EDICIÓN 1047

Se postergó la sesión en Diputados

 Aparición de brotes de Covid-19

en Diputados postergó el tratamiento 

de Economía del Conocimiento   

La sorpresiva presencia de brotes Coronavirus en sectores del Palacio legislativo y el Anexo trajeron la pronta puesta en marcha del protocolo de seguridad. Desinfección inmediata de las áreas y, aunque no declarado, el cierre o alteración del trabajo parlamentario se hicieron presentes.

En ese estado, el eventual tratamiento en el recinto del proyecto de ley sobre Régimen de Economía del Conocimiento quedó en la línea de salida.

Sin haberse anunciado oficialmente, el miércoles o jueves pasado se especulaba que se realizaría sesión especial en el recinto donde se daría cuenta de temas que quedaron postergados, por razones técnicas derivadas del sistema de sesión con sistema mixto –presencial y remoto- la semana pasada. Se trata del tratamiento de la ley de Economía del Conocimiento y los decretos para quitarle a la Corte las escuchas judiciales.

Posteriormente, un comunicado oficial la Cámara confirmó los dos casos de Covid, aunque aclaró que son "asintomáticos o padecen un cuadro clínico leve por la que permanecen en aislamiento de contacto en institución extra hospitalaria". El comunicado detalla que “se continúa con la limpieza y desinfección permanente de los edificios legislativos según establecen los protocolos surgidos. Las medidas instrumentadas fueron tomadas en coordinación con los gremios del sector", agrega.

    

Senadores convirtió en ley

Educación a Distancia y ley de Alquileres

En sesión de la Cámara de Senadores fueron analizados tres proyectos de ley. La sesión especial comenzó a las 14.37 con la presencia de 70 legisladores.

   

      Proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifica la Ley de Educación Nacional, sobre educación a distancia en situación excepcional. (C.D.-10/20)

Modifica el artículo 109 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que actualmente permite los estudios a distancia para mayores de 18 años y estudiantes del nivel secundario en zonas rurales. Habilita la educación a distancia para menores de 18 años en casos excepcionales, como la pandemia por Covid-19, que suspendió las clases presenciales.

Convocados a la votación el tablero registró absoluta unanimidad.

ES LEY será comunicado al PE

      Proyecto de ley venido en revisión, por el que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de los contratos de locación. O.D. 49/20

Convocado a votación en general el tablero registra: sobre 41 senadores presentes, 41 votos afirmativos.

ES LEY será comunicado al PE

El Frente de Todos sancionó la Ley de Alquileres. El proyecto contó con el respaldo de los monobloquistas Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro y Magdalena Solari Quintana, Misiones, la votación resultó por unanimidad.

La norma había recibido media sanción de la Cámara baja en noviembre del año pasado y fue uno de los dos temas que la semana pasada quedaron sin tratar, por razones reglamentarias.

      Proyecto de ley del senador Parrilli y otros, por el que se dispone suspender por 180 días la constitución e Inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas. O.D- 50/20

Registra modificaciones sobre el texto presentado.

Convocado a votación en general el tablero registra.

Es girado en revisión a la Cámara de Diputados

El oficialismo impulso y aprobó el proyecto de ley de Oscar Parrilli, FdT que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades por Acción Simplificada (SAS), herramienta creada en la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.

Se aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.

Las exposiciones

La modalidad virtual dispone en general que los discursos de los legisladores hagan una sola presentación en la que se incluyen todos los temas en debate. No fue este día que imperó el sistema dado que dos proyectos presentaron modificaciones al texto original aprobado.

Fue al inicio de la sesión en el Senado cuando en nombre del interbloque Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, Pro, advirtió al oficialismo sobre el temario de los debates virtuales, que según la resolución firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, debe acotarse a proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19.

Desde su banca en el recinto presentó una cuestión de privilegio contra la presidenta del Senado y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, por haber incluido una iniciativa ajena a la pandemia, que suspende por seis meses la inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), es decir, la creación de empresas vía Internet.

Al respecto recordó que decreto presidencial 8/20, aprobado por unanimidad, estableció que “la temática a tratar en las sesiones virtuales mientras dure la situación de cuarentena y la pandemia tienen que ver solo con temáticas relacionadas al Covid-19”.

Por su parte, los senadores Luis Naidenoff, UCR, Humberto Schiavoni, Pro y Juan Carlos Romero, Interbloque Federal,) enviaron una nota a Cristina donde advirtieron que “se ha vulnerado una norma interna y se han incumplido los acuerdos políticos que le dieran origen”.

En lo que atañe al tratamiento de los proyectos en debate podemos destacar que en general los discursos tuvieron más tono de debate político que en lo relacionado con los temas de agenda.

Durante el pasaje de exposiciones correspondiente a la Educación a Distancia, los representantes de la oposición que ya habían formulado la intención de retirarse  al momento del tratamiento de alquileres, Humberto Schiavoni, titular del bloque Pro, afirmó que la ley de alquileres significa “un avance” y le aporta “certeza y previsibilidad al sector más desprotegido”, que son los inquilinos. “Estamos de acuerdo en el espíritu y la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en su votación porque se trata de un proyecto que está afuera de lo que habíamos acordado para estas sesiones remotas”, expresó.

Juan Carlos Romero, Salta, consideró que “todos los actores están cubiertos” por el DNU 320/20 “que suspende cualquier abuso que pudiera haber por parte de los propietarios”. Y opinó: “No hay una necesidad, ni una urgencia y no tiene nada que ver con el Covid-19”.

 Por su parte el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, Formosa, dijo que su bancada “siempre pondrá un freno cuando se trate de irracionalidad y de redoblar la apuesta. Siempre hay margen para dar marcha atrás, porque redoblar la apuesta no sirve, no conduce a nada”, declaró antes de iniciar el retiro del recinto remoto.  

El formoseño habló directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Ustedes gobernaron doce años, usted fue presidenta durante ocho años. Vuelven mejores para no repetir errores del pasado, dijeron y para no repetir errores del pasado debemos respetar los acuerdos”.

“Los dos tercios los utilizamos para que el oficialismo tome nota de que debemos encauzar el diálogo para encontrar una salida a tantos temas pendientes que tienen que ver con la pandemia”, aseguró el legislador.

Ana Almirón, FdT, inició su exposición lamentando la ausencia de sectores de la oposición y paso seguido recordó el largo camino que tuvo este tema en el Congreso y destacó que el año pasado fue acompañado “por todos los bloques parlamentarios” en Diputados.

La presidenta de la comisión de Legislación General señaló que a pesar de la vigencia del DNU 320/20 -sobre el congelamiento de las cuotas de alquiler, la prórroga de contratos y la prohibición de desalojos-, “siguen habiendo abusos para nuestros inquilinos y siguen habiendo desalojos violentos. Esta norma supera la legislación vigente”, enfatizó la correntina, al asegurar que logra “un equilibrio” en la relación contractual y establece “un piso mínimo de garantías” para la parte más débil.

Almirón precisó que en el país, “el 17% de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler” y “casi el 41% del ingreso familiar” se destina a los gastos que ello demanda. “Esta ley es una respuesta que están esperando más de 9 millones de argentinos. Otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas”, agregó.

Cabe señalar que el proyecto llegado desde Diputados tuvo autoría del diputado MC, Daniel Lipovetzky, Pro.

Silvina García Larraburu, autora del primer proyecto que se votó en la Cámara alta en noviembre de 2016, destacó el trabajo que “el Frente Nacional de Inquilinos desarrolla a lo largo y ancho de todo el país”.

Cerró el debate, en el capítulo del proyecto de Educación a Distancia, María de los Ángeles Sacnun, FdT, que estalló contra Juntos por el Cambio, consideró que lo que hay en las protestas contra el Gobierno es “un furioso antiperonismo, un furioso antipueblo”.

“Ayer escuchaba las cacerolas, señora presidenta, y pensaba que los que salieron a protestar no salieron a protestar por Vicentín. Es lo mismo que pasó hoy en este recinto virtual”, expresó la oficialista, que vinculó las manifestaciones con la actitud de la oposición de retirarse de la sesión por no tratarse temas vinculados a la pandemia.

En ese sentido, continuó: “No es el reglamento, no es la democracia, no es la propiedad privada, no son los consensos, no son las cuestiones que no se cumplen. No, no, no es eso. ¡Lo que hay es un furioso antiperonismo, un furioso antipueblo! Cualquier decisión que llevemos adelante va a generar ese tipo de reacción”.

Fuera del temario, Sacnum se refirió al conflicto con la empresa cerealera: “¡Me vienen a hablar de Vicentín, cómo si conocieran la provincia de Santa Fe! En localidad de Avellaneda se llevó adelante un acto opositor convocado por el intendente opositor de esa ciudad. Vayan a preguntarles a los trabajadores y trabajadoras de Avellaneda qué piensan de Vicentín. A los pequeños y medianos productores a los que Vicentin estafó, como estafó a todo el pueblo argentino con los 18.500 millones que le pidió al Banco Nación y que se lo otorgaron justamente en contra de lo que plantea la propia directiva del banco, ocultando que estaban en situación 4″.

Más adelante sostuvo que “Este es un gobierno que tiene claridad de lo que tiene que hacer, por eso nosotros defendemos la decisión del presidente. Acá no se está rematando una empresa exitosa, el Estado Nacional está corriendo en auxilio con una medida excepcional, es el furioso antiperonismo, es el furioso antipueblo.

Para terminar, presidenta, me gustaría decir algo que me parece que cabe justo para este momento, que es lo que planteaba Arturo Jauretche. Él decía que el problema de la Argentina no es la oligarquía dueña de la tierra. Y cuando digo “oligarquía”, lo digo en el sentido de una categoría con la que se analizaba en ese momento la sociedad. No es ese el problema. Es que ese sector se hace dueño de las mentes, de la cabeza y del pensamiento de los sectores medios, que sin tener tierra ni siquiera en el cantero del patio de la casa, sin embargo, se creen que van a ser defendidos por los que defienden ese modelo para muy poquitos.

Eso es lo que tenemos que transformar en la República Argentina, señora presidenta. Y lo vamos a hacer con educación, lo vamos a hacer con viviendas, lo vamos a hacer con salud y lo vamos a hacer también restableciendo el funcionamiento de todas las instituciones de la República Argentina.

Luego de la votación se ingresó en el capítulo de las exposiciones sobre el proyecto del senador Oscar Parrilli, FdT, Neuquén quien señalo su pesar por el abandono de las bancas por parte de la oposición.

“La ley 27.349, que fue votada por muchos senadores que hoy están todavía en funciones, desde ya que era una ley que propiciaba el apoyo al capital emprendedor, con lo cual, obviamente, todos estamos de acuerdo; y con lo cual nosotros también estamos de acuerdo y ya vamos a demostrar cómo hoy con esta ley venimos a mejorar y a perfeccionar todo ese mecanismo.

Pero atrás de esta ley, que estaba dando vueltas, de apoyo al capital emprendedor, se metió un título que creaba las SAS, las sociedades por acciones simplificadas; y se decía que era para el capital emprendedor.

Más adelante señaló que “ no tiene nada que ver esto que supuestamente se creó, y que no se hizo absolutamente nada para fomentar, para incentivar o para crear capital emprendedor, y mucho menos para dar crédito, con lo que sí pululó, que fue la creación de sociedades por acciones simplificadas”. 

Después de una larga enumeración indicó que “ésta es nuestra propuesta, nuestro proyecto. Pedimos que lo voten y, luego, en el tratamiento en particular vamos a ir haciendo las correcciones a cada uno de los artículos. Gracias

Seguidamente, el senador Pais indicó que “hemos propuesto se relaciona con eliminar, en el marco de una ley, que sea la Comisión de Legislación General del Senado la que elabore el proyecto, sino que ya hemos presentado un proyecto de resolución –que seguramente se tratará en las próximas reuniones de comisión y del pleno– que encomienda específicamente a la comisión de Legislación General, para que elabore una modificación de estas sociedades anónimas simplificadas, que va a redundar en amplios beneficios”.

 A continuación se mencionan las modificaciones al proyecto sobre S.A.S. que son aceptadas por el autor.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta esta sesión especial.

Son las 20:32.

 

Movilidad jubilatoria 

continuará suspendida 

hasta fines de año.

Seguirán los aumentos por decreto     

En la última reunión de la comisión mixta encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria se programó una invitación a organismos y especialistas en seguridad social en el orden nacional e internacional. La ronda comenzará el próximo lunes con la presentación de técnicos de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El presidente de la comisión, el diputado Marcelo Casaretto, FdT, recordó que el plazo para redactar la propuesta vencía el 20 de junio; pero el presidente Alberto Fernández “presentó un proyecto de ley para prorrogar la emergencia y el funcionamiento de la comisión hasta fines de año”.

(Hasta el cierre de esta edición no había ingresado formalmente texto oficial anunciado.)

El proyecto de ley que prorrogaría hasta el 31 de diciembre el plazo de la comisión mixta para

elaborar una nueva fórmula jubilatoria establece que, en ese lapso, el Poder Ejecutivo seguirá otorgando los aumentos por decreto.

La comisión, integrada por legisladores del oficialismo, la oposición y representantes del Poder Ejecutivo, tenía plazo hasta junio para proponer una nueva fórmula previsional, que luego debe ser debatida por el Congreso.

La conformación del órgano es por Diputados Marcelo Casaretto (presidente), Carlos Heller, Hilda Aguirre, Luciano Laspina, Alejandro Cacace y Luis Pastori; y por Senadores Belén Tapia, Carlos Caserio, Daniel Lovera y Esteban Bullrich.

En nombre del Poder Ejecutivo, estarán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, y de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Baelo.

Paso seguido comezaron a llegar las inquietudes que despierta la acción presidencial.

El diputado nacional Luis Petri, UCR, por redes sociales, afirmó que una ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria en un año de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados; donde el gobierno establece aumentos por debajo de la inflación a la par que sostuvo que “los aumentos por decreto le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida en junio, hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

El puntano Alejandro Cacace, UCR, expresó su oposición a “que se le quite previsibilidad a nuestros adultos mayores sobre los aumentos que tendrán”.

En tanto, el viernes anterior, los legisladores tuvieron un encuentro virtual en un ciclo de charlas con expertos en previsión social, con el extitular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, y el ex secretario de Seguridad Social de la Nación, Alejandro Chiti. Contó también con la presencia de Eugenio Semino, y el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, fue convocada por el diputado puntano Alejandro Cacace (UCR), quien es vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, e integrante de la comisión extraparlamentaria, que trabaja en la tarea que les encomendó la Ley 27.541, que es proponer un nuevo proyecto de movilidad previsional y la de revisar la sustentabilidad económica de los regímenes especiales.

En la oportunidad, Basavilbaso manifestó que: “en la mayoría de los países del mundo se utiliza la variable de la inflación para actualizar los haberes jubilatorios, y también el componente de salarios.

En la reunión virtual estuvieron presentes los legisladores Lorena Matzen, Luis Pastori, Maria Belén Tapia, Victoria Morales Gorleri, Virginia Cornejo, Luciano Laspina, Alicia Terada, Dolores Martinez, Brenda Austin, Adriana Ruarte, Estela Regidor, Graciela Ocaña, Albor Cantard y Mario Arce.

Discriminación a empresas 

por el BCRA  

Vía un proyecto de declaración, un amplio grupo de legisladores sostienen que las decisiones adoptadas por el BCRA, entre ellas la comunicación A 7030, “discriminan de manera arbitraria a las empresas que pueden acceder al mercado de cambios de acuerdo con su posición financiera y así impone distintos precios para un mismo bien o insumo a dos sujetos distintos”.

En la fundamentación del proyecto piden al banco Central de la República Argentina la revisión de estas medidas.  

Los diputados firmantes del reclamo legislativo afirmaron que: “la limitación de acceso al mercado oficial de cambios castiga a las empresas que tienen activos declarados en moneda extranjera -por las que pagan sus correspondientes impuestos- y premia, por oposición, el ahorro informal.

El BCRA debe revisar esta medida y otras que, en el mismo sentido, dificultan el acceso al mercado para producir y crecer, y el Poder Ejecutivo debe atacar las causas que llevan a un embudo de restricciones del que cada vez será más difícil salir. La necesaria reactivación de la economía no podrá lograrse poniendo más dificultades a quienes puedan poner en marcha nuevamente el sistema productivo y la recuperación y generación de empleo”.

El reclamo legislativo lleva la firma del presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, y de sus colegas Álvaro González, Alicia Fregonese, Pablo Torello, Alejandro García, Jorge Enríquez, Martín Medina, Ezequiel Fernández Langan, Gabriel Frizza, Héctor Stefani, Soher El Sukaria, Dina Rezinovsky, Martín Maquieyra, María Luján Rey y Camila Crescimbeni.

Repercusiones por la intervención a Vicentín. La empresa advirtió que protegerá derechos  

El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar la intervención transitoria del Grupo Vicentín, por el plazo de 60 días. El DNU respectivo había dispuesto la designación de Roberto Gabriel Delgado como interventor y la ocupación anormal transitoria de la Sociedad.

En realidad el interventor designado no llegó a asumir producto del desagrado mostrado por trabajadores de la empresa y manifestantes que hicieron oír su disconformidad con el operativo gubernamental.

Con el correr de las horas fueron cambiando algunas cosas. Se dispuso un nuevo administrador, Luciano Zarich, quien ya asumió y se reunió con miembros de la empresa para formalizar el traspaso. También hubo reuniones del Presidente con directivos de la firma.      

Es decir en 24 horas y algo más, la emisión del DNU expropiatorio cambió en profundidad y estamos asistiendo a una operación n que todavía no tiene horizonte ni final.

Lo que aún no ingresó al Parlamento es el proyecto sobre expropiación y allí es donde se torna imposible saber para donde avanzará el Ejecutivo toda vez que uno de sus voceros, Oscar Parrilli definió enfáticamente su posición sobre el controvertido tema: " No estamos expropiando una empresa pujante, estamos expropiando una empresa que estafó al Estado”.  

Según un portavoz de la empresa, la reunión del Presidente con el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli sostiene que la versión que “el Gobierno está abierto a escuchar todas las alternativas forma parte del estilo de Fernández y de su ánimo de esquivar una escalada en la confrontación con el campo y el empresariado. Es por eso que Cristina lo eligió para gobernar", acotó.

Mientras tanto, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron el martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU suscripto.

Al mismo tiempo, tomó cuerpo en respuesta a la activa participación que tuvo en el trámite la senadora del FdT, Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del cuerpo que el proyecto espera ingresar por el Senado. La especie pareció confirmarse por las expresiones del diputado José Ruiz Aragón, presidente de la comisión de Agricultura quedó ratificada la versión, al justificar que “el primer debate va a ser allí (Senadores) y a nosotros nos va a venir un debate más pulido. 

Desde el Parlamento

La vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, activa gestora de la ahora polémica acción del Gobierno aseguró que la intervención de la empresa afectará “a la gente en lo cotidiano” en relación a que “los alimentos empiecen a valer lo que valen por producto del trabajo y no por especulación financiera de algunos”.

La presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, destacó que “es una decisión trascendente para la Argentina. El rescate tiene enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales; un activo estratégico en nuestro mercado de exportación”, puntualizó.

La secretaria parlamentaria del bloque de diputados del FdT, Cristina Alvarez Rodríguez, consideró esa decisión como “histórica”, afirmando que “el Estado podrá dar continuidad a miles de puestos de trabajo, garantizar la soberanía alimentaria y la exportación de granos, ejes claves para el desarrollo de la Argentina”.

“Después del descalabro macrista, la decisión de rescatar Vicentín es estratégica para la economía argentina: da tranquilidad a lxs trabajadorxs y productorxs, a la vez que representa un paso importante hacia la soberanía alimentaria. Otra medida para poner a la Argentina de pie”, tuiteó por su lado la diputada de La Cámpora, Gabriela Estévez.

Desde la oposición, el presidente del bloque Cambiemos, diputado Mario Negri, en el programa de TN afirmó que “no hay otro antecedente en el cual el Estado nombre un interventor en una empresa privada mediante un DNU, cuando además hay un juez interviniendo en un concurso de acreedores. Es tan ilegal este DNU que la Ley de Quiebras al único que autoriza a actuar es al juez del concurso. Acá se está saltando al juez y se ha atropellado al Congreso”.  

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, Pro, manifestó que no abre juicio sobre la expropiación de Vicentín. “Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”.  

El mendocino Luis Petri, UCR, consideró la acción gubernamental como “un mal mensaje; una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a Venezuela”. Y agregó: “Ya podemos identificar un patrón de conducta común entre el nuevo y viejo gobierno K, cuando se quieren mandar una que no está escrita en la Constitución o la viola directamente, seguro invocan la soberanía para algo, no puede faltar, blanquea y justifica todo!”.

Desde la Coalición Cívica, la santafesina Lucila Lehmann tuiteó: “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas 4 meses, el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal

por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos?”.

“Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aún tenemos un litigio que nos costará muchísimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada y ahora, ésto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, concluyó Lehmann.

El diputado Ricardo Buryaile, UCR, consideró que “el Estado no tendría por qué intervenir”.

“La empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido.

El exministro de Agroindustria, gestión Macri, dijo que lo que genera “mucho ruido”, es el por qué la expropiación; esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina”. Por último reflexionó: qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?”.

El diputado Gustavo Menna, UCR, Chubut, consideró que “no se puede intervenir una empresa privada, ni por decreto ni por ley. El derecho de asociarse está protegido por la Constitución y los tratados internacionales”. Y agregó: “La intervención de una sociedad solo puede ser dispuesta por un juez. Lo dice claramente el art. 113 de la Ley de Sociedades. El Presidente no tiene atribuciones para remover a un directorio elegido por los socios de una empresa privada”.

Más allá de estas declaraciones, es oportuno señalar que, su tratamiento tendría lugar cuando las sesiones recobren su trámite normal en los respectivos recintos, toda vez que existe un acuerdo de bloques firmado con la presidenta de la Cámara de Senadores en el sentido de tratar por la vía remota sólo proyectos que hacen al momento de la pandemia.

Pero no es sólo esta situación sino la que tendrá el oficialismo en ambas Cámaras.

El proyecto ingresará por Senadores donde el Frente de Todos tiene mayoría. Para que la expropiación se convierta en ley tendría que obtener la aprobación en Diputados donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia en tanto Juntos por el Cambio dejó en claro que no acompañará la medida.  

Proyecto de Oscar Parrilli

El senador por Neuquén presentó un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa intervenida por el Poder Ejecutivo y, además, una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.

En los fundamentos, Parrilli señala que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 un posible delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional por parte de funcionarios del Banco de la Nación Argentina y de socios del Grupo Económico Vicentín; y que el primer informe presentado por el actual director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, “se indican una serie de irregularidades en el otorgamiento de préstamos y refinanciaciones de préstamos bancarios a la entidad mencionada”.

Además, sostiene que hay prueba de irregularidades como para que “se efectúe una severa y puntillosa investigación en el accionar de los funcionarios que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la firma Vicentín SAIC, y también se investigue el procedimiento seguido para verificar si tomaron las directivas y lineamientos que establece y fija el Banco Central al respecto”.

Desde el Poder Legislativo 

piden al Ejecutivo    

Ø  EL SUKARIA, SOHER y otros: DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS POSIBLES FALLAS DE SEGURIDAD DEL DNI DIGITAL

Ø  OCAÑA, MARIA GRACIELA y otros: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VIRUS RESPIRATORIOS, INFLUENZA Y CORONAVIRUS 2020 REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 68/00 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES - ANLIS -. 

Ø  MOISES, MARIA CAROLINA y otros: INCLUIR A LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA, DENTRO DE LOS BENEFICIOS DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA CREADO POR EL DECRETO N° 310/2020. 

Ø  ASSEFF, ALBERTO y otros: MEDIDAS NECESARIAS PARA INVERTIR EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) EN EL MARCO DE UNA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO, COMO MOTOR DE CRECIMIENTO Y NEGOCIACION PARA EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.   

Ø  ACOPPO y otros: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE SI LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE SALUD DE LA NACION RECIBIO DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA, OBRAS SOCIALES Y EFECTORES DE SALUD 

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Jorge Macri cuestionó: Habían pasado algunas horas del anuncio presidencial. La comparencia y las definiciones del gobernador bonaerense hicieron subir la tensión.

El intendente bonaerense Jorge Macri sostuvo que es imposible que “no haya casos en 21 días, la regla que impuso el gobernador. Cuando uno habla tanto es porque tiene poco para decir", disparó.  

Rebelión de intendentes bonaerenses. Según la activa Teresa Garcia, ministra de Gobierno, sostuvo que intendentes de Bahía Blanca, Olavarría, Campana, Vicente López y Tandil hicieron un planteo de abrir si o sí. “La provincia tiene determinaciones que responden al decreto nacional. Hay cosas, como la actividad deportiva, que no se pueden hacer. En el interior están habilitadas cuestiones recreativas, como las caminatas. La ministra analizó que Tandil "es uno de los municipios que más actividades comerciales e industriales habilitadas tiene", por lo que el hecho "de que un intendente diga que va a abrir le den o no la habilitación es un acto de rebeldía". 

Promulgan ley de eximición de pago en Ganancias. Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley 27.549, que exime del pago del Impuesto a las Ganancias a personal de salud y de seguridad afectado a tareas vinculadas a la contención de la pandemia de coronavirus.