EDICION 1136

Llegan al recinto importantes proyectos 

Alivio Fiscal logra tratamiento en Senadores; ya tiene fecha para la sanción definitiva

 La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, se reunió para dar dictamen a la iniciativa aprobada por unanimidad en Diputados. La nueva norma será votada en la sesión del jueves 30.   

El proyecto, que sufrió modificaciones en su texto antes de la votación con el objetivo de sumar más apoyos; deja establecido que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D del monotributo se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

Con la presidencia del senador por La Rioja Ricardo Guerra, Frente Nacional y Popular, tuvo lugar la reunión para tratar el proyecto de ley en revisión de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos.

Al inicio, Guerra consideró “muy importante que haya sido aprobado por unanimidad en Diputados. Detalló que 4.500.000 de monotributistas y 140.000 trabajadores autónomos se verían alcanzados con esta medida, y agregó: “El objetivo es actualizar escalas en el régimen de pequeños contribuyentes debido a su desactualización por los procesos inflacionarios”.

José Mayans, presidente del bloque oficialista, expresó el apoyo de su bloque al despacho “así como vino de diputados, porque urge aliviar a estos sectores”.

Carmen Alvarez Rivero, Pro, sostuvo que con este proyecto “estamos desfinanciando a la seguridad social y alentando la inflación”.

El radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que “más allá de la urgencia y la celeridad, vamos a acompañar en general el proyecto y vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el monotributo”.

La iniciativa en revisión de los senadores, tiene como objetivo actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Asimismo, la legislación adelanta al próximo 1 de julio, el ajuste para los montos máximos de facturación, con la aplicación de un índice del 29,12%.

   

Alquileres debuta en Presupuesto y Hacienda

 Llegó el día y, finalmente, los proyectos que proponen nuevas condiciones para alquilar propiedades fueron tratados por la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Buscando el mejor resultado, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal buscarán fusionar sus propuestas.

Pero nada es gratis, para lograr este escenario inesperado hubo que aguardar más de 30 días para que el mandamás de la comisión, Carlos Heller, encontrara el hueco donde ubicar el proyecto que “le interesa a la gente”, al decir de parte del oficialismo.

Hasta su ingreso en Presupuesto y Hacienda, el dictamen de mayoría del Frente de Todos, revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, así como también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE.        

En el capítulo de incentivos fiscales, razón que fue trampolín para que el proyecto aterrizara en otra comisión, el oficialismo propone una reforma del régimen de monotributo para beneficiar a los que tengan más de tres unidades; incorporar al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción a los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y eximir del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades que cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

La frutilla de la torta la puso Cecilia Moreau: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de quien presida el pleno de las comisiones”.

Todo en la previa. Vamos ahora a la actualidad.

 Como se esperaba, con 40 firmas, el Frente de Todos impuso su despacho de mayoría pero el de minoría, de Juntos por el Cambio y los bloques federales sumaron 39. 

De cara al recinto, parece adverso para el oficialismo, dado que la oposición superaría en número para imponer su texto.

Podrían ocurrir incluso en pedido de sesión para debatir el tema en los primeros días de julio. Igualmente, resta definir la postura que tendrán, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.

 En cuanto al dictamen del Frente de Todos, revindica la ley actual, mantiene el plazo de tres años en los contratos, así también el índice para la actualización en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga facilidades en la presentación de garantías.

El dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos.

El precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

Exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

 Durante el debate, el representante de Evolución Radical, Alejandro Cacace ponderó el “diálogo fructífero entre distintos bloques. La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó. Señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.

Lucas Godoy, por el oficialismo, sostuvo que la oposición soslayó la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos; no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”.

Graciela Camaño, Interbloque Federal, observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación. El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años. Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.

Ya sobre la hora del cierre de exposiciones, Luciano Laspina, Pro cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. “Este es un ejemplo más, negar la realidad, como niegan la inflación. “Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.

El jefe del oficialismo Germán Martínez, “Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, y planteó: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.

De acuerdo a lo observado en la reunión de las comisiones, el proyecto que resultará con mayor apoyo sería el de minoría que resume las necesidades mas requeridas. Contrato a dos años, actualización de precios a convenir entre partes.

El recinto tiene la palabra; resta convenir el día de la sesión plenaria.      

 

Concesionarios de Automotores presentaron un proyecto sobre la industria

 La comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores, recibió a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA para exponer sobre la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el fin de lograr un equilibrio entre las partes.

Ricardo Salomé, presidente de ACARA, expuso detalles del proyecto de ley de concesión automotriz “que es sustancial por lo que significa para nuestro sector y la economía del país”. (Una vez ingresado reglamentariamente será publicado en la sesión correspondiente)

Detalló que la cadena de valor automotriz, de la cual los concesionarios de Acara son parte, constituye el equivalente del 2,5% del PBI. Esto es, el décimo lugar entre las 63 cadenas identificadas en todo el país. Señaló que “su importancia en la vida cotidiana se manifiesta en las actividades que surgen alrededor de un parque automotor de 15.608.000 vehículos, con un promedio de antigüedad de 14,8 años. Nuestro rol resulta insustituible entre productores y consumidores”.

Salomé remarcó que la de un vehículo es “la segunda compra de un bien para los argentinos en importancia; exige un fuerte vínculo de confianza”, y habló entonces de “garantizar los equilibrios y la justa distribución de las responsabilidades, lo cual es el propósito de la ley de concesión que presentamos hoy”. La idea es, expuso, “darle un marco jurídico y actualizado a las partes que adapte en nuestro país los procesos vigentes en los mercados más exigentes y competitivos, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil”, país este último donde rige la ley conocida como “Renato Ferrari”.

El titular de Acara destacó que buscan dictar una ley para garantizar el equilibrio entre el concesionario y su fábrica automotriz, la cual tendrá impacto en el empleo y la producción.

Conformamos 2.485 concesionarios a lo largo y ancho del país; 778 concesionarios de autos; 1.321 concesionarios de motos; 250 de maquinaria agrícola y 129 de camiones y acoplados. Todas PyMEs de capitales nacionales, que brindan empleo a 75 mil personas de modo directo y 275.000 de modo indirecto. Necesitamos una ley especial para nuestro sector”, aseguró que el proyecto tiene la pretensión de “cubrir la inseguridad jurídica” para terminar con una “continua situación de incertidumbre, mitigada en parte con el nuevo Código Civil de 2015. “Se enmarca en el objetivo de fortalecer la relación de forma equitativa, fijando parámetros claros en el contenido de los contratos, propendiendo no solo a una mayor simetría en la relación, sino también mejorando la relación de la concesionaria con el consumidor final. Para proteger la industria hay que proteger la cadena que va de la producción a la comercialización”, y así dotar a las concesionarias “de capacidades de hecho y de derecho”.

“No queremos tener ningún trato preferencial como sector diferente al que tienen todos los países productores con sus concesionarios. Dar seguridad jurídica a los concesionarios es dársela al consumidor final, que es el que trata directamente con el concesionario, es amigo del concesionario, compra por la confianza, por su servicio de posventa y el consumidor final deja en manos del concesionario el segundo bien más preciado de su vida”.

Al momento de las observaciones, los senadores plantearon algunas objeciones.

El senador radical correntino Eduardo Vischi, observó que un artículo deja sin efecto la Ley de Defensa del Consumidor; también planteó una observación respecto del artículo que habla de la obligatoriedad de que sólo se venda dentro de la concesionaria.

El titular de ACRA manifestó que no querían estar fuera de la Ley de Defensa del Consumidor y lo atribuyó a “un importante error de tipeo”.

El error y la respuesta no fueron del agrado legislativo. El dirigente expresó que enviarán un texto corregido y que “todas las ventas serán realizadas dentro del concesionario. “La gran mayoría de las ventas se producen dentro de concesionarios; no vemos por qué las fábricas tienen que vender en forma directa. Para eso nombraron una red de concesionarios.

“Las terminales tienen que producir y las concesionarias vender. Para eso estamos, para comercializar los productos que realizan las marcas”.

Carmen Alvarez Rivero, Juntos por el Cambio, tuvo observaciones respecto de que pudieran levantarse garantías constituidas; también el tema de que las terminales y concedentes tengan que indemnizar por pérdidas; la indemnización de los planes de ahorro y que todo eso tenga que pagarse en 60 días. Y alertó: “El mejor negocio para una concesionaria va a ser cobrar las indemnizaciones”.

“No creo que sean la voz de todos los concesionarios”, e hizo especial hincapié en el tema de los planes de ahorro. “Hay miles y miles de juicios o demandas, porque hay muchísimos consumidores que no están siendo por lo menos informados correctamente y se meten en planes que no pueden pagar y resultan una forma de sacar ahorros y nunca jamás llegan al auto que quieren comprar”.

El titular del interbloque oficialista, José Mayans, señaló que “siempre decimos cuál es la economía que funciona. Precios justos, salarios justos. La preocupación que usted expresa es también la nuestra.

“Necesitamos que exista respeto hacia los consumidores.

“Hay sectores que se han caracterizado por el abuso, la Argentina vive un momento especial. Tenemos un endeudamiento público que ha sido fuertísimo. Tenemos inconvenientes con la utilización de los dólares”, comentó el formoseño, recordando que “en su momento lo que reclamaba la industria era elevar la producción del proyecto terminado en la Argentina. Porque en esa discusión se decía cuál era el porcentaje: 30% local y 70% importado”.

“No deberían poner Industria Argentina, sino 70% importado”. Aclaró que en eso ellos no tenían nada que ver.

“En el caso de ustedes, que hacen la comercialización, lo que reclama el pueblo argentino son precios justos y un esquema que no sea abusivo. El compromiso que podemos asumir es estudiar el tema, lo vamos a trabajar, llamaremos, consultaremos.

“Después haremos una contrapropuesta. Es el compromiso que asumimos”.

En el tramo final, el presidente de la comisión Ricardo Basualdo, Cambiemos, consideró necesario analizar la problemática del sector a fin de “sacar algo por consenso, que sea beneficioso para las dos partes: terminales y concesionarias” 

 

Fuertes vientos afectan el accionar

del Presidente Massa

 Sectores alineados con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa están haciendo sentir peso en la estructura de su gestión.

Preocupados y en alerta por el desgaste al Presidente de la Nación, están solicitando reacciones en línea y actuar en consecuencia.

Hay pedidos de convocatoria a una mesa que incluya a los representantes del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires a los que, en las últimas horas, se habrían agregado los de Río Negro y Chubut.

A la luz del paso de las horas el malestar va en aumento por la falta de iniciativa de parte del Ejecutivo en la lentitud en adoptar medidas que protejan diversos sectores de la clase media.

Al respecto preocupa el derrumbe de los bonos CER en pesos a la que suma los altos índices del valor del dólar y la generalizada caída en el precio de las acciones.

Como se recordará, Massa acompañó al Presidente en su viaje a Los Ángeles ocasión en la que más allá de lo protocolar de la reunión internacional, incluía discutir los términos de una "reorganización" del Gobierno nacional.   

Los diálogos parecieron haber ocurrido, pero, por los ánimos demostrados, al parecer el presidente Fernández no define, en los tiempos supuestos, tomar una definición sobre las incógnitas.  

Las fuentes consultadas destacaron que “no hay ánimo de ruptura, sino el aporte, una vez más, hacia la coalición, respecto de la cuál creemos que debe ser la hoja de ruta programática hacia la unidad del Frente de Todos”.

Mientras tanto, Guillermo Michel, que responde a Massa, fue designado titular de la Dirección General de Aduanas en reemplazo de Silvia Traverso.

Será la segunda etapa de Michel al frente de la Aduana, un lugar que ya ocupó en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner.