EDICIÓN 1062

Se trata el mañana viernes a partir de las 14

 Marcada diferencia encuentra el proyecto 

         sobre Economía del Conocimiento 

 

Pareciera que finalmente, en lento trámite y con diferencias de criterio en su procedimiento, el proyecto de ley que modifica la anterior sanción de la denominada Economía del Conocimiento pasó a la firma del dictamen oficialista tras los cambios realizados en plenario de comisiones.

Al cierre de esta edición, se conocía que la sesión de Senado donde está incluido el tratamiento del proyecto sobre Economías del Conocimiento está previsto para mañana viernes a las 14

En estas condiciones, luego de la sanción de Senadores, el proyecto volverá a Diputados, Cámara de origen en busca de la sanción definitiva, si fueran aceptas las modificaciones.

Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda que presiden los senadores Alfredo Héctor Luenzo, FdT, Chubut y Carlos Alberto Caserio, FdT, Córdoba, realizaron una reunión conjunta para tratar el proyecto que modifica su similar 27.506 (Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento) sancionada en el anterior período parlamentario.

El senador Luenzo destacó que tras un cuarto intermedio se reanudó el tratamiento del proyecto con las modificaciones que se le han realizado. "Los cambios apuntan a brindar un carácter más federal, incorporar una mirada inclusiva y de perspectiva de género, con un principio de mayor justicia y de inclusión fundamentalmente a los sectores más vulnerables que es un aspecto central a poner en valor.

"Este proyecto es para encontrar una manera mucho más equitativa y más democrática para beneficiar a los que necesitan de una mano por parte del Estado en este régimen de promoción", añadió.

Luenzo y Caserio leyeron el texto final con las modificaciones añadidas resaltando que "el espíritu de la ley es promover el empleo con un aporte estatal de $ 18.000 millones".

Entre las modificaciones, Caserio sostuvo que se "permite acceder al régimen de beneficios con el 70% de facturación en alguna actividad promovida, o presentando un caso ante la Autoridad de Aplicación" y que "el bono de crédito fiscal sobre las cargas sociales será intransferible durante dos años y no se podrá aplicar contra Ganancias". 

Asimismo, afirmó en cuanto al beneficio del Impuesto a las Ganancias, "ahora se plantea un diferencial: 60% para las empresas chicas, 40% para las medianas y sólo del 20% para las grandes". 

Otra modificación, es la eliminación del Consejo Consultivo" y completó que "tendrá vigencia a partir de enero del corriente año y por 10 años".

La diferencia que aporta a través de las modificaciones introducidas por el bloque oficialista de Senadores impacta sobre el criterio utilizado por los diputados oficialistas que actuaron en conjunto con el criterio del ministro Kulfas quien, ya en el final, adjudicó valor a las modificaciones realizadas al texto luego sancionado.  

Un texto que ahora, desde el mismo sector político, devuelve con modificaciones que abren interrogantes sobre el destino final del instrumento legislativo.

Por su parte, desde la oposición, Esteban Bullrich, Buenos Aires, Pro, expresó que "me gustaría analizar el texto final con las modificaciones antes de pasar a la firma del dictamen.

“Nos parece que hay modificaciones significativas en el proyecto que demandan cierto estudio, pido que haya algún nivel de escucha para que, una vez que estudiemos las modificaciones, se puedan hacer sugerencias".

El senador Luenzo afirmó que "hoy tenemos un dictamen que queremos pasar a la firma".

En tanto el senador por Formosa, José Miguel Ángel Mayans, FdT, y jefe de la bancada oficialista, puso punto final a la propuesta de Bullrich al tiempo que sostuvo "como bloque vamos a sacar el despacho, lo que no quita que puedan hacer un despacho de minoría o que realicen los aportes pertinentes".

Dado el clima imperante que incluye el juego político dentro del mismo núcleo, no se descuenta que la mayoría oficialista en Senadores busque su pronto tratamiento.

En tanto, las empresas de los sectores involucrados siguen esperando un mensaje que permitan ver un horizonte un tanto más claro.    

Acuerdos en Justicia: se trató en Senadores

con la ausencia de la oposición        

 Los postulantes propuestos por el gobierno nacional expusieron frente a la comisión de Acuerdos. La oposición se ausentó de la reunión.

La Comisión de Acuerdos realizó la segunda de tres audiencias públicas donde se trataron once de los treinta pliegos de jueces, defensores y fiscales enviados por el Poder Ejecutivo.

La presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, FdT, Mendoza, inició la reunión agradeciendo la presencia de los candidatos y destacó el “orgullo de que haya tantas mujeres postuladas para los cargos”.

Durante cuatro horas, expusieron y contestaron consultas, los candidatos en el distrito Capital Federal Edgardo Walter Lara Correa, Diego Martín Cormick, Enrique Manuel Alonso Regueira. Viviana Patricia Piñeiro.

Héctor Andrés Heim, de Pehuajó, Eduardo José Villalba; provincia de Salta. Ivana Verónica Mezzelani, La Plata, prov. de Buenos Aires, Inés Jaureguiberry, prov. de Buenos Aires y Martin Miguel Innocente de Roque  Saenz Peña, prov. del Chaco.

Por último, Néstor Pablo Barral, San Martin, prov. de Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Juan Alberto Fantini Albarenque propuesto como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala II, y Guillermo Ariel Todarello impulsado como defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría 2.

David Perelmuter, CABA; María Belén Puebla, CABA; María Constanza Caeiro, CABA y Hugo Daniel Navarro CABA.

Lara Correa inició la ronda de exposiciones desarrollando su trayectoria académica y judicial. Consultado sobre si ha realizado cursos en el exterior, aseguró que no, todos han sido dentro del país. Sobre el impuesto a las ganancias aseguró que mostró “su conformidad” y que “la medida es razonable”.

Cormick afirmó que “estoy a favor de que el poder judicial pague ganancias ”y consideró que “para ser un buen juez no solo hay que conocer de derecho sino que, también, hay que ser un buen conductor de un grupo humano, son dos condiciones muy necesarias. Hay que saber aprender y escuchar de empleados y empleadas y saber reconocer errores”.

Alonso Regueira sostuvo que de ser designado “enfrentaré el desafío con la mayor responsabilidad. Quiero expresar mi compromiso para que los juicios insuman el menor tiempo posible”

Piñeiro manifestó que “es un avance muy importante que se haya sancionado una ley que impone el tributo a los jueces y funcionarios judiciales pero el camino recién empieza y debemos seguir priorizando esta igualdad y equidad. Me parece que todos deben tributar ganancias”,

Heim destacó que su “aspiración es ejercer la magistratura con dedicación, compromiso, responsabilidad y volcar mi trayectoria y experiencia profesional al servicio de la resolución de conflictos de manera eficiente, eficaz y rápida”.

Villalba consideró que “el cargo para el que he sido propuesto debe ser de articulación con las procuradurías, la batalla contra la delincuencia no se puede hacer solos. Es clave la coordinación entre el fiscal de distrito y la procuraduría.

La ronda de encuentros de la Comisión de Acuerdos para tratar los pliegos de los candidatos se inició el pasado lunes con la exposición de diez postulantes, continuó con las presentaciones de otros 11 y concluyó con los 8 restantes de la nómina girada por el PEN.

En ninguna de las audiencias participó la oposición.

 

Compra con tarjeta: comerciantes piden cambios en la operatoria            

 En reunión plenaria, las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados, realizaron por videoconferencia, con carácter informativo y sin anuncio previo, el análisis de aspectos del uso de la tarjeta de crédito y débito en la Argentina.

El cónclave fue presidido por Fernanda Vallejos, FdT, titular de Finanzas y Gabriela Lena, UCR, y participaron representantes de cámaras comerciales.

La Asociación de tarjetas de Crédito y Compra (ATACyC), entidad que agrupa a las principales tarjetas de crédito y débito que operan en la Argentina, solicitó participar y se le comunicó que sería invitada posteriormente.

En la ocasión fueron presentados proyectos de ley de Carlos Ponce, FdT, San Luis, sobre obligatoriedad de la acreditación inmediata y otro de Ariel Rauschenberger, FdT, La Pampa que propone entre otras modificaciones a la Ley 25.065, rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.

Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”. Precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual.

En tanto, Rauschenberger sostuvo “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.

Por su parte, Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que “al propietario de la tarjeta ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones. Aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.

Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.

Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.

Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”. “No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni.

Fabián Tarrio, CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), señaló que el proyecto “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.

Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, sostuvo que “Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió.

 

Las sesiones virtuales podrían

quedar reglamentadas          

 A través de una iniciativa de la Mayda Cresto, FdT, Entre Ríos, titular de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que podría tratarse en esa comisión, se podría concretar la modificación de dos artículos, para habilitar el tratamiento virtual de proyectos tanto en las comisiones como en la instancia de sesiones, siempre en casos excepcionales.

El artículo 14 del actual reglamento establece que “no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo en casos de fuerza mayor”. La modificación propone un agregado que indica que “cuando la Cámara se encontrase imposibilitada de realizar sesiones presenciales, las mismas se llevarán a cabo de manera telemática”, y “la Presidencia proporcionará la plataforma de conexión, que permitirá continuar con total normalidad su funcionamiento”. Contempla que “las sesiones telemáticas por fuerza mayor deben ser declaradas por resolución de Labor Parlamentaria con el voto de la mayoría de los presidentes de bloque que representen la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara”.

El restante a modificar es el 106, que estable que “si por situaciones de fuerza mayor, las comisiones se encontrasen imposibilitadas de realizar sus reuniones presenciales, las mismas se realizarán de manera telemática con la previa autorización de la Presidencia del cuerpo” a solicitud del titular de la comisión. “Las autoridades garantizarán las medidas necesarias para proveer de todo lo necesario para el desarrollo de las mismas”, añade la propuesta.

El Protocolo de Funcionamiento Virtual fue renovado el 8 de septiembre por los jefes de bloque, tras un acuerdo alcanzado luego de la polémica sesión que fue judicializada por Juntos por el Cambio. La prórroga fue de 30 días hábiles, y el vencimiento sería a fines de octubre. Se estableció que por pedido de uno de los bloques políticos, los debates podrán ser presenciales. Sobre el caso, se acordó que aquellos que integren grupos de riesgo podrán excusarse de asistir al recinto -debería buscarse uno más amplio que el habitual-, y los legisladores que fundamenten su decisión de ausentarse, también podrán hacerlo.

 

Pedidos del Poder Legislativo al Ejecutivo   

 

Ø DEL CAÑO, NICOLAS Y DEL PLA, ROMINA: DE RESOLUCION. PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA GLOVO.

 

 

 

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 Proteción de usuarios y consumidores.  El diputado por Mendoza, José Luis Ramón recibirá aportes ciudadanos para la elaboración de un Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación (CPCUN). El escrito propone resolver las problemáticas que enfrentan consumidores y usuarios en la sociedad de consumo del siglo XXI. El principal objetivo es centralizar, en un código independiente, las regulaciones y mecanismos protectorios que necesitaremos para hacer frente a los desafíos de la sociedad de consumo de fines de siglo. Una de las claves del proyecto, es construir una norma de alcance federal, que atienda las problemáticas que enfrentan consumidores y usuarios