EDICION 1185
Diputados y Senadores en acción
Jornada laboral de seis horas
La presidenta, Vanesa Siley (FdT) aclaró no será este
el único e informó que “la CGT va a estar presente en la próxima reunión y
también algunas cámaras empresariales que pidieron participar”.
La norma data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada
laboral en la Argentina, de 48 horas semanales, anunció la oficialista y dijo
que se trata de “modernizar y actualizar la legislación laboral, én cinco años
más cumplirá 100.
Al comparar lo que ocurre en otros países, detalló que “hoy acaba de
tener dictamen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de México y
está próximo a pasar a recinto; en Chile se discutió en abril de 2023 y se
convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador fue
en el año 1983 que se redujo a 40 horas”.
En el Reino Unido
hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir en un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo “solicitaron
tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días”. De acuerdo con
los resultados, “se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en
el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la
baja de un costo”, destacó. Y añadió que además apunta a “mejorar la calidad de
vida no solamente en términos físicos, sino de salud mental”. “Todavía no se ha
encontrado en todas las experiencias del mundo ningún aspecto negativo”, sumó.
Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia
Ormachea (FdT) resaltó que “hace 100 años que no se discute sobre el
tema de la jornada” y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante
los avances tecnológicos y después de la pandemia “era necesario sentarse y
pensar en este derecho”. “Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el
mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina”,
apuntó.
El primer expositor fue Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien argumentó que reducir la jornada laboral contribuye “en la responsabilidad familiar compartida” entre hombres y mujeres, al tiempo de recordar que “la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical; está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea”.
“Tenemos internacionalmente experiencia, pero la jornada laboral en la
República Argentina es una de las más altas en la región”, manifestó y aseguró
que “no es una cuestión que se nos ocurre ahora”, sino que “se está aplicando y
discutiendo en todo el mundo”.
Para el líder de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, “indudablemente es tiempo de avanzar y profundizar nosotros en este tema” porque esta medida está “directamente relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo”, además de generar una “mayor igualdad en esta sociedad”.
Julio Cordero, vicepresidente del
departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA),
preguntó:
“Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal
trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?
Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se
debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8
horas diarias o 48 horas semanales.
“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más.
“En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo
que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello
por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.
Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y
“la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana.
“La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque
frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo,
probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar
un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente
limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada
¿cómo será?
“La realidad argentina es distinta.
Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”,
aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos
internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere
trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.
Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los
trabajadores, solicitó que se separe la cuestión del “tiempo de trabajo” de la
“productividad” porque “sino parece que la productividad depende del tiempo que
una persona esté a disposición de su empleador”, por lo que remarcó que “ese no
es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”.
Así, definió a la productividad como “lo que se puede lograr en la
producción a partir de aplicar determinadas técnicas, herramientas y
capacitación requiere una inversión por el lado patronal para poder lograr una
productividad que no necesariamente tiene que ver con la extensión de la
jornada ni la carga del trabajo”.
“Cuando los sindicatos formamos parte de la organización del trabajo,
cuando el propietario invierte la productividad y eso no quiere decir que haya
que trabajar de más. O sea, lograr mayores resultados no implica una relación
directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay
otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una
discusión pobre”, señaló el secretario de FOETRA.
La visión internacional corrió por cuenta de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, quien contó que en el país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. “La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas”, precisó.
Afirmó que España es uno de los países donde los trabajadores tienen una jornada para comer de 2 horas y donde las personas “trabajan más a partir de las seis de la tarde, o evitan trabajos nocturnos o a contra turno. Facilita y equilibra la vida laboral y personal, la corresponsabilidad entre progenitores, también puede reducir la dualidad de los mercados de trabajo donde los hombres tienen jornadas muy largas y horas extras mientras que las mujeres tienen horas reducidas, ayuda a las empresas a dar puestos de trabajo, reduce el ausentismo y las faltas en el trabajo, también impacta en la sustentabilidad del ambiente al reducir los desplazamientos y tiene impactos positivos en la salud física y mental”, enumeró.
Advirtió que reducir
la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, que
sea una negociación mediante acuerdos, no debe ser “una moneda de cambio que el
empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”, no se
debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas
porque “no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales”.
Svenja Blanke, integrante de la Fundación Frederich Ebert, de Alemania, expresó que “los desafíos del siglo XXI no los podemos solucionar con ideas del siglo XIX, la semana de cuatro días esconde modelos muy diferentes entre sí. Estudios en Alemania muestran que una reducción sería rentable, porque los trabajadores están menos estresados y faltan menos”, argumentó.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, expresó el apoyo de la
cartera a la iniciativa, promoviendo que en caso de adoptarse una modificación en
la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, con un horizonte
y una previsibilidad”, y que a partir ese máximo de horas “fortalezcamos la
competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor
distribución de las horas máximas a efectos de adecuar cada sector.
El diputado oficialista Eduardo
Valdés, autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que “veo
que los países de mayor índice Gini que son los que están reduciendo el horario
laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca”, y afirmó que “no es un tema
ideológico porque lo discute la derecha inglesa. Las empresas más importantes
fueron al calor de esos derechos laborales y los líderes del mundo se lo están
debatiendo y se lo están planteando. El mundo está planteando nuevos desafíos y
hay menos fuentes de trabajo. Ojalá esta reducción permita que se tomen otros
trabajadores que quedaron fuera del mercado de trabajo”, cerró Valdés.
Desde la oposición, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar “a favor de la reducción”, y explicó que “los datos de la Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constante a reducir”. Propuso que “se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada. No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos”, señaló.
“Los incentivos son el camino correcto y el Estado debe llevar ese
experimento que son de participación voluntaria. El conjunto de regulaciones
puede tener un impacto, pero estaría bueno crear condiciones para que las
empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4
días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”, concluyó.
Senadores: nombramiento de
autoridades judiciales y sanción definitiva a la ley de Ganancias. Alquileres con
modificaciones vuelve a Diputados
Luego de la prolongada pausa implementada desde el inicio del presente período parlamentario, el Senado pretende imprimir una fuerte macha en razón de los pocos días que restan para el llamado a elecciones nacionales generales.
En esta ocasión el oficialismo presentó una abultada agenda que se abrió
con la sanción definitiva de la modificación de la ley de Impuesto a las
Ganancias que fue acompañada por la nueva ley de Alquileres.
Con importante demora, se anunció para las 13 y dio formal inicio
minutos después de las 14. La razón fue la ausencia de algunos representantes
que no permitían lograr el quórum reglamentario.
Cristina Fernández de Kirchner sólo asistió al inicio de la sesión
especial y a la ejecución del Himno nacional; inmediatamente después se retiró
del recinto y asumió la presidenta provisional Claudia Ledesma de Zamora,
Se inició con el capítulo de homenajes protagonizado por Adolfo Rodríguez Saá quien rindió homenaje a Oraldo Britos, ex diputado y senador nacional cuyo fallecimiento ocurrió días atrás. Desde distintas bancas similar tributo, formularon otros oradores.
Se registraron cuestiones de privilegio y pedidos de sanción para
determinados temas
Posteriormente se ingresó al desarrollo de la sesión especial.
El primer tema en tratamiento fueron los acuerdos de 33 pliegos para
ocupar la titularidad de diversos juzgados del país.
Varios senadores explican el sentido del voto sobre el acuerdo sobre la
ex jueza Ana María Figueroa, que fuera separada del cargo por decisión de CSJ.
El rigor del tema caló hondo en el espíritu de los legisladores y, por
un lado y por el otro, utilizando distintas prerrogativas, todo se transformó y
ya no se discutieron temas sino establecer un privilegio por encima de la
Constitución Nacional.
La historia fue que, tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en
su cargo, retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar
sentencias, a la espera que el trámite parlamentario se completara, amparada
-bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. El tema
que pasaba la raya era que esta magistrada podría favorecer a la vicepresidenta
de la Nación en dos causas que quedan bajo su determinación.
En el trámite de la situación de la magistrada dada de baja por la CSJ, máximo
tribunal ordenó que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la
Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur - Los Sauces
y Memorándum con Irán.
Tan convencidos están todos que cada uno de ellos, del partido que quieran, está utilizando el tiempo de legislar para fundamentar el sentido del voto que un rato más adelante darán.
Todo enmarcado en el ámbito político, no en lo que se relacione con la
verdad, la justicia, el buen funcionamiento de la sociedad, el bien común.
Finalizado el largo y por momentos violento debate, al momento de la
votación el resultado fue la propuesta del Poder
Ejecutivo -extiende por cinco años la magistratura de Ana Figueroa- resultó
con 35 votos a favor y 35 en contra.
Durante la votación, definió a favor con
su voto la presidenta santiagueña Ledesma Abdala de Zamora.
El resto de los pliegos de magistrados
fueron votados afirmativamente por todos los bloques de Senadores.
Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias O.D.
A velocidad no habitual para los tiempos del Senado argentino, dos
semanas después que ingresara al Congreso el proyecto oficial que modifica la
Ley de Impuesto a las Ganancias propuesta por el ministro de Economía y candidato
presidencial, en plena campaña electoral encontró sanción definitiva.
En esta oportunidad cosechó 38 votos afirmativos, 31 del
interbloque oficialista más los aliados Alberto Weretilneck (Juntos
Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega
(Hay Futuro Argentina) y los legisladores de Unidad Federal Guillermo Snopek,
Edgardo Kueider, Carlos Espínola y María Eugenia Catalfamo,
exmiembros del Frente de Todos.
Los 27 votos negativos correspondieron a Juntos por el Cambio y el de Alejandra
Vigo. Hubo seis ausentes.
La nueva norma, se modifica la cuarta categoría de Ganancias y sólo
pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15
salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000
-nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.
Se espera que el tributo alcance a 90 mil
contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de
los trabajadores registrados en la Argentina.
La tenida previa tuvo una duración total de cuatro horas y fue salpicada
por momentos de tensión y otros de franco aburrimiento.
El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó
que “algunos se arrogan la voz de los trabajadores, pero los docentes,
empleados de salud y policías de las provincias, ¿no son trabajadores?”.
Anunció que no iba a “levantar la mano”
por un proyecto que no le “garantiza” una compensación por la pérdida del
impuesto que es coparticipable, el senador de Juntos por el Cambio
aseveró: “Nos quitan una masa salarial equivalente a ocho hospitales,
porque a la Patagonia se la ningunea y a nosotros, no nos preguntó nadie”.
Martín Lousteau (Evolución Radical) indicó que Se pierde 0,83% del PBI, eso es duplicar el déficit que está estimado en el Presupuesto. Se pierde el 3,5% de los recursos presupuestarios que lleva a mayor emisión e inflación. El 59% de eso sale de las provincias porque es un impuesto coparticipable”, detalló.
El legislador de Juntos por el Cambio indicó el impuesto “antes lo pagaban el 17% de los trabajadores formales, y ahora el 3% de los trabajadores, que es el 1% del total de trabajadores en el país, es decir, los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir beneficios. La Argentina va a tener el porcentaje más bajo de toda la muestra del mundo de las personas que pagan impuesto a las Ganancias, a excepción de Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes; y vamos a ser menos progresistas que Paraguay, Colombia, Perú y Chile”, explicó.
Alberto Weretilneck, “Se pueden poner muchos argumentos,
descalificar la medida del ministro Massa de distintas maneras, pero no se
puede soslayar y minimizar que el ministro, con el presidente, la Cámara de
Diputados y este Senado estamos terminando con un tema que fue motivo de
permanentes idas y venidas”, afirmó el senador de Juntos Somos Río Negro y,
también al recordar a Macri, lanzó: “No hay un solo candidato de un partido
político que alguna vez no haya prometido eliminar el impuesto a las
Ganancias”.
“Estoy
absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión”,
elogió a Massa y consideró que “no cualquiera toma esta decisión en el momento
y las circunstancias que estamos viviendo”. “Obviamente hay una tarea por
delante de cómo compensamos a nuestras provincias”, dijo, pero confió en el
compromiso de que “en el Presupuesto se las va a compensar a través de la
coparticipación del impuesto al cheque y el impuesto PAIS”.
Ya en el cierre, el jefe del oficialismo,
José Mayans sostuvo que “la diferencia con Massa es que fue al Fondo a
discutir a ver cómo pagamos este desastre. Nosotros ratificamos que el
salario no es ganancia y que queremos mejorar el poder adquisitivo. Este
proyecto va a ayudar, como decía Perón, a que los trabajadores sean un poquito
más felices”.
Modificación a la Ley de Alquileres
A continuación, se pasó al expediente que ofrecía la propuesta de la Cámara
de Diputados.
Los protagonistas -inquilinos,
propietarios e inmobiliarias- deberán seguir esperando una nueva Ley de
Alquileres, por imperio de la arquitectura técnica y política del oficialismo,
se impuso su dictamen de mayoría con modificaciones por lo que el proyecto
vuelve ahora a la Cámara de Diputados.
El texto fue aprobado con 37 votos
afirmativos y 29 negativos. El Frente de Todos construyó una mayoría a partir
del acuerdo, que se dio previamente en la discusión en comisión, con sus
excompañeros de bancada y sus habituales aliados.
Las modificaciones a la media sanción que vino de Diputados consistieron
en mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos;
establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la
actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”,
utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se mantuvo
sin cambios los beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
Daniel
Bensusán aseguró que el proyecto
que vino de la Cámara de Diputados “no era del agrado de las partes” y hasta
senadores de la bancada opositora reconocieron que “no era un dictamen que
solucionaba el problema”. “Nuestra obligación es mejorar el proyecto de ley. Obviamente
que la escasez de inmuebles destinados al alquiler tiene múltiples causales: la
especulación financiera, la dolarización de los alquileres y la inflación, que
hace difícil mantener un equilibrio en esta relación contractual. Este problema
no se resuelve con una sola ley, es integral, y seguramente el Estado tendrá
que intervenir controlando”, consideró y detalló los cambios. Además de los
contratos y el plazo de actualización, resaltó que se eliminó que “se permitan
pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino”, y se estableció que
“los contratos sean redactados y acordados en moneda nacional”.
Víctor
Zimmermann, UCR, sostuvo
que con una Ley de Alquileres no se puede resolver el
problema económico de un país, y recordó que los expositores que asistieron a las
comisiones desde Córdoba comentaron que “el 47% de los inmuebles que se ponen
normalmente dentro del mercado de los alquileres fueron retirados para alquiler
temporal” -cuestión pendiente de abordar, admitió-. “ellos prefieren ponerlo en
alquiler temporal y cobrar los alquileres en dólares o euros”, señaló.
El
chaqueño expresó que todos los invitados que vinieron “nos pidieron que le
demos celeridad y certidumbre al tratamiento, y yo creo que lo hemos logrado,
más allá de las diferencias”, pero cuestionó que se dilate la resolución
regresando el proyecto a Diputados, mientras “hay muchos contratos pendientes
que están parados, esperando a ver qué pasa”.
Martín
Lousteau explicó
que “estamos generando una
incertidumbre respecto del flujo de fondos que va a hacer que hoy con un
proyecto así suban el alquiler”. A su juicio, el propietario dirá: “Me voy a
cubrir porque para adelante voy a recibir menos”.
Cerró el debate, Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio y los acusó de no querer acordar nada con el oficialismo “aunque estén de acuerdo”. Puso como ejemplo el tema de alquileres temporarios, donde habían acordado un dictamen con la UCR, pero después “les tiraron la oreja a dos o tres y ahora lo quieren cambiar”.
La
mendocina aseguró que desde el Frente de Todos tenían la voluntad de mejorar la
media sanción que venía de Diputados, pero sostuvo que “se nos hace imposible porque
hay una decisión política (en la oposición) de no acordar, porque estamos en
medio de la campaña.
Esa mezquindad nos lleva a tener dos dictámenes”.
Queda esperar ahora la vuelta de página que realizará la Cámara de Diputados.
Empleo Pyme ya tiene dictamen
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó en otra de las leyes promovidas durante la campaña del ministro/candidato Sergio Massa. Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco lo rechazó. Sus representantes recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate.
La iniciativa contiene beneficios impositivos para aquellos que
contraten empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo
sobre blanqueo laboral.
Guerra señaló que es un proyecto de ley importante para “fomentar con un
criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de
programas sociales. Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las
cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a
través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias.
Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que
han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo
sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé.
Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un
proyecto sobre fomento del empleo que nunca fue tratado por el oficialismo. “La
idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó
que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”.
Consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya
durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el
beneficio (del plan), porque quiere decir que tiene algún comportamiento
endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en
nuestro país, con 20 años de planes. Va a ser muy
difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más
gente por la inflación y la recesión.
El vice de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC),
resaltó que “las empresas chicas (un panadero, un carnicero) son los que tienen
el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían
flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa.
El blanqueo es el principal problema del proyecto, advirtió y consideró
que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye
en la Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales,
porque ese es un requisito muy exigente. Mucha gente no va a poder blanquear su
personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y
medianas empresas”, explicó el radical.
Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos
enseñaron que gobernar es crear trabajo, y crear trabajo, principalmente para
los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial. Está orientado
correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y
justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar
es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese
hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los
atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra
economía”.
Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los
senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo
creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo
hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque
decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas
impositivas”, cuestionó.
El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí.
Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100%
para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que
en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los
primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
Además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas
relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se
empleen a beneficiarios de planes sociales.
En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan
social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y
ART.
El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que
capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder
al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones
sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema
de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las
PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas
con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o
la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios:
queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede
subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL);
accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los
trabajadores que regularicen.
El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los
aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses. Para el caso de
ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán
tener ningún trabajador no registrado.
Breves
Fraude
al Banco de la Nación. Graciela Ocaña
presentó ante la Justicia una
denuncia contra la titular del Banco Nación y a la gerente María del Carmen
Barros, en razón de formular un “festival de contrataciones millonarias” de
funcionarios y de “Pitty, la numeróloga, para atención personal”. Para la
legisladora de JxC, ambas funcionarias cometieron “diversas maniobras
fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a
costa del erario público. Ambas decisiones tomadas por el dúo Batakis-Barros,
fueron hechas a espaldas del directorio del Banco Nación, es decir que no
contaban con el aval de los directores de dicha entidad”.
Petri
tenía razón. Cuando
en el debate por TV de vicepresidentes, el candidato de JxC lo denunció y la
candidata de los libertarios lo negó, el mendocino acertó al afirmar que no
presentó proyecto de ley alguno y menos sobre seguridad. Se constató que, durante su
mandato, la diputada Victoria Villarruel,
de La Libertad Avanza, sólo firmó 3 proyectos de ley, así como también 12
proyectos de resolución, la mayoría pedidos de informes.
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