimiento. Quiero destacar un elemento, el tema de
infracciones" y añadió, "hay una distribución de las multas que un
cuarto va al damnificado; me genera la duda sobre si no estaremos impulsando
con esta medida una industria del juicio", finaliza la información de
prensa enviado por Senadores.
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