Diputados: sanciones que pasan

a la Cámara de Senadores

En la Cámara de Diputados

·           Resolución por la que autoriza el allanamiento de propiedades y  oficinas  del diputado nacional Julio De Vido   

Votación: votos 137 afirmativos. 49 negativos y 1 abstención (Julio De Vido)

Se cursarán las autorizaciones y comunicaciones correspondientes

·           Extinción de dominio y recuperación de bienes producto de hechos ilícitos

Votación: 135 afirmativos; 50 negativos.

Pasó en revisión a la Cámara de Senadores

·       Código Penal. Modificación sobre la incorporación de la figura del arrepentido.

Votación: 192 votos afirmativos; 5 negativos

Pasó en revisión a la Cámara de Senadores

Recuperar lo robado.

L

a iniciativa para la extinción de dominio obtuvo respaldo de parte de la oposición, dado que el Frente para la Victoria auguró que será declarada “inconstitucional” porque el decomiso se podrá aplicar aún sin condena firme. Votaron a favor el Frente Renovador de Sergio Massa (uno de los autores del proyecto base) y el bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero.
Hubo tres abstenciones, de Carlos Heller (Partido Solidario) y el bloque Compromiso Federal de los hermanos Rodríguez Saá.
La extinción de dominio consiste en que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos obtenidos a través de la comisión de un delito, como corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil.
“No son los principios del derecho penal los que rigen en el civil”, explicó el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), al indicar que “lo que se debe demostrar en última instancia es el origen lícito o ilícito de ese bien”. Defendió que la extinción de dominio sea imprescriptible y dijo de igual modo que “la irretroactividad de la ley penal no rige en el derecho civil”.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), sostuvo que “además de la recuperación de los bienes para la sociedad, este proyecto “se enmarca en la lucha contra la inseguridad. 

Todos sabemos que las bandas de delincuentes se financian con dinero mal habido”, indicó el macrista, y añadió que “este proyecto no sólo va a ser para luchar contra la corrupción, algo que la sociedad pide a gritos, sino también para luchar contra la inseguridad”. 

Lipovetzky aseguró que la iniciativa “es innovadora, se basa en legislación internacional, en modelos trabajados en Naciones Unidas”, y agregó que “nuestro país se comprometió a nivel internacional a incorporar este tipo de legislación”.
Luis Cigogna, FpV, defendió la posición del bloque y consideró que el proyecto “viola artículos de la Constitución Nacional. Los jueces van a declarar inconstitucional esta ley y en consecuencia no habrá extinción de dominio ni decomiso posible”, lamentó el kirchnerista. “Coincidimos en el objetivo perseguido, es absolutamente loable –insistió-, pero tenemos la convicción de que el dictamen mayoritario viola el régimen constitucional argentino. Si no hay sentencia penal, no hay decomiso posible”.
La entrerriana Carolina Gaillard, FpV,  opinó que “se está avasallando el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución”, y advirtió: “Estamos poniendo a todos los ciudadanos argentinos bajo sospecha”.

El proyecto de ley para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes provenientes de ilícitos, tuvo un sorpresivo disparador cuando en una madrugada en la localidad bonaerense de General Rodriguez el exfuncionario kirchnerista José López, al borde de la desesperación, revoleó bolsos que contenían casi 9.000.000 de dólares.
La iniciativa legislativa, unificada en base a un texto de Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador), fue promovida en un plenario de las comisiones de Legislación General, Justicia y de Presupuesto y Hacienda, donde logró respaldo y también objeciones.

La norma rige para bienes ubicados en el país y en el extranjero, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio. Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico.

Registro de Propiedad inmueble

Cual colofón de esta sanción y aguardando la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, se encuentra en espera un proyecto de ley que permita compartir información con todos los registros de Propiedad Inmueble del país.

Leyes y Empresas pudo saber que el marco legislativo en estudio la propuesta es conocer, por ejemplo, cuántas propiedades tienen en el país una persona investigadas por la Justicia.

Un diputado oficialista sostuvo que el objetivo es lograr que se torne difícil ocultar propiedades diseminadas e lo largo del territorio nacional; cosa bastante frecuente por la desarticulada actuación de los respectivos registros.

El articulado fue propuesto en una reunión de la que participaron el escribano General de la Nación, Carlos D’Alessio y funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del ministerio de Justicia y sería presentado en estos días. 

La ley del arrepentido

En medio de distintas investigaciones judiciales que involucran a funcionarios pasados y actuales, la Cámara de Diputados seguidamente .aprobó por mayoría el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido a los casos de corrupción y otros delitos.

Propone instaurar en el Código Penal la figura del arrepentido para casos de corrupción. En ese marco, se propone beneficiar a los imputados o condenados en una causa con reducciones de penas, para el caso de que brinden información precisa y verosímil que permita avanzar en la investigación judicial.

Cambiemos contó con el respaldo del Frente Renovador, el bloque Justicialista y también el Frente para la Victoria, que consiguió una modificación clave en el texto que el oficialismo pretendía aprobar.
También hubo apoyo del progresismo y los puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá, mientras que el rechazo vino de los cuatro miembros del Frente de Izquierda y, llamativamente, de un diputado del FpV: el neuquino José Ciampini.
Julio De Vido, el protagonista de la jornada en la Cámara baja por el proyecto que autoriza su allanamiento, estuvo ausente al momento de la votación.
El texto establece que “se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme (…) cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.Los beneficios que podría tener el arrepentido son los de suspensión de la acción penal y la reducción de pena en expectativa, pero no podrán acogerse los sujetos susceptibles de juicio político –presidente, vice, ministros del PEN y jueces de la Corte Suprema-.

El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, también incorpora la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.
La redacción original también contemplaba otra figura, la del “colaborador eficaz”, esto es, quien quiera aportar datos pero no esté imputado en la causa en cuestión, para acceder a la reducción de penas al igual que el arrepentido.
Pero a pedido del Frente para la Victoria, se fijó que sea el mismo arrepentido el que pueda brindar información sobre otra causa conexa.
Horas antes el tema se había tratado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad de la Cámara baja y, con velocidad inusitada y un raro acatamiento al Reglamento, horas después ingresaba al recinto.

Vuelve a escena la ley 

de regulación del lobby

Y

a lo intentaron varios gobiernos y muchos más legisladores y, por razones aún desconocidas, todos los intentos quedaron “cajoneados” en algún despacho parlamentario.

Ahora llegaría como una nueva figura denominada gestión de intereses.

La intención gubernamental está conducida por el ex diputado nacional y hoy secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El siempre ascendente funcionario trabaja en el tema y realiza consultas con importantes organizaciones no gubernamentales que, en principio, aprobaron la gestión.

Se trata de ir completando en principio, un completo registro de lobistas y otro de audiencias con funcionarios, además de formular un marco regulatorio de la actividad. Según trascendió, habría un conjunto de “sujetos obligados” y estarían involucrados funcionarios de los tres poderes.

Seguramente será de efectiva consulta el material producido en anteriores intentos, tanto desde fuentes gubernamentales como parlamentarias.

Haciendo memoria, fue durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde los que hicieron punta en la materia sin lograr resultado positivo.

Néstor Kirchner también ensayó una salida con la redacción de un decreto que se quedó sólo en la escritura oficial.

En el ámbito parlamentario, legisladores que oportunamente fueron oficialistas u opositores plantearon proyectos de ley y fundamentaron las razones para una pronta sanción; pero no hubo respuesta.

Así pasaron por la mesa de Entradas las iniciativas de Manuel Garrido, UCR, CABA; Patricia Bullrich, Unión Pro, CABA, (en tres oportunidades); Estela Garnero, Córdoba Federal, Córdoba y Jorge Yoma, PJ, La Rioja.

Otro proyecto se mantiene en espera

En los próximos días otro proyecto de ley sobre Ley de Semillas llegará desde la Casa de Gobierno.

Así lo anunció el ministro de Agroindustria, el ex diputado nacional UCR, Ricardo Buryaile.

La normativa, previa aprobación del comités técnico de Agroindustria, buscará lograr el equilibrio entre los derechos de los productores y los de las empresas productoras de la tecnología de semillas. “Si hay diferencias, se tendrán que plantear en el Congreso”, dijo el ministro.

Se estimó como fecha de tratamiento el mes de agosto (ver Vacaciones en otro lugar de esta edición), y tener el proyecto convertido en ley antes de fin de año.